Nikky HaleyGRAND RAPIDS, Michigan, EE.UU. (AP) — El equipo de campaña de Donald Trump se ha comprometido a no hablar más de ella. Muchos expertos la han descartado por completo. Pero Nikki Haley sigue haciendo campaña por todo el país, y muchos votantes republicanos acuden a escuchar lo que tiene que decir.
Ante audiencias abarrotadas en los estados que votarán el Supermartes la semana que viene, Haley está defendiendo los argumentos que presentó tras perder las primarias en su estado natal, Carolina del Sur: Aproximadamente el 40% de los votantes del Partido Republicano la apoyan frente a Trump, lo que sugiere que la figura dominante de su partido es especialmente vulnerable en la revancha de noviembre contra el presidente Joe Biden.
“Perdió el 40% de los votos de las primarias en todos los primeros estados”, dijo Haley el lunes a más de 500 personas en un acto de campaña en el suburbio políticamente mixto de Bloomington, Minnesota. “No puedes ganar las elecciones generales si no puedes ganar ese 40%”.
Trump está a punto de ganar varios cientos de delegados más para la nominación del Partido Republicano el Supermartes y podría eliminar a Haley al conseguir la nominación unas semanas más tarde. Pero al permanecer en la contienda más tiempo que cualquier otro precandidato importante, Haley ha puesto de relieve los problemas políticos de Trump con electorados clave de su partido y ha sugerido que es un “barco que se hunde”.
Trump obtuvo cerca del 51% de los votantes en las asambleas partidistas de Iowa, el 54% en las primarias de Nueva Hampshire y el 60% en Carolina del Sur. Haley no se acercó al 40% en las primarias de Michigan de esta semana y, en cambio, perdió frente a Trump por más de 40 puntos, 68% a 27%.
Pero al igual que durante las primarias, Haley obtuvo mejores resultados en zonas suburbanas como el condado de Oakland, cerca de Detroit, y el condado de Ottawa, cerca de Grand Rapids. También le fue mejor en el condado Kent, donde se encuentra Grand Rapids y una gran población suburbana.
Biden le dio la vuelta al condado de Kent y mejoró el rendimiento de los demócratas en 2016 en el condado de Oakland, siguiendo el camino que le llevó a ganar Michigan en 2020 y vencer a Trump en las elecciones.
Richard Czuba, un encuestador que ha seguido durante mucho tiempo la política de Michigan, dijo que los resultados de Haley eran más significativos para entender un estado oscilante crítico en las elecciones generales que la campaña de voto “no comprometido” contra Biden en protesta por su gestión de la guerra entre Israel y Hamás, que atrajo unos 100.000 votos y recogió dos delegados demócratas.
Thomson-DeVeaux reportó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Joey Cappelletti en Lansing, Michigan, y Thomas Beaumont en Bloomington, Minnesota, contribuyeron a este despacho.
Meg Kinnard puede ser contactada en http://twitter.com/MegKinnardAP y Amelia Thomson-DeVeaux en https://twitter.com/ameliatd.
MEG KINNARD
Kinnard covers national politics for The Associated Press. She lives in South Carolina.
(AP Foto/Steve Helber)
BY MEG KINNARD AND AMELIA THOMSON-DEVEAUX

ExdiplomaticoMIAMI (AP) — Un exdiplomático de carrera estadounidense dijo el jueves a una juez federal que se declarará culpable de los cargos de trabajar durante décadas como agente secreto para Cuba, una resolución inesperadamente rápida de un caso que la fiscalía considera una de las traiciones más descaradas en la historia del servicio exterior de Estados Unidos.

La asombrosa caída en desgracia de Manuel Rocha, de 73 años, podría culminar con una larga pena de prisión después de que dijera que admitiría los cargos federales de asociación delictuosa para actuar como agente de un gobierno extranjero.

Los fiscales y el abogado de Rocha indicaron que el acuerdo de culpabilidad incluye una sentencia acordada, pero no revelaron detalles en una audiencia el jueves. Está previsto que vuelva a comparecer ante el tribunal el 12 de abril, fecha en la que formalizará dicho acuerdo de culpabilidad y será sentenciado.

“Estoy de acuerdo”, dijo Rocha, con las manos y los tobillos esposados, cuando la jueza del tribunal federal de distrito Beth Bloom le preguntó si deseaba cambiar su declaración a culpable. A cambio, la fiscalía aceptó retirar 13 cargos, entre ellos fraude electrónico y declaraciones falsas.

La breve audiencia no arrojó nueva luz sobre la cuestión que ha sido esquiva desde la detención de Rocha en diciembre: ¿Qué hizo exactamente para ayudar a Cuba mientras trabajó en el Departamento de Estado durante dos décadas? Ese tiempo incluyó periodos como embajador en Bolivia y altos puestos en Argentina, México, la Casa Blanca y la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana.

Su carrera postgubernamental también incluyó tiempo como asesor especial del comandante del Comando Sur de Estados Unidos y, más recientemente, como partidario de Donald Trump y de la línea dura del gobierno estadounidense hacia Cuba, una imagen que, según amigos y fiscales, Rocha adoptó para ocultar sus verdaderas lealtades.

Peter Lapp, que supervisó la contrainteligencia del FBI contra Cuba entre 1998 y 2005, dijo que la rápida resolución del caso no sólo beneficia al anciano Rocha, sino también al gobierno, que puede aprender mucho sobre la infiltración de Cuba en los círculos de política exterior de Estados Unidos.

Normalmente, en los casos de contraespionaje el acusado es imputado de espionaje. Pero Rocha estaba acusado del delito menos grave de actuar como agente extranjero, que conlleva penas máximas de entre cinco y 10 años de prisión, lo que facilitó que los fiscales y Rocha llegaran a un acuerdo.

“Ambas partes salen ganando”, dijo Lapp, que dirigió la investigación sobre Ana Montes, la funcionaria estadounidense de más alto nivel que haya sido declarada culpable de espiar para Cuba. "Él obtiene un beneficio significativo y la oportunidad de volver a ver a su familia, y Estados Unidos podrá llevar a cabo una evaluación completa de los daños que no podría hacer sin su cooperación”.

“Hay detalles que realmente sólo pueden venir del acusado”, añadió.

El FBI detuvo a Rocha en su domicilio de Miami bajo cargos de participar en “actividades clandestinas” en nombre de Cuba al menos desde 1981 —año en que se incorporó al servicio exterior de Estados Unidos—, lo que incluye haberse reunido con agentes de la inteligencia cubana y haber facilitado información falsa a funcionarios estadounidenses sobre sus contactos.

Rocha hizo una serie de confesiones grabadas a un agente encubierto del FBI que se hizo pasar por agente de la inteligencia cubana, en las que elogió al difunto líder cubano Fidel Castro como “comandante”, tachó a Estados Unidos de “enemigo” y se jactó de sus servicios durante más de 40 años como infiltrado cubano en el corazón de los círculos de la política exterior estadounidense, dijeron los fiscales en actas judiciales.

“Lo que hemos hecho... es enorme... mayor que un Grand Slam”, se le cita en una de varias conversaciones grabadas en secreto.

Las autoridades federales han dicho poco sobre lo que Rocha hizo realmente para ayudar a Cuba, y los investigadores del FBI y del Departamento de Estado han estado llevando a cabo una evaluación confidencial de los perjuicios que podría llevarse años.

Pero una investigación reciente de The Associated Press descubrió que se habían pasado por alto muchas señales de alarma a través del tiempo.

Entre ellas figuraba un aviso que un antiguo agente de la CIA recibió en 2006 en el que se advertía que Rocha trabajaba como agente doble. Nunca se investigó. Y datos de inteligencia por separado revelaron que la CIA ya sabía en 1987 que Castro tenía un “supertopo” muy infiltrado en el gobierno de Estados Unidos, y algunos funcionarios sospechaban que podía tratarse de Rocha.

La decisión de Rocha de declararse culpable el jueves se dio pocas horas después de que la viuda del destacado disidente cubano Oswaldo Payá, fallecido en un misterioso accidente de tráfico, presentara una demanda por homicidio culposo contra el exdiplomático. La demanda acusa a Rocha de compartir información que animó a los líderes cubanos a asesinar al opositor.

Mustian informó desde Nueva York.

JOSHUA GOODMAN
Goodman is a Miami-based investigative reporter who writes about the intersection of crime, corruption, drug trafficking and politics in Latin America. He previously spent two decades reporting from South America.

JIM MUSTIAN
Mustian is an Associated Press investigative reporter for breaking news.
(Raul Rubiera/Miami Herald via AP)

Asilo EEUUTUCSON, Arizona (AP) — Dentro de gigantescas tiendas de campaña blancas que albergan a unos 1.000 inmigrantes cerca del Aeropuerto Internacional de Tucson, los agentes de la Patrulla Fronteriza demuestran una eficiencia mecánica para liberar a los detenidos dentro de los dos días posteriores al arresto con órdenes de comparecer ante los tribunales de inmigración en sus destinos finales. Los agentes transmiten información desde el campo a sus colegas que preparan los documentos judiciales mientras los migrantes son transportados en autobús a horas de distancia hasta un centro de procesamiento, minimizando el tiempo de detención.
En el centro de operaciones en el corredor más transitado para cruces ilegales a Estados Unidos faltan notablemente los oficiales de asilo que realizan controles iniciales, cuyo objetivo es descartar solicitudes débiles que no cumplan con los motivos estrictamente prescritos para buscar protección, como raza, religión y opinión política.
Hace casi un año, los funcionarios de asilo recibieron instrucciones de aplicar un estándar de control más estricto a aquellos que cruzan la frontera ilegalmente después de pasar por otro país, como México, pero carecen de personal suficiente para tener mucho impacto. La administración Biden saluda el estándar más alto como piedra angular de su política fronteriza en los desafíos legales, pero su aplicación en sólo un pequeño porcentaje de arrestos muestra cómo los presupuestos pueden no estar a la altura de las ambiciones.
Los presupuestos ajustados siguen cobrando importancia mientras la Casa Blanca vuelve a considerar medidas radicales para limitar el asilo en la frontera.
El fracaso de un plan de gasto de 20 mil millones de dólares en seguridad fronteriza este mes ha hecho que la administración evalúe sus prioridades. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que enfrenta un déficit de 700 millones de dólares este año, está considerando reducir el número de camas de detención de 38.000 a 22.000 y facilitar menos vuelos de deportación. Estas posibles medidas fueron reportadas por primera vez por The Washington Post y confirmadas a The Associated Press por un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutirlo públicamente.
El fallido paquete de gastos elaborado por los negociadores del Senado habría otorgado 4.000 millones de dólares a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU., incluida la incorporación de 4.338 agentes de asilo para examinar a los solicitantes y tomar decisiones finales sobre las solicitudes (más de cuatro veces el personal actual).
Los arrestos por cruces fronterizos ilegales desde México se desplomaron a la segunda tasa mensual más baja de la presidencia de Joe Biden, un mes después de que el estándar más alto reemplazó las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia de COVID-19. La norma “está funcionando según lo previsto y ya ha reducido significativamente los encuentros en la frontera”, dijo Blas Núñez-Neto, subsecretario de seguridad nacional para política fronteriza e inmigración, en un expediente judicial en ese momento.
Los solicitantes de asilo sujetos a controles más estrictos tuvieron una tasa de aprobación del 59% hasta septiembre, frente al 85% en los cinco años anteriores a la pandemia, dijo Núñez-Neto en otro expediente judicial .
Si bien eso sugiere que la política ha marcado una diferencia, su alcance ha sido limitado. Según Núñez-Neto, los agentes entrevistaron sólo a 57.700 inmigrantes bajo la nueva norma hasta septiembre. Eso representa sólo alrededor del 15% de los casi 365.500 migrantes liberados por la Patrulla Fronteriza de junio a septiembre con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional se negó a proporcionar cifras más recientes. Insiste en que el estándar de detección más estricto está funcionando según lo previsto, al tiempo que reconoce que no ha logrado seguir el ritmo de flujos migratorios sin precedentes y pide al Congreso que financie adecuadamente los esfuerzos.
Los agentes de asilo realizaron más de 130.000 exámenes, conocidos como “entrevistas de miedo creíble”, en la frontera durante el año presupuestario 2023, más del doble que el año anterior. Pero más de 600.000 inmigrantes fueron liberados con avisos de comparecer ante un tribunal de inmigración en ese tiempo y otros 300.000 con órdenes de presentarse en una oficina de inmigración para una cita en el tribunal, una práctica que en gran medida ha cesado.
La Patrulla Fronteriza liberó a Mbala Giodi, de 42 años, después de retenerlo durante dos días cuando cruzó la frontera en montañas remotas al este de San Diego. Lo dejaron en un centro de tránsito y le dijeron que tendría la oportunidad de explicar su caso de asilo ante el tribunal, cuya audiencia inicial estaba prevista en Nueva York para mayo.
“No hubo muchos problemas”, dijo Giodi, de 42 años, quien se considera víctima de la represión gubernamental por ser un manifestante estudiantil en Angola.
Para poner en vigor el estándar de evaluación más alto, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración agregaron alrededor de 1.000 empleados para ayudar a los aproximadamente 850 oficiales de asilo existentes, capacitando a ex oficiales de asilo y otros empleados por períodos cortos, dijo Michael Knowles, portavoz de los Servicios Nacionales de Ciudadanía e Inmigración. Concejo. El sindicato representa a los trabajadores de la agencia, que también supervisa visas de trabajo, tarjetas verdes, solicitudes de ciudadanía y solicitudes de asilo que se originan fuera de la frontera.
Asignar tantos empleados a casos fronterizos prolongó las esperas para otros servicios, dijo. Las horas extras de fin de semana eran obligatorias, al igual que el trabajo en días festivos.
"Estamos muy abrumados y hay mucha presión", dijo Knowles. "Parte de la crisis fronteriza es que no nos contrataron suficientes para hacer el trabajo".
La falta de recursos obstaculizó otra política de Biden que entró en vigor en junio de 2022, empoderando a los funcionarios de asilo para tomar decisiones finales sobre las solicitudes, no solo sobre las evaluaciones. Su objetivo era aliviar la carga de trabajo de los jueces de inmigración, cuyo atraso de más de 3 millones de casos ha permitido a solicitantes de asilo con reclamos débiles permanecer en Estados Unidos durante años -con elegibilidad para permisos de trabajo- mientras sus casos pasan por el sistema.
"Ese es un programa muy importante que recibió muy poco apoyo", dijo Knowles.
Los defensores de los solicitantes de asilo han presentado demandas por la aplicación de un estándar de evaluación más estricto. Argumentan que penaliza injustamente a quienes cruzan la frontera ilegalmente, mientras que un sistema de citas en línea con un exceso de solicitudes, llamado CBP One, es prácticamente la única forma de pasar por un puerto de entrada oficial. La norma sigue en vigor mientras se apela el fallo de un juez que declara ilegal la política .
Si bien los flujos migratorios disminuyeron inmediatamente después de que la norma más alta entró en vigor, la estabilidad fronteriza aumentó a medida que los migrantes y contrabandistas se adaptaron a las realidades sobre el terreno, alcanzando un máximo histórico de 250.000 en diciembre.
Melissa Crow, directora de litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados, que cuestiona el estándar más alto, dijo que los solicitantes de asilo eventualmente enfrentan un escrutinio más estricto ante un juez incluso si el uso limitado de la regla en la frontera les permite evitar la detección. Y, dijo, el Congreso y la Casa Blanca podrían acordar en el futuro proporcionar más dinero.
POR  ELLIOT SPAGAT
(Foto AP/Gregory Bull.archivo)
Populistas EEUUOXON HILL, Maryland, EE.UU. (AP) — En una noche reciente a las afueras de Washington, el presidente de Argentina acaparó la atención de una multitud conservadora que se había reunido para escuchar a Donald Trump. Con voz ronca, Javier Milei gritó: “¡Hola a todos!”, antes de presentarse como un león.
“Lindo día para hacer temblar a la izquierda”, bromeó Milei.
Sus excentricidades podrían haber parecido novedosas a los asistentes no familiarizados con la forma en que ha utilizado a los leones como su sello distintivo para simbolizar su fiera postura contra el socialismo, pero el populista de extrema derecha se ha hecho muy conocido entre los latinos de Estados Unidos desde que ganó la presidencia el año pasado. En la Conferencia de Acción Política Conservadora le acompañó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que deleitó a la multitud con un discurso en un inglés fluido en el que se burló del filántropo George Soros y del “globalismo”.
El Partido Republicano está afianzando alianzas con algunos populistas latinoamericanos como una manera de inyectar la influencia de algunas celebridades y el panorama político de los países de origen de los migrantes en las elecciones estadounidenses de este año. Tras lograr cierta aceptación entre los cubano-estadounidenses y los venezolano-estadounidenses del sur de Florida al atacar a los gobernantes que se dicen socialistas de esos países, los líderes del Partido Republicano están replicando ese modelo al promocionar los lazos entre Trump y gobernantes que son muy conocidos por los votantes de habla hispana en todo Estados Unidos.
Mercedes Schlapp, exasesora de Trump en la Casa Blanca, dijo a noticieros en español que los demócratas han estado fomentando el voto latino durante mucho tiempo, pero cuando Trump intentaba ser reelegido en 2020, dijo a sus estrategas: “hagan todo lo que puedan para conseguir el voto latino”. Schlapp indicó que conseguir que esos populares gobernantes electos se unan a la reciente congregación conservadora forma parte de ese intento.
Los salvadoreños en Estados Unidos suman aproximadamente 2,5 millones, una cifra que supera ampliamente el número de cubanos en el país, de acuerdo con el Pew Hispanic Research Center. La diáspora argentina es mucho menor. Pero tanto Bukele como Milei han llamado la atención de los migrantes latinoamericanos como contrapesos populistas a los hombres fuertes de la izquierda diseminados por Centroamérica y Sudamérica.
José Aliaga, un migrante peruano que participó en la Conferencia de Acción Política Conservadora como líder republicano de un municipio de Michigan, escuchó el discurso de Bukele y posteriormente lo comparó con Trump, que se encamina a obtener su tercera nominación presidencial por el Partido Republicano y a una revancha con el presidente demócrata Joe Biden.
“Bukele no sólo dice todas las cosas bien, sino que también tiene resultados que mostrar”, comentó Aliaga. “Bukele y Trump tienen el mismo mensaje. Quieren acabar con el crimen, quieren mejorar la economía, ofrecer más empleos y darle a todo el mundo la oportunidad de salir adelante”.
“Los dos quieren gobernar con mano dura, pero uno habla español y el otro habla inglés”, dijo.
Milei ha hecho campaña cargando una motosierra para simbolizar los recortes drásticos en Argentina y ha declarado su admiración por Trump. Milei no llevó la motosierra a la Conferencia de Acción Política Conservadora, pero cuando se encontró a Trump entre los discursos de uno y del otro, el mandatario argentino se precipitó hacia él gritando: “¡presidente!” y le dio un fuerte abrazo antes de que los dos posaran para los fotógrafos. Según un video que publicó uno de sus asesores, Trump le dijo: “Hagamos grande a Argentina otra vez”, en referencia al lema —inspirado en Trump— que Milei usó en su campaña electoral.
El día antes de su visita, Milei se reunió en Buenos Aires con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y otros funcionarios del gobierno de Biden. De acuerdo con uno de los ministros de Milei, el embajador estadounidense Marc Stanley, abogado texano y donante demócrata, intentó disuadir a Milei de aparecer junto a Trump, argumentando que la Conferencia era un evento “muy político”.
El Departamento de Estado no contestó una petición de comentarios. Un vocero de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires dijo: “no hacemos comentarios sobre reuniones privadas”.
El senador republicano Marco Rubio, un cubano-estadounidense que ha respaldado a Trump, viajó a la Casa Rosada de Argentina la semana pasada para conocer a Milei y le pidió autografiar una taza con el eslogan “No hay plata”, que Milei utilizó durante su campaña para decir que el país no seguirá subsidiando los programas públicos.
Eduardo Verástegui es un activista conservador que se volvió famoso en la década de 1990 como galán de una telenovela mexicana, y recientemente intentó aspirar a la presidencia de México. Dice que Trump es un amigo y que en 2020 Verástegui fue invitado para asesorarle en temas hispanos.
Verástegui considera que, el hecho de que tanto Bukele como Milei hayan visitado Estados Unidos en un año electoral, es algo único que puede despertar a la comunidad hispana estadounidense y podría ser un punto de inflexión.
Maca Casado, vocera de la campaña electoral de Biden, criticó el plan de Trump para atraer a los latinos, diciendo que sus políticas como presidente y sus propuestas como precandidato son contrarias a los inmigrantes.
“Estamos hablando de un hombre que ha satanizado sistemáticamente a los latinos para su beneficio político, que usó su tiempo en el cargo para atacar a la comunidad latina, que ha repetido como loro lo que dicen dictadores y ha dicho que los migrantes estaban envenenando la sangre del país”, dijo Casado en un comunicado. “Nuestra comunidad sabe la verdad: al partido de Trump no le importan los latinos en lo más mínimo”.
Benjamin Gedan, director del Programa de América Latina en el Wilson Center, con sede en Washington, advirtió que estos gobernantes están “o enemistándose intencionalmente con la Casa Blanca o cometiendo un error diplomático fácilmente evitable”.
Bukele fue quizás aún más popular en la Conferencia de Acción Política Conservadora. Docenas de simpatizantes lo seguían tras su discurso del jueves, tocando bocinas y gritando su nombre.
Un periodista en español de Voz Media, un medio conservador con sede en Texas, se acercó a Bukele para hacerle preguntas sobre Biden y Trump. Bukele indicó que el gobierno de Biden “no ha estado interesado en trabajar con nosotros”. Dijo que las relaciones entre los dos países bajo Trump eran “mucho mejores”, pero no respaldó a Trump. “Eso se lo dejo a la gente”.
Bukele se ha hecho enormemente popular en El Salvador a consecuencia de su guerra contra las pandillas, que ha derivado en 76.000 detenciones, y entre los salvadoreños en Estados Unidos, que se encuentran en gran número en California, Texas y Nueva York.
En su discurso, Bukele especificó que denunciará al gobierno del presidente estadounidense Bill Clinton por deportar a miembros de una pandilla formada en Estados Unidos por salvadoreños que habían emigrado para escapar de la guerra civil, que se extendió de 1979 a 1992. Esa pandilla era la MS-13, de la que a menudo se dice erróneamente que fue fundada en El Salvador.
Un asesor de Bukele dijo que el gobernante quería venir a hablar con los conservadores con el fin de promover sus iniciativas para mejorar El Salvador. La tasa de homicidios ha descendido drásticamente y el país ha pasado de ser uno de los más violentos a uno de los más seguros de todo el continente americano.
En un hotel situado directamente enfrente del lugar donde se reunían los conservadores, dos empleadas sabían exactamente la hora a la que iba a aparecer Bukele y esperaban poder ver al mandatario. Ambas dijeron que su El Salvador natal había cambiado.
Cuando se les preguntó si estaban igual de emocionadas por ver a Trump, sonrieron y negaron con la cabeza.
La periodista de The Associated Press Patricia Luna en Santiago de Chile contribuyó a este despacho.
(AP Foto/José Luis Magaña)
BY ADRIANA GÓMEZ LICÓN
Restriccion asiloTUCSON, Arizona (AP) — Dentro de gigantescas tiendas de campaña blancas que albergan a unos 1.000 inmigrantes cerca del Aeropuerto Internacional de Tucson, los agentes de la Patrulla Fronteriza demuestran una eficiencia mecánica para liberar a los detenidos dentro de los dos días posteriores al arresto con órdenes de comparecer ante los tribunales de inmigración en sus destinos finales. Los agentes transmiten información desde el campo a sus colegas que preparan los documentos judiciales mientras los migrantes son transportados en autobús a horas de distancia hasta un centro de procesamiento, minimizando el tiempo de detención.
En el centro de operaciones en el corredor más transitado para cruces ilegales a Estados Unidos faltan notablemente los oficiales de asilo que realizan controles iniciales, cuyo objetivo es descartar solicitudes débiles que no cumplan con los motivos estrictamente prescritos para buscar protección, como raza, religión y opinión política.
Hace casi un año, los funcionarios de asilo recibieron instrucciones de aplicar un estándar de control más estricto a aquellos que cruzan la frontera ilegalmente después de pasar por otro país, como México, pero carecen de personal suficiente para tener mucho impacto. La administración Biden saluda el estándar más alto como piedra angular de su política fronteriza en los desafíos legales, pero su aplicación en sólo un pequeño porcentaje de arrestos muestra cómo los presupuestos pueden no estar a la altura de las ambiciones.
Los presupuestos ajustados siguen cobrando importancia mientras la Casa Blanca vuelve a considerar medidas radicales para limitar el asilo en la frontera.
El fracaso de un plan de gasto de 20 mil millones de dólares en seguridad fronteriza este mes ha hecho que la administración evalúe sus prioridades. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que enfrenta un déficit de 700 millones de dólares este año, está considerando reducir el número de camas de detención de 38.000 a 22.000 y facilitar menos vuelos de deportación. Estas posibles medidas fueron reportadas por primera vez por The Washington Post y confirmadas a The Associated Press por un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutirlo públicamente.
El fallido paquete de gastos elaborado por los negociadores del Senado habría otorgado 4.000 millones de dólares a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU., incluida la incorporación de 4.338 agentes de asilo para examinar a los solicitantes y tomar decisiones finales sobre las solicitudes (más de cuatro veces el personal actual).
Los arrestos por cruces fronterizos ilegales desde México se desplomaron un 42%, hasta la segunda tasa mensual más baja de la presidencia de Joe Biden, un mes después de que el estándar más alto reemplazara las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia de COVID-19. La norma “está funcionando según lo previsto y ya ha reducido significativamente los encuentros en la frontera”, dijo Blas Núñez-Neto, subsecretario de seguridad nacional para política fronteriza e inmigración, en un expediente judicial en ese momento.
Los solicitantes de asilo sujetos a controles más estrictos tuvieron una tasa de aprobación del 59% hasta septiembre, frente al 85% en los cinco años anteriores a la pandemia, dijo Núñez-Neto en otro expediente judicial que calificó la política como un éxito.
Si bien eso sugiere que la política ha marcado una diferencia, su alcance ha sido limitado. Según Núñez-Neto, los agentes entrevistaron sólo a 57.700 inmigrantes bajo la nueva norma hasta septiembre. Eso representa sólo alrededor del 15% de los casi 365.500 migrantes liberados por la Patrulla Fronteriza de junio a septiembre con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional se negó esta semana a proporcionar cifras más recientes. Insiste en que el estándar de detección más estricto está funcionando según lo previsto, al tiempo que reconoce que no ha logrado seguir el ritmo de flujos migratorios sin precedentes y pide al Congreso que financie adecuadamente los esfuerzos.
Los agentes de asilo realizaron más de 130.000 exámenes, conocidos como “entrevistas de miedo creíble”, en la frontera durante el año presupuestario 2023, más del doble que el año anterior. Pero más de 600.000 inmigrantes fueron liberados con avisos de comparecer ante un tribunal de inmigración en ese tiempo y otros 300.000 con órdenes de presentarse en una oficina de inmigración para una cita en el tribunal, una práctica que en gran medida ha cesado.
Mbala Giodi, un migrante de Angola, esperó horas después de cruzar la frontera desde México en las montañas al este de San Diego a que agentes lo llevaran a una estación de detención, donde pasó dos días. Fue liberado en un centro de tránsito de San Diego y le dijeron que tendría la oportunidad de explicar sus razones para huir de su tierra natal en el sur de África ante un tribunal, con una audiencia inicial programada en Nueva York en mayo.
“No hubo muchos problemas”, dijo Giodi, de 42 años, quien se considera víctima de la represión gubernamental por ser un manifestante estudiantil en Angola.
Incluso para poner en vigor el estándar de evaluación más alto, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración agregaron alrededor de 1.000 empleados para ayudar a los aproximadamente 850 oficiales de asilo existentes, capacitando a ex oficiales de asilo y otros empleados por períodos cortos, dijo Michael Knowles, portavoz del Servicio Nacional de Ciudadanía e Inmigración. Consejo de Servicios. El sindicato representa a los trabajadores de la agencia, que también supervisa visas de trabajo, tarjetas verdes, solicitudes de ciudadanía y solicitudes de asilo que se originan fuera de la frontera.
Asignar tantos empleados a casos fronterizos extendió los tiempos de espera para otros servicios, dijo. Las horas extras de fin de semana eran obligatorias, al igual que el trabajo en días festivos.
"Estamos muy abrumados y hay mucha presión", dijo Knowles. "Parte de la crisis fronteriza es que no nos contrataron suficientes para hacer el trabajo".
La falta de recursos obstaculizó otra política de Biden que entró en vigor en junio de 2022, empoderando a los funcionarios de asilo para tomar decisiones finales sobre las solicitudes, no solo sobre las evaluaciones. Su objetivo era aliviar la carga de trabajo de los jueces de inmigración, cuyo atraso de más de 3 millones de casos ha permitido a solicitantes de asilo con reclamos débiles permanecer en Estados Unidos durante años -con elegibilidad para permisos de trabajo- mientras sus casos pasan por el sistema.
A finales de septiembre se habían decidido menos de 6.000 casos de asilo en virtud de la política de 2022.
"Ese es un programa muy importante que recibió muy poco apoyo", dijo Knowles.
Los defensores de los solicitantes de asilo han presentado demandas por la aplicación de un estándar de evaluación más estricto. Argumentan que penaliza injustamente a quienes cruzan la frontera ilegalmente, mientras que un sistema de citas en línea con un exceso de solicitudes, llamado CBP One, es prácticamente la única forma de pasar por un puerto de entrada oficial. La norma sigue en vigor mientras se apela el fallo de un juez que declara ilegal la política . El caso podría llegar al Tribunal Supremo.
Si bien los flujos migratorios disminuyeron inmediatamente después de que la norma más estricta entró en vigor, los arrestos fronterizos aumentaron en cinco de los últimos seis meses de 2023 a medida que los migrantes y contrabandistas se adaptaron a las realidades sobre el terreno, alcanzando un máximo histórico de 250.000 en diciembre.
POR  ELLIOT SPAGAT
(Foto AP/Gregory Bull,archivo)

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