WASHINGTON (AP) — Un juez le prohibió a la administración de Trump deportar de inmediato a niños migrantes guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos, el más reciente capítulo en una pugna judicial sobre uno de los temas más sensibles en la agenda de inmigración de Trump.
La decisión del juez Timothy J. Kelly se produce después del intento de la administración republicana a inicios de este mes de retirar a los niños migrantes guatemaltecos que vivían en refugios gubernamentales y hogares de acogida.
El gobierno había dicho que buscaba reunificar a los niños con padres que querían que regresaran a casa. “Pero esa explicación se desmoronó como un castillo de naipes aproximadamente una semana después”, escribió Kelly. “No hay evidencia ante el Tribunal de que los padres de estos niños buscaran su regreso”.
Ya existía una orden temporal que impedía la deportación de los niños guatemaltecos. Pero esa orden iba a expirar el martes. Kelly, quien fue nombrado por Trump, otorgó una orden judicial preliminar que extiende esa protección temporal indefinidamente, aunque el gobierno puede apelar.
Kelly rechazó el intento de los defensores de bloquear la deportación de niños de otros países adicionales, aunque dijo que cualquier intento de retirar a esos niños de manera similar probablemente sería ilegal.
También hay órdenes de restricción temporales en casos separados en Arizona e Illinois, pero esos casos son mucho más limitados en el alcance de los niños que cubren.
En una operación nocturna el 30 de agosto, la administración notificó a los refugios donde los niños migrantes que viajan solos viven inicialmente después de cruzar la frontera sur que regresarían a los niños a Guatemala y que necesitaban tener a los niños listos para partir en cuestión de horas.
Contratistas de Inmigración y Control de Aduanas recogieron a los niños guatemaltecos de los refugios y hogares de acogida y los transportaron al aeropuerto. El gobierno ha dicho en documentos judiciales que identificó a 457 niños para una posible deportación a Guatemala, aunque esa lista finalmente se redujo a 327. Al final, 76 llegaron a abordar aviones en El Paso y Harlingen, Texas, el 31 de agosto y estaban listos para partir hacia Guatemala en lo que el gobierno describió como una primera fase.
Defensores de la inmigración y de los niños demandaron de inmediato a la administración Trump para evitar la deportación. Los defensores argumentaron que muchos de estos niños estaban huyendo de abusos o violencia en sus países de origen y que el gobierno estaba eludiendo procedimientos legales de larga data destinados a proteger a los jóvenes migrantes de ser devueltos a lugares potencialmente abusivos o violentos.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
REBECCA SANTANA covers the Department of Homeland Security for The Associated Press. She has extensive experience reporting in such places as Russia, Iraq, Afghanistan and Pakistan.
HICAGO (AP) — El agente de la Patrulla Fronteriza que rompió las normas al liderar una ofensiva contra la inmigración en Los Ángeles llegó a Chicago el martes, lo que podría indicar una nueva fase más agresiva en el aumento de las medidas de control anunciadas la semana pasada en la tercera ciudad más grande del país.
"¡Bueno, Chicago, ya llegamos!", dijo Gregory Bovino en una publicación de X que incluía un video estilizado de vehículos de Aduanas y Protección Fronteriza entrando en la ciudad, acompañados de agentes caminando a cámara lenta, entre pintorescas tomas del centro. "La Operación en Grande está aquí para continuar la misión que iniciamos en Los Ángeles".
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también estuvo en Chicago y afirmó que agentes del Departamento de Seguridad Nacional realizaron múltiples arrestos la madrugada del martes. Publicó videos de agentes armados con equipo militar de camuflaje sacando a personas esposadas de una residencia.
“Nuestro trabajo apenas comienza”, dijo en X.
Trump vuelve a desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago
Durante semanas, el presidente Donald Trump ha prometido, con amenazas de fuerza apocalíptica , que Chicago vería un aumento en la aplicación de medidas migratorias y en el número de tropas de la Guardia Nacional, a pesar de las objeciones de los líderes y residentes locales . Activistas por los derechos de los inmigrantes y legisladores de Illinois han observado un reciente aumento en el número de agentes migratorios, mientras Trump ataca bastiones demócratas .
Sin embargo, Trump ha oscilado entre enviar un despliegue militar a Chicago. Tras afirmar que se centraría en otras ciudades , Trump declaró el martes que Chicago recibiría un despliegue pronto.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, demócrata y frecuente crítico de Trump que se ha opuesto a cualquier intervención federal, desestimó las últimas declaraciones del presidente republicano sobre Chicago.
"Es difícil creer nada de lo que dice", dijo Pritzker a los periodistas.
Escrutinio sobre arrestos por inmigración
Los funcionarios no respondieron preguntas sobre el enfoque ni la magnitud de las medidas de control migratorio en Chicago. Tampoco lo hizo un portavoz de una base militar en las afueras de Chicago que ha acordado brindar apoyo logístico limitado a los agentes federales.
“Los equipos se han distribuido por todo Chicago para perseguir objetivos”, dijo Bovino a The Associated Press.
Dijo que Noem observó una redada a las 5:30 am que resultó en cinco arrestos.
Entre ellos se encontraba un ciudadano estadounidense, según informaron medios de comunicación de Chicago. Joe Botello, de 37 años, declaró que fue detenido brevemente tras informar a los agentes que se presentaron en su domicilio de Elgin la madrugada del martes que era ciudadano estadounidense y tenía identificación, según el Chicago Tribune y el Chicago Sun-Times.
Brandon Lee, portavoz de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, dijo que los arrestos no tenían como objetivo mantener segura a la comunidad.
“La sesión de fotos de la Secretaria Noem en Elgin dejó en plena exhibición la crueldad de ICE, sacando a la fuerza a personas de sus hogares y perturbando la vida diaria de ciudadanos y no ciudadanos por igual”, dijo.
El aumento de la aplicación de la ley en los últimos días ha reavivado los temores entre las comunidades inmigrantes de Chicago, lo que ha provocado la cancelación y el retraso de algunas celebraciones por el Día de la Independencia de México, que se celebraba el martes. La tensión es especialmente alta desde que un agente del ICE disparó mortalmente a un hombre que presuntamente evadía el arresto la semana pasada.
Pritzker, posible candidato presidencial para 2028, criticó las tácticas de Bovino, calificándolas de violentas y discriminatorias. Acusó al gobierno de enviar agentes federales para agitar y exacerbar las tensiones como justificación para que Trump desplegara al ejército.
“Están agarrando a personas que tienen piel morena o que hablan con acento o que hablan otro idioma y no a personas que son culpables o están acusadas de perpetrar un delito”, dijo Pritzker el martes.
En Los Ángeles, la operación de Bovino, autodenominada "giro y quema", resultó en miles de arrestos. Los agentes rompieron ventanas de autos, volaron la puerta de una casa y patrullaron el Parque MacArthur a caballo. La operación en California comenzó el 6 de junio sin ninguna pista previa.
En redes sociales, Bovino intensificó su contenido relacionado con Chicago, destacando la cobertura mediática favorable, respondiendo bruscamente al personal de Pritzker y usando un popular estribillo musical de "End of Beginning" de Djo como música de fondo para su video de llegada. La frase "and when I'm back in Chicago, I feel it" (y cuando vuelva a Chicago, lo sentiré) se usa a menudo en redes sociales en odas a la ciudad.
El alcalde de Chicago firma una medida para proteger a los manifestantes
El alcalde Brandon Johnson afirmó no haber tenido conversaciones directas con funcionarios federales y reafirmó que la policía de Chicago no colaborará con los agentes de inmigración. Como medida principalmente simbólica, firmó una orden ejecutiva destinada a proteger el derecho a la protesta.
"En el caso de que el gobierno federal pisotee la Constitución, nuestro departamento de policía tiene la responsabilidad de asegurarse de que estamos protegiendo nuestra democracia", dijo.
Johnson y Pritzker han prometido demandar por una intervención federal.
Noem dijo que el DHS no daría marcha atrás.
La congresista dice que los arrestos por inmigración en Chicago ascienden a cientos
Antes de la llegada de Bovino, el DHS ofreció pocos detalles sobre la aplicación de la ley migratoria en Chicago, salvo mencionar aproximadamente dos docenas de arrestos desde que el ICE inició un operativo a principios de este mes. Activistas migratorios han afirmado que la cifra es mucho mayor, con más de 15 arrestos tan solo en un suburbio el lunes. Los funcionarios del ICE no respondieron a los mensajes del martes.
La representante estadounidense Lauren Underwood de Illinois, miembro demócrata del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional, dijo el lunes que ICE ha detenido a 250 personas desde que comenzó su "Operación Midway Blitz" el 6 de septiembre. Underwood dijo que fue informada después de solicitar más información a ICE y que le dijeron que el programa incluiría todo el estado de Illinois y el condado de Lake, Indiana, que es parte del área metropolitana de Chicago.
“Todos merecen sentirse seguros en su comunidad. Como todos los habitantes de Illinois, me han preocupado y alarmado los informes sobre la conducta y las operaciones del ICE en nuestro estado durante el gobierno de Donald Trump”, declaró Underwood.
El escritor de Associated Press Elliot Spagat en San Diego contribuyó a este informe.
CRISTINA FERNANDO es un reportero sobre democracia que cubre desinformación, derechos reproductivos y tribunales supremos estatales para The Associated Press.
MIAMI (AP) — El gobierno de Donald Trump ha descertificado la cooperación de Colombia en la lucha contra las drogas por primera vez en casi tres décadas, pero otorgó una exención para no afectar del todo la asistencia que suele dar a un país tradicionalmente considerado como un aliado de Estados Unidos en Latinoamérica.
La descertificación, anunciada el lunes por el Departamento de Estado, se convierte en una reprimenda del gobierno estadounidense al auge en los cultivos de hoja de coca y la desaceleración en la erradicación de los cultivos ilícitos durante la administración izquierdista del presidente Gustavo Petro, crítico de la política de inmigración y la reciente incursión militar frente a las costas de Venezuela.
Estados Unidos descertificó a Colombia por última vez en 1997 en el gobierno de Ernesto Samper cuando los cárteles del país se habían infiltrado en las más altas esferas del poder. Desde el año 2000, sucesivos gobiernos estadounidenses han destinado miles de millones de dólares en ayuda a Colombia, pero la cooperación comenzó a desmoronarse hace una década, cuando se suspendió un programa de fumigación aérea de campos de coca con el herbicida glifosato.
Según la ley estadounidense, el presidente debe identificar anualmente, antes del 15 de septiembre, a los países que han incumplido sus obligaciones internacionales durante los 12 meses anteriores.
La administración Trump responsabilizó del “incumplimiento” en las obligaciones del control de drogas al liderazgo político en Colombia e indicó que considerará cambiar la designación en el futuro si el gobierno adopta medidas más agresivas para erradicar los cultivos ilícitos y reducir la producción y el tráfico.
Petro reprochó la descertificación al asegurar que su país ha puesto “decenas de muertos” para impedir que llegue cocaína a Estados Unidos. “Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano... es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices”, dijo en un consejo de ministros televisado.
También anunció que las fuerzas militares colombianas dejarán de depender del armamento estadounidense, dando como alternativa comprar armamento o fabricarlo mediante la empresa estatal. No detalló cuánto es que tardaría la transición o si devolverán las armas que ya fueron donadas por Estados Unidos, como algunos helicópteros usados por la policía. “No más limosnas ni regalos”, aseguró Petro.
A la par de Colombia fueron descertificados Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela. Pese a la medida, el gobierno estadounidense definió que les seguirá brindando asistencia debido a que lo consideran vital para sus intereses nacionales, a excepción de Afganistán.
Incautaciones de cocaína vs. erradicación
El gobierno colombiano intentó evitar la descertificación ofreciendo detalles de su reformada política antinarcóticos que tiene como prioridad la incautación de cocaína y la persecución de los narcos, mientras ofrece a los campesinos que cultivan hojas de coca erradicarlas manualmente y pasar a la legalidad con programas gubernamentales. Petro es un abierto crítico del prohibicionismo y considera que la “guerra contra las drogas fracasó”.
En su gobierno la incautación de cocaína alcanzó un récord al llegar a 884 toneladas en 2024. En lo que va del año, el Ministerio de Defensa reportó la incautación de 654 toneladas de cocaína.
Sin embargo, en el centro de la inconformidad que manifestó el gobierno estadounidense se encontraban los niveles récord de cultivos de hojas de coca que alcanzaron las 253.000 hectáreas en 2023, según el último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Así como la erradicación de esos cultivos ilícitos luego de que el gobierno de Petro bajara las metas.
Los datos oficiales muestran una caída pronunciada desde 2022 —año en que terminó el gobierno del conservador Iván Duque e inició el de Petro— cuando se erradicaron 68.800 hectáreas. Para 2024 fueron erradicadas 9.403 y en lo que va de 2025 han reportado 5.048 hectáreas, aún lejos de la meta de 30.000 hectáreas prometidas por el gobierno.
El narcotráfico ha sido definido por el gobierno como el “combustible” de los grupos armados ilegales, a los cuales ha ofrecido sentarse a negociar la paz o someterse a la justicia, sin lograr desarmarlos aún, mientras recibe críticas de sus contradictores por los brotes de violencia en el país.
Una suma de tensiones
Días antes de la descertificación, la canciller colombiana Rosa Villavicencio dijo que los resultados en la lucha contra las drogas eran suficientes para certificar la cooperación, sin embargo, advirtió que a la vez era una decisión política en la que podían pesar las recientes tensiones entre Petro y Trump.
“En mi gobierno, Colombia no colabora con asesinatos”, advirtió Petro el 5 de septiembre al rechazar el letal ataque de Estados Unidos a una embarcación que había salido desde Venezuela señalada por el gobierno Trump de llevar cocaína. En el ataque murieron 11 personas a las que Estados Unidos señaló como miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Las tensiones entre Trump y Petro casi llegan en enero hasta la imposición de aranceles mutuos cuando Colombia se negó a recibir aviones militares con deportados asegurando que eran maltratados por estar esposados. Al final, Petro cedió a recibir a los deportados y también envió sus propios aviones por ellos.
Cuando ya parecían superadas, surgió una nueva tensión cuando Estados Unidos retiró al encargado de negocios de su embajada en Bogotá como protesta a declaraciones del mandatario colombiano sobre un supuesto intento golpista en su contra, de las que luego se retractó. El diplomático volvió pero ya para ese entonces insistió en que la relación bilateral pasaba por uno de sus momentos más tensos de las últimas décadas.
Suárez reportó desde Bogotá.
JOSHUA GOODMAN is a Miami-based investigative reporter who writes about the intersection of crime, corruption, drug trafficking and politics in Latin America. He previously spent two decades reporting from South America.
WASHINGTON (AP) — Algunos senadores demócratas dijeron que están profundamente preocupados de que un plan del Pentágono para permitir que abogados militares trabajen como jueces de inmigración temporales violará la prohibición de utilizar a miembros del servicio para hacer cumplir la ley y afectará el sistema de justicia militar.
La carta, enviada a las fuerzas armadas y entregada a The Associated Press, llega dos semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobara el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para que actúen como jueces temporales de inmigración. Esto forma parte de las medidas que ha tomado la administración Trump para utilizar a las fuerzas armadas de maneras más amplias que las vistas anteriormente, en particular en su ofensiva contra la inmigración , incluyendo el envío de la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses y el despliegue de tropas en servicio activo en la frontera entre Estados Unidos y México .
“Estos oficiales militares servirían bajo el mando y control del Fiscal General y ejecutarían decisiones administrativas bajo su dirección”, según la carta firmada por 12 demócratas del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado. Añadió que “estas acciones son inherentemente acciones de aplicación de la ley que no pueden ser realizadas por miembros de las fuerzas armadas”.
“Seguimos sumamente preocupados por el impacto que el uso de personal militar para llevar a cabo funciones tradicionalmente propias del Departamento de Justicia tendrá en la preparación”, señala la carta.
Los tribunales de inmigración del país, con un atraso de aproximadamente 3,5 millones de casos, se han convertido en un foco clave de las medidas de mano dura del presidente Donald Trump para aplicar la ley migratoria. Desde que Trump regresó al cargo, decenas de jueces de inmigración han sido despedidos , mientras que otros han renunciado o se han jubilado anticipadamente.
La carta de los senadores, enviada el lunes a las oficinas de los principales abogados militares de las cuatro fuerzas armadas, solicita al Pentágono que indique la procedencia de los aproximadamente 600 abogados y que proporcione información sobre el análisis jurídico que las fuerzas armadas han realizado para determinar si la medida violaría la Ley Posse Comitatus . Esta ley impide a las fuerzas armadas realizar tareas de aplicación de la ley fuera de emergencias extremas.
Un memorando del Pentágono que describía el plan establecía que los abogados no deberían estar asignados por más de medio año. El memorando también mostraba que los funcionarios del Pentágono eran conscientes de la posibilidad de conflicto con dicha ley y afirmaban que el Departamento de Justicia sería responsable de garantizar que los abogados militares no la violaran.
Los senadores demócratas dijeron que estaban “profundamente preocupados” de que retirar a esos abogados tendría un impacto en los miembros del servicio que están pasando por el sistema judicial militar.
“Estas reasignaciones se producen poco después de que el Congreso reformara por completo la forma en que las fuerzas armadas investigan y procesan los delitos graves 'encubiertos'... al establecer las Oficinas de Abogados Especiales de Juicio (OSTC) en cada uno de los Servicios”, se lee en la carta.
El Congreso creó esas oficinas en 2022 como parte de un esfuerzo por reformar el sistema de justicia militar trasladando las decisiones sobre el enjuiciamiento de delitos militares graves, incluida la agresión sexual, a fiscales militares independientes, quitándoles ese poder a los comandantes de las víctimas.
Las oficinas comenzaron a recibir casos a finales del año pasado.
La carta pregunta al Pentágono qué hará para preservar el progreso del OSTC en la creación de capacidad especializada para juicios y qué harán los servicios para garantizar que la desviación de los OSTC, los abogados litigantes y los defensores no genere retrasos ni disminuya la calidad de los juicios militares. Los senadores afirman que el plan demuestra cómo la administración Trump considera al personal cualificado como peones que se intercambian entre agencias, en lugar de profesionales esenciales para sus misiones principales, con el fin de impulsar políticas migratorias erróneas.
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó que el ejército de Estados Unidos atacó otro bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, y que mató a tres personas a bordo de la embarcación.
“El ataque se lanzó mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (un arma mortal que envenena a los estadounidenses) con destino a Estados Unidos”, dijo Trump en una publicación en Truth Social. “Estos cárteles de tráfico de drogas extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, para la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos”.
Hace dos semanas, el ejército estadounidense ejecutó otro ataque contra lo que el gobierno de Trump dijo era una lancha rápida que transportaba drogas desde Venezuela, en el cual mató a 11 personas.
En declaraciones a periodistas en el Despacho Oval más tarde el lunes, Trump dijo que el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, le había mostrado imágenes del nuevo ataque.
Cuando se le preguntó qué pruebas tenía Estados Unidos de que el bote transportaba drogas, Trump respondió: “Tenemos pruebas. Sólo hay que ver la carga que quedó esparcida por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes”.
Trump también insinuó que los ataques militares de Estados Unidos contra presuntos traficantes de drogas en el mar podrían expandirse a tierra.
Añadió que el ejército estadounidense está viendo menos embarcaciones en el Caribe desde que realizó el primer ataque a principios de este mes. Pero afirmó que los cárteles todavía están traficando drogas por tierra.
“Les estamos diciendo a los cárteles ahora mismo que también los vamos a frenar”, dijo Trump. “Cuando vengan por tierra, los vamos a parar de la misma manera que paramos los botes... Pero tal vez al hablar un poco de ello, no sucederá. Si no sucede, eso es bueno”.
Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, publicó en X que Estados Unidos “los rastreará, matará y desmantelará sus redes en todo nuestro hemisferio, en los momentos y lugares que elijamos”, emulando el lenguaje que usaron gobiernos estadounidenses durante la guerra contra el terrorismo. La Casa Blanca también publicó un breve video del ataque en redes sociales.
Dudas sobre la legalidad
Estados Unidos justificó el primer ataque con el argumento de que era una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.
Pero algunos senadores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, han manifestado su insatisfacción con la justificación del gobierno y cuestionaron la legalidad de esas acciones. Lo ven como un posible abuso de la autoridad ejecutiva, en parte por el uso del ejército para propósitos policiales.
El senador demócrata Adam Schiff dijo que está redactando una resolución de poderes de guerra para evitar que las tropas estadounidenses participen en más ataques hasta que sean formalmente autorizados por el Congreso.
Schiff dijo que le preocupa que “estos asesinatos ilegales sólo nos están poniendo en riesgo” y podrían incitar a otro país a atacar a las fuerzas estadounidenses sin justificación adecuada.
“No quiero vernos entrar en una guerra con Venezuela porque el presidente está hundiendo botes a diestra y siniestra”, comentó Schiff.
Grupos de derechos humanos también han expresado su preocupación de que los ataques violen el derecho internacional. La Casa Blanca ha ofrecido escasa información sobre cómo se llevaron a cabo las operaciones o sobre las facultades legales bajo las cuales se realizaron.
“Seamos claros: esto puede ser una ejecución extrajudicial, que es asesinato”, señaló Daphne Eviatar, quien dirige el Programa de Seguridad con Derechos Humanos de Amnistía Internacional USA. “No hay absolutamente ninguna justificación legal para este ataque militar”.
El gobierno de Trump ha alegado defensa propia como justificación legal para el primer ataque, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dice que los cárteles de drogas “representan una amenaza inmediata” para su nación.
Funcionarios estadounidenses dijeron que el ataque de principios de este mes tuvo como objetivo al Tren de Aragua, una pandilla venezolana designada por Estados Unidos como organización terrorista. E indicaron que vendrían más ataques militares a objetivos de drogas, ya que Estados Unidos pretende “declarar la guerra” a los cárteles.
Trump no comentó si el Tren de Aragua también fue el objetivo del ataque del lunes.
El gobierno venezolano no respondió por el momento a una solicitud de comentarios sobre el ataque reportado.
El gobierno de Trump ha criticado específicamente al presidente venezolano Nicolás Maduro por el flagelo de las drogas ilegales en las comunidades estadounidenses.
Venezuela critica ataques de EEUU
Maduro, durante una conferencia de prensa realizada más temprano el lunes, acusó al gobierno de Trump de usar señalamientos de narcotráfico como excusa para una operación militar cuyas intenciones son “amedrentar” y “buscar un cambio de régimen” en el país sudamericano.
Maduro también repudió lo que describió una operación realizada el fin de semana en la que 18 marines de Estados Unidos tomaron por asalto un barco pesquero venezolano en el Caribe.
“¿Qué buscaban? ¿Atún? ¿Qué buscaban? ¿Un kilo de pargo? ¿Quién dio la orden en Washington para que un destructor misilístico mandara a 18 marines armados a allanar un buque pescador de atún?”, cuestionó. “Estaban buscando un incidente militar. Si los muchachos atuneros hubieran tenido algún tipo de armas y accionan armas estando en jurisdicción venezolana, hubiera sido el incidente militar que están buscando los guerreristas, extremistas que quieren una guerra en el Caribe”.
Hablando con Fox News el lunes por la mañana, Rubio reiteró que Estados Unidos no ve a Maduro como el líder legítimo de Venezuela, sino como el jefe de un cártel de drogas. Rubio ha descrito a Venezuela en varias ocasiones como un vestigio de la ideología comunista en el hemisferio occidental.
“No vamos a permitir que un cártel, operando o disfrazado como gobierno, opere en nuestro propio hemisferio”, dijo Rubio.
Tras el primer ataque militar contra un bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, Rubio indicó que Trump iba a “usar el ejército de Estados Unidos y todos los elementos del poder estadounidense para atacar a los cárteles que están atacando a Estados Unidos”.
The Associated Press y otros han informado que la lancha había dado la vuelta y se dirigía de regreso a la costa cuando fue atacada. Rubio afirmó el lunes que no sabía si eso era exacto.
“Lo que necesita comenzar a suceder es que algunos de estos botes deben ser destruidos”, señaló Rubio. “No podemos vivir en un mundo donde de repente dan la vuelta y entonces no podemos tocarlos más”.
Los periodistas de la AP Matthew Lee en Jerusalén y Mary Clare Jalonick en Washington contribuyeron a este despacho.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
AAMER MADHANI covers the White House for The Associated Press. He is based in Washington.
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WASHINGTON (AP) — Un juez le prohibió a la administración de Trump deportar de inmediato a niños migrantes guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos, el más reciente capítulo en una pugna judicial sobre uno de los temas más sensibles en la agenda de inmigración de Trump.
