SANTA ANA, El Salvador (AP) — Las lágrimas brotaron de los ojos de Alex y presionó su cabeza entre sus manos mientras pensaba en más de un año de cumpleaños y días festivos sin su madre, quien fue arrastrada por la policía de El Salvador mientras caminaba hacia trabajar en una fábrica de ropa.“Me siento muy solo”, dijo el mes pasado el niño de 10 años sentado junto a su hermano de 8 años y su abuela. “Tengo miedo, siento que podrían venir y llevarse a alguien más de mi familia”.
Cuarenta mil niños han visto a uno de sus padres o a ambos detenidos durante la guerra de casi dos años del presidente Nayib Bukele contra las pandillas de El Salvador , según la agencia nacional de servicios sociales. Los registros fueron compartidos con The Associated Press por un funcionario del Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia, quien insistió en mantener el anonimato por temor a represalias del gobierno contra quienes violen su estricto control de la información. El funcionario dijo que muchos más niños tienen padres encarcelados pero no están en los registros.
Al arrestar a más del 1% de la población de su país, Bukele, que parece encaminado a un segundo mandato de cinco años , intenta romper la cadena de violencia que ha asolado El Salvador durante décadas. Pero a muchos les preocupa que la pobreza debilitante, los traumas a largo plazo y la incapacidad del gobierno para proteger a sus hijos puedan alimentar una futura ola de guerras entre pandillas.
“Los niños no se salvan cuando su padre, hermano o madre son detenidos; llevan este trauma con ellos”, dijo Nancy Fajardo, abogada y proveedora de ayuda que trabaja con 150 de esas familias. "Sienten como si el presidente les hubiera robado a su familia... Eso podría empujar a los niños a unirse más tarde a una pandilla como una forma de venganza por todo lo que están sufriendo".
La madre soltera Juana Guadalupe Recinos Ventura crió a sus hijos en una pequeña casa de concreto en un área cubierta por graffiti de pandillas del Barrio 18. La familia nunca fue rica, pero lograron sobrevivir.
Cuando fue detenida afuera de su casa en junio de 2022 bajo cargos vagos de “reunión ilegal”, la abuela del niño, María Concepción Ventura, se quedó luchando para alimentar a Alex y su hermano y pagar las cuentas sin el salario de su hija. Los paquetes de comida y ropa por valor de 75 dólares que la familia envía una vez al mes supusieron otro golpe financiero para la familia en un momento en que la pobreza se ha disparado en El Salvador.
Y eso hace que los niños sean aún más vulnerables a largo plazo.
“Lloraban y lloraban, y todavía lloraban cuando la recordaban”, dijo Ventura. “Simplemente me preguntaban: '¿Cuándo volverá mamá? ¿Cuándo volverá mi mamá? Y sólo tienes que decirles que no sabes cuándo la dejará ir el gobierno”.
Trabajadores sociales, familiares, líderes religiosos e incluso el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa se hicieron eco de esta preocupación, quien dijo en una entrevista que “si el Estado no hace algo, estos niños se convertirán en los criminales del futuro”.
La casa de Alex en la ciudad occidental de Santa Ana es como gran parte de la nación centroamericana: dos pandillas alguna vez dividieron su territorio.
Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 de El Salvador se originaron en comunidades de inmigrantes marginados en Los Ángeles en la década de 1980, compuestas en parte por menores vulnerables no acompañados que huían de los conflictos militares de Centroamérica. Una vez deportadas de Estados Unidos, las pandillas comenzaron a aprovecharse de los jóvenes en situaciones precarias en sus propias comunidades en El Salvador, lo que eventualmente generó nuevas olas de emigración a medida que las familias huían de su terror.
En su esfuerzo por erradicar las pandillas, Bukele ha detenido a más de 76.000 salvadoreños, muchos de ellos con pocas pruebas o acceso al debido proceso. Las familias pasan meses sin noticias de sus seres queridos encarcelados. Los grupos de derechos humanos han documentado abusos generalizados contra los derechos humanos.
La represión cuenta con un amplio apoyo entre los salvadoreños que han podido retomar sus vecindarios, pero los niños que se quedan sin padres han estado entre sus mayores costos.
Mientras que los niños más pequeños se sienten abandonados o confundidos sobre por qué sus padres se han ido, los adolescentes mayores quedan con un resentimiento enconado o miedo a las autoridades.
En una comunidad de San Salvador, los vecinos están rotando a niños de hasta 3 años, compartiendo la carga económica para que los niños no terminen en el sistema gubernamental, donde los vecinos temen que puedan sufrir abuso sexual o físico. Los niños que pasan desapercibidos a menudo terminan en la calle, dijo un líder local que pidió no revelar su nombre porque temía represalias del gobierno.
"Son niños, no son culpables incluso si sus padres hicieron mal", dijo. Pero "se ven obligados a sufrir".
En Santa Ana, una abuela de 61 años tuvo que cuidar a ocho nietos, alimentándolos sólo con los 30 dólares semanales que gana recogiendo hojas para envolver tamales y con la ayuda de la iglesia local. Los niños dicen que, a pesar de ser inocentes, los vecinos los tratan como criminales.
“Ahora nos miran como si fuéramos escoria”, dijo Nicole, de 14 años, que todavía quiere ser policía.
Para Alex, el dolor está en los pequeños momentos.
Extraña que su madre lo ayude con las tareas escolares y tiene pesadillas con la policía que viene a llevarse al resto de su familia. Cuando lo acosaban en la escuela, su madre acudía a sus profesores para defenderlo. Hasta el año pasado, la familia lanzaba fuegos artificiales juntos en Navidad en el callejón frente a su casa.
Sin embargo, antes de que la policía barriera el vecindario, la familia solía escuchar tiroteos de pandillas sobre su techo de hojalata y los vecinos desaparecían. La familia nunca dejaría que los niños jugaran afuera.
Ahora, Alex y su hermano de 8 años corren junto a las paredes donde el gobierno ha pintado sobre los grafitis de las pandillas, por lo que María Concepción Ventura ve beneficios en la represión.
“Sólo necesitan liberar a los inocentes. Los culpables deben pagar el precio, pero dejar ir a los inocentes”, dijo, añadiendo que la detención de su hija la llevó a no votar en las elecciones de El Salvador.
El gobierno de El Salvador ha admitido que “cometió errores” y ha liberado a unas 7.000 personas.
El gobierno ha promocionado un programa para jóvenes como una “estrategia de seguridad”, que incluye la apertura de bibliotecas y áreas recreativas en áreas anteriormente devastadas por la violencia, y proporcionar computadoras portátiles y tabletas a muchos estudiantes de escuelas públicas.
“Muchos de los detenidos en este momento eran niños que el Estado no cuidaba, huérfanos de la guerra, niños cuyos padres se habían ido a Estados Unidos, o que murieron y crecieron en familias disfuncionales, y los gobiernos anteriores no hicieron nada. cualquier cosa por ellos”, dijo Ulloa, camino a un segundo mandato como vicepresidente. "Y mira lo que tenemos ahora: delincuentes cuando son adultos".
Ulloa dijo que el gobierno estaba “100% obligado” a cuidar de los hijos de los salvadoreños detenidos, pero no podía enumerar un ejemplo de lo que el gobierno estaba haciendo por ellos.
Ninguna de las cinco familias entrevistadas por AP dijo haber recibido ayuda alguna del gobierno de Bukele. Las iglesias locales que ayudan a cientos de familias dijeron que no habían oído hablar de ninguna ayuda gubernamental distribuida a los niños. Incluso entonces, los niños necesitan algo más que apoyo monetario, dijo Kenton Moody, el pastor de la iglesia local que proporciona alimentos a la familia de Ventura.
"Estos niños necesitan amor", dijo Moody. "El gobierno no puede dar amor, sólo una unidad familiar puede hacerlo".
POR MEGAN JANETSKY
(Foto AP/Salvador Meléendez)