Familiares despidenCHICACAO, GUATEMALA (AP) — Miles de personas se congregaron en Guatemala para despedir el miércoles a dos de los 17 migrantes guatemaltecos que murieron bajo la custodia del gobierno mexicano en un incendio en un centro de detención migratorio el 27 de marzo. Como ellos, Hondura recibió los cuerpos repatriados de sus nacionales y sus parientes se despidieron entre llantos, flores y velas.
En Guatemala, la dinámica del municipio de Chicacao en el departamento de Suchitepéquez, al sur del país, se vio convulsionada cuando familiares y amigos de Francisco Gaspar Rojché Chiquival y Miguel Rojché Zapalu, sobrino y tío respectivamente, velaron a los fallecidos y luego los enterraron en el cementerio local.
La motocicleta negra de Rojché Chiquival, de 21 años, conocido como Francis entre sus amigos, iba delante del féretro de metal color verde olivo cubierto por la bandera de Guatemala. “Era su única posesión”, dijo su padre Manuel Rojché. Varios amigos hicieron camisetas con fotografías del joven diciéndole que lo iban a extrañar.
El joven había intentado migrar junto a su tío, en busca de una mejor situación económica a mediados de marzo, pero fueron detenidos por la migración mexicana que los encerró en un centro de detención con la intención de deportarlos a Guatemala. Para migrar, su familia entregó las escrituras de su terreno valorado en unos 15.000 dólares que ya no podrán recuperar. “Estoy destrozado, estoy herido, es un golpe muy grande” dice su padre.

CIDHAN SALVADOR (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el miércoles a El Salvador que restablezca los derechos y garantías constitucionales que llevan un año suspendidos por la renovación consecutiva de un régimen de excepción que prohíbe la asociación de personas e impide a los detenidos conocer sus cargos y recibir la asistencia de un abogado.
El estado de excepción se declaró inicialmente el 27 de marzo de 2022 y se ha ido prorrogando mes a mes por un año, como estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele de aplicar una política de mano dura contra la inseguridad. La CIDH urge al Estado salvadoreño a respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para prevenir y combatir la criminalidad.
En paralelo, el Congreso salvadoreño aprobó, a pedido de Bukele, una nueva prórroga del régimen de excepción con los votos de 67 de los 84 diputados de la cámara. Siete diputados opositores se abstuvieron, seis votaron en contra y cuatro no asistieron a la sesión.
La Corte Interamericana advirtió que la Convención Americana autoriza la suspensión de ciertos derechos y libertades de forma excepcional “en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación”.
Y, aunque el artículo 27.1 de la CADH permite a los Estados recurrir a esa medida “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte”, los gobernantes no gozan de poderes absolutos para establecer las medidas restrictivas.

Congreso ChilenoSANTIAGO (AP) — El Congreso chileno aprobó el martes una ley que reduce gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y que se espera que sea promulgada por el presidente Gabriel Boric antes del 1 de mayo.
El proyecto, que fue una de las promesas de campaña del mandatario, tardó seis años en ser tramitado en el Congreso y necesitará de otros cinco años para alcanzar su plena vigencia.
La iniciativa fue aprobada por 127 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones. En el Senado, donde había estado estancada por cuatro años, fue acogida por unanimidad hace tres semanas. Los diputados ya la habían votado en 2019.
La votación del martes en la cámara baja fue para aceptar modificaciones introducidas por los senadores
Boric celebró la aprobación y dijo que se trata de un proyecto profamilia “que apunta al buen vivir de todos y todas”.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, recordó que esta es la segunda vez que Chile reduce su jornada laboral semanal: la primera fue en 2005, cuando se disminuyó de 48 a 45 horas. “Sí se pueden hacer cambios para avanzar en derechos de los trabajadores”, declaró tras la votación.
La vocera de gobierno Camila Vallejo, una de las autoras del proyecto, no pudo hilvanar una declaración. “Estoy muy emocionada”, dijo al borde de las lágrimas.

Jefe migracionCIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Fiscalía General de México acordó proceder penalmente contra el jefe del Instituto Nacional de Migración por el caso de los 40 migrantes que fallecieron encerrados en un mortal incendio ocurrido el mes pasado en un centro de detención de Ciudad Juárez.
Francisco Garduño será procesado por presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, confirmó a Associated Press un funcionario federal.
Por este caso, la Fiscalía General también decidió proceder penalmente contra Antonio “N”, directivo del INM, y los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes, según un comunicado del organismo, “se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas” la noche del pasado 27 de marzo.
La AP solicitó a Migración una reacción sobre la acción de la Fiscalía, pero no hubo comentarios de momento.
Cinco personas —-tres funcionarios de migración, un guardia privado y el migrante venezolano que presuntamente inició el fuego— ya estaban bajo investigación, procesados por presunto homicidio y lesiones, ya que en el suceso una treintena de personas quedaron heridas. La mayoría de las 40 víctimas procedían de países de Centroamérica.
Respecto a las indagaciones sobre lo ocurrido, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo también el martes que los guardias no tenían las llaves de la celda cuando comenzó el fuego en el centro de detención de Ciudad Juárez, localidad fronteriza con Texas.

Frontera Mexico EEUUCIUDAD DE MÉXICO (AP) — Varios cientos de migrantes realizaron el lunes una protesta en uno de los pasos fronterizos entre Ciudad Juárez, en México, y El Paso, en EEUU, lo que derivó en el cierre del paso de vehículos en el lugar donde aún persiste la tensión tras el mortal incendio con decenas de migrantes muertos que se registró hace dos semanas en un centro de detención.
El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana cuando unos 300 migrantes, en su mayoría centroamericanos y sudamericanos, se concentraron en los alrededores del Puente Internacional Paso del Norte para exigir a las autoridades estadounidenses que agilicen los trámites migratorios, indicó la oficina de comunicación de la alcaldía de Ciudad Juárez.
La demora de las autoridades estadounidenses en tramitar las solicitudes de asilo, que se realizan a través de un sistema opaco de listas de espera, ha alentado las protestas de los migrantes en las últimas semanas.
Hace casi un mes se registró un evento similar en el mismo puente cuando cientos de migrantes, alentados por falsos rumores de que podrían pasar hacia Estados Unidos, intentaron ingresar de forma masiva y fueron bloqueados por las autoridades estadounidenses que pusieron barreras físicas en el cruce fronterizo ante “una potencial amenaza de ingreso masivo”, dijo la CPB.
El lunes, el grupo de migrantes protestó por unas dos horas, sin pasar el límite fronterizo, y luego se retiró pacíficamente, precisó la alcaldía.
Como medida de seguridad, las autoridades estadounidenses limitaron el paso de vehículos por el Puente Internacional Paso del Norte pero dejaron libre el paso peatonal, informó en un correo electrónico Roger Maier, un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB, por sus siglas en inglés).
En un centro de detenciones del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, se registró la noche del 27 de marzo un mortal incendio que ha dejado hasta la fecha 40 migrantes fallecidos y una veintena de heridos, algunos de ellos aún en condición grave.
Por ese caso, un juez mexicano vinculó al proceso la semana pasada a cinco detenidos, entre ellos, tres funcionarios de Migración, un guardia de seguridad privada y un migrante venezolano, quienes enfrentan cargos por homicidio y lesiones.

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