
El presidente del Tribunal, Ernesto Blume, anunció que el recurso legal presentado por Sachi Fujimori, hermana de la política encarcelada, fue declarado “fundado” con cuatro votos a favor y tres en contra. Se espera que Keiko salga del penal en los próximos días _cinco meses antes de que se cumpla el plazo máximo de la medida_ luego de que concrete una serie de formalidades legales.
El habeas corpus es un derecho que tienen los detenidos o reos a ser presentados de inmediato y públicamente ante un juez o tribunal para que, escuchándolos, resuelva si su arresto se ajustó o no a la ley, y si la medida de encarcelamiento debe levantarse o ratificarse.
Fujimori, de 42 años, había estado encarcelada de manera preventiva desde octubre de 2018 mientras era investigada por presunto lavado de activos. De acuerdo a la Fiscalía, recibió dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las cuales resultó derrotada.
Su detención marcó el declive de una líder considerada la mujer más poderosa del país y que en ese momento dirigía un Parlamento contrario al gobierno.
Según se esperaba, sus partidarios aplaudieron el fallo, mientras que sus detractores lo criticaron. De todas formas la investigación continuará.
En la noche, cientos de manifestantes salieron a las calles del centro de Lima para protestar contra la liberación de Keiko. A través de las redes sociales, las personas, jóvenes en su mayoría, se coordinaron para mostrar que no estaban satisfechas con la decisión.
La marcha, que no estaba autorizada, trató de avanzar a la sede del Tribunal Constitucional, pero agentes de la Policía Nacional la enfrentaron con golpes y empujones. Algunos manifestantes arrojaron piedras y botellas, y la policía usó sus escudos para repeler el ataque.

La Comisión llegó en lunes a Sacaba, en las afueras de Cochabamba en el centro del país, donde murieron nueve manifestantes cuando las fuerzas del orden repelieron a seguidores de Morales.
“Estamos escuchando a todas las partes para tener una visión amplia y plural de lo que pasó en las protestas y emitir recomendaciones”, dijo Paolo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.
“Es nuestro deber empujar a las autoridades a cumplir con su deber de hacer justicia, reparar a las víctimas y aclarar los hechos”, les dijo Abrao a los familiares con quienes se reunió la víspera en Senkata, un suburbio de La Paz donde murieron otras nueve personas en una arremetida de las fuerzas del orden.
En un comunicado la semana pasada la CIDH condenó el “uso excesivo de la fuerza” policial y militar para reprimir las manifestaciones y manifestó su “profunda preocupación” por un decreto gubernamental que eximió de responsabilidades al ejército.
Según las pericias, los fallecidos murieron por impactos de bala, pero el gobierno negó que los proyectiles sean de uso del ejército.
“Soy la viuda de Juan José Tenorio, me ha dejado un hijo huérfano. Suplico que hagan justicia. Esto no puede quedar así, nos matan como si no tuviéramos derechos”, declaró María Cristina Quispe en Senkata ante los comisionados.
Desde su exilio en México Morales acusó a la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez de violar los derechos humanos. A su vez, las autoridades acusan al político de promover las protestas desde México y le iniciaron una demanda por “terrorismo y sedición”.
En tanto, las últimas barricadas en las carreteras eran levantadas el lunes y el país regresaba de a poco a la normalidad a medida que los políticos definen una ruta hacia nuevos comicios en cuatro meses y medio.
La fecha de las elecciones será definida por un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE). “No fue fácil consensuar” con los parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales y que controla el Congreso, reconoció Áñez, cuyo gobierno transitorio tiene la misión de organizar los comicios.
Morales no podrá participar como candidato. En enero de 2020 iba a cumplir 14 años en el poder y buscaba un cuarto mandato. La constitución sólo permite una reelección continua.

Con el 88% de los votos contabilizados, el mandatario centroderechista tenía el 63,2% de las preferencias, mientras que Viorica Dancila, exprimera ministra recientemente destituida y líder del Partido Socialdemócrata, llevaba el 36,8%.
“¡Rumania ganó! La Rumania moderna, europea y normal ganó hoy”, declaró Iohannis en las instalaciones del Partido Nacional Liberal después de que se diera a conocer una encuesta de salida que pronosticaba su victoria. “Los rumanos fueron los héroes del día. Salieron a votar en números impresionantes y esta es la ganancia más importante del día”.
“Recibo esta victoria con alegría, agradecimiento, modestia y con fe en Rumania”, dijo el exalcalde de Sibiu de 60 años, miembro de la minoría étnica germana de Rumania y profesor de física en una secundaria antes de ingresar a la política.
La participación electoral fue del 49,87%, un descenso respecto al 53,17% de 2014.
Por su parte, en declaraciones tras votar por la mañana, Dancila había prometido “mayor participación, trabajo y compromiso con el pueblo rumano”.
El gobierno de Dancila fue destituido el 10 de octubre después de perder una votación de confianza en el Parlamento. Había quedado inmersa en acusaciones de corrupción, y la Unión Europea la criticó por sus reformas judiciales que daban la impresión de poner en riesgo el estado de derecho y la independencia del poder judicial.
A principios de mes, los legisladores respaldaron el gobierno minoritario que encabeza el primer ministro Ludovic Orban, del Partido Nacional Liberal, que solía encabezar Iohannis.
Iohannis se enfrentó a Dancila y su partido debido a las reformas judiciales y otras medidas. Los detractores expresaron preocupación por el debilitamiento de leyes anticorrupción que en años anteriores habían derivado en el encausamiento de decenas de miembros del gabinete, legisladores e incluso un miembro rumano del Parlamento Europeo.
Debido a la indignación popular se efectuaron constantes protestas en Bucarest y otras ciudades del país.

El sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años, y el argentino Horacio Corbacho, de 59, escucharán el fallo condenatorio o absolutorio de un tribunal penal de la provincia de Mendoza, unos 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires. La corte formada por tres jueces también dictará sentencia al laico argentino Armando Gómez, de 49 años, a quien le podrían caer 30 años de prisión.
Los imputados no quisieron decir sus últimas palabras ante los jueces ante de que éstos pasaran a deliberar sobre el fallo que darán a conocer en las próximas horas. Los tres llegaron con semblante serio y esposados a la sala de audiencias. Corradi lo hizo en una silla de ruedas que era empujada por un guardia de seguridad, con la mirada fija en el suelo.
El fallo llega después de un juicio histórico que duró más de tres meses y en el que se ventilaron los aberrantes hechos presuntamente sufridos entre 2005 y 2016 por una decena de alumnos del Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de la localidad mendocina de Luján de Cuyo.
Sobre estas acusaciones, que tienen como protagonistas a dos clérigos en su tierra natal, el papa Francisco no ha hecho comentarios públicos.
Las denuncias generaron un escándalo mayúsculo que se intensificó luego de saberse que Corradi ya había sido señalado por supuestos delitos similares en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, Italia, sin que fuera juzgado y que Francisco había sido notificado que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.
Los exalumnos del Próvolo mendocino creen que pueden lograr la primera condena de cárcel para clérigos de esa institución católica, con sedes en distintas partes del mundo.

Simultáneamente, diputados avanzan en la tramitación de proyectos sobre mejoras sociales prometidas por Piñera para frenar, hasta ahora sin éxito, las protestas que se reproducían en la tarde con menos manifestantes pero con mayor violencia que en otros días.
En Quilicura, a las afueras de Santiago, un centro comercial era quemado y saqueado. El alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, dijo que solicitó al autónomo Instituto de Derechos Humanos investigar denuncias de presuntas torturas a manifestantes en el interior del centro comercial incendiado.
En Valparaíso grupos de personas realizaban saqueos contra pequeños comercios de la zona aledaña al Congreso y se quemaba una automotora en el centro de la ciudad con llamaradas visibles desde varios puntos del puerto. En la vecina Viña del Mar también se registraban barricadas. También en Antofagasta (norte) y Concepción (sur de Santiago) se producían incidentes violentos.
AI denunció el jueves graves violaciones a los derechos humanos en un informe realizado tras 20 días de observación en terreno Destacó el uso de armamento militar en las represiones de las manifestaciones pacíficas, torturas, abusos sexuales, lesiones oculares por uso de armas antidisturbios y letales o por el mal uso de bombas lacrimógenas.
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que durante la vigencia de un estado de emergencia en octubre, y luego la policía, “han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de la libertad de expresión y la asamblea pacífica”.
De su lado, el gobierno, a través de un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazó categóricamente el informe que “pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes. La única política que ha tenido el Gobierno es la del resguardo y protección de los Derechos Humanos, que ha sido desde el primer día declarada y reiterada por todas las autoridades de gobierno”, señalaron.
La policía chilena manifestó por su parte que nuestra institución “rechaza categóricamente cualquier exceso, abuso o vulneración de derechos humanos. Hemos puesto a disposición de la fiscalía todos los antecedentes de cada caso que ha sido objeto de querellas por parte del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) y en numerosos casos hemos sido nosotros quienes hemos” denunciado los hechos, afirmó la coronel Karina Sosa Muñoz, de la dirección de DDHH humanos de Carabineros, señalando que ya hay 690 sumarios administrativos internos.
El informe de AI afirma que el Ejército uso al menos en cuatro ocasiones el uso de rifles GALIC ACE y FAMAE SG 540 semiautomático y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal. En algunos casos las policías de investigaciones y uniformada también utilizaron munición letal.
Pilar San Martín, especialista del equipo de crisis, indicó que en las decenas de casos documentados por la organización, “ninguna de las personas estaba ejerciendo ningún tipo de violencia al momento de ser lesionada o ser matada”.