
Un ataque contra un edificio residencial en el centro del país causó al menos dos muertos mientras sus dos principales ciudades, Kiev y Járkiv, se quedaron sin electricidad y agua.
El estallido de los proyectiles y los disparos de los sistemas de defensa aérea resonaban por todo el país mientras las autoridades echaban mano de las redes sociales para informar de explosiones en la capital, Kiev, en la ciudad sureña de Krivói Rog, en Zaporiyia y en Járkiv, en el noreste.
Las alarmas antiaéreas se activaron en todo el país para advertir de una nueva y devastadora oleada de ataques rusos como las que han ocurrido de forma intermitente desde mediados de octubre.
En declaraciones a la televisión del país, el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yurii Inhat, indicó que se habían disparado más de 60 misiles, pero por el momento no estaba claro cuántos fueron interceptados por elejército de Kiev. Algunos oficiales reportaron varios derribos.
Según Ihnat, las fuerzas rusas dispararon misiles de crucero desde posiciones en el Mar Negro y emplearon aviones bombarderos como parte de un esfuerzo para “distraer masivamente la atención de la defensa antiaérea, manteniéndola en tensión”.

La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga de la disposición por 30 días más como se lo solicitó el gobierno, cuyo presidente Nayib Bukele goza de altos niveles de popularidad, según encuestas, debido a su enérgica lucha contra la delincuencia.
“Hemos recuperado el control del Estado, ahora contamos con autoridad y somos un país fuerte. Estamos transformando la realidad de las familias salvadoreñas”, expresó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la petición al legislativo y justificar la nueva prórroga.
Villatoro aprovechó para responder a los organismos defensores de los derechos humanos que han criticado al gobierno salvadoreño por aplicar el régimen de excepción. “A los enemigos del pueblo, que piden que cese esta medida, quiero decirles que la población no acepta sus propuestas”, agregó.
“No vamos a administrar el país como la oposición quiere, porque no volveremos al pasado. Al delincuente lo vamos a tratar como tal y le caerá todo el peso de la ley”, advirtió el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
De acuerdo con una reciente encuesta de LPG Datos del matutino La Prensa Gráfica de El Salvador, el 87, 8% de los salvadoreños aprueban el desempeño del presidente Nayib Bukele, y el 89,5% avala el combate a las pandillas. Según otra investigación de la ONG Fundaungo, el 89,8% de los salvadoreños aprueban el régimen de excepción, lo que constituye un aumento del nivel de aprobación porque en junio era de 83,7%.

El portal oficial El 19 Digital publicó además que se ordenó la captura del sacerdote Uriel Vallejos, quien según la prensa, se encuentra exiliado, y se pidió a la Policía Internacional (Interpol) cooperar para su arresto.
Indicó que monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa (norte) y quien desde agosto pasado estaba bajo vigilancia policial en una vivienda de Managua, fue llevado a los juzgados capitalinos donde fue acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y de “propagación de noticias falsas” en “perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.
Monseñor Álvarez es el primer obispo sometido a un proceso penal en Nicaragua. Durante su primer gobierno (1985-1990), Ortega se enfrentó a la Iglesia católica y ordenó la deportación a Honduras del obispo de Juigalpa, monseñor Pablo Vega, pero no se practicaron juicios ni encarcelamientos de sacerdotes.
La información oficial fue acompañada de un par de fotografías del prelado católico sentado frente a una mujer, presuntamente funcionaria de los tribunales y cuya identidad no se precisó. Son las primeras imágenes públicas de monseñor Álvarez desde que la policía lo puso bajo “resguardo domiciliario” hace casi cuatro meses.
“Asimismo, la autoridad judicial le nombró defensor, le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023”, precisó la nota de prensa del gobierno.

Los encuentros, en los que Maduro sonreía amablemente desde su gran estatura, fueron cuidadosamente recogidos en video, compartidos en medios sociales y emitidos en la televisora estatal venezolana.
A poco de cumplirse una década desde que heredó el liderazgo del país a la muerte del presidente Hugo Chávez, Maduro trabaja para recuperar el reconocimiento internacional que perdió en 2018, cuando docenas de países describieron su reelección como una farsa.
Esos esfuerzos también van dirigidos a reforzar su posición en casa. El mandatario llega a 2023 entre crecientes presiones de que se celebren elecciones presidenciales libres y justas al año siguiente.
Dos temas cruciales para la estrategia de Maduro son el principal activo de su país, el petróleo, y la guerra en Ucrania. El país sudamericano tiene las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo, pero no ha suministrado al mercado occidental desde que Estados Unidos empezó a imponer duras sanciones económicas conforme la democracia y los derechos humanos se deterioraban tras la reelección de Maduro.
La comunidad internacional quiere “alguna clase de contribución a la seguridad energética global, y con el petróleo ruso fuera del mercado, el petróleo venezolano vuelve a ser atractivo”, señaló Ryan Berg, director del programa para América en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de estudios con sede en Washington.

Castillo permanece con detención preliminar de 7 días, que se cumplen el miércoles, pero deberá seguir preso hasta que el Poder Judicial decida si acepta o no el pedido de la Fiscalía.
El Poder Judicial convocó para mañana, jueves 15, a las 8 y 30 de la mañana en el Perú, a la audiencia en que un juez debe escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa del expresidente para luego decidir si aplica o no prisión preventiva a Castillo.
El miércoles se suspendió la sesión en que se iba a evaluar el caso, a pedido de la defensa del expresidente, que alegó no haber sido notificado.
Una sala de la Corte Suprema ratificó la víspera la detención de siete días a Castillo al rechazar la apelación que presentó en intento de anular la orden judicial que lo tiene preso.
Un argumento del tribunal para rechazar la apelación y ratificar la detención fue que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había contado que Castillo lo llamó para pedirle asilo político y se dirigía a la embajada de México en Lima cuando fue detenido. El pedido de la Fiscalía también considera este argumento.
El pedido de prisión preliminar incluye al ex primer ministro peruano Aníbal Torres, que está en la clandestinidad.