Trump EmanuelWASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump expresó su esperanza de que la guerra de Rusia en Ucrania esté llegando a su fin durante su reunión el lunes con el presidente francés Emmanuel Macron en el tercer aniversario de la invasión . Pero el líder de Francia advirtió que es crucial que cualquier posible acuerdo con Moscú no suponga una rendición de Ucrania.
Sus conversaciones ocurren en un momento de profunda incertidumbre sobre el futuro de las relaciones transatlánticas, en el que Trump está transformando la política exterior estadounidense y haciendo caso omiso del liderazgo europeo mientras busca poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania .
Mientras Macron y Trump se mostraban amables en la Casa Blanca, sus países estaban enfrentados en las Naciones Unidas por las resoluciones que describían a Rusia como el agresor en la guerra.
En comentarios generales sobre el estado del conflicto , Trump dijo que creía que el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptaría fuerzas de paz europeas en Ucrania.
“Sí, lo aceptará”, dijo Trump a los periodistas. “Le he hecho esa pregunta. Miren, si hacemos este acuerdo, él no está buscando más guerra”.
Y Trump dijo que esperaba que la guerra pudiera terminar en unas semanas y que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pronto llegara a Estados Unidos para firmar un acuerdo que le dé a Estados Unidos acceso a los minerales críticos de Ucrania , que se utilizan en tecnología clave.
Trump está presionando para que se alcance un acuerdo económico que ayude a reembolsar parte de los 180.000 millones de dólares en ayuda estadounidense a Kiev desde el comienzo de la guerra, de los cuales decenas de miles de millones se están gastando en Estados Unidos para reponer armas antiguas enviadas a Ucrania.
"Parece que nos estamos acercando mucho", dijo Trump a los periodistas sobre el acuerdo sobre minerales antes de su reunión con Macron. Agregó que Zelenskyy podría visitar Washington esta semana o la próxima para firmarlo.
Garantizar la seguridad en Ucrania
Ucrania también busca garantías de seguridad futuras como parte de cualquier acuerdo. Sin embargo, Trump no dijo si el acuerdo en ciernes incluiría tales garantías de parte de Estados Unidos: “Europa se asegurará de que no pase nada”.
Un funcionario francés con conocimiento de la reunión de Macron con Trump dijo que el presidente estadounidense no objetaba la necesidad de garantías de seguridad estadounidenses en un posible acuerdo de paz, pero que los detalles aún se estaban trabajando. El funcionario no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.
En una conferencia de prensa conjunta, Macron reconoció que las naciones europeas deben hacer más para reforzar la defensa en el continente, pero también advirtió contra la capitulación ante Rusia.
“Esta paz no debe significar la rendición de Ucrania”, afirmó Macron. “No debe significar un alto el fuego sin garantías. Esta paz debe respetar la soberanía ucraniana”.
Macron cortó la comunicación directa con Putin después de que las fuerzas rusas llevaran a cabo brutales operaciones en el suburbio de Bucha, en Kiev, meses después del inicio del conflicto. Pero dijo que el momento ha cambiado y que espera que el compromiso de Trump con Putin pueda conducir a algo fructífero.
“Ahora hay una gran posibilidad porque hay una nueva administración estadounidense, por lo que este es un nuevo contexto”, dijo Macron. “Así que hay buenas razones para que el presidente Trump vuelva a entablar relaciones con el presidente Putin”.
Putin dijo el lunes que no ha discutido en detalle la solución del conflicto en Ucrania con Trump y tampoco lo hicieron los equipos negociadores ruso y estadounidense cuando se reunieron en Arabia Saudita la semana pasada.
Putin también dijo que Rusia no descarta que los países europeos —que estaban consternados porque ellos y Ucrania no fueron invitados a la mesa en Riad— participen en un acuerdo de paz.
El cambio de rumbo de la política exterior de Estados Unidos
El aniversario de la guerra —y las conversaciones en la Casa Blanca— llegan en un momento desconcertante para gran parte de Europa, que es testigo de un cambio drástico en la política exterior estadounidense bajo el gobierno de Trump.
Trump ha hecho demandas territoriales: Groenlandia , Canadá , Gaza y el Canal de Panamá . A poco más de un mes de su segundo mandato, el presidente que defiende el lema “Estados Unidos primero” ha arrojado una enorme sombra sobre lo que diplomáticos veteranos y ex funcionarios del gobierno estadounidenses habían considerado como la presencia tranquilizadora de Estados Unidos, de estabilidad y continuidad globales.
A pesar de algunos tropiezos, el poder militar, económico y moral de Estados Unidos ha dominado la era posterior a la Segunda Guerra Mundial , sobre todo después de que la Guerra Fría llegara a su fin con el colapso de la Unión Soviética. Algunos temen que todo eso pueda perderse si Trump se sale con la suya y Estados Unidos abandona los principios sobre los que se fundaron las Naciones Unidas y muchos otros organismos internacionales.
“La única conclusión que se puede sacar es que 80 años de política de lucha contra los agresores han sido destruidos sin ningún tipo de debate o reflexión”, dijo Ian Kelly, embajador de Estados Unidos en Georgia durante las administraciones de Obama y de Trump y ahora profesor en la Universidad Northwestern.
Los líderes europeos en Washington
Trump tiene previsto reunirse el jueves con otro líder europeo clave, el primer ministro británico, Keir Starmer .
Trump sacudió a Europa con reiteradas críticas a Zelenskyy por no negociar el fin de la guerra y rechazar un intento de firmar un acuerdo que le dé a Estados Unidos acceso a los minerales críticos de Ucrania , que podrían usarse en las industrias aeroespacial, médica y tecnológica estadounidenses.
Zelenski inicialmente se enojó, diciendo que faltaban garantías de seguridad. El domingo dijo en X que “estamos haciendo grandes progresos”, pero señaló que “queremos un buen acuerdo económico que sea parte de un verdadero sistema de garantía de seguridad para Ucrania”.
Zelenskyy, quien dijo el domingo en respuesta a una pregunta que cambiaría su cargo por la paz o unirse a la OTAN, enfureció a Trump al decir que el presidente estadounidense vivía en un “espacio de desinformación” creado por Rusia.
En la disputa pública, Trump llamó a Zelensky un “dictador” y acusó falsamente a Kiev de iniciar la guerra . De hecho, Rusia invadió a su vecino más pequeño y menos equipado en febrero de 2022.
Cuando se le preguntó el lunes si pensaba que Putin también era un dictador, Trump respondió: "No uso esas palabras a la ligera".
Un poco de luz entre aliados
Mientras Macron y Trump mantenían conversaciones, incluida su participación en una reunión virtual con otros líderes del Grupo de los Siete, Estados Unidos se separó de sus aliados europeos en la ONU al negarse a culpar a Rusia por su invasión de Ucrania en una serie de resoluciones.
Estados Unidos se abstuvo de votar su propia propuesta después de que los europeos, encabezados por Francia, lograron cambiarla para dejar claro que Rusia era el agresor.
Antes de reunirse con Trump, Macron dijo que tenía la intención de decirle que es del interés común de los estadounidenses y los europeos no “ser débiles frente al presidente Putin”.
“No es tu problema, no es tu marca registrada, no te conviene”, dijo Macron. “¿Cómo puedes ser creíble frente a China si eres débil frente a Putin?”
Sin embargo, Trump dijo este mes que le gustaría que Rusia volviera a sumarse al G7. El país fue suspendido del G8 después de anexarse ​​la región ucraniana de Crimea en 2014.
“Realmente creo que quiere llegar a un acuerdo”, dijo Trump. “Puede que me equivoque, pero creo que quiere llegar a un acuerdo”.
Los periodistas de AP Edith M. Lederer en las Naciones Unidas, Emma Burrows en Londres y Sagar Meghani, Chris Megerian y Will Weissert en Washington contribuyeron con este reportaje.
Sylvie Corbet es una periodista de Associated Press radicada en París. Cubre temas de política, diplomacia y defensa francesas, así como cuestiones de género y noticias de último momento.
AMER MADHANI cubre la Casa Blanca para The Associated Press. Tiene su base en Washington.
(Foto AP/Manuel Balce Ceneta)

Juez rechaza APWASHINGTON (AP) — Un juez federal se negó el lunes a ordenar de momento a la Casa Blanca que restablezca el acceso de The Associated Press a los eventos del presidente de Estados Unidos, diciendo que la agencia de noticias no había demostrado haber sufrido un daño irreparable. Sin embargo, instó al gobierno a reconsiderar la prohibición que implementó hace dos semanas, señalando que la jurisprudencia “es uniformemente inútil para la Casa Blanca”.

La decisión del juez federal de distrito Trevor N. McFadden, sin embargo, es sólo temporal. Les dijo a los abogados del gobierno del presidente Donald Trump y de la AP que el asunto requería más análisis antes de emitir un fallo.

McFadden indicó que la AP no había demostrado haber sufrido un daño que requiriera de una orden de restricción inmediata. Pero advirtió a la Casa Blanca que la ley no estaba de su lado en lo referente a prohibirle a la AP referirse al Golfo de México, y no simplemente “Golfo de Estados Unidos” como lo decretó Trump en una orden ejecutiva.

“Parece una clara discriminación por punto de vista”, dijo McFadden a Brian Hudak, un abogado del gobierno.

Al no haber un fallo, la Casa Blanca es libre de seguir restringiendo el acceso de la AP al Despacho Oval y otros lugares. El caso promete extenderse al menos hasta el 20 de marzo, fecha en la que se programó una audiencia adicional.

La portavoz de la AP, Lauren Easton, comentó después de la audiencia: “Estamos a la espera de nuestra próxima audiencia el 20 de marzo, donde continuaremos defendiendo el derecho de la prensa y del público a expresarse libremente, sin represalias del gobierno. Esta es una libertad fundamental de Estados Unidos”.

En tanto, la Casa Blanca desplegó mensajes de “Golfo de Estados Unidos” y “Victoria” en un par de monitores de la sala de prensa.

¿La exclusión de una organización de noticias es ‘discriminación por punto de vista’?
Hudak señaló que sólo por el hecho de que un reportero y un fotógrafo de la AP hayan tenido un lugar durante mucho tiempo dentro del grupo de prensa de la Casa Blanca no significa que la agencia tenga derecho perpetuo a ello.

“No se trata sólo de un acceso especial. Es un acceso extraespecial”, destacó Hudak, señalando que los periodistas de la AP mantienen acceso a la Casa Blanca y publican noticias de eventos, incluso cuando sus periodistas no están presentes en la sala donde ocurren. “El presidente puede elegir con quién hablar”.

Charles Tobin, un abogado que representa a la AP, dijo que no se trata de si Trump tenía que hablar con los reporteros de la agencia, sino que excluir a la agencia era un “problema constitucional”.

“No argumentamos que el presidente de Estados Unidos tenga que responder a las preguntas de The Associated Press”, declaró Tobin. “El asunto es que una vez que permite la entrada del grupo de prensa, no puede decir: ‘No me caes bien. Eres noticias falsas. Vete de aquí’”.

La Casa Blanca emitió un comunicado en el que declaró una victoria en el caso, señalando: “Defendemos nuestra decisión de hacer rendir cuentas a las noticias falsas por sus mentiras”.

McFadden, quien fue nominado por Trump, interrogó intensamente a las dos partes.

Al hablar sobre la composición del “grupo de prensa” que es elegido por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, cuestionó por qué el gobierno estaba obligado a acatar esas selecciones. “Se siente un poco extraño que la Casa Blanca esté de alguna manera obligada por las decisiones que toma esta organización”.

Más tarde, durante un intercambio con Hudak, subrayó: “La Casa Blanca ha aceptado que la asociación de corresponsales sea el árbitro aquí, y sólo ha discriminado a una organización. Eso parece problemático”.

La disputa gira en torno al estilo de la AP
Este mes, el gobierno de Trump le comenzó a prohibir a la AP el acceso al Despacho Oval, el avión presidencial y otras áreas que han estado abiertas a la agencia durante un siglo al formar parte del grupo de prensa de la Casa Blanca.

La disputa surge de la negativa de la AP a cambiar su estilo al referirse al Golfo de México porque su audiencia es global y ese cuerpo de agua no está únicamente en territorio de Estados Unidos. Sin embargo, también reconoce el hecho de que Trump le cambió el nombre.

La AP incluyó en su demanda a tres funcionarios de Trump: la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susan Wiles; el jefe de despacho adjunto, Taylor Budowich, y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt. La agencia, un medio de noticias sin fines de lucro en operación desde 1846, dijo que la maniobra de la Casa Blanca es un “ataque selectivo” dirigido a la misma base de la Primera Enmienda.

Budowich asistió al tribunal y se sentó en la mesa de la parte demandada. El corresponsal principal de la AP en la Casa Blanca, Zeke Miller, acompañó a los abogados de la parte demandante; la directora ejecutiva de la agencia, Julie Pace, estuvo en la primera fila de espectadores.

Decenas de medios noticiosos firmaron una carta la semana pasada en la que se hacía un llamado a la Casa Blanca a revertir su política. Entre los firmantes aparecen medios afines a Trump como Fox News Channel y Newsmax.

Trump ha calificado a la AP como una organización de “lunáticos radicales de izquierda” y dijo: “Vamos a mantenerlos fuera hasta que estén de acuerdo en que es el Golfo de Estados Unidos”.

En un correo electrónico a la AP, Wiles dijo que la organización de noticias fue excluida porque su influyente manual de estilo es utilizado como estándar por muchos periodistas, académicos y estudiantes en todo el país, según la demanda. Añadió que el gobierno tenía la esperanza de que se reflejara el cambio de nombre en el Manual de Estilo de la AP “en lo que concierne a las audiencias estadounidenses”.

Al igual que audiencias de Estados Unidos, el Manual de Estilo de la AP también es utilizado por audiencias internacionales. La AP ha dicho que se ofreció su recomendación para promover la claridad, y aunque se seguirá utilizando el nombre de Golfo de México, los periodistas también deberían señalar las acciones de Trump para cambiar el nombre.

El Manual de Estilo de la AP reconoce una orden ejecutiva de Trump en la que se le volvió a dar el nombre de Monte McKinley a la cumbre más alta de Estados Unidos, conocida previamente como Denali. Trump tiene la autoridad para hacerlo porque toda la montaña está dentro del país que gobierna, ha dicho la AP.

No es el primer caso de este tipo, ni siquiera el primero que involucra a Trump. Durante su primer mandato se le revocaron las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca al reportero de CNN Jim Acosta. Después de que CNN interpuso una demanda, otro juez federal nombrado por Trump falló a favor de restaurar el acceso de Acosta.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

MATT SEDENSKY is a national writer for The Associated Press.
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(AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Elon MuskWASHINGTON (AP) — La confusión y el caos se avecinan mientras cientos de miles de empleados federales comienzan su semana laboral el lunes enfrentando un plazo impuesto por el jefe de recortes de gastos del presidente Donald Trump, Elon Musk, para que detallen sus logros recientes o se arriesguen a perder sus empleos.
La inusual demanda de Musk ha encontrado resistencia de varias agencias clave de Estados Unidos lideradas por personas leales al presidente —como el FBI, el Departamento de Estado, Seguridad Nacional y el Pentágono— que dijeron a sus empleados durante el fin de semana que no acataran la orden. Legisladores de ambos partidos afirmaron que la exigencia de Musk podría ser ilegal, mientras que los sindicatos amenazan con demandar.
Durante el fin de semana, Trump pidió a Musk que fuera más agresivo en su cruzada de recorte de gastos del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, y publicó un meme en redes sociales burlándose de los empleados federales que “lloraron por Trump y Elon”.
El equipo de Musk envió un correo electrónico a cientos de miles de empleados federales el sábado en el que les daba unas 48 horas para informar sobre cinco cosas específicas que hubieran logrado la semana pasada. En un mensaje separado en X, Musk dijo que cualquier empleado que no respondiera antes del plazo —que el mail fijaba a las 11:59 de la tarde EST del lunes— perdería su trabajo.
Una gran confusión siguió en la víspera del plazo, ya que algunas agencias se resistieron la orden, otras alentaron a sus trabajadores a acatarla, y otras dieron indicaciones contradictorias.
Un mensaje el domingo por la mañana del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., ordenó a sus aproximadamente 80.000 empleados que acataran la petición. Esto fue poco después de que el responsable jurídico interino, Sean Keveney, dijera a algunos que no lo hicieran. Y para la noche del domingo, la dirección de la agencia emitió nuevas instrucciones de que los empleados debían “pausar las actividades” relacionadas con la solicitud hasta el mediodía del lunes.
“Seré sincero con ustedes. Después de haber trabajado más de 70 horas la semana pasada avanzando las prioridades del gobierno, me sentí personalmente insultado al recibir el correo electrónico a continuación,” dijo Keveney en un correo electrónico visto por The Associated Press que reconocía una amplia sensación de “incertidumbre y estrés” dentro de la agencia.
Keveney expuso preocupaciones de seguridad y señaló que parte del trabajo realizado por los empleados de la agencia podría estar protegido por la confidencialidad entre abogado y cliente.
“No he recibido ninguna garantía de que existan protecciones adecuadas para salvaguardar las respuestas a este correo electrónico”, indicó.
Demócratas e incluso algunos republicanos, como el senador John Curtis, republicano por Utah, criticaron el ultimátum de Musk.
“Si pudiera decirle algo a Elon Musk, sería: por favor, ponga un poco de compasión en esto,” dijo Curtis, cuyo estado tiene 33.000 empleados federales, en “Face the Nation” de CBS. “Estas son personas de verdad. Son vidas de verdad. Son hipotecas. (...) Es un falso relato decir que tenemos que recortar y que también hay que ser cruel para hacerlo”.
El recién confirmado director del FBI, Kash Patel, un aliado declarado de Trump, ordenó a los empleados a ignorar la solicitud de Musk, al menos por ahora.
“El FBI, a través de la Oficina del Director, está a cargo de todos nuestros procesos de revisión, y llevará a cabo revisiones de acuerdo con los procedimientos del FBI,” escribió Patel en un correo electrónico confirmado por la AP. “Cuando y si se requiere más información, coordinaremos las respuestas. Por ahora, por favor, pausen cualquier respuesta”.
Ed Martin, fiscal interino de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, envió a su personal un mensaje el domingo que podría haber causado más confusión.
“Déjenme aclarar: Cumpliremos con esta solicitud de la OPM sea respondiendo o decidiendo no responder,” escribió Martin en el correo electrónico obtenido por la AP, empleando las siglas en inglés de la Oficina de Administración de Personal.
“Por favor, hagan un esfuerzo de buena fe para responder y enumerar sus actividades (o no, como prefieran), y yo, como mencioné, los respaldaré respecto a cualquier confusión,” continuó Martin. “Podemos hacerlo”.
Los funcionarios de los Departamentos de Estado, Defensa y Seguridad Nacional fueron más consistentes.
Tibor Nagy, subsecretario de Estado interino para gestión, dijo a los empleados en un correo electrónico que la dirección del departamento respondería en nombre de los trabajadores. “Ningún empleado está obligado a informar sobre sus actividades fuera de su cadena de mando del Departamento,” escribió Nagy en un correo electrónico.
La dirección del Pentágono instó a los empleados a “pausar” cualquier respuesta al equipo de Musk, según un correo electrónico de Jules Hurst, el subsecretario adjunto de defensa para personal y preparación.
El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, dijo a los empleados que “no se necesita ninguna acción de reporte de su parte en este momento” y que los gerentes de la agencia responderían, según un correo electrónico de R.D. Alles, subsecretario adjunto para gestión.
Miles de empleados gubernamentales ya han sido expulsados de la fuerza laboral federal —ya sea por despidos o a través de una oferta de “renuncia diferida”— durante el primer mes del segundo mandato de Trump. No hay una cifra oficial disponible para el total de despidos o recortes hasta ahora, pero la AP ha contabilizado cientos de miles de trabajadores afectados. Muchos trabajan fuera de Washington.
Musk calificó el domingo su última solicitud como “un chequeo de pulso muy básico”.
“La razón por la que esto importa es que un número significativo de personas que se supone que están trabajando para el gobierno están haciendo tan poco trabajo que ¡ni siquiera revisan su correo electrónico!” escribió Musk en X. “En algunos casos, creemos que se están utilizando identidades de personas no existentes o de personas fallecidas para cobrar cheques. En otras palabras, hay un fraude descarado”.
No ha proporcionado evidencia de tal fraude. Por separado, Musk y Trump han afirmado falsamente en los últimos días que decenas de millones de personas fallecidas de más de 100 años están recibiendo pagos de Seguridad Social.
Mientras tanto, miles de otros empleados se están preparando para dejar la fuerza laboral federal esta semana, incluidos trabajadores civiles en periodo de prueba en el Pentágono y casi todos los empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través de recortes o licencias.
Peoples informó desde Nueva York. Los periodistas de Associated Press Byron Tau, Ellen Knickmeyer, Matthew Perrone y Tara Copp en Washington y Valerie Gonzalez en McAllen, Texas, contribuyeron a este despacho.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
ERIC TUCKER covers national security in Washington for The Associated Press, with a focus on the FBI and Justice Department and the special counsel cases against former President Donald Trump.
AMANDA SEITZ is an Associated Press reporter covering federal health care policy. She is based in Washington, D.C.
(AP Foto/Jose Luis Magana)
POR  STEVE PEOPLES, ERIC TUCKER and AMANDA SEITZ
Exabogado TrumpWASHINGTON (AP) — Un grupo de abogados defensores penales de Manhattan estaba tan preocupado por el profesionalismo del fiscal Emil Bove que se unieron para enviar un correo electrónico a sus jefes.
En el correo electrónico de 2018, un abogado se quejó de que Bove era “completamente imprudente y estaba fuera de control” en la forma en que manejaba sus casos. Otro, molesto por la rudeza y los juegos de poder de Bove, dijo que necesitaba “supervisión de un adulto”. Un tercero, un destacado defensor público federal de la ciudad, dijo que “no se molesta en tratar a los mortales inferiores con respeto o empatía”.
Bove, entonces un fiscal muy agresivo en la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York , no se sintió en absoluto avergonzado por las quejas.
En lugar de eso, imprimió el correo electrónico y lo colocó en un tablero de corcho en su oficina para que otros lo vieran, según una persona que trabajó con Bove. La persona, que habló bajo condición de anonimato para poder hablar con franqueza sobre un ex colega, dijo que Bove consideraba el correo electrónico como una insignia de honor.
La casi década que Bove lleva como fiscal —un período en el que abordó casos de alto perfil en medio de quejas sobre su comportamiento polarizador— proporciona pistas sobre cómo ve su papel actual como principal ejecutor del presidente Donald Trump en el Departamento de Justicia. En apenas un mes como el segundo funcionario interino del departamento, el poco conocido Bove ha superado las normas y las sutilezas, ya sea regañando a los líderes del FBI por "insubordinación" al rechazar su solicitud de entregar los nombres de los agentes que investigaron el asalto de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos o expulsando a los abogados que trabajaron en esos casos.
A principios de este mes, presionó a ex colegas para que retiraran los cargos contra el alcalde de la ciudad de Nueva York por razones no relacionadas con la solidez del caso, alterando décadas de normas del Departamento de Justicia.
Estas medidas han suscitado intensas críticas de parte de académicos jurídicos y ex fiscales, quienes temen que Bove, quien representó a Trump en procesos penales federales y estatales , esté ajustando cuentas con el presidente y no dirigiendo imparcialmente el Departamento de Justicia. Dejando de lado tales preocupaciones, Bove ha buscado implementar agresivamente la agenda de Trump de una manera que no sorprende en absoluto a muchos que lo conocieron cuando litigaba casos de drogas y terrorismo.
“En mi experiencia litigando contra él, lo que más le gustaba como fiscal era ejercer el poder, la peor característica posible para un servidor público”, dijo Christine Chung, ex fiscal federal que como abogada defensora se ha enfrentado a Bove. “Pero la gente no hablará en su contra públicamente porque también es vengativo, como ahora está dejando muy en claro”.
El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios en respuesta a una solicitud de AP para entrevistar a Bove junto con una lista detallada de preguntas sobre su conducta pasada.
“Está haciendo el trabajo para el que Trump fue elegido”, dijo Christopher Kise, quien conoció a Bove cuando trabajaron juntos en el equipo de defensa legal de Trump. “Tienes que hacerle saber a la gente que te tomas en serio el control. El proceso a veces puede volverse complicado, pero si vas a hornear un pastel, tienes que romper algunos huevos”.
Kise agregó que estaba sorprendido por la representación de Bove por parte de sus ex colegas como un villano decidido a imponer la agenda de Trump a cualquier costo.
"Es excepcionalmente inteligente", dijo Kise, "y respetuoso con los diferentes puntos de vista".
Agitación en el Departamento de Justicia
Como fiscal general adjunto interino, Bove ha desempeñado un papel decisivo a la hora de liderar el esfuerzo por remodelar el FBI y el Departamento de Justicia, avanzando para identificar a los agentes implicados en las investigaciones de los disturbios del Capitolio y dejando claro a los fiscales su expectativa de que sigan sus órdenes.
El 14 de febrero, por ejemplo, convocó a los fiscales de la sección de integridad pública del Departamento de Justicia y les dio una hora para elegir a dos personas para presentar la moción de desestimar los cargos contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, a pesar de que otros fiscales ya habían renunciado debido a la directiva de desestimar el caso.
Particularmente sorprendente fue su orden para que el FBI entregara una lista de miles de agentes que participaron en las investigaciones del 6 de enero, una solicitud vista por algunos en el buró como un precursor de una purga.
El escrutinio de los agentes de carrera del FBI es altamente inusual dado que los agentes rasos no seleccionan sus casos.
El ataque al Capitolio dejó más de 100 policías heridos cuando la turba furiosa de partidarios de Trump —algunos armados con palos, bates y spray para osos— abrumó a las fuerzas del orden, rompió ventanas y obligó a los legisladores y sus asesores a esconderse. Trump ha pasado la mayor parte de los últimos cuatro años restando importancia a la gravedad del ataque y culpando a las autoridades federales por reprimir con demasiada dureza a sus partidarios.
Bove ha adoptado esa visión. En una carta en la que despidió a más de media docena de altos ejecutivos del FBI el 31 de enero, Bove escribió que los funcionarios necesitaban hacer limpieza porque el FBI había “participado activamente en lo que el presidente describió apropiadamente como una ‘grave injusticia nacional’ que se ha perpetrado contra el pueblo estadounidense”.
Sus acciones, particularmente sus ataques agresivos contra el FBI, han dejado a sus antiguos colegas desconcertados.
"No se parece en nada al Emil que yo conocía", dijo Chris O'Leary, un agente retirado del FBI que trabajó como supervisor de contraterrorismo en la ciudad de Nueva York y que conocía a Bove como un fiscal eficaz y "un buen compañero". O'Leary señaló que Bove participó activamente en las investigaciones relacionadas con el 6 de enero en el área de Nueva York y nunca manifestó ninguna preocupación sobre la forma en que se manejaron las investigaciones.
O'Leary añadió: "Es casi como el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde".
No está claro cuánto tiempo más Bove servirá en el papel de fiscal general adjunto interino. Trump ha nominado a Todd Blanche , otro de sus abogados y ex fiscal federal, para ese puesto. Si Blanche es confirmado por el Senado, como se espera, Bove se convertirá en el principal asesor de Blanche y se desempeñará como el principal fiscal general adjunto asociado. Es uno de los puestos más poderosos en el Departamento de Justicia.
Fiscal estrella
Desde sus días universitarios como capitán del equipo de lacrosse de la Universidad de Albany, Bove se destacó por su agudo intelecto y su extenuante ética de trabajo, según entrevistas con quienes lo conocen.
El derecho corre por las venas de la familia de Bove. Su padre fue fiscal en el estado de Nueva York. Después de graduarse en la facultad de derecho de la Universidad de Georgetown, Bove trabajó como secretario de dos jueces federales designados por el presidente republicano George W. Bush. Luego pasó nueve años en la Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan, donde se especializó en el procesamiento de capos de la droga y presuntos terroristas.
Encabezó la acusación contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por cargos de narcotráfico, así como contra el hermano del presidente de Honduras , y procesó con éxito a un agente de Hezbolá que planeó ataques en Nueva York.
Sin embargo, al presentar tales casos, Bove irritó a sus colegas fiscales y abogados defensores.
La AP habló con 11 abogados defensores que plantearon preguntas sobre las tácticas y el comportamiento agresivos de Bove. Un ex colega del Departamento de Justicia recordó que Bove intentó engañar a otros distritos para hacerse cargo de casos de alto perfil. Y un abogado defensor dijo que vio conmocionado cómo Bove le gritaba a su cliente, un narcotraficante de América Latina, que no le daba las respuestas que quería a pesar de que estaba cooperando con el gobierno de Estados Unidos en una importante investigación sobre narcóticos.
La mayoría de los abogados hablaron bajo condición de anonimato porque temían represalias por hablar.
Las denuncias culminaron en marzo de 2018, cuando el director de la oficina del defensor público federal en Manhattan recogió críticas sobre Bove de ocho abogados defensores. Recopiló las críticas y envió las observaciones en un correo electrónico a dos altos funcionarios de la Fiscalía de Estados Unidos, según personas familiarizadas con la misiva que no estaban autorizadas a hablar del asunto y hablaron bajo condición de anonimato.
“Es un problema real y recurrente, y no está representando a la oficina de la manera en que creo que uno quisiera que lo hiciera”, escribió David Patton, el defensor público en ese momento, en el correo electrónico, al que tuvo acceso The Associated Press. Patton no respondió a una solicitud de entrevista.
Unos 18 meses después de que se envió el correo electrónico, Bove fue ascendido a codirector de la unidad de seguridad nacional y narcóticos internacionales de la oficina. En ese puesto, supervisó la acusación contra Maduro, acusado de encabezar un cártel de funcionarios de seguridad de alto rango que intentaban inundar Estados Unidos con cocaína. Maduro, que en enero prestó juramento para un tercer mandato, sigue siendo el objetivo de una recompensa estadounidense de 15 millones de dólares. Ha desestimado el caso penal como parte de un intento en curso por parte de Washington de destituirlo del cargo.
Mala conducta del fiscal
En 2020, un equipo de fiscales dirigido por Bove se defendía de las acusaciones de haber incurrido en lo que un juez describió como mala conducta procesal. Las acciones se produjeron en el marco del procesamiento de un banquero iraní acusado de violar las sanciones estadounidenses. En el juicio, los abogados de Ali Sadr Hashemi Nejad afirmaron que los fiscales no habían entregado pruebas que consideraban beneficiosas para su cliente.
La jueza de distrito de Estados Unidos Alison Nathan presionó a los fiscales para que dieran respuestas. Bove, como supervisor de la unidad, participó en los intentos de mitigar las consecuencias, según cientos de páginas de correos electrónicos y mensajes de texto entre fiscales que Nathan ordenó que se publicaran en 2021 a pedido de la AP pese a las objeciones de Bove.
En un intercambio de mensajes de texto el domingo por la noche con su codirector después de ser amonestado por Nathan en el tribunal, Bove reconoció que sus fiscales le habían dicho una “mentira descarada” al juez. También prometió “aplastar” al acusado iraní, hizo un comentario lascivo sobre uno de sus abogados y le dijo en broma a una colega que “te conseguiremos cocaína” para que pudiera pasar la noche en vela para reparar parte del daño.
Aunque Nathan no concluyó que el equipo de Bove hubiera ocultado documentos intencionalmente, la jueza determinó que hubo “mala conducta de la fiscalía”. Encontró que los fiscales habían realizado un “intento deliberado de ocultar” la verdad y buscaron “enterrar” un documento potencialmente exculpatorio.
La jueza anuló la condena y desestimó los cargos. Pidió al Departamento de Justicia que iniciara una investigación sobre los fiscales. No está claro si alguna vez se abrió una investigación de ese tipo.
Bove dejó el gobierno a fines de 2021 y se convirtió en abogado defensor. En 2023, se unió al equipo legal de Trump.
Comuníquese con el equipo de investigación global de AP en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o https://www.ap.org/tips/
Josué Goodman es un periodista de investigación radicado en Miami que escribe sobre la intersección del crimen, la corrupción, el narcotráfico y la política en América Latina. Anteriormente, pasó dos décadas informando desde América del Sur.
Jim Mustian es un reportero de investigación de Associated Press especializado en noticias de última hora.
ERIC TUCKER cubre seguridad nacional en Washington para The Associated Press, con un enfoque en el FBI y el Departamento de Justicia y los casos de fiscales especiales contra el expresidente Donald Trump.
(Jeenah Moon/Pool Photo via AP, archivo)
Republicanos senadoWASHINGTON (AP) — Los senadores republicanos impulsaron la aprobación de un marco presupuestario de 340.000 millones de dólares la madrugada del viernes, tras una sesión que duró toda la noche y ante la oposición demócrata, en un paso hacia la liberación de dinero que el gobierno de Trump dice necesitar para las deportaciones masivas y la seguridad fronteriza que encabezan su agenda.
La "votación en grupo" duró varias horas, en una parte temida pero crucial del proceso presupuestario, en la que los senadores consideraron una enmienda tras otra, en gran medida de los demócratas que intentaban detenerlo. Pero los republicanos utilizaron su poder mayoritario para lograr la aprobación del paquete en una votación mayoritariamente partidaria, por 52 a 48, con todos los demócratas y un senador republicano en contra.
“Lo que estamos haciendo hoy es iniciar un proceso que permitirá al Partido Republicano cumplir con la agenda de inmigración del presidente Trump”, dijo el presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Lindsey Graham, RS.C., al abrir el debate.
Graham dijo que el principal zar de inmigración del presidente Donald Trump , Tom Homan, dijo a los senadores que las operaciones de deportación de la administración "no tienen dinero" y necesitan más fondos del Congreso para detener y deportar a los inmigrantes.
Como la minoría tenía poco poder para detener la embestida, los demócratas utilizaron el debate que duró toda la noche para obligar a los senadores republicanos a votar de forma potencialmente embarazosa, incluida la primera, sobre el bloqueo de exenciones impositivas para los multimillonarios . La votación fue rechazada por cuestiones de procedimiento, al igual que muchas otras.
“Será una lucha larga y prolongada”, advirtió el líder demócrata del Senado Chuck Schumer de Nueva York. Horas después, Schumer dijo que “era solo el comienzo” de lo que podría convertirse en un debate que duraría meses.
El paquete es lo que los republicanos consideran un anticipo de la agenda de Trump, parte de un esfuerzo más amplio que eventualmente incluirá una legislación para extender unos 4,5 billones de dólares en exenciones impositivas y otras prioridades . Eso está siendo reunido por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en un paquete presupuestario separado que también busca hasta 2 billones de dólares en reducciones a la atención médica y otros programas.
Trump ha preferido lo que él llama un “proyecto de ley grande y hermoso”, pero la Casa Blanca está abierta a la estrategia del Senado de trabajar primero en el paquete fronterizo y luego pasar a los recortes de impuestos más adelante este año.
Cuando comenzó la votación, el presidente dio su visto bueno publicando un mensaje de agradecimiento al líder de la mayoría del Senado, John Thune, “y al Senado republicano, por trabajar tan duro para financiar la agenda fronteriza de Trump”.
El senador republicano Rand Paul de Kentucky emitió el único voto republicano en contra del marco.
¿Qué incluye el paquete republicano para el Senado?
El paquete del Senado republicano permitiría gastar hasta 175 mil millones de dólares en seguridad fronteriza, incluido dinero para operaciones de deportación masiva y la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, además de un aumento de 150 mil millones de dólares al Pentágono y alrededor de 20 mil millones de dólares para la Guardia Costera.
Pero todavía no habrá flujo de dinero, ya que el proceso tiene varios pasos por delante. La resolución presupuestaria es simplemente un marco que envía instrucciones a los diversos comités del Senado (Seguridad Nacional, Servicios Armados, Poder Judicial) para que zanjen los detalles. Todo se reunirá eventualmente en otro paquete, y más adelante habrá otra votación.
El senador John Barrasso, republicano de Wyoming, el segundo republicano en importancia en el Senado, dijo que los legisladores republicanos están actuando rápidamente para conseguir que la administración obtenga los recursos que han solicitado y que necesitan para frenar los cruces fronterizos ilegales.
“El presupuesto nos permitirá terminar el muro. También nos permitirá tomar las medidas necesarias para contar con más agentes fronterizos”, dijo Barrasso. “Significa más plazas de detención... Significa más vuelos de deportación”.
Los republicanos insisten en que todo se pagará, en lugar de acumularse como deuda, con posibles recortes del gasto y nuevos ingresos.
Se espera que los comités consideren revertir la tarifa de emisiones de metano de la administración Biden , que fue aprobada por los demócratas como parte de las estrategias de cambio climático en la Ley de Reducción de la Inflación, y esperan obtener nuevos ingresos de los arrendamientos de energía mientras apuntan a estimular la producción de energía nacional.
Una enmienda que fue aceptada después de varias horas de debate fue en realidad un esfuerzo republicano para defenderse de las críticas de que el paquete se financiaría con recortes a los programas de protección social. La enmienda del senador Dan Sullivan, republicano por Alaska, decía que Medicaid y Medicare se fortalecerían durante el proceso presupuestario.
Los demócratas presentaron una serie de enmiendas
Lo primero que hicieron los demócratas fue votar para evitar exenciones fiscales para los multimillonarios, una enmienda que se repitió en diversas formas a lo largo de la noche.
Los demócratas sostienen que los recortes de impuestos del Partido Republicano aprobados en 2017 beneficiaron a los estadounidenses más ricos, y que extenderlos, como Trump quiere que haga el Congreso a finales de este año, prolongaría el desembolso. Aunque las enmiendas de los multimillonarios fracasaron, obtuvieron cierto apoyo republicano. La senadora Susan Collins de Maine votó a favor de varias de ellas, y el senador Josh Hawley de Missouri votó a favor de otra.
Schumer lanzó una estrategia a principios de esta semana para utilizar el debate presupuestario para centrarse tanto en las implicaciones de la política fiscal como en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración Trump, que está recortando todo el gobierno federal.
Es un enfoque mejor para los demócratas que argumentar contra una mayor seguridad fronteriza y las deportaciones, lo cual divide al partido.
En total, los senadores procesaron casi tres docenas de enmiendas para revertir los recortes de DOGE, proteger a los trabajadores federales de ser despedidos y asegurar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su lucha contra Rusia y otros.
La senadora Patty Murray de Washington, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones del Senado, dijo que el mayor impulsor de la deuda nacional desde 2001 ha sido una serie de recortes de impuestos liderados por los republicanos.
"Y nunca adivinarán en qué están centrados ahora mismo nuestros colegas republicanos del otro partido: no se trata de reducir el coste de los huevos, sino de más recortes de impuestos republicanos", dijo Murray.
Ella calificó el plan presupuestario como una “hoja de ruta para recortes dolorosos a programas con los que las familias cuentan todos los días, todo para poder darles a los multimillonarios más recortes de impuestos”.
El Congreso está compitiendo consigo mismo
La resolución presupuestaria está estableciendo lo que se llama el proceso de reconciliación, que solía ser poco común, pero que ahora es la herramienta que se usa a menudo para aprobar grandes proyectos de ley en votaciones partidarias cuando un partido tiene el control de la Casa Blanca y el Congreso, como lo hacen ahora los republicanos.
Pero los republicanos están discutiendo entre ellos sobre cómo proceder. La Cámara de Representantes sigue adelante con su “gran y hermoso proyecto de ley”, creyendo que tiene una sola oportunidad de hacerlo bien. El Senado considera que su estrategia de dos proyectos de ley es más práctica: abordar primero la seguridad fronteriza y después los impuestos.
Las normas presupuestarias permiten la aprobación por mayoría simple de votos, lo cual es clave en el Senado, donde normalmente se necesitan 60 votos para romper una obstrucción en cuestiones importantes. Durante el primer mandato de Trump, los republicanos utilizaron el proceso de reconciliación para aprobar recortes de impuestos del Partido Republicano en 2017. Los demócratas utilizaron la reconciliación durante la presidencia de Joe Biden para aprobar el alivio de la COVID-19 y la Ley de Reducción de la Inflación.
Trump parece estar avivando la lucha, enfrentando a los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado entre sí para ver cuál logra resultados más rápidos.
La periodista de Associated Press Darlene Superville contribuyó a este informe.
MARRÓN MATE Brown es un reportero que cubre temas de política nacional, raza y democracia.
Por  LISA MASCARO , KEVIN FREKING y MATT BROWN
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