BOGOTÁ (AP) — El gobierno del presidente Gustavo Petro radicó el martes en el Congreso colombiano un proyecto de ley con el que define una nueva política de paz que busca cimentar el camino para posibles negociaciones y acuerdos con grupos armados ilegales.

Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, busca una “paz total”, con la apertura de negociaciones y sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales que aún delinquen en el país. La meta es ambiciosa y sucede cuando el Estado aún está implementando el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El gobierno propone al Congreso, donde goza de una coalición mayoritaria, elevarla a política de Estado, para que comprometa a todas las ramas del poder -Legislativa, Ejecutiva y Judicial-, de manera que con cada cambio de gobierno se garantice la continuidad de las políticas públicas de paz.

El proyecto, que modifica una ley de orden público existente, avala a que representantes autorizados por el gobierno puedan entablar diálogos con estructuras o grupos armados ilegales. Además, en medio de un proceso de paz los representantes podrán acordar con voceros de los armados su ubicación temporal en algunas zonas de Colombia que determinen. En esos lugares quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra los actores armados, incluidas las que tienen fines de extradición, algo novedoso en la propuesta del gobierno.

Para el experto en seguridad Hugo Acero Velásquez, el proyecto recoge las experiencias de los anteriores procesos de paz que se han dado en Colombia y va en la línea que el gobierno de Petro ha mostrado en sus primeros días de mandato. Representa un cambio frente a la política del anterior gobierno de Iván Duque (2018-2022), quien no sostuvo ninguna mesa de negociación, indicó.

Acero considera que convertirla en una política de Estado no es nuevo, sino una reiteración a lo que ya en la práctica sucede porque generalmente los acuerdos a que se llegan en los procesos de paz son compromisos de Estado y no de gobierno.

“De lo contrario, los grupos no negociarían. Un nuevo gobierno puede demorar o agilizar el cumplimiento de los acuerdos, pero no desconocerlos”, agregó a The Associated Press.

El proyecto incorpora una salvaguarda para los acuerdos y los protocolos pactados durante eventuales diálogos, indicando que constituirían una política pública de Estado y, por tanto, los gobiernos de turno los deberían cumplir.

Se trata de una salvaguarda que no tuvieron en los últimos años los protocolos firmados con el Ejército de Liberación Nacional, considerada la última guerrilla activa del país. Cuando la mesa de negociación se suspendió definitivamente en 2019, durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), el presidente colombiano no reconoció los protocolos y pidió a Cuba -país sede de los diálogos- que extraditara a los negociadores del ELN que se encontraban en su territorio.

Con la reciente llegada de Petro al poder, iniciaron los acercamientos con el ELN para reanudar los diálogos de paz en Cuba. Petro autorizó a restituir los protocolos y suspendió las órdenes de captura de los jefes negociadores del ELN.

Según Petro, la mayoría de los grupos armados ilegales y bandas criminales que operan en el país han manifestado al gobierno su intención de negociar.

La ONU ha advertido que la violencia en Colombia se agudizó en los últimos años con la expansión de grupos armados, especialmente en territorios donde operaba las FARC. Persisten otros grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.

Para Hernán Cadavid, congresista del partido opositor Centro Democrático, el proyecto de ley deja más dudas que certezas. Por ejemplo, considera que se debe aclarar en qué consistirán y cómo se delimitarán las “regiones de paz” para adelantar diálogos de paz. Además, le preocupa la “laxitud en materia de extradición” con la suspensión de las órdenes de captura.

“Pareciera que el gobierno de Petro viene haciendo una serie de anuncios y de medidas que complacen pretenciones de grupos armados y hasta la fecha el país no conoce un gesto por parte de ellos”, dijo Cadavid a la AP.

El proyecto de ley de la política de paz propone una nueva alternativa para los jóvenes que no quieran prestar el servicio militar obligatorio, para que puedan optar por un ”servicio social para la paz” con el que por un año trabajen en pro de las víctimas del conflicto armado, en programas de alfabetización en zonas rurales o la protección de la biodiversidad.

Además, el proyecto plantea concentrar en un solo fondo el dinero que el Estado tiene para implementar el acuerdo de paz suscrito con las FARC, que incluye millones de dólares donados por países que lo apoyan. En la actualidad existen cuatro cuentas distintas.