WASHINGTON (AP) — Theodore “Ted” Kaczynski, mejor conocido como el “Unabomber”, un matemático graduado de Harvard que se retiró a una sórdida choza en los bosques de Montana y ejecutó una campaña de atentados con bombas durante 17 años que mataron a tres personas y lesionaron a 23 más, falleció a los 81 años en una prisión federal en Carolina del Norte. Admitió haber cometido 16 atentados con bombas entre 1978 y 1995, mutilando permanentemente a varias de sus víctimas.

Apodado el “Unabomber” por el FBI, Kaczynski murió en el centro médico de la prisión federal de Butner, Carolina del Norte, informó a The Associated Press la vocera de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, Kristie Breshears.

Fue encontrado inconsciente en su celda la mañana del sábado y declarado muerto alrededor de las 8 a.m., agregó. De momento se desconoce la causa de su deceso.

Antes de su traslado a la instalación médica de la prisión, estuvo retenido en la prisión federal Supermax en Florence, Colorado, desde mayo de 1998, cuando fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas más 30 años por una campaña de terror que sembró pánico en las universidades de todo el país.

Años antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y los envíos de ántrax por correo, las letales bombas caseras del “Unabomber” cambiaron la forma en que los estadounidenses enviaban paquetes y abordaban aviones, al grado de que prácticamente paralizaron los viajes aéreos en la costa occidental en julio de 1995.

Kaczynski obligó al periódico The Washington Post, junto con The New York Times, a tomar la decisión desesperada de publicar su manifiesto de 35.000 palabras, “La sociedad industrial y su futuro”, en el cual él aseguró que la sociedad moderna y la tecnología estaban provocando una sensación de impotencia y aislamiento.

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AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — El FBI arrestó el jueves a un empresario que se encuentra en el centro del escándalo que llevó al histórico juicio político del fiscal general de Texas, Ken Paxton, en medio de nuevas interrogantes sobre los acuerdos entre ambos surgidas después de que los abogados del republicano difundieran registros financieros en su intento para librarlo de acusaciones de soborno.

Nate Paul, de 36 años, fue fichado en una cárcel de Austin la tarde del jueves después de que fue detenido por agentes federales, de acuerdo con los registros del Departamento de Policía del condado Travis. De momento se desconoce qué cargos condujeron a su arresto, pero los registros penitenciarios indicaban que se encuentra detenido por una orden federal relacionada con un delito grave.

La detención de Paul siguió a una investigación federal de un año en torno al desarrollador inmobiliario de Austin, una pesquisa en la que Paxton involucró a su oficina, desencadenando una serie de acontecimientos que finalmente condujeron a su juicio político el mes pasado.

Los abogados de Paul no respondieron de momento a solicitudes de comentarios. Uno de los abogados de Paxton, Dan Cogdell, dijo que no contaba con información adicional sobre el arresto de Paul. El FBI se negó a comentar al respecto y un portavoz de la fiscalía federal en el oeste de Texas no respondió a solicitudes de comentarios.

Los agentes del FBI que revisaban el preocupante imperio de bienes raíces de Paul allanaron sus oficinas y su mansión de Austin en 2019. Al año siguiente, siete de los principales colaboradores de Paxton denunciaron al fiscal general ante el FBI por acusaciones de soborno y abuso de autoridad para ayudar a Paul, incluyendo la contratación de un abogado externo para examinar los señalamientos del desarrollador sobre comportamiento indebido por parte de agentes federales.

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WASHINGTON (AP) — Al tiempo que el expresidente estadounidense Donald Trump se prepara para una comparecencia crucial ante el tribunal el martes por cargos relacionados con el acaparamiento de documentos ultrasecretos, sus aliados republicanos intensifican, sin evidencia, las afirmaciones de que es el blanco de una persecución política.

Para defender su caso, los partidarios de Trump citan la decisión del Departamento de Justicia, en 2016, de no presentar cargos contra Hillary Clinton —exsecretaria de Estado y su oponente demócrata en la contienda presidencial de ese año— por su manejo de información clasificada. Sus partidarios también invocan una investigación separada de documentos clasificados que involucra al presidente Joe Biden para afirmar que un sistema de justicia de doble rasero castiga a Trump —el favorito indiscutible para la nominación del Partido Republicano para la Casa Blanca en 2024— por conducta en que los demócratas han estado involucrados.

“¿Existe un estándar diferente para una secretaria de Estado demócrata y un expresidente republicano?”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, uno de los principales rivales de Trump. “Creo que debe haber un estándar de justicia en este país”.

Pero esos argumentos pasan por alto muchas diferencias fácticas y legales —principalmente relacionadas con la intención, el estado de ánimo y los actos deliberados de obstrucción— que limitan el valor de tales comparaciones.

Una mirada a las investigaciones de Clinton, Biden y Trump, y lo que las separa:

¿QUÉ HIZO CLINTON?

Por comodidad, Clinton confió en un sistema de correo electrónico privado durante su tiempo como la principal diplomática del gobierno del presidente Obama. Esa decisión la acosó cuando, en 2015, el organismo de control interno de las agencias de inteligencia alertó al FBI sobre la presencia de potencialmente cientos de emails que contenían información clasificada.

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MIAMI (AP) — Donald Trump fue acusado formalmente de mal manejo de documentos clasificados en su finca de Florida, un hecho notable que lo convierte en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos penales de parte del gobierno federal del que alguna vez estuvo al frente.

El Deparmanto de Justicia tenía previsto hacer público el encausamiento por siete cargos antes de una histórica comparecencia la semana entrante, en medio de las actividades de campaña presidencial con vistas al 2024 acentuadas por diversas acciones judiciales penales en múltiples estados.

La acusación formal conlleva consecuencias legales sumamente graves, incluida la posibilidad de prisión en caso de ser condenado.

Pero también tiene enormes consecuencias políticas, posiblemente afectando las primarias republicanas rumbo a la presidencia que Trump ha estado dominando y poniendo nuevamente a prueba la disposición de los votantes y líderes del Partido Republicano para mantenerse al lado de un candidato que ahora ha sido encausado en dos ocasiones y que aún podría enfrentar más cargos. El proceso abre la puerta para un juicio sensacional en torno a las acusaciones de que el hombre al que alguna vez se le confiaron los secretos más importantes de la nación acaparó de manera intencional e ilegal información delicada para la seguridad nacional.

El Departamento de Justicia no ha confirmado públicamente la acusación. Pero dos personas familiarizadas con la situación que no estaban autorizadas a discutirla públicamente dijeron que la acusación contiene siete cargos penales. Una de las personas dijo que el equipo de Trump había sido contactado por los fiscales poco antes de que el exmandatario anunciara en su plataforma Truth Social que había sido encausado.

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