
Los vaivenes en los mercados eran esperados por los expertos luego que los chilenos escogieron en la víspera como próximo líder del país sudamericano a un diputado del izquierdista Frente Amplio apoyado por el Partido Comunista, que triunfó con un holgado 55,6% de los votos. La bolsa de Santiago se contrajo un 7% y hacia el mediodía se ubicó en 6,21%, mientras el dólar saltó 26 pesos, a un precio récord de 873 pesos, y tras varios movimientos se situó en 874 pesos.
“Tendremos un compromiso con la convergencia fiscal, no fue un slogan de campaña, sino que es una convicción”, dijo Boric al ser consultado sobre la volatilidad de los mercados en el palacio de gobierno, donde se reunió con el saliente presidente Sebastián Piñera, que lo invitó a conversar sobre la transferencia del gobierno.
Boric llega al poder con un programa de gobierno que acogió las demandas contra las desigualdades sociales y económicas que estallaron tras una revuelta social a fines de 2019, y sus ambiciosos planes tienen un costo de 12.500 millones de dólares, que planea financiar con la recaudación de 5 puntos del PIB en cuatro años mediante graduales alzas tributarias que incluyen impuestos a los más ricos, a los combustibles y la poderosa minería del cobre.

Las autoridades sanitarias han pedido a los tribunales que autoricen una serie de medidas que incluyen un nuevo toque de queda nocturno de la 1 las 6 de la mañana, reuniones sociales limitadas a 10 personas, el cierre de clubes nocturnos y limitar los restaurantes al 50% de aforo en el interior, y al 70% en las tiendas, gimnasios y teatros.
De ser aprobadas por los tribunales, las medidas entrarían en vigor el viernes y durarían 15 días en la región noreste donde se encuentra Barcelona.
El jefe de salud regional, Josep Argimon, dijo que las medidas son necesarias por la llegada de la variante ómicron más contagiosa. “Las infecciones han aumentado 100% durante la última semana”, dijo.
El presidente del gobierno español Pedro Sánchez se reunirá a través de video con líderes regionales el miércoles para discutir nuevas restricciones ante el rápido aumento de casos de COVID-19 y pese a haber vacunado completamente a más del 80% de los 47 millones de habitantes de España. Ahora se encuentra en marcha la fase de refuerzos.

Boric pasó meses recorriendo Chile con la promesa de llevar una forma de gobierno inclusivo liderada por jóvenes para atacar la pobreza persistente y la desigualdad que, según él, son la parte más vulnerable e inaceptable de un modelo de libre mercado impuesto hace décadas por la dictadura de general Augusto Pinochet.
La audaz promesa dio sus frutos. Con el 56% de los votos, Boric derrotó el domingo cómodamente a su oponente, el legislador de ultraderecha José Antonio Kast, por más de 10 puntos y a los 35 años fue elegido el presidente más joven de Chile.
En medio de una multitud de simpatizantes en el centro de Santiago, Boric saltó sobre una barricada de metal para llegar al escenario donde inició en lengua indígena mapuche un conmovedor discurso de victoria ante miles de personas, en su mayoría jóvenes.
“Somos una generación que surgió en la vida pública exigiendo que nuestros derechos sean respetados como derechos y no tratados como bienes de consumo o un negocio”, dijo Boric. “Sabemos que sigue habiendo justicia para los ricos y justicia para los pobres, y ya no permitiremos que los pobres sigan pagando el precio de la desigualdad de Chile”.
En su discurso, el presidente electo barbudo y con gafas destacó las posiciones progresistas que lanzaron su improbable campaña, incluida la promesa de luchar contra el cambio climático bloqueando un proyecto minero propuesto en la nación productora de cobre más grande del mundo.

Muchos de los manifestantes eran personas de edad avanzada que hace unas décadas resistieron el régimen comunista impuesto en Polonia. Temen que la democracia que ayudaron a forjar está ahora amenazada.
Temen que el gobierno populista de derechas está alejando al país de Occidente y convirtiéndolo en uno más parecido a Turquía o Rusia, con intentos de controlar a los medios y silenciar a la prensa.
Las protestas, organizadas por grupos opositores, fueron convocadas luego que el parlamento sorpresivamente aprobó una propuesta que obligaría a Discovery Inc a vender su paquete accionario de TVN, el principal canal de televisión en Polonia.
TVN opera el canal noticioso TVN24 y su canal principal, TVN, ofrece un programa noticioso todas las noches que es visto por millones de espectadores y suele ser crítico del gobierno.
La suerte de la propuesta está ahora en manos del presidente Andrzej Duda. La principal protesta del domingo tiene lugar frente al palacio presidencial en Varsovia.
El gobierno ha defendido la medida argumentando que es importante garantizar que ningún país ajeno a Europa pueda controlar una compañía capaz de moldear la opinión pública.

El presidente de la Organización Rohinyá de Birmania de Gran Bretaña (Brouk), Maung Tun Khin, uno de los impulsores de la demanda viajó a Buenos Aires y detalló a periodistas que su declaración se basa en “la persecución sistemática que enfrenté y que enfrentaron mis amigos y muchos rohinyas... durante muchas décadas, especialmente en agosto y septiembre de 2017”.
Los rohinya son originarios de Myanmar, en el sudeste asiático, pero se vieron forzados a huir de la persecución y la violencia a partir de 2017. Alrededor de un millón viven en campos de refugiados en la vecina Bangladesh, y unos 10.000 han llegado a Estados Unidos. Se estima que más de 10.000 rohinya murieron y otros 150.000 padecieron tormentos.
“Mis hermanos y hermanas fueron brutalmente asesinados por el ejército de Myanmar y miles de nuestras hermanas fueron violadas por el ejército de Myanmar”, afirmó Khin. “Muchos sobrevivientes de genocidio queremos obtener justicia, ese es nuestro objetivo principal y la buscaremos en cualquier parte del mundo”.
A fines de noviembre una corte federal de Argentina dio curso a la denuncia de Khin sobre la base del principio de jurisdicción universal para delitos de lesa humanidad previsto en la Constitución argentina y en los tratados internacionales sobre derechos humanos a los que adhiere el país sudamericano.