SANTIAGO (AP) — Chile conmemoró el lunes 50 años del golpe de Estado que dio paso a una cruenta dictadura militar con una ceremonia en el palacio de gobierno de La Moneda a la que asisten diversos líderes regionales.El régimen militar liderado por el general Augusto Pinochet (1973-1990) dejó un saldo de 3.200 asesinados, incluidos 1.469 desaparecidos. Medio siglo después, hay 297 represores condenados y 1.300 procesos por violaciones a los derechos humanos abiertos.
La fecha se vive en el marco de una polarización política entre el oficialismo y la oposición derechista por sus discrepancias sobre el papel que desempeñó cada uno en el golpe. El presidente Gabriel Boric calificó el ambiente como “eléctrico” y la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2028) lo llamó “tóxico”. La polarización llegó al Congreso, donde los diputados se enfrentaron a gritos por el tema.
En la Cámara de Diputados, en el vecino puerto de Valparaíso, una sesión destinada a homenajear al presidente Salvador Allende, (1970-1973) concluyó abruptamente luego de que Gustavo Benavente, un diputado de la derechista Unión Demócrata Independiente, criticara ácidamente el gobierno del derrocado mandatario.
Benavente fue interrumpido a gritos por diputados oficialistas y los ánimos se caldearon aún más cuando el populista parlamentario Gaspar Rivas se paró al medio de la sala con un cartel con sendas fotografías del dictador Augusto Pinochet y de Allende, marcadas por un círculo rojo.
Boric recordó la fecha con una actividad en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, cubierta por una gran carpa bajo la cual había más de un millar de invitados locales e internacionales, incluidos algunos presidentes de la región. La oposición derechista, muy criticada por el mandatario, estuvo ausente.
En la primera línea de los invitados estuvieron los mandatarios de Bolivia, Luis Arce; Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Luis Lacalle Pou, y México, Andrés Manuel López Obrador. Más atrás se instalaron ministros del gabinete, parlamentarios, representantes de organizaciones internacionales y agrupaciones de derechos humanos, entre otros.
El acto comenzó con la interpretación en piano del himno nacional a cargo del destacado músico Valentín Trujillo. Simultáneamente, invitados, dirigentes partidarios y civiles depositaron grandes ofrendas florales y ramilletes a los pies de la estatua a Allende —ubicada en un costado de la Plaza de la Constitución— quien prefirió suicidarse a caer en manos de los militares.
Una treintena de asesores y guardias personales que sobrevivieron a Allende fueron llevados a un regimiento. Décadas después algunos fragmentos óseos de unos pocos escoltas fueron encontrados en terrenos del ejército. Todos integran las lista de los desaparecidos.
El gobernante decretó duelo nacional durante esta jornada en homenaje a los fallecidos el día del golpe, el 11 de septiembre de 1973.
Boric afirmó ante sus invitados que en el mismo momento del golpe se violaron los derechos humanos.
Días atrás el gobierno lanzó un Plan Nacional de Búsqueda de los desaparecidos —de los que sólo se ha ubicado a 307—, tarea que hasta ahora había estado en manos de grupos de derechos humanos.
“El Estado los hizo desaparecer y el Estado debe hacerse cargo de saber dónde están”, afirmó Boric el luens al anunciar que su gestión “pretende dejar como legado este Plan Nacional de Búsqueda, verdad y justicia, que es el hito institucional que hemos querido dar a esta conmemoración”.
María Soledad Blanco, de la agrupación de desaparecidos y ejecutados del palacio de La Moneda, señaló a The Associated Press que “hemos tenido que vivir en los tribunales buscando a los culpables (de sus muertes), que han callado”.
En los tribunales de justicia hay unos 1.300 procesos activos por violaciones a los derechos humanos y 297 represores cumplen condena, de los cuales 134 están recluidos en Puna Peuco, un penal exclusivo para ellos, y otros 163 están distribuidos en diversas cárceles del país.
También en el marco del aniversario, Boric promovió la firma de un acuerdo de protección de la democracia y los derechos humanos que fue suscrito por sus cuatro antecesores y al que no adhirieron ninguno de los tres líderes de la oposición.
La oposición emitió su propia declaración en la que mencionó el quiebre de la democracia y aludió a las violaciones a los derechos humanos como “severas consecuencias”. A su vez rechazó asistir al acto oficial del lunes para, entre otras razones, no exponerse a eventuales apologías a Allende, explicó uno de sus líderes, Javier Macaya.
BY EVA VERGARA