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Legisladores FloridaTALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — Los legisladores de Florida aprobaron el martes un amplio proyecto de ley de inmigración, reservando 500 millones de dólares en fondos públicos para ayudar a llevar a cabo la ofensiva del presidente Donald Trump contra aquellos que están en el país ilegalmente.
En un estado donde aproximadamente uno de cada cinco residentes es inmigrante, la legislación requeriría que todos los niveles de gobierno, así como los contratistas gubernamentales, cooperen con las autoridades migratorias federales "en la mayor medida posible".
Tras más de cuatro horas de deliberaciones el martes, la legislatura de Florida, dominada por los republicanos, aprobó la medida en gran medida siguiendo líneas partidistas. La aprobación genera un enfrentamiento entre el gobernador republicano Ron DeSantis y los líderes legislativos estatales, que han discutido sobre qué propuestas implementarían mejor la ofensiva migratoria de Trump. DeSantis ha calificado el proyecto de ley de "débil".
“El objetivo de este proyecto de ley es ayudar al presidente Trump a hacer su trabajo”, dijo el senador republicano Gruters, uno de los patrocinadores del proyecto de ley y aliado de Trump, quien dijo que habló con el presidente mientras dirigía la medida. “Quiere la máxima coordinación con el gobierno local”.
Los legisladores aprobaron el proyecto de ley de más de 80 páginas, titulado Tackling and Reforming Unlawful Migration Policy (Ley TRUMP), en una sesión especial, cuando es más difícil para el público participar en el proceso legislativo. Los legisladores republicanos presentaron el proyecto de ley después de rechazar las propuestas de inmigración de DeSantis, un reproche al gobernador saliente que alguna vez fue propuesto como sucesor de Trump.
Cabe destacar que un republicano en la Cámara de Representantes y seis en el Senado votaron en contra de la medida, con lo que el proyecto de ley no logró una mayoría a prueba de veto.
“Aprecio el intento”, dijo el senador republicano Blaise Ingoglia, aliado del gobernador. “No puedo votar a favor de esto porque no es ni de lejos lo suficientemente fuerte para mi gusto”.
Antes del debate del martes, el presidente del Senado, Ben Albritton, y el presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, anunciaron disposiciones adicionales, después de que “solicitaron y recibieron asistencia técnica de la Administración Trump”, dijeron los líderes.
Las ementas enmiendas incluían el aumento de las penas para todos los delitos cometidos en el estado por personas que se encuentran en el país ilegalmente y exige que los condenados por delitos capitales reciban la pena de muerte. Pero los patrocinadores republicanos se negaron a incluir algunas de las disposiciones de DeSantis, como las restricciones al envío de dinero al exterior por parte de personas que se encuentran en el país ilegalmente y una medida que habría creado una presunción legal de que las personas que se encuentran en el país ilegalmente representan un riesgo de fuga.
Ahora DeSantis debe sopesar si firma una propuesta que ha criticado públicamente por ser “inútil” y “diluida” o si la veta. También podría negarse a firmar el proyecto de ley, lo que permitiría que se convierta en ley.
La medida aprobada por los legisladores el martes crearía una nueva oficina estatal de control de inmigración con más de 140 empleados bajo la dirección de un nuevo director de inmigración, un puesto que sería ocupado por el comisionado de agricultura del estado, y cedería poderes de emergencia de control de inmigración del gobernador al oficial de inmigración del estado.
El proyecto de ley destina 100 millones de dólares a subvenciones para agencias policiales locales destinadas a capacitación, equipamiento y reembolso por el alquiler de centros de detención al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Asigna otros 375 millones de dólares para financiar la cooperación del estado con el gobierno federal, incluidos los esfuerzos relacionados con un programa que delega en las fuerzas policiales locales tareas que normalmente desempeñan los agentes del ICE. También reserva 25 millones de dólares para dar bonificaciones de 1.000 dólares a los agentes policiales locales que cooperan con el gobierno federal.
Los demócratas presionaron repetidamente a los patrocinadores del proyecto de ley sobre el lenguaje que requiere que los empleados del gobierno “cooperen en la mayor medida posible” con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
“Si realmente no queremos que nuestros (agentes de recursos escolares), nuestros trabajadores sociales y nuestros maestros definan por sí mismos cuál debe ser el alcance máximo de su cooperación, entonces debemos definir eso”, dijo la representante demócrata Christine Hunchofsky.
Gruters dijo que el proyecto de ley tiene como objetivo exigir más cooperación de los funcionarios locales que administran cárceles y centros de detención, no una aplicación de la ley “a nivel de calle”. Pero reconoció que eso podría cambiar con las prioridades federales.
El proyecto de ley también derogaría una ley estatal de hace una década que permite a los estudiantes de Florida que se encuentran en el país sin permiso legal calificar para la matrícula estatal en colegios y universidades públicas, que a partir del año fiscal 2023-2024 beneficiaron a unos 6.500 estudiantes. En una señal de cuánto ha cambiado la política de inmigración del estado en los últimos años, la medida de la matrícula fue patrocinada en 2014 por el ahora vicegobernador del estado, un republicano de Miami.
“Les imploro hoy que recuerden las inquietantes y desafiantes palabras de nuestra vicegobernadora cuando dijo: 'Es lo correcto'”, dijo el senador demócrata Darryl Rouson a sus colegas en el pleno del Senado. “¿Y qué ha cambiado desde entonces, excepto la actitud hacia los inmigrantes?”
El representante demócrata José Álvarez, quien nació en Cuba y fue traído a Estados Unidos por sus padres, fue más contundente.
“Todos ustedes deberían estar avergonzados de sí mismos”, dijo a los legisladores durante una audiencia sobre el proyecto de ley, y agregó: “Este país no fue creado para esto”.
La disposición que otorga poder al comisionado de agricultura del estado como director de inmigración ha irritado a DeSantis, quien dijo que "es casi como el zorro cuidando el gallinero" porque la industria agrícola no ha "sido conocida por la aplicación de las leyes de inmigración".
En sus comentarios finales, el presidente Pérez pareció asentir ante la presión que han enfrentado los republicanos por parte del gobernador y sus aliados.
“Amenazar a los demás para conseguir lo que uno quiere no es liderazgo, es inmadurez”, dijo Pérez. “Les voy a pedir que ignoren el melodrama y se concentren en el trabajo que tenemos que hacer”.
Florida se encuentra entre los muchos estados liderados por ambos partidos que responden a la agenda de inmigración de Trump, incluido Tennessee, que comenzó su propia sesión especial el lunes en parte para abordar el tema.
___ La periodista de Associated Press Stephany Matat en West Palm Beach contribuyó a este informe. Kate Payne es miembro del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas poco conocidos.
Kate Payne
Payne escribe sobre el gobierno estatal y la educación y vive en Tallahassee, Florida. Es miembro del equipo de Report for America.
(Foto AP/Marta Lavandier)

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Juez bloqueaWASHINGTON (AP) — Un juez federal bloqueó temporalmente el martes un intento del presidente Donald Trump de pausar el financiamiento federal mientras su gobierno realiza una revisión ideológica generalizada para erradicar iniciativas progresistas.
La orden coronó el día más caótico para el gobierno de Estados Unidos desde que Trump regresó al cargo, con la incertidumbre sobre un salvavidas financiero crucial causando pánico y confusión entre estados, escuelas y organizaciones que dependen de billones de dólares de Washington.
El juez federal de distrito Loren L. AliKhan bloqueó la congelación de fondos sólo minutos antes de que entrara en vigor. La suspensión administrativa, motivada por una demanda interpuesta por grupos sin fines de lucro que reciben dinero federal, durará hasta el lunes por la tarde. Está prevista otra audiencia judicial para esa mañana para considerar el asunto.
La Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato sobre la orden, que deja sin resolver un posible conflicto constitucional sobre el control del dinero de los contribuyentes. Los demócratas que han luchado por ganar terreno durante el segundo mandato de Trump atacaron al presidente republicano, describiendo sus acciones como caprichosas e ilegales.
Los funcionarios de la administración dijeron que la decisión de suspender los préstamos y las subvenciones era necesaria para garantizar que el gasto cumpla con la reciente serie de órdenes ejecutivas de Trump . El presidente republicano quiere aumentar la producción de combustibles fósiles , eliminar las protecciones para las personas transgénero y poner fin a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión.
Pero un memorando redactado de forma imprecisa emitido por la Oficina de Administración y Presupuesto, combinado con respuestas incompletas de la Casa Blanca a lo largo del día, dejó a los legisladores, funcionarios públicos y estadounidenses promedio luchando por determinar qué programas se verían afectados por la pausa. Incluso las interrupciones temporales en la financiación podrían causar despidos o demoras en los servicios públicos.
“Esto surgió de la nada”, dijo David Smith, portavoz del Distrito Escolar Shawnee Mission en Kansas, uno de los innumerables distritos que reciben fondos federales. Ahora están tratando de averiguar qué significa “basándose en cero información”.
Los demócratas argumentaron que el presidente no tenía derecho a dejar de gastar unilateralmente el dinero asignado por el Congreso. Apenas minutos después de que AliKhan tomara su decisión, los fiscales generales demócratas de 22 estados y el Distrito de Columbia presentaron su propia demanda con el fin de bloquear y evitar permanentemente que la administración cortara el financiamiento federal.
“No hay duda de que esta política es imprudente, peligrosa, ilegal e inconstitucional”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
AliKhan, quien fue designada por el presidente Joe Biden, cuestionó hasta qué punto se habían precisado los detalles de la congelación de fondos cuando emitió su orden.
“Parece que el gobierno federal actualmente no conoce el alcance total de los programas que estarán sujetos a la pausa”, dijo.
Jessica Morton, abogada del Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, que presentó la demanda, dijo que el grupo tiene decenas de miles de miembros en todo el país que podrían verse afectados.
“Nuestros clientes han informado que están extremadamente preocupados por tener que cerrar incluso si hay una breve pausa”, dijo Morton.
El abogado del Departamento de Justicia, Daniel Schwei, argumentó que el congelamiento no debería suspenderse porque los demandantes no habían especificado a nadie que perdería financiación inmediatamente si entraba en vigor.
Los funcionarios de la administración Trump dijeron que los programas que brindan asistencia directa a los estadounidenses no se verían afectados, como Medicare, la Seguridad Social, los préstamos estudiantiles y los cupones de alimentos. Pero a veces tuvieron dificultades para brindar un panorama claro.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, inicialmente no dijo si Medicaid estaba exento de la congelación, pero la administración luego aclaró que así era.
Aunque Trump había prometido que si era elegido para un segundo mandato pondría a Washington patas arriba, los efectos de su intento de suspender la financiación se estaban sintiendo lejos de la capital del país. Organizaciones como Meals on Wheels, que recibe dinero federal para entregar comida a los ancianos, estaban preocupadas por la posibilidad de que les cortaran el suministro.
“La falta de claridad y la incertidumbre en este momento están creando caos”, dijo la portavoz Jenny Young. Agregó que “las personas mayores pueden entrar en pánico al no saber de dónde vendrán sus próximas comidas”.
La Fundación Nacional de la Ciencia pospuso esta semana los paneles para revisar las solicitudes de subvenciones. Los funcionarios de Prichard, Alabama, temían no recibir fondos de infraestructura para reparar su sistema de agua potable que presentaba fugas. Los líderes republicanos de Luisiana dijeron que estaban "buscando claridad" para asegurarse de que nada "pusiera en peligro la estabilidad financiera del estado".
“Las acciones de Trump causarían estragos en las comunidades republicanas y demócratas de todo el mundo”, dijo la senadora Patty Murray de Washington, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones Presupuestarias del Senado. “Estamos hablando de nuestros pequeños pueblos, nuestras ciudades, nuestros distritos escolares”.
El alcance completo de la revisión del gobierno se detalló en una planilla de 51 páginas enviada a las agencias federales y vista por The Associated Press. Cada línea era una iniciativa gubernamental diferente, desde la seguridad en las piscinas hasta el desarrollo de la fuerza laboral tribal y la educación especial.
Los funcionarios recibieron instrucciones de responder una serie de preguntas con respuesta afirmativa o negativa para cada elemento de la lista, entre ellas, “¿este programa promueve la ideología de género?” o “¿este programa promueve o apoya de alguna manera el aborto?”. Las respuestas deben entregarse antes del 7 de febrero.
Es posible que se estén revisando billones de dólares. También se supone que se suspenderán las subvenciones que se han otorgado pero no se han gastado si pueden violar alguna de las órdenes ejecutivas de Trump.
“El uso de recursos federales para promover la equidad marxista, el transgenerismo y las políticas de ingeniería social del New Deal Verde es un desperdicio de dinero de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de aquellos a quienes servimos”, escribió Matthew Vaeth, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto, en un memorando distribuido el lunes.
Vaeth escribió que “cada agencia debe completar un análisis exhaustivo de todos sus programas de asistencia financiera federal para identificar programas, proyectos y actividades que puedan verse implicados en cualquiera de las órdenes ejecutivas del Presidente”. También escribió que la pausa debería implementarse “en la medida en que lo permita la ley aplicable”.
La pausa en las subvenciones y préstamos estaba prevista que entrara en vigor a las 5 p.m. EST, justo un día después de que las agencias fueran informadas de la decisión.
Leavitt, quien celebró su primera reunión informativa en la Casa Blanca el martes, dijo que la administración estaba tratando de ser "buenos administradores" del dinero público al asegurarse de que no hubiera "más fondos para el transgenerismo y la conciencia pública".
Ella negó que Trump estuviera desafiando deliberadamente al Congreso para establecer su dominio sobre el presupuesto federal.
“Sólo está tratando de garantizar que el dinero de los impuestos que sale por la puerta de esta ciudad en quiebra realmente se alinee con la voluntad y las prioridades del pueblo estadounidense”, dijo.
El intento de implementar una pausa en la financiación es el último ejemplo de cómo Trump está aprovechando su poder sobre el sistema federal para promover sus objetivos conservadores. A diferencia de lo que ocurrió durante su primer mandato, cuando Trump y muchos miembros de su círculo íntimo no estaban familiarizados con Washington, esta vez está metiendo la mano en la burocracia.
Por ejemplo, a los empleados federales se les pide que denuncien a sus colegas si intentan continuar con iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.
“Están impulsando la agenda del presidente desde abajo”, dijo Paul Light, experto en el gobierno federal y profesor emérito de servicio público en la Universidad de Nueva York.
También dijo que hay riesgos en el enfoque de Trump, especialmente con tantos votantes que dependen de Washington.
"No se puede simplemente insistir, insistir y insistir", dijo Light. "Hay que cumplir".
Los temores de interrupción de los servicios gubernamentales se exacerbaron cuando los estados informaron problemas con el portal de financiación de Medicaid, donde los funcionarios solicitan reembolsos por brindar atención médica a los residentes pobres.
Los demócratas condenaron a la administración Trump, vinculando el tema con la pausa en la financiación.
Pero Leavitt dijo que el portal volvería a estar en línea pronto.
“Hemos confirmado que no se han visto afectados los pagos, que todavía se están procesando y enviando”, publicó en las redes sociales. La Casa Blanca no ofreció ninguna explicación sobre el problema.
Los periodistas de Associated Press JoNel Aleccia, Moriah Balingit, Collin Binkley, Matthew Daly, Lisa Mascaro, Adithi Ramakrishnan, Amanda Seitz, Michael Sisak y Tammy Weber contribuyeron a este informe.
Chris Megerian
Megerian cubre la Casa Blanca para The Associated Press. Anteriormente escribió sobre la investigación de Rusia, el cambio climático, la aplicación de la ley y la política en California y Nueva Jersey.
LINDSAY WHITEHURST
Whitehurst cubre la Corte Suprema, asuntos legales y justicia penal para The Associated Press en Washington, DC. Sus paradas anteriores incluyen Salt Lake City, Nuevo México e Indiana.
(Foto AAP/Mark Schiefelbein)

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ArancelesWASHINGTON (AP) — Los aranceles están en las noticias en este momento. Esto es lo que son y lo que hay que saber acerca de ellos:
Los aranceles son un impuesto a las importaciones
Los aranceles suelen cobrarse como un porcentaje del precio que un comprador paga a un vendedor extranjero. En Estados Unidos, los aranceles son recaudados por los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en 328 puertos de entrada en todo el país.
Las tasas arancelarias en Estados Unidos varían: generalmente son del 2,5% en automóviles de pasajeros, por ejemplo, y del 6% en zapatos de golf. Los aranceles pueden ser más bajos para los países con los que Washington tiene acuerdos comerciales. Por ejemplo, la mayoría de los bienes pueden moverse entre Estados Unidos, México y Canadá sin aranceles debido al acuerdo comercial entre esos tres países que Trump renegoció.
En general, los economistas convencionales se muestran escépticos de los aranceles, considerándolos una forma mayormente ineficiente para que los gobiernos recauden dinero y promuevan la prosperidad.
Hay mucha desinformación sobre quién paga realmente los aranceles
El presidente Donald Trump, partidario de los aranceles, insiste en que los pagan los países extranjeros. De hecho, son los importadores —empresas estadounidenses— los que pagan los aranceles, y el dinero va al Tesoro de Estados Unidos. A su vez, estas compañías suelen trasladar sus costos más altos a sus clientes en forma de precios más altos. Por eso los economistas dicen que en general son los consumidores los que terminan pagando los aranceles.
De todas formas, los aranceles pueden perjudicar a los países extranjeros al hacer que sus productos sean más caros y difíciles de vender en el extranjero. Las empresas extranjeras podrían tener que reducir precios —y sacrificar ganancias— para compensar los aranceles y tratar de mantener su participación de mercado en Estados Unidos. Yang Zhou, un economista de la Universidad Fudan en Shanghái, concluyó en un estudio que los aranceles de Trump a los productos chinos infligieron más de tres veces más daño a la economía china que a la economía estadounidense.
¿Qué ha dicho Trump sobre los aranceles?
Trump ha dicho que los aranceles crearán más empleos en fábricas, reducirán el déficit federal, bajarán los precios de los alimentos y permitirán que el gobierno subsidie el cuidado infantil.
“Los aranceles son lo mejor que se ha inventado”, declaró Trump en un mitin en Flint, Michigan, durante su campaña presidencial.
Ya en la presidencia, Trump impuso aranceles con gran fanfarria, dirigiéndolos a paneles solares importados, acero, aluminio y prácticamente todo lo que viene de China.
“El hombre de los aranceles”, se llamó a sí mismo.
Trump ha prometido incluso más y mayores aranceles en su segundo mandato.
En los últimos años, Washington se ha retirado gradualmente de su papel posterior a la Segunda Guerra Mundial de promover el libre comercio global y los aranceles más bajos. Este cambio ha sido una respuesta a la pérdida de empleos manufactureros en Estados Unidos, ampliamente atribuida al libre comercio sin restricciones y al creciente poder de China.
El principal objetivo de los aranceles es proteger las industrias nacionales
Al elevar el precio de las importaciones, los aranceles pueden proteger a los fabricantes nacionales. También pueden servir para castigar a países extranjeros por implementar prácticas comerciales injustas, como subsidiar a sus exportadores o vender productos a precios injustamente bajos.
Antes de que se estableciera el impuesto sobre la renta federal en 1913, los aranceles eran una importante fuente de ingresos para el gobierno. Desde 1790 hasta 1860, los aranceles representaron el 90% de los ingresos federales, según Douglas Irwin, un economista de Dartmouth College que ha estudiado la historia de la política comercial.
Los aranceles cayeron en desuso a medida que el comercio global creció después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno necesitaba flujos de ingresos mucho mayores para financiar sus operaciones.
En el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre, el gobierno recaudó aproximadamente 80 mil millones de dólares en aranceles y cuotas. Esto es una nimiedad en comparación con los 2,5 billones de dólares que provienen de los impuestos sobre la renta de los individuos y los 1,7 billones de dólares de los impuestos del Seguro Social y el Medicare.
Aún así, Trump quiere implementar una política presupuestaria que se asemeje a la que estaba en vigor en el siglo XIX.
Los aranceles también pueden usarse para presionar a otros países en cuestiones que pueden o no estar relacionadas con el comercio. En 2019, por ejemplo, Trump usó la amenaza de aranceles para presionar a México de que tomara medidas enérgicas contra las oleadas de migrantes centroamericanos que cruzaban el territorio mexicano en su camino hacia Estados Unidos.
Trump incluso considera que los aranceles son una forma de prevenir guerras.
“Puedo hacerlo con una llamada telefónica”, manifestó en un mitin en Carolina del Norte en agosto.
Si otro país intenta iniciar una guerra, advirtió que emitiría una amenaza:
“Les vamos a cobrar aranceles del 100%. Y de repente, el presidente o primer ministro o dictador o quien sea que esté dirigiendo el país me dice: ‘Señor, no iremos a la guerra’”, declaró.
En general, los economistas consideran que los aranceles son contraproducentes
Los aranceles incrementan los costos para las empresas y consumidores que dependen de las importaciones. También es probable que provoquen represalias.
La Unión Europea, por ejemplo, respondió a los aranceles de Trump al acero y el aluminio gravando productos estadounidenses, desde whisky bourbon hasta motocicletas Harley-Davidson. Del mismo modo, China respondió a la guerra comercial de Trump imponiendo aranceles a productos de Estados Unidos, incluidos la soya y el cerdo, en una medida calculada para perjudicar a los simpatizantes del mandatario en el campo.
Un estudio realizado por economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Zurich, Harvard y el Banco Mundial concluyó que los aranceles de Trump no lograron restaurar puestos de trabajo en la región central del territorio estadounidense. Los aranceles “ni aumentaron ni disminuyeron el empleo en Estados Unidos”, donde se suponía que debían proteger empleos, encontró el estudio.
A pesar de los impuestos de Trump en 2018 al acero importado, por ejemplo, el número de empleos en las plantas de acero de Estados Unidos apenas se modificó: se mantuvo en aproximadamente 140.000. En comparación, Walmart por sí solo emplea a 1,6 millones de personas en el país.
Peor aún, los impuestos de represalia aplicados por China y otras naciones a los productos estadounidenses tuvieron “impactos negativos en el empleo”, especialmente para los agricultores, encontró el estudio. Estos aranceles de represalia sólo fueron compensados parcialmente por miles de millones en ayuda gubernamental que Trump repartió a los agricultores. Los aranceles de Trump también dañaron a las empresas que dependían de las importaciones específicas.
Si la guerra comercial de Trump fracasó en cuanto a política, sí tuvo éxito a nivel político. El estudio encontró que el apoyo a Trump y a los candidatos legislativos republicanos aumentó en las áreas más expuestas a los aranceles de importación: la región industrial del centro-norte y los estados del sur de gran actividad de manufactura, como Carolina del Norte y Tennessee.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
(AP Foto/Iván Valencia)
POR  PAUL WISEMAN

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San DiegoSAN DIEGO (AP) — Largos momentos de silencio en un escáner de la Patrulla Fronteriza son interrumpidos por actualizaciones sobre el seguimiento de un solo migrante durante horas. El tráfico de radio suena como un retroceso a tiempos pasados, antes de que Estados Unidos se convirtiera en el principal destino de los solicitantes de asilo en 2017.
“Hay un par ahí abajo. Veremos si empiezan a subir”, dice un agente.
“Sí, quizá intenten mudarse al norte dentro de un tiempo”, responde otro.
El presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia fronteriza en un momento de relativa calma después de años de profunda agitación, en el que afirmó que “la soberanía de Estados Unidos está bajo ataque”. El jueves, militares en servicio activo llegaron a San Diego y El Paso, Texas, como parte de un despliegue inicial de 1.500 soldados.
Las detenciones por cruces fronterizos ilegales se desplomaron más del 80% a unas 47.000 en diciembre, frente a un máximo histórico de 250.000 en el mismo período del año anterior. Las detenciones se redujeron aproximadamente a la mitad cuando las autoridades mexicanas aumentaron la aplicación de medidas de seguridad dentro de sus propias fronteras hace un año y aproximadamente a la mitad nuevamente cuando el expresidente Joe Biden introdujo severas restricciones al asilo en junio.
En el caso de Trump, Biden no fue lo suficientemente lejos. El último indicador mensual de arrestos en la frontera durante el gobierno de Biden se situó cerca de su nivel más bajo en cuatro años y medio y estuvo por debajo de gran parte de 2019, durante el primer mandato de Trump, pero casi el triple de lo registrado en abril de 2017, al principio de su presidencia y un punto bajo que el mandatario destacó en gráficos gigantes en los actos de campaña.
Associated Press se unió a la Patrulla Fronteriza durante seis horas el jueves en San Diego, el corredor más activo para cruces ilegales durante gran parte del año pasado, y no encontró migrantes hasta la última media hora.
Tres hombres chinos y un malasio se entregaron a los agentes minutos después de atravesar un hueco en el muro fronterizo. Casi simultáneamente, ocho hombres de la India y uno de Nepal cruzaron y esperaron a los agentes. Los hombres fueron llevados para su procesamiento a grandes carpas blancas que se abrieron durante la presidencia de Biden.
No quedó claro qué pasó con ellos después, pero uno de los mayores desafíos que enfrenta Trump es el enorme costo y el desafío diplomático que implica deportar a personas a lugares lejanos. Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, ambos adversarios de Estados Unidos, por ejemplo, se niegan a recibir a sus ciudadanos de regreso. Cuba sólo permite vuelos limitados.
El trabajo de un agente de la Patrulla Fronteriza ha cambiado drásticamente en los últimos meses, ya que ya no se limita a procesar y liberar rápidamente a los solicitantes de asilo con citaciones para que comparezcan ante un tribunal de inmigración, sino que está volviendo a desempeñar un papel más tradicional que rastrea a individuos y pequeños grupos que intentan eludir su captura.
Muchos agentes se mostraron molestos con Biden, ya que las detenciones superaron los 2 millones durante dos años consecutivos, aunque el tráfico se desaceleró drásticamente antes de que Trump asumiera el cargo el lunes. La Patrulla Fronteriza liberó a menos de 7.000 migrantes en Estados Unidos en diciembre, un 96% menos que los casi 192.000 del año anterior. El Paso informó que 211 fueron liberados allí en la tercera semana de enero, frente a los más de 10.000 por semana en diciembre de 2023.
El jueves, en San Diego, los agentes se concentraron en una zona de senderos montañosos engañosamente peligrosos con vistas panorámicas de Tijuana, México, su expansión urbana y los almacenes industriales de San Diego. Los migrantes que eluden la captura caminan hasta dos días en el desierto antes de llegar a los vehículos de los contrabandistas. Los agentes estacionados en áreas de preparación siguen sus movimientos y discuten cuándo entrar.
“¿Alguien los tiene vigilados? No se les puede escapar”, dice un agente por la radio.
“Potencialmente dos hasta ahora”, agrega otro.
Hace menos de un año, los agentes se vieron desbordados por solicitantes de asilo que se entregaban y que esperaban hasta varios días en el calor o el frío, y la exposición de los niños a las peligrosas temperaturas invitaba al escrutinio de un juez . Algunas noches, cientos de personas se congregaban a lo largo de los muros fronterizos en San Diego, mientras los voluntarios pasaban vendas, aspirinas, jugo y sándwiches entre las rejillas de la barrera.
En las remotas montañas cubiertas de rocas al este de San Diego, grandes grupos cruzaban cada noche el país, muchos de ellos procedentes de China y Sudamérica. En uno o dos días, los solicitantes de asilo eran dejados en una parada de autobús en San Diego.
Karen Parker brinda apoyo y atención médica a los migrantes en las montañas, como tratar tobillos rotos, cortes y heridas por parásitos. Dijo que hace un año se encontró con entre 600 y 800 personas por noche, pero a principios de enero ya eran en su mayoría grupos pequeños y ocasionalmente uno más grande de alrededor de 40 personas.
Desde que Trump asumió el cargo, dijo Parker, ha habido un “parálisis total”, tal vez en parte como resultado de las gélidas temperaturas y los incendios forestales.
Parker ve a más personas siendo detenidas en sedanes, una probable señal de actividad de contrabando, que el año pasado, cuando los que cruzaban la frontera generalmente esperaban a que la patrulla los liberara con notificaciones para comparecer ante el tribunal de inmigración.
Los arrestos en el sector de San Diego se redujeron a un promedio de 236 por día durante la última semana de la presidencia de Biden, frente a más de 1.400 por día en abril. El recuento de arrestos del miércoles fue de 136.
Las órdenes de Trump dependerán en gran medida de cómo pague por la detención y el transporte, así como de cómo gestione a los países que no acepten el regreso de sus ciudadanos. Durante su primer mandato, utilizó poderes de emergencia para desviar miles de millones de dólares del Departamento de Defensa para un muro fronterizo.
“Para proteger la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos, para proteger a cada uno de los estados contra la invasión y para cumplir con mi deber de asegurar que las leyes se ejecuten fielmente, es mi responsabilidad como presidente asegurar que la entrada ilegal de extranjeros a los Estados Unidos a través de la frontera sur se detenga de inmediato y por completo”, dijo Trump el lunes en su declaración de emergencia.
En Arizona, el condado de Pima anunció el jueves el cierre de dos refugios para migrantes en Tucson porque el gobierno ha dejado de entregarles personas. Desde 2019, el condado había albergado a más de 518.000 migrantes.
El Servicio Familiar Judío de San Diego dijo el viernes que su refugio no había recibido a ningún migrante desde que la administración Trump puso fin al uso de la aplicación fronteriza en línea, CBP One , para que los migrantes ingresaran legalmente al país. Atendió a 791 personas la semana anterior a que Trump asumiera el cargo.
El periodista de Associated Press Jacques Billeaud en Phoenix contribuyó a este artículo.
Por  ELLIOT SPAGAT , GREGORY BULL y EUGENE GARCIA
(Foto AP/Gregory Bull)

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VacunasHARTFORD, Connecticut (AP) — Los proyectos de ley sobre vacunación están apareciendo en más de 15 estados a medida que los legisladores buscan potencialmente resucitar o crear nuevas exenciones religiosas a los mandatos de inmunización , establecer bases de datos sobre lesiones por vacunas a nivel estatal o dictar lo que los proveedores deben decirles a los pacientes sobre las vacunas.
Muchos ven una oportunidad política para reescribir las políticas en sus estados después del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y la nominación del activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr. como próximo secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La agencia supervisa prácticamente todos los aspectos de las iniciativas de vacunación en los EE. UU., desde la financiación de su desarrollo hasta el establecimiento de recomendaciones para los proveedores médicos y la distribución de vacunas y su cobertura a través de programas federales.
Las tasas de vacunación infantil contra infecciones peligrosas como el sarampión y la polio siguen cayendo en todo el país , y está aumentando el número de padres que solicitan exenciones no médicas para que sus hijos no reciban las vacunas obligatorias.
En 2024, los casos de tos ferina alcanzaron su nivel más alto en una década y 16 brotes de sarampión, los más grandes de ellos en Chicago y Minnesota , pusieron nerviosos a los funcionarios de salud . La mayoría de los estados están por debajo del umbral de vacunación del 95% para los niños de jardín de infantes, el nivel necesario para proteger a las comunidades contra los brotes de sarampión.
Según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research , aproximadamente la mitad de los estadounidenses están “muy” o “extremadamente” preocupados por la posibilidad de que la disminución de las tasas de vacunación infantil provoque más brotes. Sin embargo, solo alrededor de 4 de cada 10 estadounidenses se oponen a reconsiderar las recomendaciones del gobierno sobre vacunas de uso generalizado, mientras que aproximadamente 3 de cada 10 están a favor. El resto, aproximadamente 3 de cada 10, son neutrales.
Scott Burris, director del Centro de Investigación de Derecho de Salud Pública de la Universidad de Temple, ha seguido la legislación de salud pública durante años y ha visto cómo la reacción contra las vacunas contra la COVID-19 ha ido creciendo hasta incluir más vacunas de rutina a medida que los activistas antivacunas toman posesión de poderosos púlpitos políticos.
“Creo que el COVID y la política dieron a los negacionistas tradicionales de las vacunas mucho impulso”, dijo.
Burris dijo que es difícil predecir qué se convertirá en ley en los estados, considerando que la gran mayoría de los proyectos de ley propuestos en cualquier estado no llegan a ninguna parte. Pero la legislación propuesta ofrece una visión de las ideas de los legisladores y de lo que podría suceder después.
Las exenciones religiosas encabezan la lista
Las exenciones religiosas para los requisitos de vacunación en las escuelas se encuentran entre las propuestas más populares hasta el momento. Los legisladores de Nueva York, Virginia, Connecticut y Mississippi han presentado proyectos de ley que permitirían que más personas eximan las vacunas de rutina. Los legisladores de Indiana sopesarán las exenciones religiosas para los estudiantes de medicina.
A principios de este mes, el gobernador republicano de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, emitió una orden ejecutiva en su primer día en el cargo que permitió a las familias recibir exenciones religiosas de las vacunas escolares obligatorias.
“Es un gran paso”, dijo Brian Festa, cofundador del bufete de abogados We The Patriots USA, que trabaja en casos relacionados con la vacunación en todo el país. “Es un estado que nunca tuvo una exención religiosa”.
En la actualidad, solo cuatro estados permiten únicamente una exención médica de los requisitos de cuidado infantil y de vacunación desde preescolar hasta el nivel secundario: Connecticut, California, Nueva York y Maine.
Festa atribuyó la nueva exención religiosa de Virginia Occidental a la nominación de Kennedy por parte de Trump, así como a un fallo de un tribunal federal de 2023 que requirió que Mississippi permitiera a los residentes citar creencias religiosas cuando buscaran exenciones de las vacunas obligatorias por el estado para los niños.
"Creo que ya se veía el futuro y que sintieron la presión", dijo Festa sobre Virginia Occidental.
En Connecticut, al menos cuatro proyectos de ley republicanos intentarán revivir la exención religiosa del estado para escuelas, universidades y guarderías, algo que una polémica ley estatal de 2021 eliminó para los estudiantes sin una exención existente.
Los expertos en salud de Connecticut dijeron en ese momento que había un aumento lento pero constante en el número de exenciones religiosas y una disminución en las tasas de vacunación en algunas escuelas. El estado ha mantenido históricamente algunas de las tasas de vacunación infantil más altas del condado y, en el año escolar 2023-2024, más del 97% de los niños de jardín de infantes estaban protegidos contra la varicela, el sarampión, el tétano, la difteria, la polio y más.
Dado que el año pasado la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una impugnación a la ley de Connecticut y que el capitolio estatal está controlado por demócratas, el senador estatal republicano Eric Berthel dijo que no es optimista de que los líderes legislativos permitan el debate sobre su proyecto de ley de exención, pero cree que el cambio cultural más amplio significa que "tal vez haya un poco de apetito para volver a considerar cosas como esta".
“Creo que no estamos siendo justos con las familias que tienen una razón verdaderamente religiosa para no vacunar a sus hijos”, dijo.
Hasta el momento, hay un caso atípico entre las tendencias de los parlamentos estatales en materia de exenciones. Se trata de Hawái, donde los legisladores están buscando avanzar en la dirección opuesta con un proyecto de ley para eliminar todas las exenciones no médicas después de luchar durante años con altas tasas de exenciones.
Lesiones por vacunas y leyes de consentimiento
Otros proyectos de ley relacionados con las vacunas abordan parte de la oposición que ha ido creciendo desde la pandemia.
Oklahoma y Alabama tienen propuestas que exigirían el consentimiento de los padres para cualquier vacuna que se administre a menores de edad. Los proyectos de ley en Wyoming, Oregon y Oklahoma prohibirían la “discriminación” contra las personas que no estén vacunadas contra la COVID-19 u otras enfermedades.
Nueva York y Oklahoma tienen proyectos de ley que requerirían que los proveedores den a las personas que reciben las vacunas una lista completa de ingredientes, y la legislación de Florida prohibiría las vacunas comestibles, aunque ninguna está aprobada para su uso en Estados Unidos y la investigación aún está en sus primeras etapas.
Las lesiones por vacunas también son un tema popular, y los proyectos de ley en Indiana y Dakota del Norte proponen crear versiones estatales del Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, una base de datos federal que atrajo la atención de los escépticos de las vacunas durante la pandemia. Cualquiera puede presentar un informe sobre un posible problema después de una vacuna, aunque el sitio web de los CDC señala que un informe no prueba que la vacuna haya causado un problema de salud.
El senador estatal republicano de Dakota del Norte, Dick Anderson, dijo que no está en contra de que la gente se vacune (él mismo recibió una vacuna contra el COVID-19), pero propuso el proyecto de ley porque muchas personas no confían en los CDC.
“Tenemos que hacer algo para restaurar la confianza en el sistema”, dijo Anderson.
Pero los expertos señalan que las bases de datos estatales son innecesariamente duplicadas.
“Muchas de estas propuestas intentan arreglar algo que no está roto y realmente trabajan para contrarrestar el objetivo de prevenir la propagación de enfermedades contagiosas”, dijo Andy Baker-White, director sénior de política sanitaria estatal de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales.
Las políticas deberían centrarse en eliminar las barreras a la vacunación, no en aumentarlas, afirmó la Dra. Susan Kressly, pediatra y presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría.
Muchas familias dejan de vacunarse no por cuestiones ideológicas, dijo, sino por falta de transporte o por no tener médicos de atención primaria o clínicas cerca, entre otras cosas.
Pero como la mayoría de los estadounidenses están vacunados, no han visto los efectos de infecciones peligrosas como la meningitis bacteriana, sobre la que Kressly recibió llamadas de padres temerosos al principio de su carrera.
“Las vacunas son realmente una historia de éxito estadounidense”, afirmó.
Shastri informó desde Milwaukee.
El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios Educativos y Científicos del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. AP es la única responsable de todo el contenido.
SUSAN HAIGH
Haigh cubre la Asamblea General de Connecticut, el gobierno estatal, la política, asuntos de políticas públicas y más para The Associated Press. Trabaja para AP desde 2002.
Devi Shastri
Shastri es periodista de salud pública para The Associated Press, con sede en Milwaukee. Cubre temas como el acceso a la vivienda, la red de seguridad social, la desinformación médica y otros temas que influyen en la salud de las comunidades en general.
(Foto AP/Mary Conlon, Archivo)
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