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Uno de ellos, miembro de la Secretaría de Defensa, informó a la AP que el jueves por la tarde ya se habían cumplimentado las órdenes de aprehensión contra los ocho elementos por el cargo de delincuencia organizada.
Por su parte, un funcionario de la Fiscalía General de la República confirmó las detenciones, pero no los cargos. Ambos hablaron a condición de guardar el anonimato por no estar autorizados a comentar el tema públicamente.
A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero del sur del país, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes de la escuela normal rural de la localidad de Ayotzinapa, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos efectivos militares.
La decisión de la jueza —con la que revocó la prisión preventiva a los militares por medio del pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados— fue duramente criticada, y no sólo por los abogados de las víctimas.
El gobierno y la fiscalía sorprendieron entonces con una airada condena al fallo de la magistrada, y la fiscalía anunció que lo recurriría y que interpondría acciones jurídicas por conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.
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El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció el acuerdo poco más de una hora después del inicio de la cumbre en Bruselas.
“Tenemos un acuerdo”, escribió Michel en X, antes Twitter, añadiendo que la medida “asegura una financiación firme, previsible y a largo plazo para Ucrania” y demuestra que “la UE está asumiendo el liderazgo y la responsabilidad en el apoyo a Ucrania; sabemos lo que hay en juego”.
No estuvo claro de inmediato si se realizaron concesiones para lograr el voto a favor del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, quien presentó objeciones al paquete financiero tanto en diciembre como en los días previos a la cumbre del jueves.
A su llegada a la reunión, muchos de sus homólogos lo criticaron, acusándolo de chantaje y de juegos políticos que socavan el respaldo a Ucrania y la economía de la nación asolada por la guerra.
Casi dos años después de la invasión rusa de Ucrania, la guerra está prácticamente paralizada y la economía ucraniana necesita ayuda desesperadamente. Pero las luchas políticas en el seno de la UE y en Estados Unidos están privando a Kiev de una fuente de financiamiento a largo plazo.
Además, sigue aumentando la preocupación porque el apoyo público para seguir inyectando fondos a Ucrania haya empezado a disminuir, aunque una victoria de Rusia podría amenazar a la seguridad de toda Europa.
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Se esperaba que las autoridades catalanas declarasen una emergencia por sequía el jueves en una zona donde viven 6 millones de personas, después de que las reservas de agua cayeran por debajo del umbral del 16% marcado para aplicar una nueva ronda de medidas de ahorro de agua.
“Los embalses están por debajo de 16%”, indicó el miércoles Laura Vilagrà, miembro del gobierno catalán, a la emisora de radio española RNE. “La situación es muy crítica en Barcelona y la parte de Girona, en este sentido tenemos que tomar medidas más contundentes”.
La declaración de emergencia reduciría la cantidad de agua permitida para fines residenciales y municipales, de 210 a 200 litros por persona. La agricultura y la industria también sufrirían recortes. La agencia catalana de agua señaló que el residente medio utiliza 116 litros por día en casa.
La zona afectada por la emergencia se encuentra en el norte de Cataluña, hasta la frontera con Francia. El sur de la región, menos poblado, recibe agua del río Ebro y está en mejores condiciones. También el sur de España sufre condiciones de sequía.
Cataluña ha registrado unas precipitaciones por debajo de la media durante 40 meses consecutivos. Los expertos dicen que el cambio climático impulsa la sequía y que se espera que toda la región del Mediterráneo se caliente más deprisa que otras partes del mundo durante los próximos años.
BY ASSOCIATED PRESS
(AP foto/Emilio Morenatti)
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Para muchos, el presidente de El Salvador es un héroe nacional que enfrentó con mano firme a las pandillas violentas del país. Para otros, el populista es un autócrata del siglo XXI que ha cometido violaciones masivas contra los derechos humanos y cambiado las reglas del juego para concentrar el poder en sus manos.
Bukele ha llamado la atención del mundo como pocos líderes latinoamericanos en los últimos tiempos.
El autoproclamado “dictador más ‘cool’ del mundo” tiene muchas posibilidades de lograr un segundo mandato presidencial en las elecciones del domingo. Tras eludir una constitución que prohíbe la reelección en seis partes distintas, Bukele tiene el apoyo de entre siete y nueve de cada 10 votantes, según sondeos recientes.
Un argumento frecuente de sus seguidores es que tienen pocas opciones tras años de corrupción y violencia bajo los partidos tradicionales de El Salvador. Alex Cisneros es uno de los que piensan votarle.
“Ha hecho muchas cosas buenas y muchas cosas malas”, dijo Cisneros, de 32 años. “La gente le critica, pero al menos ha hecho”.
Cisneros creció en una de las zonas más peligrosas de San Salvador y huyó a Estados Unidos cuando tenía 20 años, después de que su primo fuera asesinado por la Mara Salvatrucha. Ahora ha vuelto a su país y dice que se preocupó cuando la policía encarceló a un vecino anciano por proteger a su hijo, que probablemente era un pandillero, pero añade que ahora puede caminar con tranquilidad por las calles de noche por primera vez en su vida.
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Complots de asesinato, órdenes de detención contra periodistas y defensores de los derechos humanos, ataques a adversarios — desde menosprecios hasta judiciales — y otras acciones gubernamentales han marcado el inicio de 2024 para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus aliados. Añádase la condena internacional y las sanciones económicas, y la realidad de un año con elecciones presidenciales se vuelve evidente.
Y, una vez más, la pregunta es: ¿Cómo de democráticos serán los comicios?
A los venezolanos se les prometió que habrá elecciones presidenciales en la segunda mitad de 2024, luego de que Maduro y una facción de la oposición respaldada por el gobierno de Estados Unidos alcanzaran un acuerdo en octubre. Además, pactaron reconocer y respetar el derecho de los partidos a elegir libremente a su candidato, tomar medidas que revirtieran la decisión de Caracas que impedían a políticos presentarse a cargos públicos, e invitar a observadores electorales internacionales.
En los últimos tres meses, el gobierno ha mostrado su disposición a poner a prueba los límites del acuerdo, desacreditando las primarias presidenciales de la oposición, arrestando a numerosos adversarios reales o presuntos y caracterizando repetidamente a los miembros de la oposición como delincuentes que incitan al odio.
Pero la prueba de fuego se produjo el viernes, cuando el Tribunal Supremo venezolano — alineado con el gobierno de Maduro — bloqueó la candidatura presidencial de María Corina Machado al ratificar una decisión administrativa que le prohíbe optar a un cargo público durante 15 años.
“Hasta el momento no creo que tengamos evidencia de que Maduro planee permitir una elección competitiva”, dijo Geoff Ramsey, analista sobre Venezuela en el centro de estudios Atlantic Council. “Lo que estamos viendo es que el gobierno está dejando claro que no tiene previsto marcharse en el corto plazo”.