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También le brindó al presidente ucraniano, vestido de verde militar, la oportunidad de aprovechar el gran escenario del Capitolio para agradecer al Congreso por los miles de millones de dólares que están manteniendo a su país en la lucha.
“El tiempo que sea necesario” son palabras de mucho peso, pero chocan con una cuestión formidable: ¿Qué tanta paciencia tendrá un Congreso dividido por estrecho margen — y el pueblo estadounidense — para una guerra en la que no se ve el final en el horizonte y que está golpeando a la economía global?
El miércoles por la noche, Zelenskyy expuso sus argumentos. En un discurso ante una sesión conjunta del Congreso, combinó la lucha de Ucrania por mantener su soberanía con la batalla de Estados Unidos por la libertad. Comparó la batalla de Bajmut —donde se está librando una encarnizada lucha desde hace un mes— con la batalla de Saratoga, un punto de inflexión en la Guerra Revolucionaria estadounidense.
Zelenskyy, quien visitó el frente de batalla de Bajmut poco antes de viajar a Washington, entregó a los miembros del Congreso una bandera ucraniana firmada por las tropas. Y al tiempo que agradeció la ayuda estadounidense, afirmó a los legisladores que “su dinero no es caridad”.
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El gobierno de Estados Unidos pidió el martes a la Corte Suprema que no retirase los límites antes de Navidad, al día siguiente de que el presidente del tribunal, John Roberts, emitiera una orden temporal para mantener las restricciones introducidas durante la pandemia. Antes de que Roberts emitiera esa orden, estaba previsto que expirasen el miércoles.
Poco después de la medianoche, cuando habría terminado la vigencia del Título 42, todo estaba tranquilo en las orillas del Río Bravo en El Paso, donde estaba desplegada la Guardia Nacional. Cientos de personas se habían congregado junto a la alambrada de cuchillas colocada por la Guardia Nacional de Texas, pero se marcharon por la tarde cuando las autoridades estadounidenses les dijeron que acudieran a una puerta para ser procesados en grupos pequeños.
Una mujer entre la multitud de la ribera se puso de parto y recibió asistencia de agentes de la Patrulla Fronteriza, indicó la sargento de primera Suzanne Ringle. Había muchos niños entre la multitud, añadió.
En Ciudad Juárez, México, al otro lado de la frontera desde El Paso, cientos de migrantes seguían haciendo fila con la esperanza de que se retirasen las restricciones y pudieran pasar.
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Estados de tendencia conservadora obtuvieron un respiro —que podría ser breve— en su intento de mantener vigente una medida conocida como Título 42 que permite a las autoridades expulsar a los solicitantes de asilo. En una apelación de última hora a la Corte Suprema, argumentaron que el aumento brusco de la cantidad de migrantes afectaría a servicios tales como el mantenimiento del orden y la atención de la salud, y advirtieron que podría haber una “calamidad sin precedentes” en la frontera sur.
El titular de la Corte, John Roberts accedió a un aplazamiento y pidió al gobierno del presidente Joe Biden que emita una nueva orden antes de las 5 de la tarde (2100 GMT) del martes. Las restricciones caducan el miércoles.
El Departamento de Seguridad Nacional, responsable de la seguridad en la frontera, al reconocer la orden de Roberts dijo que continuará con los “preparativos para manejar la frontera de manera segura, ordenada y humanitaria cuando caduque la orden de salud pública Título 42”.
Bajo esa orden, vigente desde marzo de 2020, se denegaron 2,5 millones de solicitudes de asilo presentadas por migrantes acogidos al derecho estadounidense e internacional, con el argumento de impedir la propagación del COVID-19.
Al acercarse el momento de decidir los próximos pasos, crecen las presiones en poblaciones a los dos lados de la frontera suroccidental.
En El Paso, el alcalde demócrata Oscar Leeser advirtió el lunes que los refugios al otro lado de la frontera en Ciudad Juárez tienen agotada su capacidad y unos 20.000 migrantes se aprestan a entrar a Estados Unidos.
A pesar de la orden de la corte, la ciudad de El Paso se apresuró a ampliar su capacidad para recibir migrantes al instalar refugios en grandes edificios, y la Cruz Roja traía 10.000 camas.
Las restricciones del Título 42 se han aplicado a todas las nacionalidades por igual, pero han afectado de manera desproporcionada a los de países que México ha acordado recibir: Guatemala, Honduras, El Salvador, más recientemente Venezuela y el mismo México.
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Zelenskyy dijo en su cuenta de Twitter que la visita era para “fortalecer la resiliencia y capacidades de defensa” de Ucrania y discutir con Biden la cooperación entre su país y Estados Unidos.
El delicado viaje se producía tras 10 meses de guerra brutal, que ha dejado decenas de miles de muertos y heridos en ambos lados del conflicto y llevado la devastación a los civiles ucranianos. Los legisladores estadounidenses tienen previsto votar un paquete de gastos de fin de año que incluye unos 45.000 millones de dólares en ayuda de emergencia para Ucrania, mientras el Pentágono se prepara para enviar misiles tierra-aire Patriot para que el país pueda defenderse.
Zelenskyy emprendió el viaje tras un peligroso viaje el martes a lo que describió como el lugar más peleado en los 1.300 kilómetros (800 millas) de frente del conflicto, la ciudad de Bakhmut, en la disputada provincia ucraniana de Donetsk. Allí elogió a las tropas ucranianas por su “valor, resiliencia y fuerza”, mientras se oía el ruido de la artillería de fondo.
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Al culminar una de las pesquisas del Congreso más exhaustivas y enérgicas que se recuerden, el panel conformado por siete demócratas y dos republicanos recomendó aplicar cargos penales contra Trump y aquellos que lo ayudaron a lanzar una campaña de presión de amplio alcance para tratar de anular su derrota en las elecciones de 2020. El panel también dio a conocer un extenso resumen de su informe final, con hallazgos de que Trump participó en una “conspiración múltiple” para obstaculizar la voluntad de los electores.
En su última reunión el lunes, la comisión alegó que Trump infringió cuatro estatutos penales, antes de los disturbios y durante la insurrección misma, y recomendó al Departamento de Justicia presentarle cargos al expresidente. Entre los cargos recomendados por la comisión está el de ayudar a una insurrección, en un intento por responsabilizarlo directamente de las acciones de sus simpatizantes que irrumpieron en el Capitolio ese día de 2021.
La comisión también votó a favor de remitir al abogado conservador John Eastman, quien ideó maniobras jurídicas cuestionables dirigidas a mantener a Trump en el cargo, para que enfrente un juicio por dos de los mismos cargos contra Trump: asociación delictuosa para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un procedimiento oficial.
Si bien una remisión penal es más que nada simbólica, dado que el Departamento de Justicia es quien decide finalmente si se enjuicia a Trump o a otros, es un final concluyente para una investigación que desde el principio tuvo un enfoque casi singular.