NUEVA ORLEÁNS (AP) — Una carrera electoral para secretario del tribunal penal de Nueva Orleans se ha vuelto polémica, ya que el candidato Calvin Duncan, quien pasó tres décadas en prisión antes de que su condena fuera anulada, enfrenta ataques del fiscal general de Luisiana y del secretario en ejercicio sobre si fue realmente exonerado.

Duncan, de 62 años, aprendió derecho por su cuenta mientras estaba en prisión y tuvo dificultades durante años para acceder a sus antecedentes. Dice que eso hace que su aspiración a convertirse en el principal encargado de los registros penales de la ciudad sea algo personal.

"No quiero que lo que me pasó a mí le pase a nadie más", dijo Duncan, cuya condena por asesinato fue anulada por un juez en 2021. Está incluido en el Registro Nacional de Exoneraciones junto a figuras como Yousef Salaam , miembro de los "Cinco de Central Park" y ahora concejal de la ciudad de Nueva York.

Pero la campaña de Duncan se ha visto ensombrecida por las disputas sobre el término "exoneración" en su caso, lo que ha añadido dramatismo a la recta final de una contienda municipal por lo demás tranquila. Los votantes acuden a las urnas el sábado.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, y el secretario en funciones, Darren Lombard, han negado la inocencia de Duncan, alegando un acuerdo de culpabilidad de 2011 por homicidio involuntario y robo a mano armada que Duncan afirma haber aceptado solo para asegurar su liberación. En debates televisados, entrevistas con medios y anuncios de campaña, Lombard ha tildado a Duncan de asesino.

Duncan, demócrata, acusa a sus oponentes de intentar engañar a los votantes. Sus partidarios afirman que es un ejemplo de política agresiva en Nueva Orleans, donde más de 10 candidatos también se postulan para reemplazar a la alcaldesa LaToya Cantrell, cuyo mandato está limitado y quien se declaró inocente en septiembre de cargos de corrupción.

Jessica Paredes, directora ejecutiva del registro de exoneraciones, dijo que no debe haber duda de que el caso de Duncan merece figurar entre las más de 3.700 exoneraciones registradas desde 1989.

“Actuamos con cautela para mantener la integridad de la base de datos”, dijo. “La exoneración de Calvin no fue una de esas decisiones difíciles. Su caso cumple claramente con nuestros criterios de inclusión”.

Una declaración de culpabilidad y una condena anulada

Duncan presentó nuevas pruebas de su inocencia en un tiroteo fatal de 1981, incluyendo que los agentes de policía habían mentido en el tribunal, antes de ser liberado de prisión. Posteriormente, un juez anuló la condena de Duncan amparándose en el estatuto legal de "inocencia factual" y la fiscalía desestimó los cargos.

Los expertos legales dicen que no existe un estándar legal general para la exoneración, pero el grupo de Paredes generalmente la define como aquello que ocurre “cuando una persona que ha sido condenada por un delito queda oficialmente absuelta después de que se disponga de nueva evidencia de inocencia”.

Incluso antes de que Duncan se postulara, su caso atrajo el escrutinio de Murrill, el fiscal general republicano del estado. Tras obtener su título en derecho en 2023 y solicitar una indemnización estatal de 330.000 dólares por su condena injusta, Murrill amenazó con impugnar su derecho a ejercer la abogacía a menos que retirara su reclamación, según Jacob Weixler, su abogado.

El portavoz de Murrill, Lester Duhe, confirmó esa versión, afirmando que Duncan "se declaró culpable de homicidio involuntario ante el tribunal, a sabiendas e intencionadamente". Duncan retiró su demanda para evitar cualquier impedimento en el ejercicio de la abogacía, afirmó Weixler.

Menos de dos semanas antes de las elecciones, Murrill intensificó la disputa al publicar una carta pública en la que acusaba a Duncan de "tergiversación flagrante" por declararse exonerado. El lunes, decenas de abogados en Luisiana firmaron una carta rechazando sus afirmaciones.

Un abogado autodidacta

En la comunidad jurídica, Duncan ya había alcanzado cierto grado de celebridad antes de postularse para el cargo.

Recuerda en sus memorias cómo un recluso mayor le aconsejó que aprendiera derecho para salvarse. Con solo octavo grado de educación, Duncan perfeccionó sus habilidades legales y pudo ayudar a otros reclusos a preparar documentos judiciales como parte de un programa legal en la prisión.

Su persistencia finalmente moldeó la legislación nacional. Duncan fue la fuerza impulsora de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2020 que puso fin a las condenas no unánimes por jurado en Luisiana y Oregón, los únicos dos estados que aún permitían una práctica arraigada en la era de las Leyes de Jim Crow, según G. Ben Cohen, abogado del caso.

Duncan afirmó que obtener un informe policial, y mucho menos una transcripción del juicio, podría llevar años para los reclusos. El sistema judicial penal de Nueva Orleans aún depende en gran medida de los registros en papel, y miles de archivos se perdieron durante el huracán Katrina. En agosto, se desecharon por error grandes cantidades de expedientes judiciales penales, lo que obligó a la secretaría a rescatarlos de un vertedero .

Lombard afirmó que este año se implementará un nuevo sistema de archivo digital. Considera a su oponente incompetente, mientras que Duncan argumenta que aportaría una apreciación única del peso del cargo.

“He visto y experimentado de primera mano cuando una oficina administrativa no funciona correctamente”, dijo.

El periodista de Associated Press, Stephen Smith, contribuyó a este informe. Brook es miembro del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco conocidos.

JACK BROOKcubre temas del gobierno, la infraestructura y el medio ambiente de Luisiana desde Nueva Orleans. Es miembro del equipo de Report for America

(Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate vía AP)

WASHINGTON (AP) — El intento más reciente del presidente Donald Trump de desplegar al ejército en suelo estadounidense a pesar de la oposición local está desencadenando un nuevo conflicto con los gobernadores de los estados demócratas, el cual se está desarrollando en los tribunales mientras el mandatario imagina un país en el que soldados patrullan las calles.

Trump ya ha ido más allá de los límites tradicionales al usar la Guardia Nacional a nivel interno, visualizando un papel más fuerte para las fuerzas armadas de Estados Unidos en la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen en las ciudades estadounidenses.

Su intento de desplegar a miembros de la Guardia Nacional de California en Oregon y de la de Texas en Illinois es un uso amplio del poder presidencial. Los próximos pasos en las demandas presentadas por estados gobernados por demócratas probablemente abordarán cuestiones significativas de derecho constitucional, federalismo y separación de poderes, preparando el terreno para una posible colisión entre los tribunales y el uso enérgico de la Guardia Nacional por parte de Trump.

En una reunión de altos mandos militares la semana pasada, Trump pidió usar las ciudades estadounidenses como campo de entrenamiento para los soldados, y advirtió sobre una “invasión desde dentro”. Sin embargo, para sus críticos, el uso de la Guardia Nacional por parte del mandatario equivale a un uso aterrador de la fuerza contra los estadounidenses.

“¿Qué sucederá cuando el presidente pierda en los tribunales?”, preguntó Alex Reinert, experto en derecho constitucional de la Escuela de Derecho Cardozo en la ciudad de Nueva York. "¿Lo usará como excusa para actuar de una manera aún más autoritaria?”.

Un papel en expansión para la Guardia Nacional no visto antes

La presencia de soldados armados en las calles estadounidenses es una de las manifestaciones más claras del intento de Trump de expandir el poder presidencial. Ya ha desplegado efectivos en Los Ángeles y Washington, D.C.

El control sobre la Guardia Nacional de un estado suele recaer en el gobernador, a menos que las unidades estén federalizadas, como ocurrió en California a pesar de las objeciones del gobernador. De lo contrario, depende del gobernador decidir desplegar a los miembros de la Guardia Nacional o enviarlos a otros estados para ayudar en caso de desastres naturales. En el Distrito de Columbia, Trump está al mando de la Guardia.

Las autoridades locales, dice Trump, han fracasado en proteger a las comunidades, y dio varios ejemplos de ciudades gobernadas por demócratas. Ha dicho que Portland está “devastada por la guerra” y es una “zona de guerra” que está “ardiendo” y es como “vivir en el infierno”.

Sin embargo, la Ley Posse Comitatus de casi 150 años de antigüedad limita el papel de las fuerzas armadas en hacer respetar las leyes internas, en un reflejo de la creencia de larga data en Estados Unidos de que las labores policiales deben permanecer en manos civiles.

A Trump se le preguntó el lunes sobre otra ley, la Ley de Insurrección, y dijo que estaría dispuesto a invocarla si fuera necesario. Le permite al presidente enviar militares en servicio activo a estados que no pueden sofocar una insurrección o están desafiando la ley federal.

“Si tuviera que promulgarla, lo haría”, expresó Trump. “Si la gente estuviera siendo asesinada, y los tribunales nos estuvieran deteniendo, o los gobernadores o alcaldes nos estuvieran deteniendo”. Añadió: “Tenemos que asegurarnos de que nuestras ciudades sean seguras”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo previamente que Trump quiere hacer que las ciudades de Estados Unidos sean más seguras.

“Ustedes están haciendo ver esto como: ‘El presidente quiere tomar el control de las ciudades estadounidenses con las fuerzas armadas’”, les dijo Leavitt a los periodistas el lunes. “El presidente quiere ayudar a estos líderes locales que han sido completamente ineficaces en hacer que sus propias ciudades sean seguras”.

Funcionarios federales dicen que las decisiones de enviar soldados federalizados de Texas y California a otros estados se están tomando en los niveles más altos del gobierno de Trump, eludiendo los procesos formales de política del Pentágono que normalmente formarían parte de los despliegues de efectivos.

Aunque esta dinámica no es inaudita, apuntó un funcionario, suele usarse en situaciones como desastres naturales, donde los soldados necesitan movilizarse rápidamente antes de que se emitan órdenes y autorizaciones formales. Todos los funcionarios hablaron a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre la situación interna.

Un resultado es que gobernadores como Gavin Newsom de California y JB Pritzker de Illinois, ambos de filiación demócrata, se han convertido en los primeros en anunciar despliegues de efectivos. Los funcionarios de asuntos públicos del Pentágono han pasado apuros para confirmar o negar las acciones y el número de soldados, enfrentando presión para evitar proporcionar incluso detalles básicos de las operaciones militares y para remitir preguntas a la Casa Blanca.

La situación es muy diferente a la medida del presidente John F. Kennedy para federalizar la Guardia Nacional de Alabama en 1963, efectuada con el fin de lograr la integración de alumnos blancos y negros en la Universidad de Alabama, en un enfrentamiento con el gobernador George Wallace. Eso se debe a que Trump busca ostensiblemente usar soldados para proteger la propiedad y el personal federal, no para hacer cumplir las leyes federales de derechos civiles aprobadas por el Congreso, según William Banks, profesor de derecho de la Universidad de Syracuse y experto en derecho constitucional y seguridad nacional.

Los miembros de la Guardia no pueden hacer cumplir las leyes locales, bloquear el tráfico ni hacer “ninguna de las cosas que hace la policía”, apuntó Banks. “Así que es más simbólico que útil”.

Impugnaciones jurídicas preparan el terreno para un enfrentamiento sobre los despliegues de Trump

Gobernantes en Illinois, Oregon y California han demandado, mientras que altos funcionarios de la Casa Blanca criticaron la decisión de una jueza designada por Trump de bloquear el despliegue en Portland.

Stephen Miller, alto asesor de Trump, planteó que son los tribunales los que han ignorado los límites constitucionales.

“Un juez de distrito no tiene ninguna autoridad concebible, en absoluto, para restringir al presidente y comandante en jefe (de las fuerzas armadas) de enviar miembros del ejército de Estados Unidos para defender vidas y propiedades federales”, publicó Miller en la red social X, y dijo que las protestas sobre la política de inmigración de Trump equivalen a “terrorismo interno”.

Es improbable que los jueces se dejen influenciar por la bravuconería, dicen expertos jurídicos. En cambio, examinarán si las órdenes de Trump violan la Constitución y las leyes federales que rigen cómo se usa la Guardia Nacional.

Los oponentes de Trump confían en el sistema judicial para ralentizar su agenda, ya que en gran medida el Congreso controlado por los republicanos no está controlando la expansión del poder del mandatario.

A medida que se acumulan los litigios, funcionarios de Trump han mostrado desdén por los jueces y las decisiones a las que se oponen, pero hasta ahora han evitado el tipo de confrontación directa que expertos jurídicos advierten que podría causar un daño real.

“El potencial de que desafíen una orden de un tribunal federal es muy preocupante”, expresó Banks. “Ese es nuestro mecanismo de protección. Eso es lo que tenemos en Estados Unidos para mantener nuestra democracia encarrilada”.

El intento de Trump de desplegar miembros de la Guardia Nacional de California en Oregon es una “violación evidente de la ley” y un intento flagrante de eludir la decisión de la jueza del fin de semana, según Elizabeth Goitein, experta en poderes presidenciales.

Goitein, directora sénior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional en el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, dijo que los estadounidenses deberían estar preocupados de que Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth consideren que los despliegues de soldados en ciudades estadounidenses son un entrenamiento para conflictos en el extranjero.

“Las fuerzas armadas están entrenadas para luchar y destruir enemigos de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos quiere que los soldados practiquen este entrenamiento de batalla en las calles de las ciudades estadounidenses”, escribió en una red social.

Los periodistas de The Associated Press Chris Megerian, Seung Min Kim y Nathan Ellgren contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

POR  DAVID KLEPPER and KONSTANTIN TOROPIN

BATON ROUGE, Luisiana, EE.UU. (AP) — Los inmigrantes detenidos enviados a una notoria prisión de Luisiana el mes pasado están siendo castigados por delitos por los que ya han cumplido condena, dijo el lunes la Unión Americana de Libertades Civiles en una demanda que impugna la decisión del gobierno de retener allí a los que llama "los peores de los peores".

La demanda acusa a la administración del presidente Donald Trump de seleccionar la antigua plantación de esclavos conocida como Angola por su "historia singularmente horrible" y someter intencionalmente a los inmigrantes detenidos a condiciones inhumanas, incluyendo agua sucia y falta de necesidades básicas, en violación de la cláusula de doble enjuiciamiento, que protege a las personas de ser castigadas dos veces por el mismo delito.

La ACLU también alega que algunos inmigrantes detenidos en el recién inaugurado "Louisiana Lockup" deberían ser liberados porque el gobierno no los deportó dentro de los seis meses posteriores a la orden de expulsión. La demanda cita un fallo de la Corte Suprema de 2001, planteado en varios casos recientes de inmigración, incluido el del activista palestino Mahmoud Khalil , que establece que la detención migratoria debe ser "no punitiva".

“La campaña antiinmigrante bajo el pretexto de ‘Hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro’ no supera ni justifica remotamente la detención indefinida en ‘la prisión más sangrienta de Estados Unidos’ sin ninguno de los derechos otorgados a los acusados ​​​​penales”, argumentan los abogados de la ACLU en una petición revisada por The Associated Press.

AP envió solicitudes de comentarios al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y al gobernador de Luisiana, Jeff Landry.

La demanda llega un mes después de que las autoridades estatales y federales se reunieran en la extensa Penitenciaría Estatal de Luisiana para anunciar que el complejo penitenciario previamente cerrado había sido remodelado para albergar hasta 400 detenidos inmigrantes que, según los funcionarios, incluirían algunos de los más violentos bajo custodia de ICE.

El complejo había sido apodado “la mazmorra” porque anteriormente mantenía a los reclusos en celdas solitarias durante más de 23 horas al día.

El ICE readaptó las instalaciones en medio de una batalla legal en curso por un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como "Alligator Alcatraz", y mientras Trump continúa su intento a gran escala de expulsar a millones de personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente. El gobierno federal se ha apresurado a expandir su infraestructura de deportación y, junto con aliados estatales, ha anunciado nuevas instalaciones, incluyendo lo que denomina "Speedway Slammer" en Indiana y "Cornhusker Clink" en Nebraska. El ICE busca detener a 100,000 personas bajo una expansión de $45 mil millones que Trump promulgó en julio .

El mes pasado, en Angola, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó a la prensa que la legendaria prisión de máxima seguridad, la más grande del país, había sido elegida para albergar un nuevo centro de ICE con el fin de alentar a las personas que se encuentran sin permiso en Estados Unidos a autodeportarse. "Esta instalación albergará a los criminales más peligrosos", afirmó.

Las autoridades dijeron que los inmigrantes detenidos serían aislados de los miles de prisioneros civiles de Angola, muchos de los cuales cumplen cadenas perpetuas por delitos violentos.

"Sé que todos ustedes en los medios intentarán aprovecharse de esta instalación y tratarán de encontrar todo lo que está mal en nuestra operación en un esfuerzo por convertir en víctimas a quienes violaron la ley de las maneras más violentas", dijo Landry, un republicano, durante una conferencia de prensa el mes pasado.

“Si crees que no pertenecen a un lugar como este, tienes un problema”.

La demanda de la ACLU afirma que los detenidos en "Louisiana Lockup" ya fueron "obligados a hacer huelga de hambre" para "exigir necesidades básicas como atención médica, papel higiénico, productos de higiene y agua potable". Los detenidos han descrito una instalación abandonada durante mucho tiempo que aún no estaba preparada para albergarlos, afirmando que tienen que lidiar con moho, polvo y agua "negra" que sale de las duchas, según consta en los registros judiciales.

Funcionarios federales y estatales han dicho que esas afirmaciones son parte de una “narrativa falsa” creada por los medios de comunicación y que la huelga de hambre sólo ocurrió después de informes inexactos.

La demanda se presentó en el tribunal federal de Baton Rouge en nombre de Oscar Hernández Amaya, hondureño de 34 años, quien lleva dos años bajo custodia del ICE. Fue transferido a la cárcel de Luisiana el mes pasado desde un centro de detención del ICE en Pensilvania.

Amaya huyó de Honduras hace dos décadas tras rechazar la orden de la violenta pandilla MS-13 de "torturar y matar a otro ser humano", según la demanda. La pandilla lo había reclutado a los 12 años, según documentos judiciales.

Amaya llegó a Estados Unidos, donde trabajó sin incidentes hasta 2016. Fue arrestado ese mismo año y posteriormente declarado culpable de intento de agresión con agravantes, con una condena de más de cuatro años de prisión. Fue puesto en libertad por buena conducta después de unos dos años y luego transferido a la custodia del ICE.

Este año, un juez de inmigración le otorgó a Amaya la protección de la “Convención contra la Tortura” para no ser devuelto a Honduras, dice la demanda, pero el gobierno de Estados Unidos no lo ha deportado a otro país.

“La Corte Suprema de Estados Unidos ha sido muy clara al afirmar que la detención migratoria no puede utilizarse con fines punitivos”, declaró a AP Nora Ahmed, directora legal de la ACLU de Luisiana. “No se puede cumplir una condena por un delito en un centro de detención migratoria”.

Mustian informó desde Nueva York

Jim Mustian es un reportero de investigación de Associated Press especializado en noticias de última hora.

(Foto AP/Gerald Herbert, Archivo)

Por  JIM MUSTIAN y SARA CLINE

ORLANDO, Florida, EE. UU. (AP) — Abogados del gobierno de Estados Unidos afirman que entre los detenidos en el centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida conocido como "Alligator Alcatraz" probablemente haya personas que nunca han estado en procesos de deportación, lo que contradice directamente lo que ha dicho el gobernador de Florida, Ron DeSantis, desde su apertura en julio.

Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos hicieron esa admisión el jueves en una presentación judicial argumentando que los detenidos en las instalaciones ubicadas en el desierto de los Everglades no tienen suficiente en común para ser certificados como grupo en una demanda sobre si están recibiendo acceso adecuado a abogados.

Un procedimiento de deportación es un proceso legal iniciado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para determinar si alguien debe ser deportado de los Estados Unidos.

Los abogados del Departamento de Justicia escribieron que los detenidos en las instalaciones de Everglades tienen demasiados estatus migratorios diferentes para ser considerados una clase.

“La clase propuesta incluye a todos los detenidos en Alligator Alcatraz, una instalación que alberga a detenidos en todas las etapas del procesamiento de inmigración, presumiblemente incluidos aquellos que nunca han estado en procedimientos de deportación, aquellos que serán colocados en procedimientos de deportación, aquellos que ya están sujetos a órdenes finales de deportación, aquellos sujetos a deportación acelerada y aquellos detenidos con el propósito de facilitar la deportación de los Estados Unidos de conformidad con una orden final de deportación”, escribieron.

Desde que se abrió la instalación, DeSantis ha estado diciendo públicamente que cada detenido ha pasado por el proceso de determinar que no puede estar legalmente en los Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa el 25 de julio afuera del centro de detención, DeSantis dijo: “Todos aquí ya tienen una orden de deportación final”.

“Se ha ordenado su expulsión del país”, añadió.

En un discurso pronunciado el 29 de julio ante una conferencia de la Asociación de Sheriffs de Florida, el gobernador republicano declaró: «Quienes van a la prisión de Alcatraz Alligator se encuentran ilegalmente en el país. Ya se les ha dado una orden final de deportación».

Agregó: “Entonces, si hay una orden de deportación, ¿cuál es la posible objeción a que el gobierno federal haga cumplir esa orden?”

La oficina de prensa de DeSantis no respondió el lunes por la mañana a un correo electrónico solicitando comentarios.

La presentación judicial de los abogados del Departamento de Justicia se realizó en el marco de una demanda en la que grupos de derechos civiles alegan que a los detenidos del centro se les ha negado el acceso adecuado a abogados, lo que viola sus derechos constitucionales. El jueves, los grupos de derechos civiles solicitaron a un juez federal de Fort Myers una orden preliminar que establecería mayores protecciones para que los detenidos puedan reunirse con sus abogados en privado y compartir documentos de forma confidencial.

El caso judicial es una de las tres demandas presentadas por grupos ambientalistas y de derechos civiles sobre el centro de detención, que fue construido apresuradamente este verano por el estado de Florida y operado por contratistas privados y agencias estatales.

Un juez federal de Miami ordenó en agosto que el centro debía cerrar sus operaciones en un plazo de dos meses, coincidiendo con grupos ambientalistas en que la remota pista de aterrizaje no había recibido una evaluación ambiental adecuada antes de su conversión en un centro de detención de inmigrantes. Sin embargo, las operaciones continuaron después de que un panel de un tribunal de apelaciones suspendiera la orden preliminar del juez a principios de septiembre. En un momento dado, el centro llegó a albergar a más de 900 detenidos, pero la mayoría fueron trasladados tras la orden judicial inicial. El lunes no estaba claro cuántos detenidos había en el centro, construido para albergar a 3.000 personas.

El presidente Donald Trump visitó las instalaciones en julio y sugirió que podrían servir de modelo para futuros centros de detención en todo el país, mientras su administración impulsa la expansión de la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones. El viernes, funcionarios federales confirmaron que Florida recibió la aprobación para un reembolso de $608 millones por los costos de construcción y operación del centro de detención migratoria.

Sigue a Mike Schneider en la plataforma social Bluesky: @mikeysid.bsky.social

Mike Schneidercubre el censo, la demografía y Florida para The Associated Press. Autor del libro de 2023, "Mickey and the Teamsters".

(Foto AP/Evan Vucci, archivo)