PANAMÁ (AP) — Dos organismos humanitarios de las Naciones Unidas alertaron el jueves sobre el “preocupante” incremento de migrantes que han cruzado la peligrosa jungla del Darién en lo que va del 2023 y señalaron que según Panamá, de continuar esa tendencia, ese flujo irregular podría superar los 400.000 tránsitos al cierre del año.La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicaron en un comunicado conjunto que más 100.000 migrantes utilizaron esa ruta en los primeros meses en camino hacia Norteamérica, una cantidad seis veces mayor a la registrada en igual periodo del 2022, el cual terminó con un récord histórico de casi 250.000 tránsitos.
“Panamá enfrenta una de las crisis de movimientos mixtos más desafiantes de la última década, como parte de un desplazamiento sin precedentes a través de las Américas”, advirtieron esos organismos.
El martes, Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron que impulsarán una campaña de 60 días destinada a detener esa masiva migración ilegal a través de la peligrosa selva del Darién, en el marco de una reunión en la capital panameña del secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, y los titulares de Relaciones Exteriores y Seguridad colombianos y panameños.
CHICACAO, GUATEMALA (AP) — Miles de personas se congregaron en Guatemala para despedir el miércoles a dos de los 17 migrantes guatemaltecos que murieron bajo la custodia del gobierno mexicano en un incendio en un centro de detención migratorio el 27 de marzo. Como ellos, Hondura recibió los cuerpos repatriados de sus nacionales y sus parientes se despidieron entre llantos, flores y velas.En Guatemala, la dinámica del municipio de Chicacao en el departamento de Suchitepéquez, al sur del país, se vio convulsionada cuando familiares y amigos de Francisco Gaspar Rojché Chiquival y Miguel Rojché Zapalu, sobrino y tío respectivamente, velaron a los fallecidos y luego los enterraron en el cementerio local.
La motocicleta negra de Rojché Chiquival, de 21 años, conocido como Francis entre sus amigos, iba delante del féretro de metal color verde olivo cubierto por la bandera de Guatemala. “Era su única posesión”, dijo su padre Manuel Rojché. Varios amigos hicieron camisetas con fotografías del joven diciéndole que lo iban a extrañar.
El joven había intentado migrar junto a su tío, en busca de una mejor situación económica a mediados de marzo, pero fueron detenidos por la migración mexicana que los encerró en un centro de detención con la intención de deportarlos a Guatemala. Para migrar, su familia entregó las escrituras de su terreno valorado en unos 15.000 dólares que ya no podrán recuperar. “Estoy destrozado, estoy herido, es un golpe muy grande” dice su padre.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Fiscalía General de México acordó proceder penalmente contra el jefe del Instituto Nacional de Migración por el caso de los 40 migrantes que fallecieron encerrados en un mortal incendio ocurrido el mes pasado en un centro de detención de Ciudad Juárez.Francisco Garduño será procesado por presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, confirmó a Associated Press un funcionario federal.
Por este caso, la Fiscalía General también decidió proceder penalmente contra Antonio “N”, directivo del INM, y los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes, según un comunicado del organismo, “se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas” la noche del pasado 27 de marzo.
La AP solicitó a Migración una reacción sobre la acción de la Fiscalía, pero no hubo comentarios de momento.
Cinco personas —-tres funcionarios de migración, un guardia privado y el migrante venezolano que presuntamente inició el fuego— ya estaban bajo investigación, procesados por presunto homicidio y lesiones, ya que en el suceso una treintena de personas quedaron heridas. La mayoría de las 40 víctimas procedían de países de Centroamérica.
Respecto a las indagaciones sobre lo ocurrido, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo también el martes que los guardias no tenían las llaves de la celda cuando comenzó el fuego en el centro de detención de Ciudad Juárez, localidad fronteriza con Texas.
AN SALVADOR (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el miércoles a El Salvador que restablezca los derechos y garantías constitucionales que llevan un año suspendidos por la renovación consecutiva de un régimen de excepción que prohíbe la asociación de personas e impide a los detenidos conocer sus cargos y recibir la asistencia de un abogado.El estado de excepción se declaró inicialmente el 27 de marzo de 2022 y se ha ido prorrogando mes a mes por un año, como estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele de aplicar una política de mano dura contra la inseguridad. La CIDH urge al Estado salvadoreño a respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para prevenir y combatir la criminalidad.
En paralelo, el Congreso salvadoreño aprobó, a pedido de Bukele, una nueva prórroga del régimen de excepción con los votos de 67 de los 84 diputados de la cámara. Siete diputados opositores se abstuvieron, seis votaron en contra y cuatro no asistieron a la sesión.
La Corte Interamericana advirtió que la Convención Americana autoriza la suspensión de ciertos derechos y libertades de forma excepcional “en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación”.
Y, aunque el artículo 27.1 de la CADH permite a los Estados recurrir a esa medida “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte”, los gobernantes no gozan de poderes absolutos para establecer las medidas restrictivas.
SANTIAGO (AP) — El Congreso chileno aprobó el martes una ley que reduce gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y que se espera que sea promulgada por el presidente Gabriel Boric antes del 1 de mayo.El proyecto, que fue una de las promesas de campaña del mandatario, tardó seis años en ser tramitado en el Congreso y necesitará de otros cinco años para alcanzar su plena vigencia.
La iniciativa fue aprobada por 127 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones. En el Senado, donde había estado estancada por cuatro años, fue acogida por unanimidad hace tres semanas. Los diputados ya la habían votado en 2019.
La votación del martes en la cámara baja fue para aceptar modificaciones introducidas por los senadores
Boric celebró la aprobación y dijo que se trata de un proyecto profamilia “que apunta al buen vivir de todos y todas”.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, recordó que esta es la segunda vez que Chile reduce su jornada laboral semanal: la primera fue en 2005, cuando se disminuyó de 48 a 45 horas. “Sí se pueden hacer cambios para avanzar en derechos de los trabajadores”, declaró tras la votación.
La vocera de gobierno Camila Vallejo, una de las autoras del proyecto, no pudo hilvanar una declaración. “Estoy muy emocionada”, dijo al borde de las lágrimas.