Congreso chilenoSANTIAGO (AP) — El Congreso chileno redujo el miércoles los votos necesarios para reformar la constitución sancionada durante la última dictadura militar, que seguirá vigente si en un próximo plebiscito sobre la aprobación de un nuevo texto se impone el rechazo, como anticipan coincidentes sondeos.
El proyecto de ley para rebajar los quórums fue aprobado por 130 votos a favor, 15 en contra y una abstención. El Senado lo había sancionado el 20 de julio.
La iniciativa, que redujo los quórums de 103 a 89 votos en la Cámara de Diputados y de 33 a 29 en el Senado, quedó lista para que el presiente Gabriel Boric la promulgue y entrará en vigor luego de que sea publicada en la gaceta oficial.
Los chilenos decidirán el próximo 4 de septiembre si aceptan una nueva carta magna elaborada por una convención constitucional afín al mandatario de izquierda, o si la rechazan para que siga vigente la actual impuesta por la dictadura militar de 1973 a 1990.
La norma aprobada el miércoles es clave para el gobierno, especialmente después de que Boric dijo que de ganar el “Rechazo” el proceso constitucional tendrá que “empezar de cero” y habrá que elegir una segunda Convención Constituyente para que escriba otro proyecto.
Coincidentes encuestadoras locales señalan que en el referendo se impondría el “Rechazo” frente al “Apruebo”, aunque un estudio de opinión pública divulgado la víspera señala que la diferencia entre ambas opciones se ha estrechado.
Sin embargo, el mandatario necesitaría la concurrencia del Congreso para implementar otro proceso constituyente y es minoría entre los diputados, mientras el Senado está dividido en partes iguales entre el oficialismo y la oposición. La rebaja de votos abre más posibilidades de que Boric logre otra ley fundamental si pierde el plebiscito.

Cuñada presidente CastilloLIMA (AP) — La cuñada del presidente peruano Pedro Castillo se entregó el miércoles a la fiscalía luego de que la policía la buscara sin éxito la víspera en el palacio presidencial para detenerla por supuestamente integrar un grupo de lavado de activos que estaría liderado por el mandatario.
José Dionicio, abogado de Yenifer Paredes —la cuñada de 26 años del presidente y a quien la pareja presidencial crió como hija desde niña_, dijo a la radio local RPP que su defendida se presentó de forma voluntaria y no se convertirá en delatora porque se considera inocente.
Dionicio no dio detalles sobre dónde pernoctó Paredes ni dónde estaba durante la intervención policial en el palacio presidencial.
La fiscalía acusa a Castillo, a varios familiares, al actual ministro de Transportes Geiner Alvarado y a un alcalde del pueblo donde vivía el mandatario de integrar un grupo criminal. La coordinadora del mismo sería la primera dama y los testaferros tres cuñados de Castillo, incluida Paredes. Las empresas fachada serían propiedad de personas cercanas a la familia presidencial.
La fiscalía presume que Paredes ayudó al dueño de una de las supuestas empresas fachada a obtener obras públicas pese a no tener la capacidad económica para garantizar la ejecución de las obras ni la experiencia.
Imágenes de varias televisoras mostraron a la cuñada del presidente ingresando a la fiscalía mientras decenas de personas la apoyaban, varias de ellas dirigentes campesinos que se reunieron con Castillo por la mañana.

Ucrania anunciaKIEV, Ucrania (AP) — La fuerza aérea ucraniana anunció el miércoles la destrucción de nueve aviones rusos de combate en grandes explosiones en una base aérea en Crimea, entre especulaciones sobre que eran el resultado de un ataque ucraniano que supondría una importante escalada en la guerra.

Rusia negó que ninguna aeronave hubiera sufrido daños en las explosiones del martes o que se hubiera producido ningún ataque.

Las autoridades ucranianas no llegaron a atribuirse la responsabilidad de las explosiones, aunque se burlaron de las explicaciones de Rusia sobre que la munición de la base aérea de Saki había prendido y estallado, y subrayaron la importancia de la península anexionada hace ocho años por Moscú.

En su video de cada noche, difundido unas horas después de las explosiones, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, prometió retomar la península y dijo que “esta guerra rusa contra Ucrania y contra toda la Europa libre comenzó con Crimea y debe terminar con Crimea, con su liberación”.

Las autoridades rusas intentaron restar importancia el miércoles a las explosiones y dijeron que ninguno de los hoteles y playas de la península habría sufrido daños. El lugar es un popular destino de vacaciones para muchos rusos. Las explosiones, que mataron a una persona e hirieron a 13, hicieron que los turistas huyeran en pánico mientras las columnas de humo se alzaban sobre la costa cercana. Las detonaciones reventaron ventanas y causaron otros daños en algunos edificios de apartamentos.

gobierno de GiammatteiCIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La inflación, la corrupción y la persecución de los defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas desencadenaron el martes una protesta en Guatemala de la que participaban miles de campesinos, indígenas, estudiantes y organizaciones sociales.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones informó que se registraban nueve bloqueos de vías en ocho de los 22 departamentos del país.
La Asamblea Social y Popular -que aglutina a varias organizaciones- dijo que la protesta responde a las acciones del gobierno de Alejandro Giammattei y denunció un sistemático debilitamiento del sistema político y de justicia.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.
Más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron tras denunciar una persecución por parte de la Fiscalía General. Consuelo Porras, titular del Ministerio Público, ha sido señalada por el gobierno de Estados Unidos de socavar el estado de derecho y obstaculizar la lucha contra la corrupción. En 2021 Porras fue sancionada por ese país, que le retiró la visa de entrada.
Durante el gobierno de Giammattei -que comenzó en enero de 2020- el Congreso aprobó una ley que regula a las organizaciones no gubernamentales a discreción del gobierno y actualmente debate una norma que, entre otras cosas, le daría a la policía y el ejército la facultad de usar armas contra los manifestantes.
Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.
Boric buscaSANTIAGO (AP) — El gobierno del presidente Gabriel Boric busca salvar la aprobación del plebiscito constitucional a pocas semanas de su celebración en Chile conquistando votos de sectores de centroizquierda que rechazan una nueva Constitución, con la promesa de introducirle cambios a los temas más resistidos en caso de ser avalada el 4 de septiembre.
Boric amarró el destino de su gobierno a la aprobación del texto, escrito por una Convención Constitucional dominada por la izquierda, que reemplazaría a la Carta Magna impuesta por la dictadura militar (1973-1990) en el caso de que se imponga la opción “Apruebo”. Si triunfa el “Rechazo”, seguirá vigente la Constitución de los militares.
Los analistas políticos coinciden que en caso de ganar el “Rechazo”, el gobierno quedaría muy debilitado y Boric sin una agenda propia.
Sendas encuestas de las consultoras locales Cadem y Pulso Ciudadano del fin de semana indican que el “Rechazo” al texto ganaría por 10 y 15 puntos, respectivamente, al “Apruebo”. La encuestadora MORI indica que la diferencia entre ambas opciones bordea los cinco puntos.
El texto que se plebiscitará no puede ser modificado, por lo que la estrategia del gobierno es que los partidos oficialistas se comprometan formalmente y por escrito a introducir cambios específicos en la nueva Constitución si triunfa el “Apruebo”.
Boric instó hace una semana a sus dos coaliciones políticas a alcanzar acuerdos en torno a futuras reformas antes del día del plebiscito, aunque existen puntos de vistas diferentes al respecto en los partidos aliados al gobernante.

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