QUITO (AP) — El presidente Guillermo Lasso admitió el lunes que los resultados adversos en un referendo y en la elección de autoridades seccionales realizada el domingo es un llamado de atención al gobierno, ante lo cual convocó a un gran acuerdo nacional para solventar las demandas de los ecuatorianos.

Los ganadores de esos comicios fueron los partidos de oposición Unión por la Esperanza, del expresidente Rafael Correa— y Pachakutik, de los indígenas, de acuerdo con resultados preliminares.

En cadena de radio y televisión, aseveró que más allá de los resultados, los ciudadanos anhelan un país mejor con más seguridad, mejor educación y salud, más trabajo, mejores empleos y salarios. “Lo que ocurrió el domingo fue un llamado de atención del pueblo al gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad”.

Dijo que después de esos resultados “nuestro compromiso con los ecuatorianos se hace aún más firme” en temas como seguridad, generación de empleo y expansión de la asistencia social, entre otros, al tiempo de ratificar su decisión de acercarse a la gente, de escuchar y de aprender.

Con alrededor del 50% de los votos escrutados, la tendencia era que el “No” se imponía en las ocho preguntas planteadas en el referendo impulsado por el gobierno y cuya atención se centraba en el tema de la seguridad ciudadana, en un país golpeado por el problema de la criminalidad y el narcotráfico. La consulta fue vista como un termómetro de la gestión de Lasso, un banquero de 67 años que asumió en mayo de 2021.

“Los resultados son dramáticos para el gobierno porque la consulta pudo haber sido un tanque de oxígeno para un gobierno altamente impopular”, planteó en diálogo con The Associated Press Grace Jaramillo, de la Universidad British Columbia, en Vancouver, Canadá. Señaló que le quedan dos años de gobierno “extremadamente difíciles, con probables intentos de sacarlo del poder”.

En cuanto a las elecciones, el partido de Correa (2007-2017), conseguía importantes réditos. Correa reside en el extranjero. De acuerdo con los resultados parciales, los candidatos de Unión por la Esperanza Pabel Muñoz y Aquiles Álvarez ganaron las alcaldías de Quito y Guayaquil, respectivamente. En la municipalidad guayaquileña obtuvieron un triunfo dejando atrás 31 años de gobierno del derechista partido Social Cristiano.

En tanto, que Paola Pabón se impuso en la elección para la prefectura (gobernación) de la provincia de Pichincha, Marcela Aguiñaga en la de Guayas y Leonardo Orlando en la de Manabí, que figuran entre las más importantes en el país.

La analista Mónica Banegas, de la red de politólogas y directora de la fundación Haciendo Ecuador, señaló a la AP que el gobierno queda “muy desgastado y asediado” por un entorno político adverso, en que no sólo pierde el gobierno sino también el país porque —dijo— había preguntas para dar solución a problemas institucionales y de la gente.

En la sierra centro andina, el también partido opositor Pachakutik, de los indígenas, ha cosechado tres prefecturas y varias alcaldías. El movimiento indígena arrinconó al gobierno por tres semanas en junio pasado con violentas protestas para rechazar la suba del precio de la gasolina.

Tres de las ocho interrogantes estaban relacionadas con la seguridad, incluida una sobre reformas a la Constitución con el fin de permitir la extradición de ecuatorianos que sean requeridos por otros países en procesos penales por narcotráfico o crimen organizado. La Constitución ecuatoriana no permite por el momento extraditar a nacionales para que enfrenten procesos o cumplan condena en otros países.

Esa fue una de las preguntas más promocionadas por el gobierno de Lasso apelando a la inseguridad que registra el país y en un contexto social de miedo y de percepción de vulnerabilidad por el aumento de los crímenes.

Ecuador terminó el año pasado con un récord de asesinatos. Las 4.539 muertes violentas de 2022, según el recuento de la policía, son más del doble de los 2.048 crímenes de 2021 y, además, son el registro más alto desde 1990 cuando empezó a contabilizarse este tipo de estadísticas. Tan sólo unos 300 casos fueron resueltos, según las autoridades.

Ante el desencanto ciudadano por la política y por las instituciones, dos preguntas buscaban cambios en el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana, que designa a las principales autoridades de control como el fiscal, el procurador o contralor, y otras dos tenían que ver con los partidos políticos y a la composición de la Asamblea Nacional, la institución con peor porcentaje de aprobación ciudadana, según sondeos.

De acuerdo con la analista Banegas, ahora Lasso debe iniciar diálogos con todos los sectores políticos y sociales, cambiar de estrategia y sintonizar con las necesidades de las mayorías para sobrevivir los dos años que le restan en el poder, manifestó.

Lasso también enfrentó a mediados del año pasado un intento de la Asamblea, de mayoría opositora, de sacarlo del poder por vía constitucional, pero que no prosperó porque faltaron unos pocos votos para aprobar esa moción.