CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México puso en vigor el miércoles un plan para encarar la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, el cual incluye un recorte en el gasto público y los salarios de los funcionarios de alto rango, incluido el presidente.

Las medidas fueron recibidas con escepticismo por grupos de empresarios y analistas, que esperaban acciones más drásticas.

México recomendó el distanciamiento social a partir de marzo y ha frenado las actividades comerciales no esenciales. Las restricciones se extienden hasta el 31 de mayo. El miércoles por la noche, el país superaba los 10.500 contagios confirmados y al menos 970 fallecidos.

Esta semana se declaró la fase tres, pero en general se mantienen las medidas preexistentes. Entre los nuevos cambios se limitará la circulación de vehículos un día a la semana y se agilizará la velocidad de salida de los trenes del metro, reduciendo el número de paradas en 20%.

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que el sueldo de los funcionarios de alto rango será reducido un 25% y cederán sus bonos de fin de año. Además se recortará el gasto público en un 75% para los servicios generales y suministros.

“Sin endeudar al país vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica o de cualquier índole”, agregó el mandatario.

El decreto también especifica que ninguno de los planes sociales creados en su administración dejará de funcionar, y tampoco se detendrán la producción petrolera ni la construcción de carreteras que ya está en marcha. También anunció que se otorgarán tres millones de créditos para la población más necesitada y se crearán dos millones de empleos, con lo que espera ayudar al 70% de las familias mexicanas.

En Bolivia, médicos, enfermeras y personal de salud reclamaron al gobierno equipos de bioseguridad para el mayor hospital de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, el principal centro de tratamiento del COVID-19.

“No podemos seguir arriesgando nuestra salud cuando no tenemos suficiente equipo de bioseguridad, más personal y alimentación para el personal”, dijo una de las manifestantes, que declinó identificarse para evitar represalias. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, declaró a los medios que se “hacen todos los esfuerzos para dotar de los equipos necesarios” al Hospital del Norte en El Alto.

El gobierno hace frente a crecientes protestas del personal de salud que reclama mejores condiciones de seguridad. En la sureña ciudad de Potosí, vecinos protestaron con cacerolas desde sus ventanas para reclamar un laboratorio más grande para la detección de infectados.

“El equipamiento está en función al tamaño de la población”, respondió Navajas.

La presidenta interina Jeanine Áñez, quien asumió en noviembre en medio de una crisis política que derivó en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, dijo que heredó un sistema de salud “deficiente” y ha pedido paciencia.

Por la noche las autoridades de salud reportaron 63 nuevos contagios, el pico más alto desde hace un mes, en que Bolivia se encuentra en cuarentena total. Con ello ya son 632 casos confirmados y 40 personas muertas.

En Chile, con 11.296 contagiados y 160 fallecidos, las autoridades trasladaron hasta un hotel habilitado como recinto sanitario a 33 personas de una comunidad haitiana de 250 miembros que viven hacinados en una vivienda colectiva —localmente llamada cité— en Quilicura, una barriada pobre al noroeste de Santiago. Los haitianos se negaron a obedecer una cuarentena obligatoria y alegaron discriminación de parte de los vecinos.

Los migrantes fueron sacados en un par de furgones cerrados en medio de un fuerte resguardo policial, mientras decenas de personas miraban en las cercanías, los mismos que exigían que la comunidad completa sea sacada del lugar, algunos de los cuales apedrearon las puertas del cité para presionar el traslado.

José Tomás Vicuña, director de la Comisión Jesuita Migrante, uno de los que dialogó con las familias para explicarles los riesgos y la urgencia de la evacuación, afirmó que, “aquí el gran problema ha sido el racismo”, la discriminación.

El gobierno dispuso 250 camas “para todas las personas que hay en el lugar”, dijo la secretaria regional de salud, Paula Labra.

Chile tiene unas 2.000 residencias y hoteles habilitados como recintos sanitarios en todo el país para el uso de quienes no pueden respetar la cuarentena porque viven solos o con demasiadas personas, lo que no les permite el aislamiento. También llegan a ellos quienes infringen su aislamiento a sabiendas de que están contagiados.

Por la tarde, Cuba suspendió un vuelo humanitario que tenía previsto para repatriar el jueves a 120 ciudadanos desde Ecuador, luego que las autoridades detectaran que Aeroregional, la empresa que haría el puente aéreo especial, está vinculada a la mexicana Global Air cuya nave arrendada por Cubana de Aviación se desplomó en mayo de 2018, en el peor accidente de esta índole en la isla con 110 muertos.

La embajada de Cuba en Ecuador indicó que se estudian otras posibilidades para el viaje de los nacionales varados en el país sudamericano.

En el país hay 1.149 contagiados de COVID-19 y 40 muertos.

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro advirtió al sector industrial y comercial que está dispuesto a tomar medidas severas para frenar el incremento desproporcionado de los precios de los alimentos, los cuales se dispararon tras decretarse las medidas de aislamiento preventivo para contener la pandemia.

En el país hay 288 contagios y diez fallecidos.

En declaraciones difundidas por la televisión estatal, Maduro acusó a los empresarios de encabezar “una embestida” que “pretende especular y dañar al país en medio de la pandemia”. Aseguró que no lo permitiría.

Los huevos, que figuraban entre los alimentos más baratos, por ejemplo, experimentaron un aumento de casi 50% en las dos últimas semanas y las 30 unidades alcanzaron el miércoles un precio de 3,89 dólares.

Alimentarse es cada vez más difícil para los venezolanos pobres, que antes de la pandemia tenían una dieta deficiente, según el Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas. La incapacidad para obtener los requerimientos dietéticos básicos antes se debía a la escasez, pero ahora a los elevados precios, que se fijan de acuerdo con su costo en dólares. El sueldo mínimo es de unos 1,32 dólares al mes.

Por la noche, el presidente panameño Laurentino Cortizo dijo que analizará un borrador de plan avalado por el equipo de salud para levantar gradualmente la cuarentena en algunas actividades comerciales y económicas.

“A todos nos interesa que la economía avance”, pero tendrán que ser “decisiones bien pensadas”, para evitar rebrotes de la enfermedad.

Consideró alentador que el porcentaje de transmisión del virus haya bajado a 0,95%, lo que significa que un positivo puede pasar el contagio sólo a una persona, cuando en las primeras semanas la cadena estuvo por encima de 3,0%.

“Hemos progresado, pero la situación es grave”, afirmó.

Hasta el miércoles se registraban 4.593 personas con la infección y 144 decesos.

Por otro lado, en Guatemala el presidente Alejandro Giammattei anunció que la cifra de personas contagiadas por el coronavirus en el país aumentó a 332 casos y 10 personas fallecidas. Indicó que 12 de las personas que dieron positivo son deportados, con lo cual ya son 63 las personas deportadas desde Estados Unidos que están contagiadas.

El mandatario hizo notar que, debido al confinamiento, ahora se ven cosas que no se veían hace tiempo.

“Ahora que no hay visitantes en el parque Tikal, el avistamiento de los jaguares visitando las ruinas, donde normalmente hay gente, ahora es normal. Hoy vemos animales en la selva que no se veían antes”, afirmó, al tiempo que recordó que hoy se celebra el Día de la Tierra.

En El Salvador, el ministro de Salud, Francisco Alabí, informó que murió otra persona por el coronavirus, con lo que los fallecidos aumentaron a ocho, mientras que 166 personas siguen en tratamiento. La nueva víctima es un hombre mayor de 60 años que llegó al país procedente de Estados Unidos.

Según un informe oficial del ministerio de Salud, El Salvador registra 237 casos confirmados, ocho fallecidos y 63 recuperados. De todos los casos, 117 llegaron al país después de visitar naciones donde ya se había detectado la enfermedad y fueron enviados a Centros de Contención para que cumplieran una cuarentena de 30 días, de acuerdo con las autoridades.

Entretanto, luego de insistentes reclamos de la población y de que el presidente Nayib Bukele vetara un decreto legislativo que le ordenaba repatriar a los salvadoreños varados en el exterior, la canciller Alexandra Hill Tinoco dijo que presentará un plan para facilitar el retorno gradual de los compatriotas que están en el extranjero.

Hill Tinoco dijo que el primer grupo de salvadoreños que ingresará al país el jueves está integrado por 88 personas provenientes de Tapachula, México. El resto comenzará a retornar a partir del 1 de mayo, pero dijo que se dará prioridad a las personas que padecen enfermedades crónicas, niños y mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidades.

Según la cancillería hay más de 4.800 salvadoreños varados en unos 70 países. El 17 de marzo, El Salvador cerró el aeropuerto internacional y únicamente se permite el aterrizaje de transporte aéreo de carga y las misiones humanitarias.

En América Latina hay al menos 106.000 personas contagiadas y más de 5.100 muertos.

El coronavirus ha infectado a más de 2,6 millones de personas y causado la muerte a más de 182.000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.

En la mayoría de la gente este virus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.