WASHINGTON (AP) — El gobierno de Joe Biden amplió el lunes sus esfuerzos por evacuar de Afganistán a ciudadanos afganos en peligro, ante un aumento de la violencia talibán en el país antes de la retirada militar estadounidense a final de mes.El Departamento de Estado anunció que ampliaría la lista de afganos que pueden pedir asilo en Estados Unidos para incluir a empleados actuales y pasados de medios de comunicación con sede en Estados Unidos, agencias de ayuda y desarrollo con sede en Estados Unidos y otros grupos de asistencia que reciben financiamiento de Estados Unidos. Empleados actuales y pasados del gobierno estadounidense y de la OTAN que no cumplan los criterios para un programa específico de esos empleados también estarán incluidos.
La medida supondrá que “muchos miles” de afganos y sus familias inmediatas tendrán ahora la oportunidad de ser reubicados de forma permanente en Estados Unidos como refugiados, según el Departamento de Estado. No se dio una cifra más específica de cuántas personas podrían optar al programa.
“El objetivo de Estados Unidos sigue siendo un Afganistán seguro, pacífico”, indicó el Departamento en un comunicado. “Sin embargo, a la vista del incremento de la violencia talibán, el gobierno de Estados Unidos trabaja para proporcionar a algunos afganos, incluidos aquellos que trabajaron con Estados Unidos, la oportunidad de una reubicación como refugiados en Estados Unidos”.
WASHINGTON (AP) — Después de muchas demoras, los senadores dieron a conocer un paquete bipartidista de infraestructura de casi 1 billón de dólares el domingo por la noche, concluyendo días de trabajo cuidadoso en el voluminoso proyecto de ley e iniciando el que seguramente será un largo debate sobre esta prioridad del presidente Joe Biden.La Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos cuenta con unas 2.700 páginas, y los senadores podrían empezar a hacerle enmiendas pronto. Luego de las prisas durante una inusual sesión de fin de semana, las emociones se desbordaron una vez que quedó concluida. No se pretendía que se apartara del amplio esbozo que los senadores estuvieron negociando durante semanas con la Casa Blanca.
“No hemos realizado un gran proyecto bipartidista de esta naturaleza en largo tiempo”, dijo Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado. Señaló que en cuestión de días podría llevarse a cabo una votación final.
Parte crucial de los planes de Biden, el proyecto de ley bipartidista es la primera fase del plan de infraestructura del mandatario. Presenta nuevos gastos por 550.000 millones de dólares durante cinco años por encima de los niveles federales presupuestados, lo que podría ser uno de los gastos más sustanciales en caminos, puentes, plantas de tratamiento de agua, banda ancha y la red eléctrica en años.
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AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Una nueva orden del gobernador Greg Abbott que permite que los policías de Texas detengan a vehículos que lleven inmigrantes por considerar que podrían aumentar la propagación del COVID-19 rápidamente fue blanco de críticas el jueves y el Departamento de Justicia amenazó con impugnarla.El secretario de Justicia Merrick Garland pidió a Abbott que retire la orden inmediatamente, un día después de que la emitiera el gobernador republicano, quien intentará ser reelegido en 2022 y lleva meses tratando de reivindicar la línea dura del expresidente Donald Trump en materia de inmigración.
La carta de Garland está entre las reacciones más fuertes hasta ahora en el gobierno del presidente Joe Biden respecto a las acciones emprendidas por Abbott en la frontera de Estados Unidos con México, que también han incluido encarcelar a los inmigrantes por cargos de delitos estatales y construir nuevas vallas a lo largo del río Bravo. Grupos defensores de los derechos civiles y activistas por los inmigrantes han criticado la orden más reciente de Abbott para reducir los cruces fronterizos, señalando que podría alentar la discriminación racial y restringir la capacidad de los albergues para recibir a familias recién llegadas a territorio estadounidense.
“La orden es peligrosa e ilegal”, escribió Garland.
El secretario dijo que Texas “no tiene autoridad para interferir” con los amplios poderes del gobierno en materia de inmigración, y planteó la posibilidad de demandar si la orden no es retirada.
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MIAMI (AP) — Los ingresos a hospitales de pacientes con coronavirus siguen aumentando en Florida, y por lo menos dos zonas del estado superaron los picos anteriores registrados en el repunte del verano de 2020, ante lo cual las autoridades locales exhortaron al gobernador a que declare una emergencia.Un sistema hospitalario de gran tamaño en Jacksonville informó que sus hospitales están a su máxima capacidad y que sus centros de emergencias también se encuentran en un punto crítico, en un momento en que el estado lidia con la variante delta del COVID-19, la cual es más contagiosa.
En el condado Brevard, dos hospitales empezaron a colocar carpas para atender pacientes en sus departamentos de emergencia. Y en un parque de Fort Lauderdale, una larga fila de automóviles serpenteaba alrededor de un sitio de pruebas de coronavirus, evocando las primeras semanas de la pandemia en 2020.
Los hospitales de Florida reportaron más de 8.900 pacientes con COVID-19 el jueves, de acuerdo con datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La Asociación de Hospitales de Florida indicó que el estado registró 10.179 casos en su punto máximo en julio del año pasado.
El número de pacientes en hospitales el jueves era cinco veces mayor que hace un mes, y se elevó rápidamente desde un poco menos de 5.500 en sólo una semana.
“Lo que es extraordinario es la velocidad con la que estamos viendo casos nuevos actualmente”, dijo el doctor Vincent Hsu, director ejecutivo de prevención de infecciones y epidemiólogo hospitalario en AdventHealth en Orlando. “La pendiente es bastante pronunciada y no hemos visto el final. Esto continúa”.
AdventHealth dijo que había alcanzado un nuevo máximo el jueves desde que empezó la pandemia, con unos 1.000 pacientes hospitalizados con COVID-19 en su sistema en el centro de Florida. Doce hospitales del estado están reportando al gobierno federal una escasez grave de personal.
WASHINGTON (AP) — Con la esperanza de establecer un modelo para los empleadores de Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunciará el jueves que millones de trabajadores federales deberán demostrar que han recibido la vacuna contra el COVID-19 o someterse a pruebas diagnósticas regulares de coronavirus, estrictas medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas y restricciones de viaje.Una persona al tanto de los planes del presidente, que habló a condición de guardar el anonimato para confirmar los detalles que aún no han sido anunciados públicamente, destacó que las nuevas directrices no requieren que la vacunación sea obligatoria para los empleados federales y que aquellos que decidan no inocularse no están en riesgo de ser despedidos.
La nueva política supone un reconocimiento por parte del gobierno de Biden de que, siendo el mayor empleador del país, debe hacer más para impulsar las lentas tasas de vacunación en un momento en que están incrementándose los casos de coronavirus y las hospitalizaciones, impulsados en gran medida por la propagación de la variante delta, que es más contagiosa.
Biden ha culpado de lleno a aquellos que no se han vacunado por el resurgimiento del virus.
“La pandemia que tenemos ahora es una pandemia de los no vacunados”, declaró el mandatario durante una visita el miércoles a una planta de camionetas en Pensilvania, donde exhortó a aquellos que no están inoculados a que “por favor, por favor, por favor, por favor” acudan a inyectarse. La víspera, Biden comentó que “si esos otros 100 millones de personas se vacunaran, estaríamos en un mundo muy diferente”.