BUENOS AIRES (AP) — Luego de largas y difíciles negociaciones, el gobierno argentino cerró el jueves un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar una deuda de unos 45.000 millones de dólares que busca despejar el fantasma de un cese de pagos y dar mayor estabilidad a la economía, tras lo cual enviará al Congreso un proyecto de ley para su aprobación.

Con la concreción del acuerdo dada a conocer por el Ministerio de Economía concluyeron tratativas entre las dos partes que se remontan a 2020. Ese diálogo por momentos áspero incluyó frenéticas conversaciones que tuvieron lugar en las últimas semanas con vistas a definir la letra pequeña de los aspectos más conflictivos.

El 28 de enero el gobierno del presidente peronista Alberto Fernández había anunciado un principio de entendimiento con el organismo para refinanciar un préstamo millonario otorgado en 2018, durante la presidencia del conservador Mauricio Macri (2015-2019) y en medio de una crisis monetaria, y desde entonces las conversaciones se aceleraron para concretar el acuerdo.

El monto inicial otorgado había sido por unos 57.000 millones de dólares, el más grande en la historia del organismo. Al país sudamericano fueron girados finalmente unos 45.000 millones de dólares.

El Ministerio de Economía informó en un comunicado que el acuerdo supone reemplazar el plan de 2018, conocido como Stand By, y por el cual Argentina enfrentaba vencimientos de pagos concentrados en 2022 y 2023, por un nuevo programa de Facilidades Extendidas durante dos años y medio que incluye diez revisiones por parte del organismo que se realizarán de manera trimestral.

Gracias al entendimiento logrado, el país recibirá desembolsos para hacer frente a los vencimientos del programa de 2018, que este año ascienden a 19.000 millones de dólares y en 2023 a 21.000 millones, montos que no pueden ser cubiertos por las reservas en el Banco Central.

Se estipuló además un periodo de gracia para el país de cuatro años y medio, lo que implica comenzar a pagar deuda a partir de 2026 y hasta 2034.

Según el gobierno, el acuerdo con el FMI no supone un ajuste al no prever una reforma del sistema de jubilaciones ni del mercado laboral, pero sí contempla una actualización de las congeladas tarifas de luz y gas para particulares y empresas, uno de los puntos que trabó por momentos la concreción de un entendimiento. Al respecto, el Ministerio de Economía indicó que se buscarán niveles de tarifas “con criterios de justicia”, teniendo en cuenta la situación económica de los usuarios y el índice de variación de los salarios.

Acuerdo incluye un Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico, que serán puestos a consideración del Congreso argentino. Los textos serán girados al Parlamento el jueves y el próximo lunes está previsto que comiencen a ser analizados en una de las comisiones de la cámara de diputados, mientras que tres días después se prevé que sean debatidos por los legisladores en el recinto de la cámara baja.

Fernández deberá encarar una negociación política para convencer a los legisladores que den su respaldo al acuerdo, con el que se evitaría que el país caiga en un eventual cese de pagos, tan habituales en su historia. En el Congreso, el pacto podría toparse con la desaprobación de un sector del gobierno conformado por la centroizquierdista vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que cuestiona abiertamente al FMI, y a una oposición que mirará al detalle su contenido y que teme el costo político de un ajuste a largo plazo.

El pacto deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI una vez que el Parlamento argentino lo avale. Su entrada en vigor debería ser antes del 21 de marzo, cuando el país sudamericano debe desembolsar 2.800 millones de dólares del préstamo original para los cuales no tiene fondos propios.

El FMI indicó en un comunicado que el pacto contempla un “programa económico pragmático y realista” que permitirá ”fortalecer la estabilidad macroeconómica y atender los profundos desafíos que afronta Argentina”. El programa busca abordar de manera duradera la alta inflación persistente a través de, entre otras cosas, una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal, precisó el FMI.

El año pasado terminó con una inflación de 50,9%. En enero de 2022, los precios aumentaron 3,9% respecto a diciembre de 2021 y 50,7% de forma interanual.

Argentina se comprometió con el FMI a una reducción gradual del déficit fiscal. “Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024”, dice al respecto uno de los puntos de los Memorándum.

Además se busca proporcionar a Argentina apoyo presupuestario y de balanza de pagos para abordar sus desafíos económicos y la implementación de medidas destinadas a promover el crecimiento y proteger los programas sociales.