BUENOS AIRES (AP) — El tribunal que juzgó y condenó a la expresidenta y actual vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta manifestó que la pena de seis años de prisión que dictó en su contra es insuficiente para un hecho de corrupción “sin precedentes”.Los tres jueces que a fines del año pasado sentenciaron a Fernández de Kirchner con la máxima pena prevista en el código penal y la inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos por una defraudación al Estado equivalente a unos 400 millones de dólares de hoy en obras viales entre 2003 y 2015 dieron a conocer este jueves los fundamentos de su resolución.
En el escrito de más de 1.600 hojas, los magistrados expresaron que se trató “de un grave hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional” y que por ello mismo “creemos que la justa sanción para tamaño suceso debería superar con creces el máximo de la escala penal habilitada por ley”.
La vicepresidenta, de 70 años, continuará en libertad y seguirá en funciones hasta que la Corte Suprema de Justicia deje firme la sentencia.
Según el tribunal, durante el juicio oral quedó acreditado “la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional... En convivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) –fallecido en 2010-- y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)”.
Lázaro Báez, el responsable de la empresa favorecida con 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, “cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional y luego los destinaba a operaciones privadas con la expresidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.
Para el tribunal, “los hechos de corrupción como los que aquí juzgamos afectan y ponen en jaque al sistema democrático” y “deben ser castigados con esa misma intensidad”.
“Por esa razón, entendemos que ni siquiera el máximo de la escala prevista para el delito de administración fraudulenta agravada se revela suficiente y ajustado al grado de culpabilidad emergente del juicio de reproche”, concluyeron a modo de reflexión, ya que para aumentar la pena debería reformarse el código penal.
La vicepresidenta afirmó que las acusaciones no tenían sustento jurídico y que se basaban en mentiras. La dirigente centro-izquierdista se consideró una perseguida de sectores judiciales confabulados con su sucesor en el poder, el expresidente conservador Mauricio Macri (2015-2019), para socavar su popularidad, apartarla de la escena política y proscribir al kirchnerismo.
La portavoz del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, declaró tras conocerse los fundamentos de la sentencia que el mandatario cree que “esta causa no tiene pies ni cabeza”.
“No hay ninguna prueba concreta de nada de lo que allí se sostiene. El presidente sigue sosteniendo que todo esto es una causa armada para perseguir a la vicepresidenta, para inhabilitarla y también una forma de aleccionar a otros dirigentes políticos que intentan tomar medidas que vayan en favor de las grandes mayorías”, declaró la funcionaria en rueda de prensa.