MONTGOMERY, Alabama, EE.UU. (AP) — Los legisladores de Alabama aprobaron una ley que convierte en delito grave el introducir al estado de forma intencional a alguien que se encuentre en Estados Unidos sin autorización legal, acogiendo proyectos de ley similares a nivel nacional que podrían restringir los viajes entre estados para algunos inmigrantes.

La ley, que recibió la aprobación final el miércoles, protege “no sólo a los ciudadanos de Alabama, sino también a las personas que están inmigrando aquí legalmente y haciendo todo de la manera correcta”, sostuvo el senador republicano Wes Kitchens, patrocinador del proyecto de ley.

La medida establece exenciones para profesionales médicos como conductores de ambulancias y empleados de bufetes de abogados, educadores, iglesias u organizaciones benéficas que realicen tareas “no comerciales”. La ley también describe un proceso para que las fuerzas del orden determinen el estatus migratorio de una persona que haya sido arrestada. La propuesta se dirige ahora a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, quien tiene 10 días para firmar la ley o de lo contrario fracasará por un veto de bolsillo.

Alabama se une a al menos otros nueve estados que han considerado aprobar una ley este año que convierte en delito el transportar a inmigrantes que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, según un análisis de The Associated Press utilizando el software Plural, que da seguimiento a los proyectos de ley. Es uno de los muchos proyectos de ley recientemente aprobados por legislaturas estatales conservadoras que buscan apoyar la represión de la inmigración del presidente Donald Trump.

Los activistas señalan que Alabama podría terminar atrapando a personas que proporcionan transporte a través de las fronteras estatales para servicios esenciales, como audiencias en cortes federales de inmigración en Nueva Orleans y Atlanta, viajes obligatorios a consulados fuera del estado y visitas familiares.

Jordan Stallworth, de 38 años, trabaja como coordinador de participación cívica para la Coalición de Justicia para Inmigrantes de Alabama y vive en Wedowee, Alabama, un pueblo rural de unas 800 personas que está a sólo 20 minutos de Georgia en un viaje en carretera. Su esposa tiene familiares que viven sin estatus legal en ambos estados y a menudo ayuda a miembros de la familia y otros inmigrantes en la comunidad con el transporte.

Recientemente, llevó a un familiar sin estatus legal a la sala de maternidad en Carrollton, Georgia, a 56 kilómetros (35 millas) de distancia, ya que el hospital local no tiene una. Stallworth teme que viajes similares sean penalizados.

“No voy a quedarme aquí mientras alguien se muere frente a mí sólo para tener un bebé; no voy a quedarme aquí y simplemente dejarla morir, sea familia o no”, subrayó Stallworth.

La ley federal ya tipifica como delito el transporte intencionado de alguien que se encuentra en Estados Unidos con estatus migratorio irregular. Esa ley se ha utilizado en áreas fronterizas contra conductores que recogen a personas que cruzan a Estados Unidos sin autorización legar. Pero históricamente no se ha utilizado para cosas menores como llevar a alguien al supermercado, dijo Kathleen Campbell Walker, una abogada de inmigración con mucha experiencia en El Paso, Texas.

Pero los defensores de los inmigrantes están observando para ver si eso cambia bajo Trump.

“La probabilidad de que eso se aplique es mayor ahora debido al enfoque en remover a personas indocumentadas de Estados Unidos”, indicó Walker.

La ley de Alabama es similar a una ley aprobada en Florida en 2023, que convirtió en delito estatal el transporte intencionado de alguien que haya ingresado de manera irregular a Estados Unidos. Un juez federal emitió una orden judicial preliminar contra la ley de Florida el año pasado, señalando su preeminencia por la ley federal. Pero en marzo, el juez limitó esa orden judicial para bloquear la aplicación de la ley sólo contra algunos que demandaron, incluidos varios individuos y miembros de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.

El congresista demócrata Phillip Ensler testificó contra el proyecto de ley de Alabama, diciendo que el delito ya existe bajo la ley federal. Concedió que las exenciones mejoraron el proyecto de ley, pero dijo: “Parece muy cruel y demasiado amplio que vayamos a penalizar a personas que hacen cosas inocentes”.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, un republicano, firmó una ley la semana pasada que penaliza el albergar, transportar o esconder a individuos sin estatus de inmigración legal “con el propósito de obtener ventaja comercial o ganancia financiera privada”.

Texas también ha endurecido sus leyes de inmigración. El año pasado, aumentó las penas de prisión bajo una ley estatal contra el tráfico de inmigrantes que prohíbe transportar a personas con la intención de ocultarlas de las fuerzas del orden.

Algunas de las medidas similares consideradas por las legislaturas este año se aplicarán de manera más limitada que las leyes de Florida y Texas. Una ley de Idaho firmada en marzo por el gobernador republicano Brad Little crea un delito grave de “tráfico de un extranjero ilegal peligroso”, definido como el transporte intencionado de alguien en el país sin autorización legal y que ha sido condenado por un delito grave o ciertos delitos sexuales. El nuevo delito es punible con hasta dos años de prisión y una multa de 10.000 dólares.