BOGOTÁ (AP) — El temido ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, declaraba el jueves ante la Jurisdicción Especial para la Paz colombiana en la que sería su última oportunidad para intentar ser admitido en el tribunal y recibir sanciones que no incluyen cárcel a cambio de hablar detalladamente sobre su participación en el conflicto armado interno.
“Supervivientes y víctimas, desde mi más esencial intimidad, quiero declararles solemnemente que me siento profunda y sinceramente arrepentido por todo el dolor causado a cada uno de ustedes”, dijo Tovar Pupo en una audiencia pública realizada en Ibagué, al centro del país, ciudad donde permanece en la cárcel.
Tovar Pupo fue uno de los más temidos paramilitares en Colombia como jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo armado que luchaba contra guerrilleros de izquierda.
En 2006, Tovar Pupo depuso las armas como parte de un acuerdo entre el Estado y las AUC. Dos años después fue extraditado a Estados Unidos donde cumplió una condena de 12 años en una prisión por tráfico de drogas y en el 2020 fue deportado a Colombia para que respondiera por decenas de crímenes que incluyen masacres.
Los exparamilitares no suelen ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque luego de desmovilizarse tuvieron su propio sistema de justicia y fueron juzgados. La JEP nació tras la firma del proceso de paz en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) para juzgar los delitos de lesa humanidad y de guerra cometidos en cinco décadas de confrontaciones.
Sin embargo, en el caso de Tovar Pupo, existe la posibilidad de que ingrese bajo la figura de “tercero civil” si prueba que como ex comandante paramilitar estuvo “incorporado a la fuerza pública para poner el grupo armado al servicio del Estado”, detalló el Tribunal en un comunicado.
La audiencia se extenderá hasta el viernes. Luego, una sala del tribunal contrastará la información suministrada por Tovar Pupo y decidirá si acepta o no su ingreso a la JEP.
La Comisión de la Verdad, entidad extrajudicial encargada de esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto, concluyó que los paramilitares fueron responsables de más de 205.000 homicidios, 63.000 víctimas de desaparición forzada y 9.500 secuestros.
LIMA (AP) — El centro de Lima volvió a ser el jueves epicentro de protestas de cientos de manifestantes y una organización defensora de los derechos humanos calificó de “brutalidad sin precedentes” la reacción del gobierno de Dina Boluarte para contener el clamor de los ciudadanos que exigen su renuncia y la de los miembros del Parlamento.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, un colectivo de instituciones civiles, aseguró el jueves en un informe que la contundencia con la que ha respondido el gobierno a las movilizaciones no se ha visto “en la historia de la democracia en el país, en el presente siglo”.
Las recientes movilizaciones antigubernamentales han dejado 56 muertos a la fecha, según la cifra oficial más reciente. Además de la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, los inconformes también exigen la realizacion adelantada de comicios.
En una conferencia de prensa, Mar Pérez, investigadora de la ong, indicó por la mañana que nunca en Perú “hemos vivido niveles de represión como los que estamos viviendo en estos momentos”. El país retornó a la democracia en el año 2000 al finalizar el gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000).
A la denuncia de la ong de la mañana le sobrevino una nueva jornada de confrontación entre manifestantes y las fuerzas del orden en Lima.
La policía lidiaba por la tarde con al menos tres grupos conformados por cientos de manifestantes con intenciones de acercarse al Parlamento desde diferentes partes del centro histórico. El grupo más lejano estaba a casi 20 cuadras del Congreso y el más cercano a 12, pero fueron repelidos con decenas de bombas lacrimógenas, atestiguaron periodistas de The Associated Press.
CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa Francisco criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como “injustas”, dijo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son y pidió a los obispos católicos que apoyan esas leyes que acojan a las personas LGBTQ en la Iglesia.
“Ser homosexual no es un delito”, dijo Francisco durante una entrevista el martes con The Associated Press. Francisco reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGTBQ, y se refirió a la homosexualidad como un “pecado”. Sin embargo, atribuyó esas actitudes a contextos culturales y dijo que los obispos en particular también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos.
“También el obispo tiene un proceso de conversión”, dijo, añadiendo que debían mostrar “ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros”.
Unos 67 países o jurisdicciones de todo el mundo penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y 11 de ellos pueden aplicar o aplican la pena de muerte, según The Human Dignity Trust, que trabaja para acabar con esas leyes. Los expertos señalan que incluso cuando las leyes no se aplican, contribuyen al acoso, la estigmatización y la violencia contra las personas LGBTQ.
En Estados Unidos, más de una docena de estados aún tienen leyes contra la sodomía pese a un fallo de 2003 de la Corte Suprema que las declaró inconstitucionales. Los defensores de los derechos LGTBQ dicen que esa legislación anticuada se emplea para acosar a homosexuales y señalan a nuevas normas —como la conocida como “No digas gay” en Florida— que prohíbe la educación sobre orientación sexual e identidad de género entre el jardín de infancia y tercer grado escolar, como una prueba de los esfuerzos continuados por marginalizar a las personas LGBTQ.
Naciones Unidas ha pedido de forma reiterada que se abandonen las leyes que penalizan la homosexualidad y afirma que violan los derechos a la privacidad y a la libertad ante la discriminación, además de incumplir las obligaciones de esos países según el derecho internacional de proteger los derechos humanos de todo el mundo, sin importar su orientación sexual o identidad de género.
Francisco declaró esas normas como “injustas” y dijo que la Iglesia católica puede y debe trabajar para ponerles fin. “Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo”, dijo.
Francisco citó el catequismo de la Iglesia católica para señalar que los homosexuales deben ser recibidos y respetados, y no deben verse marginados ni discriminados.
“Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad”, dijo Francisco, que habló con AP en el hotel vaticano donde vive.
Esas leyes son habituales en África y Oriente Medio y se remontan a la era colonial británica o se ven inspiradas por la ley islámica. Algunos obispos católicos las han defendido con firmeza como consistentes con la doctrina del Vaticano, que considera la actividad homosexual como “intrínsecamente desordenada”, mientras que otros han pedido que se revoquen porque suponen una violación de la dignidad humana fundamental.
En 2019 se esperaba que Francisco publicara un comunicado contra la criminalización de la homosexualidad durante un encuentro con grupos de derechos humanos que investigaron los efectos de esas normas y de las llamadas “terapias de conversión”.
Al final, el papa no se reunió con los grupos, que en su lugar se entrevistaron con el número dos del Vaticano, que reafirmó “la dignidad de cada persona humana y contra cualquier forma de violencia”.
Francisco dijo el martes que en lo referente a la homosexualidad, debía distinguirse entre el delito y el pecado.
“El ser homosexual no es un delito”, dijo. “No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo”.
Las enseñanzas católicas indican que si bien debe tratarse a los homosexuales con respeto, los actos homosexuales son “intrínsecamente desordenados”. Francisco no ha cambiado esa posición, aunque ha hecho del acercamiento a la comunidad LGTBQ uno de los rasgos característicos de su papado.
Desde su famosa declaración de 2013 “¿quién soy yo para juzgar?” cuando le preguntaron por un sacerdote que según reportes era gay, Francisco ha seguido dirigiéndose de forma reiterada y pública a las comunidades homosexual y trans. Como arzobispo de Buenos Aires se mostró a favor de ofrecer protecciones legales a las parejas del mismo sexo como alternativa a apoyar el matrimonio homosexual, algo que prohíbe la doctrina católica.
Pese a ese acercamiento, Francisco fue criticado por la comunidad católica LGBTQ por un decreto de 2021 de la oficina de doctrina del Vaticano sobre que la Iglesia no puede bendecir las uniones entre personas del mismo sexo “porque Dios no puede bendecir el pecado”.
En 2008, el Vaticano declinó firmar una declaración de Naciones Unidas que pedía la despenalización de la homosexualidad, quejándose de que el texto iba más allá del borrador original y también incluía fragmentos sobre “orientación sexual” e “identidad de género” que le parecían problemáticos. En un comunicado entonces, el Vaticano instó a los países a evitar la “discriminación injusta” contra los homosexuales y a poner fin a las sanciones en su contra.
PANAMÁ (AP) — Estados Unidos implicó el miércoles al expresidente panameño Ricardo Martinelli en actos de corrupción “significativa” al señalar que aceptó sobornos a cambio de contratos para proyectos durante su gobierno, el mismo día que dos hijos del exmandatario regresaron al país luego de cumplir una condena en Nueva York por lavar millones de dólares en coimas de la constructora brasileña Odebrecht.
Debido a ese señalamiento, el exlíder panameño de 70 años y que aspira a presentarse nuevamente como candidato presidencial en los comicios generales de mayo del 2024, y familiares inmediatos no podrán entrar en los Estados Unidos, de acuerdo con una comunicado del secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, difundida por la embajada estadounidense en Panamá.
“Aceptar sobornos a cambio de contratos para proyectos de gobierno socava la integridad de las instituciones democráticas de Panamá y alimenta las percepciones de corrupción e impunidad”, indicó Blinken.
Aunque no lo menciona, el gobierno estadounidense se estaría refiriendo al escándalo de los multimillonarios sobornos pagados por Odebrecht en Panamá durante la administración de Martinelli, quien gobernó entre 2009 y 2014. La trama de los sobornos también salpicó a políticos y empresarios de 12 países de América Latina y África.
LIMA (AP) — La presidenta peruana Dina Boluarte pidió el martes una tregua a quienes protestan desde hace casi dos meses para exigir su renuncia y la de los integrantes del Parlamento en manifestaciones que han dejado más de medio centenar de fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
La respuesta de la calle fue una nueva jornada de movilizaciones en Lima que registró choques entre manifestantes y policías en el centro histórico de la capital peruana.
“Sentimos impotencia. La tregua de vida por la presidenta es mentira; sigue disparando tiros incluso en la cabeza y en el tórax”, dijo Fabián Vivián, un obrero de 30 años.
Los manifestantes respondieron el martes a las decena de bombas lacrimógenas lanzadas por la policía en la tarde con gritos de “asesinos”. Otros lanzaron piedras y algunos usaron luces verdes con las que hostigaban a los policías.
“Esa vieja maldita, ojalá se pudra en la cárcel junto a Alberto Fujimori”, comentó encendida Juana Quispe, una vendedora ambulante que comercia huevos sancochados y que se frotaba los ojos enrojecidos por el efecto de los gases.
La presidenta Boluarte dijo por la mañana en conferencia de prensa que la tregua propuesta busca entablar mesas de diálogo “y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar a los pueblos”.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
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BOGOTÁ (AP) — El temido ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, declaraba el jueves ante la Jurisdicción Especial para la Paz colombiana en la que sería su última oportunidad para intentar ser admitido en el tribunal y recibir sanciones que no incluyen cárcel a cambio de hablar detalladamente sobre su participación en el conflicto armado interno.
