crisis migratoriaCIUDAD DEL VATICANO (AP) — El viaje del papa a Chipre y Grecia pone de nuevo el foco sobre la difícil situación de los migrantes en las fronteras europeas y la desconexión entre su llamado evangélico a los países para que los reciban e integren y los gobiernos de primera línea que tienen cada vez menos disposición o capacidad para dejarles entrar.
Chipre, una nación insular del Mediterráneo oriental, ha registrado un incremento tan grande en las llegadas de migrantes — que en los 10 primeros meses del año superaron en un 38% las del mismo periodo de 2020 — que ha pedido a la Comisión Europea que le permita dejar de procesar sus solicitudes de asilo.
Se espera que Francisco aborde el tema de la inmigración — y de la división de Chipre desde hace casi medio siglo — a su llegada a la capital, Nicosia, el jueves en la primera parada de un viaje de cinco días. Además visitará Lesbos, donde en 2016 acaparó titulares al llevarse de vuelta a Italia con él a una docena de sirios que vivían en un campamento en la isla griega.
En una muestra de la importancia que tienen los migrantes en este viaje, Francisco se reunió con un grupo de solicitantes de asilo en el Vaticano y con otro cerca de aeropuerto de Roma antes de poner rumbo a Chipre. Según el Vaticano, algunos estaban en el grupo que regresó con él desde Lesbos hace cinco años.
El papa está organizando una operación similar para esta ocasión: en Chipre se han identificado unos 50 migrantes para su traslado a Italia, aunque no viajarán con el pontífice, sino que serán reubicados en las próximas semanas, explicaron las autoridades chipriotas. El Vaticano no descartó que en Lesbos pueda ocurrir lo mismo.
“Fue como un regalo”, dijo Malak Abo, uno de los sirios que fue a Italia con el papa en 2016. Ahora, Abo trabaja en un centro de donaciones gestionado por la ONG católica Sant’Egidio en Roma, que ayudó a facilitar su traslado entonces.

Variantes O y DPARÍS (AP) — Los griegos mayores de 60 años que se nieguen a vacunarse contra el COVID-19 serán multados cada mes con el equivalente a más de un cuarto de sus pensiones, una dura medida que podría resultar arriesgada para los políticos del país.
En Israel, los posibles portadores de la nueva variante ómicron del coronavirus podrían ser rastreados por la imponente agencia nacional de espionaje en un aparente desafío a un fallo de la Corte Suprema en la última ola.
Las protestas semanales registradas en Holanda por el confinamiento a partir de las 17:00 horas y otras restricciones han derivado en violencia, a pesar de lo que parece ser una aceptación abrumadora de las nuevas normas.
Con la variante delta impulsando los contagios de COVID-19 en Europa, y el creciente temor que despierta la ómicron, los gobiernos de todo el mundo sopesan nuevas medidas para unas poblaciones cansadas de oír hablar de restricciones y vacunas.
Es un cálculo complicado que se ve dificultado por la posibilidad de una reacción violenta, del aumento de las divisiones sociales y, en el caso de muchos políticos, por el temor a perder su cargo en las elecciones.
“Conozco la frustración que sentimos todos con esta variante ómicron, la sensación de cansancio porque podamos estar pasando por todo esto de nuevo”, dijo el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, el martes, dos días después de que su gobierno anunció que el uso de la mascarilla volvería a ser obligatorio en tiendas y en el transporte público, y decretó que quienes lleguen al país deberán someterse a una prueba de COVID-19 y hacer cuarentena. “Estamos tratando de tomar un enfoque equilibrado y proporcionado”.

Grupo DDHHKABUL (AP) — Los combatientes talibanes han ejecutado de forma extrajudicial o han hecho “desaparecer” por la fuerza a más de 100 expolicías y agentes de inteligencia desde su llegada al poder en Afganistán, dijo Human Rights Watch en un reporte el martes. El grupo de defensa de los derechos humanos señaló que las represalias contra las fuerzas armadas del gobierno derrocado continúan a pesar de la amnistía anunciada.
Las fuerzas talibanes han perseguido a exagentes utilizando los registros de empleo del gobierno y atacaron a quienes se rindieron y recibieron cartas garantizando su seguridad, añadió el informe. En algunos casos, comandantes talibanes locales elaboraron listas de personas que podrían ser perseguidas alegando que cometieron actos “imperdonables”.
“El patrón de asesinatos ha sembrado terror en todo Afganistán, ya que nadie asociado con el anterior gobierno puede sentirse seguro de haber escapado a la amenaza de represalias”, señaló Human Rights Watch en el documento.
El Talibán se hizo del poder el 15 de agosto, cuando entró a la capital, Kabul, tras el colapso del gobierno respaldado por la comunidad internacional. La caída de Kabul coronó una impresionante ofensiva insurgente, que incluyó la conquista de varias ciudades mientras las fuerzas estadounidenses y aliadas se retiraban del país tras casi 20 años de guerra. Desde entonces, los talibanes han enfrentado el colapso de la economía del país y una insurgencia cada vez más letal del grupo extremista Estado Islámico.
Las fuerzas talibanes han atacado también a gente sospechosa de respaldar a la milicia radical en la provincia de Nangarhar, en el este del país, que es su principal bastión, señala el reporte. En la capital de la región, Jalalabad, el martes se registró una feroz balacera de 8 horas cuando los talibanes catearon un supuesto escondite de EI, según testigos. El subjefe de policía de la provincia, Tahir Mobariz, señaló que durante el tiroteo un hombre y una mujer que estaban en la casa detonaron chalecos suicidas y murieron en la explosión, y que una tercera persona falleció por disparos. Dos presuntos insurgentes fueron detenidos, apuntó.

AP explica FARCBOGOTÁ (AP) — El gobierno de Estados Unidos revocó el martes la designación de organización terroristas de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cinco años después de que el grupo rebelde firmase un acuerdo de paz con Bogotá. Sin embargo, impuso la misma denominación a dos grupos escindidos que siguen activos en zonas remotas del país sudamericano.
Los dos colectivos disidentes son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Segunda Marquetalia.
A continuación, más detalles sobre estos grupos:
¿CÓMO SURGIERON LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC?
Tras cinco décadas de conflicto interno que dejó un estimado de 26.000 fallecidos y obligó a más de seis millones de personas a abandonar sus hogares, las FARC firmaron un acuerdo de paz por el que 13.000 combatientes deponían las armas a cambio de numerosas concesiones del gobierno colombiano, incluyendo programas de desarrollo para zonas rurales y la posibilidad de que exlíderes de la guerrilla participasen en política y evitaran la cárcel.
Pero un grupo de alrededor de 1.000 combatientes liderado por el comandante Néstor Gregorio Vera se negó a abandonar las armas y siguió perpetrando ataques y secuestros en el sureste de Colombia. Ahora emplean el acrónimo FARC-EP.
En 2019, tres años después de la firma del acuerdo, el excomandante de las FARC Iván Márquez anunció que volvería a tomar las armas en un video grabado en una ubicación no revelada, creando el grupo Segunda Marquetalia.

VictimasCIUDAD DE MÉXICO (AP) — Inés Fernández ha recorrido infinidad de veces el trayecto entre su comunidad, Barranca de Tecuani, a Ayutla de los Libres, en Guerrero, un estado del sur de México. Son seis horas de camino a pie o una hora y media en automóvil. Es una de las zonas históricamente más golpeadas por la pobreza y la violencia.
La activista indígena me’phaa tiene 44 años y a partir de 2021 ya no recorre ese trayecto sólo para hacer compras o trámites en Ayutla; ahora lo hace para llegar a un refugio que ella misma ayudó a construir: La “Casa de los Saberes” (Gúwa Kúma, en lengua me’phaa), un lugar que se inauguró a finales de septiembre para atender a mujeres víctimas de violencia, incluida sexual, como la que sufrió Inés.
El 22 de marzo de 2002, cuando tenía 25 años, Inés fue víctima de abuso sexual a manos del efectivos del Ejército mexicano. Al denunciar, asegura, se enfrentó a la discriminación por ser mujer e indígena y a la ineficiencia de las autoridades mexicanas. El tiempo pasó y al no obtener la justicia a través de un proceso penal, Inés buscó otras alternativas, lo mismo que se ven obligadas a hacer muchas otras mexicanas, cuyas denuncias por violencia sexual no derivan en una sentencia contra su agresor. Algunas llevan su caso a instancias internacionales o denuncian públicamente, otras se acompañan entre sí durante el proceso de denuncia y algunas más simplemente intentan resignificar lo que vivieron. En la “Casa de los Saberes”, éstas y más opciones están al alcance de quien las necesite.
“Este centro representa una parte de la justicia que he estado esperando por casi 20 años. He tenido que recorrer un camino muy difícil para llegar aquí. En estos años de lucha, viví amenazas y hostigamientos, mi esposo fue amenazado y perdí a mi hermano Lorenzo, lo mataron porque yo exigí justicia”, dice Inés.
Esta historia fue realizada con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.

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