PARÍS (AP) — Los frustrados viajeros volvieron a toparse por segundo día consecutivo el viernes con un caos en el transporte en toda Francia, mientras los sindicatos trabajan para lo que esperan sea una larga protesta contra los planes del presidente, Emmanuel Macron, para rediseñar el sistema nacional de jubilación.
La mayoría de los trenes estaban parados, incluyendo los del metro de la capital, París, y los atascos se multiplicaban en las carreteras de todo el país.
El Palacio de Versalles seguía cerrado el viernes y el Museo del Louvre advirtió a los visitantes que podrían encontrarse con demoras y algunas galerías cerradas. La Torre Eiffel volvía a recibir turistas, pero viajeros llegados de todo el mundo seguían sufriendo las consecuencias de las protestas.
“Llegué a París hoy, pero llevo dos horas intentando encontrar un autobús o un tren”, dijo Zaeen Shoii, de Pakistán, en la estación Gare de l’Est. “Pero todo está demorado así que ahora estoy esperando al próximo bus”.
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PARÍS (AP) — La Torre Eiffel cerró el jueves, los afamados trenes de alta velocidad de Francia estaban parados y los profesores no acudieron a sus puestos de trabajo ante la convocatoria sindical de huelgas y protestas en todo el país contra el plan del gobierno para reformar el sistema de jubilación.
Las autoridades de París bloquearon con barreras el palacio presidencial y movilizaron a 6.000 policías mientras activistas, muchos de ellos con chalecos amarillos representando al movimiento surgido hace un año para reclamar justicia económica, se congregaban para una multitudinaria manifestación en la capital francesa.
Los organizadores esperan que la marcha sea una muestra de descontento con el presidente, Emmanuel Macron, por su reforma estrella, que está considerada una amenaza para el estilo de vida francés. El dirigente se mantuvo “tranquilo y decidido” a seguir Adelante con su plan, según un alto funcionario presidencial.
El Museo del Louvre y otros sitios y monumentos advirtieron de molestias por las protestas, y los hoteles de la ciudad intentaban llenar sus habitaciones. La huelga llevó a muchos visitantes, entre ellos el secretario de Energía de Estados Unidos, a cancelar sus planes para viajar a una de las ciudades más turísticas del mundo.
Varios turistas despistados se encontraron con históricas estaciones de tren vacías por la cancelación de alrededor de 9 de cada 10 trayectos de alta velocidad. En el aeropuerto de París Orly, los carteles mostraban avisos de cancelación y la autoridad de aviación civil reportó que el 20% de los vuelos se quedaron en tierra.
Algunos viajeros mostraron su apoyo a los trabajadores en huelga, pero otros se quejaron por verse inmersos en una lucha que les era ajena.
“Llegué al aeropuerto esta mañana y no tenía ni idea de la huelga. Estuve esperando dos horas en el aeropuerto a que llegara un tren, pero no llegó”, señaló Ian Crossen, un turista de Nueva York. “Me siento un poco frustrado. Y he gastado mucho dinero. Aparentemente, gasté más dinero del necesario”.
Vladimir Madeira, un chileno que había viajado a París de vacaciones, calificó la huelga como “una pesadilla”. Desconocía la existencia de la protesta hasta su llegada a la cuidad, y los problemas en el transporte frustraron su plan de viajar directamente a Zúrich el jueves.
Bajo la cerrada Torre Eiffel, turistas de Tailandia, Canadá y España repetían las mismas quejas.
Las estaciones de metro de la capital estaban cerradas, lo que complicó el tránsito y llevó a muchos a echar mano de bicicletas de alquiler o de motos eléctricas. Muchos trabajadores de la región de París cumplieron con su jornada laboral desde casa o se tomaron el día libre para cuidar a sus hijos dado que el 78% de los maestros de la ciudad secundaron el paro.
Anticipándose a posibles incidentes violentos y daños en la ruta de la manifestación que recorrerá París, la policía ordenó el cierre de tiendas, cafeterías y restaurantes del trayecto. Las autoridades prohibieron además las protestas en la avenida de los Campos Elíseos, en las inmediaciones del palacio del Elíseo, del parlamento y de la catedral de Notre Dame.
La policía llevó a cabo controles de seguridad en más de 3.000 personas que llegaron al centro de la ciudad para la protesta y detuvo a 18 antes del inicio de la marcha. Las embajadas advirtieron a sus ciudadanos que eviten la zona de la protesta.
En otras partes del país, miles de activistas sindicales, ataviados con chalecos rojos, se manifestaron en ciudades desde Marsella, en la costa mediterránea, a Lille, en el norte.
La gran pregunta es cuánto durará la huelga. La ministra de Transporte, Elisabeth Borne, señaló que espera que los problemas en el transporte sean igual de graves el viernes.
Los sindicatos dicen que su paro es indefinido y esperan mantener el impulso del movimiento al menos una semana para forzar al gobierno a hacer concesiones.
Los trabajadores del sector público temen que la reforma de Macron les obligue a trabajar por más años y reduzca sus pensiones. Y consideran que esta lucha es crucial para salvar la seguridad social francesa.
“Las cinco semanas de vacaciones, el sistema de salud estatal (...) obtuvimos todo eso a través de la lucha social de personas que se sacrificaron financieramente para que tuviéramos esto”, dijo el empleado ferroviario Gilles Pierre, que participó en la marcha del jueves.
Para Macron, la reforma de la ley de jubilación es clave en su plan para transformar el país y hacerlo competitivo a nivel mundial en el siglo XXI.
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Los periodistas de The Associated Press Mstyslav Chernov, Alex Turnbull, François Mori y Claire Parker en París contribuyeron a este despacho.
ALTER DO CHAO, Brasil (AP) — Una tranquila población se ha convertido en el escenario de la creciente hostilidad entre el presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, y grupos ambientalistas, tras la detención de varios bomberos voluntarios a los que el mandatario acusa de provocar incendios en la selva.
El episodio hizo que los líderes de nueve organizaciones no gubernamentales denunciaran el martes la persecución de activistas, académicos y científicos desde que Bolsonaro ganó las elecciones el año pasado. El presidente ha acusado a muchos de ellos de trabajar en la Amazonía a instancias de extranjeros como el actor Leonardo DiCaprio. Los grupos han criticado la campaña de Bolsonaro para desarrollar el bosque tropical más grande del mundo.
“El gobierno considera al tercer sector, la sociedad civil brasileña, como enemigo del país”, dijo Ricardo Borges, director ejecutivo de Pact for Democracy, en una videoconferencia con periodistas en la que también participaron las delegaciones brasileñas del Fondo Mundial de la Naturaleza y Amnistía Internacional.
La policía acusó el mes pasado a varios bomberos voluntarios de provocar incendios para conseguir financiamiento a través de las ONG locales en Alter do Chao, una ciudad de menos de 10.000 personas a la orilla del río Tapajos, en el estado de Para. La fiscalía federal no tardó en decir que su investigación no había hallado pruebas al respecto, el oficial de policía local que dirigía las pesquisas fue apartado del caso y un juez ordenó la liberación de los bomberos.
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BERLÍN (AP) — En una tarde fría de finales de noviembre, Jan Gerrit Otterpohl observaba las chimeneas de la Heizkraftwerk Mitte de Berlín, una planta de última generación que proporciona calefacción y electricidad a la capital alemana. Lo que le interesa no es el humo que sale de ellas, sino en el casi imperceptible dióxido de carbono que exhala la central eléctrica al quemar gas natural.
Según las leyes de la Unión Europea, el operador de la planta, Vattenfall, necesita un permiso por cada tonelada de dióxido de carbono que lanza a la atmósfera. El trabajo de Otterpohl es mantener los costos bajos asegurándose de que la empresa adquiere solo los permisos que necesita, al precio actual de mercado.
Los economistas sostienen que los mercados de carbono como el que utiliza Otterpohl pueden convertirse en una poderosa herramienta en la lucha contra el cambio climático, al darle a los emisores un incentivo financiero para reducir sus gases de efecto invernadero. Pero a pesar de los avances en otros campos, los gobiernos llevan años intentando sin éxito acordar las reglas que permitirían un auténtico comercio global de permisos de carbono.
Los negociadores que participan en la cumbre climática de Naciones Unidas en Madrid este mes buscan abordar por fin el problema. En la reunión del año pasado se cerraron casi todos los puntos del conjunto de normas que rigen el acuerdo climático de París de 2015.
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MIAMI (AP) — Una propuesta para reconstruir la devastada red eléctrica de Venezuela con la ayuda de Naciones Unidas está siendo una papa caliente para la oposición al presidente, Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, descartó en el último minuto el martes un debate sobre un crédito de 350 millones de dólares de un banco de desarrollo regional para abordar la emergencia eléctrica que ha dejado a gran parte del oeste del país a oscuras desde hace meses por los apagones.
Los promotores del proyecto acusan a los opositores más acérrimos de hacer política con la crisis humanitaria en Venezuela y de ignorar la difícil situación de millones de venezolanos que demandan soluciones urgentes para sus problemas diarios mientras la lucha para derrocar a Maduro se alarga.
“No podemos condenar millones de venezolanos a quedar sin luz hasta que Maduro se vaya del poder”, dijo Óscar Rondero, un legislador opositor del estado de Nueva Esparta, uno de los más afectados por los cortes eléctricos.
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