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Desde que cruzó la frontera de forma ilegal en abril, el salvadoreño de 28 años ha pasado por seis centros distintos en tres estados. Dice que se contagió de COVID-19, recibió insultos racistas y abusos de guardias y sufrió acoso de otros detenidos por ser homosexual.
“Me veo emocionalmente inestable porque he sufrido mucho en la detención”, dijo Martínez la semana pasada en el Correccional Winn de Luisiana. “Nunca imaginé ni esperé recibir este trato inhumano”.
Es uno de los cada vez más migrantes en centros de detención en todo Estados Unidos. Muchos de ellos, como Martínez, han superado sus primeras entrevistas para pedir asilo en el país.
El número de detenidos es más que el doble que al final de febrero, casi 27.000 personas para el 22 de julio, según los datos más recientes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). Eso supera los 22.000 detenidos el julio pasado bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump, aunque sigue muy por debajo del récord de agosto de 2019, cuando había más de 55.000 detenidos, según datos del ICE.
El aumento de las detenciones es doloroso para los aliados proinmigración del presidente, Joe Biden, que esperaban que cambiara la dura estrategia de su predecesor. Biden prometió en su campaña poner fin a la detención “prolongada” y el internamiento de inmigrantes en prisiones privadas, que alojan a la mayoría de las personas retenidas por el ICE.
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La nueva moratoria mantendría a millones de estadounidenses en sus viviendas mientras la variante delta del coronavirus se propaga por todo el país y los estados han sido lentos para entregar la ayuda federal para el alquiler. La medida suspendería temporalmente los desalojos en condados con “niveles altos y sustanciales” de casos de coronavirus y abarcaría zonas donde vive el 90% de la población estadounidense.
El anuncio supuso una especie de revés para el gobierno de Biden luego de que éste señaló que un fallo de la Corte Suprema impedía que se emitiera una moratoria. Pero la decisión de imponer una nueva medida pese a la incertidumbre jurídica también representó una victoria para los legisladores progresistas que presionaron a la Casa Blanca para hiciera más para evitar que aproximadamente 3,6 millones de estadounidenses perdieran sus hogares durante la crisis por el COVID-19.

La campaña de promoción, aunada a una serie de viajes y comparecencias por parte de políticos afines al mandatario, busca impulsar la aprobación de las dos secciones del plan nacional de infraestructura: una bipartidista enfocada en carreteras, transporte público y acceso a internet, y otra sólo con el apoyo de los demócratas enfocada en atención infantil y lo que la Casa Blanca califica de infraestructura humana.
Las votaciones sobre ambas secciones probablemente tendrán lugar las próximas semanas y lo más seguro es que sean estrechas. La Casa Blanca deberá mantener el apoyo de republicanos moderados, y también a los demócratas de ideologías variadas.
La coalición de grupos afines al mandatario ha creado un centro de operaciones y ha planificado unos 1.000 eventos para las próximas seis semanas, justo cuando el Congreso está en receso veraniego, revelaron fuentes a The Associated Press. La campaña incluye una gran cantidad de mensajes —tanto televisados como digitales— en los distritos de cada legislador a fin de presionarles a que cumplan su promesa de votar por esas iniciativas y a fin de enfatizar la popularidad que los planes de Biden tienen entre el público.
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Biden alcanzó esta semana -con un mes de retraso- su objetivo de que el 70% de los adultos de Estados Unidos hayan recibido al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19. Concebido en principio como una afirmación de la resiliencia estadounidense para coincidir con el Día de la Independencia, el hito ofrecía ahora poco que celebrar.
Impulsados por la variante delta del virus, los nuevos contagios están en una media de más de 70.000 al día, por encima del pico del verano pasado cuando no había vacunas disponibles. Y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades han sido criticados por expertos en la comunidad médica y científica por sus cambios de opinión sobre el uso de mascarillas.
Pero la variante delta no hace distinciones cuando se trata de política. Si la respuesta de Biden a la pandemia parece insuficiente, los gobernadores republicanos que se oponen a las medidas de precaución también se ven cuestionados. Ellos también contaban con que los casos cayeran. En lugar de eso, los pacientes sin vacunar abarrotan sus hospitales.
La estrategia de Biden logró conseguir vacunas más que suficientes para proteger el país, y para enviar 110 millones de dosis a otros países. Cuando el presidente fijó su objetivo de vacunación del 70% el 4 de mayo, Estados Unidos administraba unas 965.000 primeras dosis al día, más del doble de lo necesario para llegar al objetivo del 4 de julio.
Entonces empezaron a pasar cosas.
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Durante meses, la mayoría de los empleadores recurrieron a campañas de información, bonos y otros incentivos para alentar a sus trabajadores a que se vacunen contra el COVID-19. Ahora, un creciente número de ellos está imponiendo normas para dificultarle la vida a quienes se nieguen a inocularse, desde órdenes directas hasta requerir que se sometan a pruebas periódicas de coronavirus.
Entre los empleadores que están adoptando una postura más dura está el gobierno federal, los gobiernos de California y Nueva York, los gigantes tecnológicos Google y Facebook, Walt Disney Co. y la NFL. Algunos hospitales, universidades, restaurantes, bares y otros establecimientos de entretenimiento también han empezado a requerir que sus trabajadores estén vacunados.
Pero es poco probable que las nuevas medidas afecten a los millones de estadounidenses que no se han vacunado.
Muchas de las compañías que están pidiendo la vacunación tienen en su mayoría trabajadores que ya están inoculados y que no están dispuestos a trabajar junto a aquellos que no lo estén.
En contraste, compañías importantes que dependen de trabajadores de bajos ingresos —como los productores de alimentos, los almacenes, supermercados y otras cadenas de tiendas— están eludiendo las órdenes de vacunación por temor a alejar a los empleados y empeorar la escasez de mano de obra.
Tyson Foods, por ejemplo, dijo que aproximadamente la mitad de sus empleados en Estados Unidos, unas 56.000 personas, han sido vacunados luego de que el procesador de carne y aves de corral realizó más de 100 eventos de vacunación desde febrero. Sin embargo, la compañía señaló que no planea imponer una orden para que la otra mitad se inocule.
Walmart y Amazon, dos de los empleadores privados más grandes del país, también han rechazado requerir a sus trabajadores que se vacunen y han seguido dependiendo de estrategias como las bonificaciones y el acceso in situ a las vacunas. Pero en una señal potencialmente poderosa, Walmart dijo que los empleados de su sede estarán obligados a vacunarse antes del 4 de octubre.