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La admisión del jefe de gabinete interino Mick Mulvaney el jueves debilitó la posición del presidente de que no hubo quid pro quo durante la llamada telefónica de Trump con el presidente de Ucrania que provocó la investigación de la Cámara.
El repentino giro de los acontecimientos tuvo consecuencias inmediatas. El abogado de Trump distanció al presidente republicano de la cuenta de Mulvaney. El Departamento de Justicia dijo que la explicación era nueva para ellos. Y los demócratas consideraron las declaraciones de Mulvaney como una prueba más de irregularidades mientras Trump buscaba un "favor" de Ucrania.
Trump, que viajaba en Texas, parecía respaldar a su principal ayudante y calificó a Mulvaney de "buen hombre".
"Tengo mucha confianza" en él, dijo Trump.
Pero los comentarios iniciales de Mulvaney, realizados durante una rara aparición de un funcionario de la administración en la sala de reuniones de la Casa Blanca, abrieron una nueva fase de la investigación de juicio político.
Indicó que estaba en juego un quid pro quo para la ayuda militar, pero uno diferente del que los demócratas destacaron inicialmente, ya que probaron los esfuerzos de Trump para que Ucrania investigara una compañía vinculada al hijo de su rival demócrata Joe Biden.
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Los sucesos del día, interrumpidos por una explosiva reunión en la Casa Blanca, incluyeron declaraciones de exempleados veteranos del Departamento de Estado sobre las acciones de Trump y su abogado personal, Rudy Giuliani, en relación a Ucrania que dieron pie a la investigación en la Cámara de Representantes.
Michael McKinley, diplomático de carrera y que en la práctica fue el jefe de gabinete del secretario de Estado Mike Pompeo, dijo a los investigadores a puerta cerrada que ya no podía mirar a otro lado ante la gestión del gobierno de Trump en sus relaciones con Ucrania, y ese fue uno de los motivos por los que puso fin a sus 37 años de carrera la semana pasada, según varias personas conocedoras de la declaración. Como otros, estas personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a comentarlo.
“Me preocupaban las implicaciones de que se estaba abordando a gobiernos extranjeros para que ofrecieran información negativa sobre rivales políticos”, declaró McKinley, según un excolega familiarizado con su declaración.
La investigación para un juicio político gira en torno a una denuncia anónima sobre que Trump presionó al presidente de Ucrania para que abriera una investigación sobre una empresa relacionada con el hijo del posible rival demócrata de Trump en las elecciones de 2020, Joe Biden. En Estados Unidos es ilegal solicitar o recibir ayuda extranjera en unas elecciones.

La Casa Blanca se negó a revelar el mensaje del presidente, pero un portavoz de la familia dejó entrever que pudieron haber quedados decepcionados con las palabras del mandatario.
“Concluye la reunión con el presidente Trump”, tuiteó el vocero Radd Seiger. “Revisaremos la situación y determinaremos a la brevedad los siguientes pasos, cuando demos más comentarios. Entre tanto, continúa la búsqueda de justicia para Harry”, publicó con el hashtag #Justice4Harry.
Harry Dunn, de 19 años, murió en agosto cuando su motocicleta chocó con el auto que aparentemente conducía Anne Sacoolas, la esposa del diplomático estadounidense, afuera de una base de la fuerza aérea británica en el sur de Inglaterra que es utilizada por el ejército de Estados Unidos.
Sacoolas salió de Gran Bretaña poco después del incidente, aunque la policía difundió un comunicado en el que señaló que previamente les dijo a las autoridades que no tenía intención de dejar el país. Se desconoce de momento su paradero actual.
Los padres de Dunn han presionado por el regreso de Sacoolas al país y el lunes sostuvieron una conferencia de prensa en Nueva York para exponer su caso. Charlotte Charles, madre de Dunn, le pidió entre lágrimas que “haga lo correcto” y “enfrente a una familia destrozada”, y al sistema legal del Reino Unido.

La decisión del mandatario de solicitarle a Ucrania investigar a un rival político propició que los demócratas en la Cámara de Representantes emprendieran la investigación que podría derivar en un juicio político y los detractores del mandatario equiparan su abrupta determinación de retirar a las fuerzas estadounidenses del norte de Siria con arrojar un cerillo encendido en un barril de pólvora.
Ambas medidas reflejan una creciente confianza de Trump por hacer más caso de su intuición por encima de sus asesores en política exterior y seguridad nacional, lo que ha puesto nerviosos a aliados y envalentonado a enemigos de Estados Unidos. Donde Trump considera atractivo para los electores oponerse al estamento de la política exterior convencional con vistas a los comicios del año entrante, sus detractores ven a un mandatario que apuesta con la seguridad nacional y anulando el valor de la palabra de Estados Unidos en el escenario global
Como reacción, Trump ha presentado una obstinada resistencia pese a las críticas bipartidistas en ambos casos.
El mandatario asegura que no hizo nada malo en su interacción telefónica del 25 de julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy _en la cual se centra la pesquisa para iniciar el proceso de destitución_ una conversación que sonó las alarmas en todo el aparato de la política exterior.
En la llamada, Trump solicitó a Zelenskiy que investigara a una compañía vinculada con Hunter Biden, hijo de su rival político Joe Biden, y examinara la propia implicación de Ucrania en los comicios presidenciales estadounidenses de 2016. Colaboradores de Trump expresaron su preocupación de que el mandatario estuviera haciendo mal uso de su autoridad presidencial cuando hizo esa petición y los abogados de la Casa Blanca ordenaron guardar el memorando que documenta la llamada en una red informática utilizada típicamente para operaciones encubiertas a fin de mantenerlo en secreto.
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Los jueces manifestaron el martes su escepticismo en torno a una apelación constitucional a la composición de la junta de supervisión, que tendría repercusiones para más de 100.000 millones de dólares en deuda y para el futuro económico de la isla. Fondos especulativos que invirtieron en bonos puertorriqueños encabezan la causa en contra de la junta.
Un tribunal menor falló en febrero que el nombramiento de los miembros de la junta fue inconstitucional porque no fueron confirmados por el Senado.
El presidente selecciona a los siete miembros con derecho a voto de la junta. Estos y otros integrantes designados por el gobernador aprueban presupuestos y planes fiscales delineados por el gobierno de la isla. También maneja casos parecidos a bancarrota que permiten que el territorio estadounidense reestructure sus deudas.
El juez Samuel Alito preguntó irónicamente si es “demasiado cínico” pensar que los fondos especulativos estaban más interesados en el dinero en juego que en la apelación constitucional que presentaron.
La junta de supervisión y el gobierno del presidente Donald Trump apelaron el fallo de la Corte Federal de Apelaciones de Boston. Parecía haber apoyo substancial para sus argumentos de que la composición de la junta no está regida por la cláusula de la Constitución sobre nombramientos, sino por otra cláusula que le da al Congreso un control significativo sobre los territorios ultramarinos estadounidenses, entre los que se incluye a Puerto Rico.