
Los hallazgos preliminares de la Universidad de Oxford, codesarrolladora de la vacuna, podrían reivindicar la controversial estrategia del gobierno británico en torno a postergar la administración de la segunda dosis de la vacuna por hasta 12 semanas para que más gente pueda recibir rápidamente la primera dosis. Hasta ahora, el tiempo recomendado entre dosis ha sido de cuatro semanas.
La investigación también podría acercar a los científicos a la respuesta de una de las grandes interrogantes de la pandemia: ¿las vacunas realmente pueden frenar la propagación del coronavirus?
De momento no está claro qué implicaciones, si es que hay alguna, podrían tener los hallazgos para las otras dos vacunas que se están utilizando en Occidente: las desarrolladas por Pfizer y Moderna.
En Estados Unidos, el médico Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, rechazó la idea de postergar deliberadamente la administración de la segunda dosis, y señaló que el país “se guiará por la ciencia” y los datos obtenidos de los ensayos clínicos. Las dos dosis de la vacuna de Pfizer y la de Moderna se deben de administrar con tres y cuatro semanas de diferencia.
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La medida se dio a conocer el miércoles, mientras el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, interponía una demanda para evitar que el recién confirmado secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, implementara la moratoria de 100 días en las deportaciones decretada por Biden. Un juez federal de Texas ya la ha suspendido.
“La comunidad de seguridad pública está particularmente preocupada por el hecho de que extranjeros que han sido acusados o declarados culpables de delitos sean puestos en libertad como resultado de la moratoria de 100 días del DHS”, señaló Brnovich en la demanda federal, utilizando las siglas en inglés del departamento.
Añadió que las autoridades también temen que “liberar a individuos durante la pandemia de COVID-19 abrumará aún más a los hospitales y los servicios sociales a nivel local y condal”.
Una orden judicial emitida el mes pasado prohibió temporalmente al gobierno estadounidense implementar una pausa en las deportaciones. El expediente presentado por Brnovich revela que el DHS canceló el acuerdo de inmigración que él hizo con la agencia, que era uno de por lo menos nueve acuerdos firmados por el DHS con jurisdicciones estatales y locales durante las últimas semanas del gobierno de Trump.

Las deposiciones de ambas partes ofrecen el primer vistazo público de los argumentos que se presentarán ante el Senado a partir de la próxima semana. El juicio político representa un recuento notable de la violencia que se presentó el mes pasado en el Capitolio — misma que los senadores observaron de primera mano — y de la presidencia de Trump en general. En la misma cámara que los simpatizantes de Trump ocuparon el 6 de enero, se escucharán las exigencias demócratas para una última rendición de cuentas en contra de los deseos de muchos de los republicanos de dar vuelta a la página y dejar el episodio atrás.
El juicio político, el segundo que enfrenta Trump, iniciaría el 9 de febrero.
El informe legal demócrata vinculó a la fuerza los intentos infundados de Trump por revertir los resultados de la elección la el violento asalto al Capitolio, señalando que el exmandatario es “innegablemente” culpable de las acciones que pusieron en riesgo los fundamentos de la democracia estadounidense. El documento argumenta que Trump debe ser declarado culpable del cargo de incitar a un asedio. Y utilizó lenguaje provocador para invocar al caos ese día, cuando “aterrorizados miembros quedaron atrapados en la cámara” y llamaron a sus seres queridos “por temor a no sobrevivir”.
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Los decretos del martes, relativos a la separación de familias, seguridad fronteriza e inmigración legal, elevan a nueve el número de acciones ejecutivas de Biden en materia migratoria en sus primeras dos semanas en la presidencia. Con una propuesta de ley para otorgarles estatus legal y una vía a la naturalización a cerca de 11 millones de personas, Biden ha apuntado a muchos de los cambios radicales que implementó el presidente Donald Trump para desalentar la inmigración, tanto legal como ilegal, y ha establecido un proyecto que posiblemente permanezca mucho después de que haya dejado el cargo, siempre que obtenga apoyo suficiente en un Congreso sumamente dividido.
Biden revirtió algunas de las medidas de Trump y estableció las bases para derogaciones de mayor alcance, dependiendo del resultado de las revisiones que se llevarán a cabo en los próximos meses.
“No estoy creando nuevas leyes. Estoy eliminando las malas políticas”, dijo Biden durante la ceremonia de firma de las órdenes, en la que no respondió a preguntas de la prensa.

Los sitios de vacunación serán considerados “lugares delicados” y en general los agentes de migración no realizarán arrestos en ellos, informó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)
Señaló que las detenciones sólo se llevarán a cabo bajo “la más extraordinaria de las circunstancias”.
El anuncio es un nuevo ejemplo del enfoque más transigente en torno a la inmigración ilegal que ha adoptado el gobierno del presidente Joe Biden, el cual ha actuado con rapidez para revertir las principales políticas de inmigración de su predecesor.
En el comunicado, el DHS dijo que alienta a todos, “independientemente de su estatus migratorio”, a que reciban la vacuna cuando sean elegibles, y destacó que la agencia y sus socios federales “apoyan por completo el acceso igualitario a las vacunas contra el COVID-19 y los centros de distribución de la vacuna para inmigrantes indocumentados”.
El DHS también supervisa a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), la cual está colaborando con otras dependencias del gobierno federal para instalar centros de vacunación en todo el país.
El gobierno estadounidense ha considerado las clínicas de salud, así como las escuelas y los lugares de culto, como lugares delicados donde regularmente no llevaría a cabo arrestos. Con el paso de los años, eso ha provocado que algunas personas se refugien en iglesias para evitar ser deportados.