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Puente reconstruccionANNAPOLIS, Maryland (AP) — Maryland planea reconstruir el puente Francis Scott Key en poco más de cuatro años a un costo estimado entre $1.7 mil millones y $1.9 mil millones, dijo el jueves un funcionario de transporte estatal.
El estado planea construir un nuevo tramo para el otoño de 2028, dijo David Broughton, portavoz del Departamento de Transporte de Maryland. Dijo que la estimación de costos es preliminar y que no se han confirmado los detalles de ingeniería detallados.
Mientras continúan los esfuerzos de rescate, las autoridades también anunciaron el miércoles por la noche que habían recuperado el cuerpo de una quinta persona que estaba desaparecida después del colapso del puente el 26 de marzo , que cerró el puerto de Baltimore, uno de los más activos del país.
Seis miembros de un equipo de obras viales murieron al caer cuando un buque portacontenedores perdió energía y se estrelló contra una de las columnas de soporte del puente. El Comando Unificado de Respuesta de Key Bridge anunció que la víctima encontrada el miércoles fue identificada como Miguel Ángel Luna González, de 49 años, de Glen Burnie, Maryland. Todas las víctimas eran inmigrantes latinos que llegaron a Estados Unidos desde México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
“Seguimos orando por Miguel Ángel Luna González, su familia y todos aquellos que lo aman, reconociendo la angustia que han experimentado desde que colapsó el puente Key”, dijo el gobernador Wes Moore en un comunicado el jueves. “Oramos por consuelo, oramos por curación y oramos por la paz al saber que su ser querido finalmente ha regresado a casa”.
Los equipos de rescate encontraron el miércoles uno de los vehículos de construcción desaparecidos y notificaron a la Policía Estatal de Maryland, dijeron las autoridades. Investigadores de la policía estatal y agentes de policía de la Autoridad de Transporte de Maryland y el FBI acudieron al lugar y recuperaron el cuerpo dentro de un camión rojo. También ayudaron el equipo de recuperación submarina de la policía estatal y la unidad de escena del crimen.
Mientras tanto, el corredor de la póliza de seguro del puente confirmó el jueves que se realizará un pago de 350 millones de dólares al estado de Maryland en lo que se espera sea el primero de muchos pagos relacionados con el colapso.
Chubb, la compañía que aseguró el puente, se está preparando para realizar el pago de 350 millones de dólares, según WTW, el corredor. Douglas Menelly, portavoz de WTW, confirmó el jueves los planes para el pago, que fue informado por primera vez por The Wall Street Journal. Chubb no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves.
La Autoridad de Transporte de Maryland dijo el jueves que el tesorero del estado presentó una reclamación el día del colapso del puente “contra nuestra póliza de propiedad de $350 millones y notificó nuestra póliza de responsabilidad de $150 millones para el transportista de primer nivel en nombre de MDTA”.
"Esperamos que la póliza de propiedad completa se pague muy pronto", dijo la agencia en un comunicado de prensa.
Los funcionarios de transporte de Maryland señalaron que las estimaciones del estado sobre el costo de reconstruir el puente están en línea con proyectos similares de esta escala y complejidad. Los fondos federales, los ingresos de seguros y otros reembolsos aportarán una variedad de recursos para el esfuerzo de reconstrucción y recuperación, dijeron los funcionarios, y el estado está buscando otras opciones de recuperación para minimizar el costo neto para los contribuyentes y clientes de peajes.
El portacontenedores Dali ha estado parado entre los escombros desde el colapso, pero las tripulaciones planean reflotarlo y retirarlo , lo que permitirá que se reanude más tráfico marítimo a través del puerto de Baltimore. Las autoridades esperan retirarlo antes del 10 de mayo, según un comunicado de prensa del Puerto de Baltimore.
Los equipos de salvamento y demolición seguían trabajando día y noche para retirar los restos del lugar del derrumbe. Ahora se centran principalmente en liberar al Dali de un enorme tramo de acero que se estrelló contra la proa del barco.
Esto permitirá reflotar el barco y guiarlo de regreso al puerto de Baltimore. También permitirá que la mayor parte del tráfico marítimo se reanude a través del concurrido puerto de la costa este.
El jueves por la mañana, los equipos se estaban preparando para una demolición controlada que romperá el tramo más grande restante y lo arrojará al agua. Luego, un enorme dispositivo hidráulico levantará las secciones de acero resultantes sobre barcazas.
El recogedor hidráulico, que las autoridades han calificado como el más grande del país, también estaba en movimiento el jueves por la mañana. Moviéndose muy lentamente, la garra gigante descendió a las profundidades del río Patapsco y emergió con una viga de acero entre sus vigas. Estaba operando en conjunto con la Chesapeake 1000, una de las grúas más grandes de la costa este.
Las periodistas de Associated Press Denise Lavoie en Richmond, Virginia, y Lea Skene en Baltimore contribuyeron a este informe.
POR  BRIAN WITTE
(Foto AP/Matt Rourke)

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Biden administracionWASHINGTON (AP) — Se espera que aproximadamente 100.000 inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños se inscriban el próximo año en el seguro médico de la Ley de Atención Médica Asequible según una nueva directiva que la administración Biden publicó el viernes.
La medida tardó más de lo prometido en finalizar y no cumplió con la propuesta inicial del presidente demócrata Joe Biden de permitir que esos inmigrantes se inscribieran en Medicaid , el programa de seguro médico que brinda cobertura casi gratuita a las personas más pobres del país.
Pero permitirá que miles de inmigrantes accedan a lucrativas exenciones fiscales cuando se inscriban para obtener cobertura después de que se abra la inscripción en el mercado de la Ley de Atención Médica Asequible el 1 de noviembre, pocos días antes de las elecciones presidenciales.
Si bien puede ayudar a Biden a aumentar su atractivo en un momento crucial entre los latinos, un bloque electoral crucial que Biden necesita para ganar las elecciones, la medida seguramente provocará más críticas entre los conservadores sobre las políticas fronterizas y migratorias del presidente.
La acción abre el mercado a cualquier participante en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de la era Obama, muchos de los cuales son latinos .
Xavier Becerra , el principal funcionario de salud del país, dijo el jueves que muchos de esos migrantes han retrasado la obtención de atención porque no han tenido cobertura.
“Incurren en mayores costos y deudas cuando finalmente reciben atención”, dijo Becerra a los periodistas en una llamada. "Hacer que los Dreamers sean elegibles para inscribirse en la cobertura mejorará su salud y bienestar y fortalecerá la salud y el bienestar de nuestra nación y nuestra economía".
La acción de la administración cambia la definición de “presente legalmente” para que los participantes de DACA puedan inscribirse legalmente en el mercado de intercambio.
El entonces presidente Barack Obama lanzó la iniciativa DACA para proteger de la deportación a los inmigrantes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños y para permitirles trabajar legalmente en el país. Sin embargo, los inmigrantes, también conocidos como “Dreamers”, todavía no eran elegibles para programas de seguro médico subsidiados por el gobierno porque no cumplían con la definición de tener una “presencia legal” en los EE.UU.
La administración decidió no ampliar la elegibilidad para Medicaid para esos inmigrantes después de recibir más de 20.000 comentarios sobre la propuesta, dijeron altos funcionarios el jueves. Esos funcionarios se negaron a explicar por qué la norma, que se propuso por primera vez en abril pasado , tardó tanto en finalizar. La demora significó que los inmigrantes no pudieron inscribirse en el mercado para obtener cobertura este año.
Más de 800.000 de los inmigrantes serán elegibles para inscribirse en la cobertura del mercado, pero la administración predice que sólo 100.000 se inscribirán porque algunos pueden obtener cobertura a través de su lugar de trabajo o de otras maneras. Es posible que algunos también no puedan pagar la cobertura a través del mercado.
Otras clases de inmigrantes, incluidos los solicitantes de asilo y las personas con estatus de protección temporal , ya son elegibles para comprar seguros a través de los mercados de la ACA, la ley de atención médica de Obama de 2010, a menudo llamada "Obamacare".
AMANDA SEITZ
Seitz es un reportero de Associated Press que cubre la política federal de atención médica. Tiene su sede en Washington, DC.
(Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

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Encarcelado injustamenteANNAPOLIS, Maryland, EE.UU. (AP) — Las autoridades de Maryland aprobaron el miércoles el pago de más de 3 millones de dólares en compensación a un hombre de Baltimore que pasó 31 años en prisión, condenado injustamente por asesinato.
El gobernador Wes Moore se disculpó ante Gary Washington en una reunión del Consejo de Obras Públicas, en la que se aprobó la compensación.
“A nombre de todo el estado, me disculpo por la falla en el sistema de justicia”, dijo Moore, y añadió que, si bien ninguna suma puede compensar la injusticia, rogaba que el estado pudiera proporcionar una compensación “en una forma que su familia merece”.
Washington tenía 25 años y había sido padre recientemente cuando fue condenado en 1987 por asesinato en primer grado y delito con arma de fuego por la muerte a tiros de Faheem Ali, ocurrida el año anterior.
Ninguna prueba física lo vinculaba con el asesinato, de acuerdo con Moore, y varios testigos dijeron que él no había sido quien disparó. Asimismo, varias personas dieron testimonio de su paradero en el momento exacto en que se cometió el crimen, dijo Moore.
“El testigo clave de la fiscalía en el juicio, que en ese entonces tenía 12 años, se retractó después de su identificación del señor Washington como el asesino, diciendo que había sido manipulado por la policía para enviar al señor Washington a prisión”, dijo el gobernador demócrata.
Washington, que actualmente tiene 63 años, fue liberado en octubre de 2018, meses después de que sus condenas fueron anuladas en el tribunal de circuito de la ciudad de Baltimore. En enero de 2019, la fiscalía del estado de Baltimore desestimó los cargos.
Un juez de derecho administrativo encontró que, según la ley del estado, Washington tiene derecho a recibir 94.991 dólares, o el ingreso promedio familiar actual en Maryland, por cada uno de los 31 años que pasó injustamente en prisión.
Además de recibir casi 3 millones de dólares por confinamiento erróneo, obtendrá más de 89.000 dólares para resolver reclamos de prestaciones de alojamiento.
(AP Foto/Brian Witte, Archivo)
BY BRIAN WITTE

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Universitarios LOS ÁNGELES (AP) — Un grupo de personas, algunas de las cuales llevaban banderas israelíes, atacó “con violencia” un campamento de protesta contra la guerra en Gaza en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) a primeras horas del miércoles, informó el canciller de la institución, y activistas se enfrentaron con policías que destruyeron sus tiendas de campaña en la Universidad de Wisconsin, campus Madison, en una jornada de intensa violencia en algunas instalaciones universitarias.
Los administradores de la UCLA y la policía del campus tardaron en intervenir y solicitar refuerzos de las autoridades durante la trifulca en el campus de Los Ángeles, lo que desató críticas generalizadas de estudiantes musulmanes contra la alcaldesa de la ciudad y el gobernador de California, Gavin Newsom.
Los agresores arrojaron señalizaciones de tránsito y sillas, lanzaron gas pimienta y derribaron las barricadas que rodeaban el campamento. Quince personas resultaron heridas durante el enfrentamiento, una de las cuales fue hospitalizada, según directivos de la universidad.
Las caóticas escenas del miércoles se produjeron después de que la policía irrumpió la noche del martes en un edificio de la Universidad de Columbia ocupado por manifestantes que se oponen a la guerra, dispersando una protesta que había paralizado a la institución.
El canciller de la UCLA, Gene Block, afirmó en un comunicado que “un grupo de instigadores” se presentó en el campus el martes por la noche para “atacar con violencia” el campamento propalestino.
Tras un par de horas de escaramuzas entre los bandos, policías con cascos separaron la los grupos. Horas más tarde el miércoles, manifestantes opuestos a la guerra en Gaza reconstruyeron una barricada alrededor de su campamento.
Organizaciones y estudiantes musulmanes arremetieron contra las autoridades universitarias y la policía durante una conferencia de prensa el miércoles, asegurando que no intervinieron mientras los alumnos que se encontraban en el campamento propalestino eran acosados verbalmente, rociados con gas pimienta y golpeados.
“La comunidad debe sentir que la policía los protege, no que permite que otros les hagan daño”, declaró Rebecca Husaini, jefa de despacho del Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes.
Los oradores cuestionaron la versión de la universidad de que había 15 personas heridas y una hospitalizada, afirmando que el número de lesionados que fueron trasladados al hospital era mucho mayor. Un alumno dijo que tuvo que ir al hospital después de recibir un golpe en la cabeza con un objeto que blandía uno de los atacantes.
Varios de los estudiantes que hablaron en la conferencia de prensa dijeron que tuvieron que apoyarse unos a otros, y no depender de la policía, durante el ataque, y que muchos de los integrantes del campamento propalestino mantuvieron la calma y no se enfrentaron con el bando opuesto.
La UCLA canceló las clases del miércoles. El Departamento de Policía de Los Ángeles indicó que no se hicieron detenciones durante la reyerta.
En Madison estalló una trifulca el miércoles después de que policías con escudos retiraron todas las tiendas de campaña, con excepción de una, y empujaron a los manifestantes. Cuatro agentes resultaron heridos, incluido un patrullero estatal que recibió un golpe en la cabeza con una patineta, indicaron las autoridades. Los manifestantes instalaron más tiendas de campaña en el lugar en cuestión de horas.
Más de 30 personas fueron detenidas, pero la policía señaló que sólo cuatro de ellas fueron acusadas de agredir a personal policial.
Los campamentos de protesta que exigen a las universidades que dejen de hacer negocios con Israel o con compañías que apoyan la guerra en Gaza se han extendido por los campus de todo el país, en un movimiento estudiantil que no se había visto este siglo. La respuesta policial ha sido similar a la de hace varias décadas en contra de movimientos mucho más grandes que protestaban contra la Guerra de Vietnam.
Todo esto ocurre durante un año electoral en Estados Unidos, lo que plantea dudas de si los votantes más jóvenes respaldarán el intento de reelección del presidente Joe Biden, considerando el firme apoyo que su gobierno ha dado a Israel.
Ha habido confrontaciones con las autoridades y más de 1.300 personas han sido arrestadas. En algunos casos, los funcionarios universitarios y los líderes de las protestas han establecido acuerdos para restringir las perturbaciones a la vida universitaria y a las ceremonias de graduación venideras.
Block prometió que la universidad llevará a cabo una investigación exhaustiva. Las autoridades no han aclarado si todos los manifestantes eran estudiantes.
“Independientemente de lo que uno piense sobre el campamento, este ataque contra nuestros estudiantes, profesores y miembros de la comunidad fue totalmente inaceptable”, dijo Block. “Ha sacudido nuestro campus hasta sus cimientos”.
Edgar Gomez, un estudiante de último año en la UCLA, salió de su dormitorio para ver la trifulca.
“Nunca había visto algo así”, dijo Gomez, quien subrayó que no pertenece a ninguno de los grupos. “Nunca había visto a personas tan enojadas”.
Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, exigieron que los involucrados en las trifulcas rindan cuentas. Un portavoz del gobernador dijo que se enviaron policías externos después de la “inaceptable” demora en la respuesta de la fuerza policial de la universidad a los enfrentamientos.
Las manifestaciones en campus universitarios de todo el país comenzaron en Columbia en protesta por la ofensiva de Israel en Gaza que se lanzó después de que Hamás atacó Israel el 7 de octubre. Los combatientes mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a cerca de 250 como rehenes. Israel ha matado a más de 34.000 palestinos en la Franja de Gaza, según el ministerio de Salud del territorio palestino.
El martes por la noche, policías de Nueva York entraron en el campus de Columbia y desalojaron un campamento en los terrenos de la escuela y el edificio Hamilton Hall. Los policías usaron una escalera para ingresar por una ventana del segundo piso, y señalaron posteriormente que los manifestantes que se encontraban en el interior no opusieron gran resistencia. Habían ocupado el edificio unas 20 horas antes.
El primer campamento de protesta en Columbia fue instalado hace casi dos semanas. Al día siguiente la escuela envió a la policía a desalojar el lugar, donde arrestó a más de 100 personas. Pero los manifestantes regresaron.
Las negociaciones entre manifestantes y la universidad se estancaron en los últimos días, y la escuela fijó el lunes como fecha límite para que los estudiantes desalojaran el campamento o serían suspendidos.
En lugar de ello, los manifestantes tomaron Hamilton Hall a primeras horas del martes, llevando consigo mobiliario y barricadas metálicas.
En una carta dirigida a altos mandos policiales, la presidenta de Columbia, Nemat Shafik, dijo que la dirección solicitó a los agentes que retiraran a los manifestantes “con el más profundo pesar”.
Columbia se refirió el miércoles a Hamilton Hall como “una escena del crimen activa” que está siendo investigada por el Departamento de Policía de Nueva York. Limitó el acceso al campus y no se permitió que la prensa ingresara a las instalaciones.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, culpó el miércoles a “agitadores externos” por encabezar las protestas, y en reiteradas ocasiones mencionó la presencia de una mujer en el campus de Columbia cuyo esposo, aseguró, había sido “condenado por terrorismo”. La mujer, Nahla Al-Arian, no estuvo esta semana en el campus de Columbia ni se encuentra entre los manifestantes que fueron arrestados.
Al-Arian, una maestra jubilada de escuela primaria, dijo a The Associated Press que Adams tergiversó tanto su papel en las protestas como los hechos sobre su esposo, Sami Al-Arian, un reconocido activista palestino. Nahla Al-Aria dijo que sí fue a Columbia un día, el 25 de abril, para ver el campamento, pero que se retiró del lugar cuando se cansó.
A unas cuadras de distancia de Columbia, en The City College of New York, un video mostraba a agentes que derribaban a personas y empujaban a otras mientras despejaban la calle y las aceras el martes por la noche.
Unas 300 personas fueron arrestadas durante la represión policial en la Universidad de Columbia y el City College, indicaron las autoridades.
La Universidad Brown alcanzó un acuerdo el martes con los manifestantes en su campus de Rhode Island. Los inconformes cerraron su campamento después de que los administradores accedieron a debatir una votación para desinvertir en Israel en octubre. Aparentemente sería la primera universidad estadounidense que accede a este tipo de demandas.
En tanto, campamentos de protesta fueron desalojados por la policía o cerraron voluntariamente en distintas escuelas del país, como la Universidad Fordham en Nueva York, la Estatal de Portland en Oregon, la Universidad del Norte de Arizona en Flagstaff y la Universidad Tulane en Nueva Orleans.
Israel y sus aliados han tachado las protestas estudiantiles de antisemitas, mientras que los críticos de Israel dicen que esas acusaciones se emplean para silenciar a la oposición. Aunque algunos manifestantes han sido grabados haciendo comentarios antisemitas, los organizadores de las protestas, algunos de los cuales son judíos, dicen que se trata de un movimiento pacífico para defender los derechos de los palestinos y denunciar la guerra.
Offenhartz y Frederick informaron desde Nueva York. Periodistas de The Associated Press en todo el país contribuyeron a este despacho, entre ellos: Cedar Attanasio, Jonathan Mattise, Stefanie Dazio, Jae C. Hong, Colleen Long, Karen Matthews, Sarah Brumfield, Carolyn Thompson, Philip Marcelo, Corey Williams y Felicia Fonseca.
JAKE OFFENHARTZ
Offenhartz is a general assignment reporter in the New York City bureau of The Associated Press.
JOSEPH B. FREDERICK
Frederick is an Associated Press video journalist and producer based in New York City. His coverage has included hurricanes, the Sandy Hook school shooting and the Colorado theater shooting.
BY JAKE OFFENHARTZ, JOHN ANTZAK, JOSEPH B. FREDERICK AND ETHAN SWOPE
(AP Foto/Jae C. Hong)

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Trump utilizaraWASHINGTON (AP) — Donald Trump dice que usaría la Guardia Nacional como parte de sus esfuerzos para deportar a millones de inmigrantes en todo el país si es reelegido, lo que indica que está redoblando la retórica antiinmigración que impulsó su anterior ascenso al poder.
Los comentarios de Trump se produjeron durante una larga entrevista telefónica y en persona con la revista Time a principios de este mes. La historia adjunta se publicó en línea el martes.
Trump no dijo exactamente cómo llevaría a cabo las operaciones de deportación y qué papel jugaría la Guardia Nacional en ellas. Trump, el presunto candidato republicano a la presidencia, dijo que no se oponía a utilizar militares en servicio activo si fuera necesario, pero que pensaba que la Guardia Nacional haría el trabajo.
"Si pensara que las cosas se están saliendo de control, no tendría ningún problema en recurrir al ejército", afirmó. “Tenemos que tener seguridad en nuestro país. Tenemos que tener ley y orden en nuestro país. Y lo que sea que nos lleve allí, creo que la Guardia Nacional hará el trabajo”.
Las fuerzas militares estadounidenses (tanto de la Guardia Nacional como en servicio activo) históricamente se han utilizado en la frontera para respaldar al personal de inmigración. Sin embargo, utilizar fuerzas de la Guardia Nacional, o militares en servicio activo, para ayudar directamente con la deportación de migrantes, especialmente en el interior del país, sería una escalada drástica de su uso en la esfera de la inmigración y probablemente enfrentaría desafíos legales.
Durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional consideró utilizar tropas de la Guardia Nacional para detener a inmigrantes no autorizados, pero los planes finalmente nunca llegaron a buen término.
Los presidentes han utilizado tropas, a menudo fuerzas de la Guardia Nacional, para reforzar la seguridad fronteriza de diferentes maneras. El presidente George W. Bush llamó a las tropas de la Guardia Nacional a reforzar la seguridad a lo largo de la frontera suroeste en la “Operación Jumpstart”, mientras que la “Operación Falange” del presidente Barack Obama también utilizó tropas de la Guardia Nacional de manera similar.
Los presidentes Joe Biden y Donald Trump también han utilizado tropas en servicio activo y fuerzas de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad fronteriza y ayudar con tareas relacionadas con la inmigración.
Pero esas fuerzas en la frontera se han utilizado de maneras específicas y restringidas, como ingreso de datos, vigilancia o apoyo de almacén, o para brindar apoyo logístico en formas que no interactúan directamente con los migrantes y están diseñadas para liberar al personal de inmigración para hacer su trabajo.
Cuando se trata de encontrar y expulsar a personas del país, eso generalmente es competencia del brazo de Operaciones de Ejecución y Expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Identifican, arrestan, detienen y expulsan a personas a las que se ha determinado que no tienen derecho a permanecer en el país.
A menudo, esto puede ser un proceso largo y costoso porque las expulsiones a menudo se realizan por avión y porque muchos países no aceptan recibir inmigrantes de sus países.
La ley federal generalmente prohíbe el uso de miembros del servicio activo para hacer cumplir la ley dentro de los EE. UU., a menos que lo autorice específicamente el Congreso.
Cuando se le preguntó específicamente a Trump si anularía las restricciones sobre el uso del ejército estadounidense contra civiles, Trump dijo que las personas que serían atacadas no son civiles.
“Estas son personas que no están legalmente en nuestro país. Esta es una invasión a nuestro país. Una invasión como probablemente ningún país haya visto antes”, dijo Trump a la revista.
Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración una pieza central de su campaña de reelección, repitiendo una estrategia que le funcionó cuando se postuló por primera vez para el cargo.
Ha acusado a los inmigrantes de “envenenar la sangre del país” y se ha referido a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que son sospechosas de cometer crímenes como “animales”. Ha prometido poner fin a la ciudadanía por nacimiento y reimponer su prohibición de viajar que originalmente apuntaba a siete países de mayoría musulmana.
REBECA SANTA
Santana cubre el Departamento de Seguridad Nacional para The Associated Press. Tiene una amplia experiencia informando en lugares como Rusia, Irak, Afganistán y Pakistán.
 (Eduardo Muñoz/Pool Photo vía AP)
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