
En un intento por tomar un nuevo aire tras el revés que sufrieron en las elecciones regionales del fin de semana en las que el partido gobernante ganó cuatro de las seis gobernaciones en disputa, la coalición Va por México, que integran el Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció una “moratoria constitucional” que implicará que ninguno de sus parlamentarios aprobará las iniciativas de reforma constitucional promovidas por el gobierno.
“No permitiremos romper con la autonomía, integración e independencia del INE (Instituto Nacional Electoral), ni favorecer la militarización del país que atenta contra la democracia y los derechos humanos”, afirmó Marko Cortés, presidente del PAN, al anunciar en conferencia de prensa el acuerdo que descarta que alguno de los más de dos centenares de congresistas opositores apoyen las iniciativas de reforma en materia electoral y para que la Guardia Nacional se adhiera a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“El presidente de la República y sus brazos ejecutores en el Congreso de la Unión han demostrado una actitud intolerante, de cerrazón y aversión a la deliberación democrática”, agregó el político.

Estados Unidos y sus aliados han entregado miles de millones de dólares en armamento a Ucrania. Europa ha recibido a millones de personas desplazadas por la guerra. Y hay una unidad sin precedentes en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial para la imposición de sanciones al presidente Vladimir Putin y a su país.
Pero a medida que la conmoción por la invasión del 24 de febrero remite, los analistas apuntan que el Kremlin podría beneficiarse de un conflicto más largo y enquistado, y de una posible pérdida de interés de Occidente, lo que podría presionar a Kiev para llegar a un acuerdo.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha rechazado ya las sugerencias occidentales de que debería aceptar algún tipo de compromiso, Su país, afirmó, decidirá sus propias condiciones para la paz.
“La fatiga va en aumento, la gente quiere algún tipo de resultado (que sea beneficioso) para ellos, y nosotros queremos (otro) resultado para nosotros”, indicó.

Al mismo tiempo, las fuerzas rusas y ucranianas escenificaron intensos combates por el control de Sievierodonetsk, una ciudad que se ha convertido en parte central de la campaña de Moscú para controlar la región industrial del este de Ucrania conocida como el Donbás.
El costo humano de la guerra continúa acumulándose a medida que se prolongan los combates. En muchos de los edificios de Mariúpol, los trabajadores encuentran entre 50 y 100 cuerpos en cada uno, según un colaborador de la alcaldía en la ciudad portuaria que se encuentra bajo control ruso.
Petro Andryushchenko dijo en Telegram que los cuerpos son trasladados en una “interminable caravana de muerte” hacia la morgue, fosas comunes y otros lugares. Al menos 21.000 civiles de Mariúpol murieron durante el asedio ruso de varias semanas, según estimados de las autoridades ucranianas.
Las consecuencias de la guerra se resienten más allá de Europa oriental, debido a que los cargamentos de cereales ucranianos continúan sin poder salir del país, elevando los precios de los alimentos.

El prófugo Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, de nacionalidad venezolana, es señalado de transportar en una moto acuática a la persona que disparó en tres ocasiones contra el fiscal paraguayo hasta causarle la muerte en una playa privada del Caribe colombiano, en la que disfrutaba de su luna de miel junto a su esposa Claudia Aguilera.
Salinas Mendoza es buscado en 194 países miembros de Interpol mediante una circular azul expedida por Colombia, en la que se señala que podría desplazarse especialmente a Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá.
El director de la policía colombiana, general Jorge Luis Vargas, aseguró en el anuncio oficial que tienen información que apunta a que Salinas Mendoza “se fugó hacia Venezuela con unos dineros que serían producto presuntamente del homicidio del fiscal Pecci”. La operación criminal habría costado más de 528.000 dólares, según la fiscalía.
Por el crimen del fiscal antimafia cometido el 10 de mayo en las playas de Barú, en Cartagena, han sido capturadas cinco personas a quienes les fueron imputados los delitos de homicidio agravado y porte de armas. Tras ser judicializados en Cartagena, el miércoles arribaron a Bogotá, donde serán trasladados al búnker de la fiscalía y luego a una prisión de máxima seguridad.

Los muertos han sido trasladados a la morgue mientras que unos 50 heridos siguen siendo atendidos en el hospital tras el ataque a la iglesia católica de San Francisco en la localidad de Owo, en el estado de Ondo, dijo Kadiri Olanrewaju, jefe de los Servicios Nacionales de Gestión de Emergencias de Nigeria en Ondo.
Se desconoce el número exacto de víctimas mortales, ya que algunos de los fallecidos fueron trasladados por sus familiares para ser enterrados de forma privada, dijeron los residentes.
“Sólo le estoy dando los que están en la morgue del hospital, no los que están en la iglesia y que fueron llevados a casa para ser enterrados. No tengo ese registro”, dijo Olanrewaju, de los servicios de ayuda de emergencia.
Ogunmolasuyi Oluwole y Adelegbe Timileyin, ambos representantes de Owo en las cámaras legislativas estatal y federal, comentaron previamente a la AP que más de 50 personas habían muerto en el ataque.
Nigeria, el país más poblado de África con 206 millones de habitantes, lleva más de una década luchando contra la insurgencia en el noreste del país a manos de los rebeldes extremistas islámicos de Boko Haram y su rama, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico. El país se enfrenta ahora a crecientes problemas de inseguridad, ya que los separatistas y los piratas se atribuyen los ataques en el sur del país, mientras que los grupos armados lanzan con frecuencia ataques mortales en el noroeste.
Antes del ataque a la iglesia, Ondo había sido considerado uno de los estados más pacíficos de Nigeria. Pero ahora Owo, una pequeña ciudad de comerciantes y trabajadores del gobierno situada a 50 kilómetros (31 millas) de la capital del estado, Akure, se tambalea por la violencia del ataque a la iglesia.
Las escuelas y los lugares de reunión pública permanecieron cerrados el martes y muchos residentes se quedaron en casa, según los vecinos.