WASHINGTON (AP) — El gobierno de Trump sigue adelante con sus planes para excluir a algunas organizaciones sin fines de lucro de un popular programa de condonación de préstamos estudiantiles si su trabajo se considera que tiene un “propósito ilegal sustancial”, una medida que podría dejar a algunos maestros, médicos y otros trabajadores públicos sin acceso a la cancelación de préstamos federales.

Las nuevas normas, finalizadas el jueves, otorgan al Departamento de Educación mayores facultades para excluir a organizaciones del programa de condonación de préstamos para el servicio público. El gobierno de Trump afirmó que es necesario impedir que quienes infringen la ley utilicen fondos públicos. Los críticos sostienen que esto convierte el programa en una herramienta de represalia política .

La política, que entrará en vigor en julio, está dirigida principalmente a organizaciones que trabajan con inmigrantes y jóvenes transgénero.

Otorga al secretario de educación la facultad de excluir del programa a grupos que participen en actividades como la trata o la castración química de menores, la inmigración ilegal y el apoyo a organizaciones terroristas. La castración química se define como el uso de terapia hormonal o fármacos que retrasan la pubertad, un tratamiento de afirmación de género común para niños y adolescentes transgénero.

Se trata de una profunda reforma de un programa que ha cancelado préstamos a más de un millón de estadounidenses y que fue creado por el Congreso en 2007 para orientar a más graduados universitarios hacia empleos peor remunerados en el sector público. El gobierno de Trump aún no ha identificado los grupos específicos a los que pretende afectar, pero estima que menos de diez se verían perjudicados cada año.

El programa “estaba destinado a apoyar a los estadounidenses que dedican sus carreras al servicio público, no a subvencionar a organizaciones que violan la ley, ya sea dando refugio a inmigrantes ilegales o realizando procedimientos médicos prohibidos que intentan cambiar el sexo biológico de los niños”, dijo el subsecretario de Educación, Nicholas Kent, en un comunicado.

La organización legal sin fines de lucro Student Defense dijo que presentará una demanda para impugnar las normas, argumentando que la administración está “castigando ilegalmente a los funcionarios públicos por las opiniones políticas percibidas de sus empleadores”.

El programa ha premiado una amplia gama de carreras en el servicio público.

El programa promete cancelar los préstamos estudiantiles federales para empleados gubernamentales y muchos trabajadores de organizaciones sin fines de lucro después de 10 años de pagos. Desde hace tiempo, está disponible para empleados gubernamentales, docentes, bomberos y personal de hospitales públicos. Los requisitos de elegibilidad establecidos por el Congreso se centran principalmente en la situación fiscal de las organizaciones sin fines de lucro y su ámbito de actividad.

El beneficio ha recaído sobre trabajadores de organizaciones de todo el espectro político. Sin embargo, en una acción de marzo que exigía nuevos límites, el presidente Donald Trump afirmó que se han “malgastado fondos públicos en organizaciones activistas que no solo no sirven al interés público, sino que perjudican nuestra seguridad nacional y los valores estadounidenses, a veces mediante actividades delictivas”.

Una de las principales preocupaciones de los críticos es la amplia libertad que se está otorgando el departamento para determinar si el trabajo de una organización debe considerarse que tiene un “propósito ilegal sustancial”.

Los empleadores de los gobiernos estatales y locales, así como las organizaciones sin fines de lucro, pueden ser expulsados ​​del programa si un tribunal estatal o federal falla en su contra o si aceptan un acuerdo legal que incluya la admisión de culpabilidad. Por ejemplo, brindar atención médica de afirmación de género en los 27 estados que la prohíben parece ser motivo de expulsión.

Aun sin un dictamen judicial, el secretario de educación podrá determinar de forma independiente si una organización debe ser excluida. El secretario evaluará si la mayor parte de la evidencia favorece al empleador.

El departamento desestimó las preocupaciones de muchos que afirmaban que ese listón estaba demasiado bajo.

“Garantiza que las decisiones se basen en hechos, no en especulaciones, y permite al Departamento actuar con prontitud para proteger tanto a los prestatarios como a los contribuyentes”, escribieron los funcionarios federales.

Los críticos ven una oportunidad para tomar decisiones basadas en la ideología.

Entre quienes se opusieron a la propuesta figuraban destacadas asociaciones de educación superior, sanidad y derecho. En los comentarios públicos presentados al departamento, muchos la calificaron de extralimitación ilegal y afirmaron que socavaría un incentivo que ha contribuido a paliar la escasez de mano de obra en sectores con alta demanda.

La Asociación de Abogados Estadounidenses afirmó que podría reducirse el número de defensores públicos y abogados de interés público. Miles de personas perderán el acceso a representación legal, señaló la asociación, “simplemente porque el Secretario consideró que los puestos de esos abogados eran políticamente desfavorables”.

El Consejo Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro afirmó que esta política permitiría a futuras administraciones de cualquier partido político cambiar las normas de elegibilidad “en función de sus propias prioridades o ideología”.

El representante Tim Walberg, republicano por Michigan y presidente del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, dijo que la reforma evitará que los contribuyentes cubran el alivio de préstamos para empleados de “organizaciones radicales que violan las leyes estatales y federales”.

Según las nuevas normas, los empleadores solo podrán ser sancionados por actividades que tengan lugar a partir del 1 de julio de 2026. Aquellos excluidos del programa podrán volver a solicitar su elegibilidad después de 10 años o reincorporarse antes si siguen un “plan de acción correctiva” aprobado por el secretario.

Los documentos del departamento indican que una sola infracción de la ley puede o no ser suficiente para inhabilitar a un empleador, según las circunstancias. No todas las organizaciones que infringen la ley tienen un «propósito ilegal sustancial», afirmó la agencia, y en última instancia, la decisión final depende del análisis de las pruebas por parte del secretario.

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COLLIN BINKLEY cubre el Departamento de Educación de Estados Unidos y la política educativa federal para The Associated Press, además de una amplia gama de temas desde la educación primaria y secundaria hasta la educación superior.

(Foto AP/José Luis Magaña, archivo)

CHICAGO (AP) — Una jueza de Chicago tomó el martes la inusual medida de ordenar a un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que la informe todas las noches, un intento sin precedentes de imponer una supervisión en tiempo real de la represión migratoria del gobierno en la ciudad después de semanas de tensos encuentros y lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de los agentes.

Greg Bovino, quien se ha convertido en la cara pública de las redadas migratorias ciudad por ciudad de la administración Trump, debe comparecer diariamente a las 6 de la tarde para informar sobre cómo sus agentes están aplicando la ley y si se mantienen dentro de los límites constitucionales, dijo la jueza de distrito estadounidense Sara Ellis.

Ellis también exigió informes completos sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes involucrados en la operación relámpago que ha dado como resultado más de 1.800 arrestos desde septiembre.

—Sí, señora —respondió Bovino a cada petición.

Phillip Turner, exfiscal federal de Chicago, afirmó que la orden del juez es sumamente inusual.

“He sido abogado durante casi 50 años y nunca he visto nada parecido”, dijo Turner a The Associated Press.

Bovino recibió una reprimenda de Ellis en cuanto se sentó en el estrado con su uniforme verde. El juez expresó rápidamente su preocupación por los videos y otras imágenes de la campaña contra la inmigración ilegal. La audiencia fue la más reciente en una demanda presentada por medios de comunicación y manifestantes que afirman que los agentes han usado fuerza excesiva, incluyendo gases lacrimógenos , durante las protestas.

“Mi función no es decirles si pueden o no aplicar las leyes aprobadas válidamente por el Congreso. … Mi función es simplemente velar por que, al aplicar esas leyes, los agentes actúen de conformidad con la Constitución”, dijo Ellis.

Bovino es jefe del sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, uno de los nueve en la frontera con México.

La jueza quiere que se reúnan en persona diariamente “para que le cuente cómo le fue el día”.

“Sospecho que ahora que sabe dónde estamos y que él entiende lo que espero, no creo que veamos un gran despliegue de gases lacrimógenos la próxima semana”, dijo Ellis.

Ellis se centró en los informes de que agentes de la Patrulla Fronteriza interrumpieron un desfile infantil de Halloween con gas lacrimógeno en el noroeste de la ciudad durante el fin de semana. Los vecinos se habían reunido en la calle mientras alguien era arrestado.

“Esos chicos fueron atacados con gases lacrimógenos cuando se dirigían a celebrar Halloween en el estacionamiento de su escuela”, dijo Ellis. “Y solo puedo imaginar el terror que sintieron. Como pueden imaginar, su sensación de seguridad se hizo añicos el sábado. Y va a tardar mucho tiempo en recuperarse, si es que alguna vez lo hace”.

Ellis ordenó a Bovino que presentara todos los informes sobre el uso de la fuerza desde el 2 de septiembre por parte de los agentes que participaron en la Operación Midway Blitz. Inicialmente los exigió para el final del martes, pero Bovino dijo que sería “físicamente imposible” debido a la “enorme cantidad”.

Los abogados del gobierno han defendido repetidamente las acciones de los agentes, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y le dijeron al juez que los videos y otras representaciones han sido parciales.

Además de su comparecencia ante el tribunal, Bovino todavía debe rendir una declaración, una entrevista en privado, con los abogados de ambas partes.

La jueza ya ordenó que los agentes llevaran placas y les prohibió usar ciertas técnicas antidisturbios contra manifestantes pacíficos y periodistas. Posteriormente, exigió el uso de cámaras corporales después de que el uso de gases lacrimógenos generara preocupación sobre si los agentes estaban acatando su orden inicial.

Ellis estableció el viernes como fecha límite para que Bovino consiga una cámara y complete la capacitación.

Los abogados que representan a una coalición de medios de comunicación y manifestantes afirman que violó la orden judicial sobre el uso de la fuerza en Little Village, un enclave mexicano en Chicago, y presentaron una imagen de él supuestamente “lanzando gas lacrimógeno a una multitud sin justificación”.

Durante el fin de semana, se observaron agentes enmascarados y camionetas sin identificación en el norte de Chicago, una zona más acomodada y predominantemente blanca, donde un video mostró el uso de agentes químicos en una calle. En las últimas semanas, se ha grabado a agentes utilizando gas lacrimógeno en varias ocasiones.

Bovino también dirigió la operación de inmigración en Los Ángeles en los últimos meses, que culminó con miles de arrestos. Los agentes rompieron ventanas de autos, derribaron una puerta de una casa y patrullaron el Parque MacArthur a caballo.

CRISTINA FERNANDO es un reportero sobre democracia que cubre desinformación, derechos reproductivos y tribunales supremos estatales para The Associated Press.

(Foto AP/Nam Y. Huh)

LOS ÁNGELES (AP) — Un juez federal inhabilitó al fiscal federal interino Bill Essayli en el sur de California de varios casos después de concluir el martes que el designado por Trump se ha mantenido en el cargo temporal más tiempo del permitido por la ley.

El juez federal de distrito J. Michael Seabright inhabilitó a Essayli para supervisar los procesos penales en tres casos, alineándose con los abogados defensores. Essayli se ha desempeñado ilegalmente como fiscal federal interino para el Distrito Central de California desde el 29 de julio, escribió Seabright. Sin embargo, podría continuar como fiscal federal adjunto primero, dictaminó Seabright, lo que lo convierte en el fiscal principal de la oficina.

“Nada va a cambiar”, escribió Essayli en una publicación en redes sociales el martes por la noche, diciendo que esperaba con interés impulsar la agenda del presidente Donald Trump.

La decisión representa otro revés para el intento del gobierno de Trump de extender el mandato de fiscales federales interinos designados a dedo más allá del límite de 120 días establecido por la ley federal. En septiembre, un juez dictaminó que la fiscal federal interina de Nevada, Sigal Chattah, ejercía su cargo ilegalmente. En agosto , otro juez inhabilitó a la fiscal federal interina de Nueva Jersey, Alina Habba.

Essayli, exfiscal federal convertido en asambleísta republicano de California, defendió causas conservadoras y criticó las restricciones estatales por la COVID-19. Se ha manifestado abiertamente en contra de las políticas californianas de protección a los inmigrantes indocumentados y ha procesado con dureza a quienes protestan contra el endurecimiento de las medidas migratorias de Trump en el sur de California.

Según la ley federal, si el presidente no nombra a un fiscal federal permanente y el Senado no lo confirma en un plazo de 120 días, los jueces del tribunal federal de distrito pueden nombrar a un interino hasta que se cubra la vacante. Essayli no ha sido confirmado por el Senado de Estados Unidos, lo cual generalmente requiere cierto grado de apoyo bipartidista. Los senadores de California, Adam Schiff y Alex Padilla, han criticado el nombramiento de Essayli.

Essayli fue nombrado fiscal federal interino en marzo, varios meses después de la renuncia de la persona designada por el expresidente Joe Biden. Apenas cumplidos 120 días, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, lo nombró primer fiscal federal adjunto y declaró que tendría la autoridad para ejercer como fiscal federal interino si se produjera una vacante en el cargo. Posteriormente, renunció como fiscal federal interino.

El gobierno ha argumentado que puede hacerlo en virtud de la Ley de Reforma de Vacantes Federales de 1998, que el Congreso aprobó específicamente para regular la cobertura temporal de las vacantes del poder ejecutivo que requieren nombramiento presidencial y confirmación del Senado.

Seabright, sin embargo, dijo que esa disposición de la ley solo se aplica si el fiscal federal anterior muere, renuncia o queda incapacitado por alguna otra razón.

La demanda que buscaba descalificar a Essayli fue interpuesta por tres hombres que enfrentaban cargos federales por posesión de armas de fuego. Solicitaron la desestimación de sus acusaciones. Seabright dictaminó que las acusaciones podían proceder.

En Nevada, el mismo juez que inhabilitó a Chattah la semana pasada dictaminó que suspendía su decisión anterior mientras un tribunal federal de apelaciones consideraba una apelación del Departamento de Justicia de EE. UU., lo que le permite seguir participando temporalmente en los casos que procesa su oficina. El lunes, un tribunal de apelaciones también escuchó argumentos sobre el nombramiento de Habba, interrogando a los abogados del gobierno sobre sus maniobras para mantenerla en el cargo.

JAIMIE DING cubre noticias de última hora sobre California para The Associated Press. Se especializa en la aplicación de la ley y los tribunales, y reside en Los Ángeles.

(Foto AP/Damian Dovarganes)

MIAMI (AP) — Un veterano agente de las fuerzas del orden estadounidenses intentó en secreto reclutar al piloto de Nicolás Maduro para que se uniera a un complot para capturar al líder venezolano y entregarlo a Estados Unidos para que enfrente cargos de narcotráfico. Los detalles del complot están surgiendo a medida que el gobierno de Trump ejerce una creciente presión sobre Maduro. Trump ha desplegado una fuerza naval estadounidense en el Caribe y ha duplicado la recompensa por el arresto de Maduro a 50 millones de dólares.

La saga no contada de cómo el agente intentó seducir al piloto tiene todos los elementos de un thriller de espías de la Guerra Fría: aviones privados de lujo, una reunión secreta en un hangar del aeropuerto, diplomacia de alto riesgo y el delicado cortejo de un lugarteniente clave de Maduro. Incluso hubo un último acto de intriga para inquietar al presidente venezolano sobre la verdadera lealtad del piloto.

A continuación, se presentan algunas conclusiones clave del artículo de AP, basado en entrevistas con tres funcionarios estadounidenses, tanto en activo como retirados, y con un opositor de Maduro. Todos hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar sobre el asunto o por temor a represalias por revelarlo. Associated Press también revisó y autenticó los intercambios de texto entre López y el piloto.

La audaz apuesta de reclutamiento de un agente estadounidense

El agente de Investigaciones de Seguridad Nacional, Edwin López, se desempeñaba como agregado en República Dominicana cuando se enteró de que dos aviones privados, utilizados frecuentemente para transportar a Maduro, habían aterrizado en la nación caribeña para costosas reparaciones. Los aviones se utilizaban para transportar a Maduro por todo el mundo, a menudo a países hostiles a Estados Unidos, como Irán, Cuba y Rusia.

Una delegación de personal de la Fuerza Aérea Venezolana llegó para recoger los aviones, por lo que López consiguió permiso para hablar con los aviadores, según los funcionarios actuales y anteriores.

En mayo de 2024, en un aeropuerto ejecutivo de Santo Domingo, López le presentó su propuesta al piloto de Maduro: a cambio de desviar el vuelo del presidente a un lugar donde pudiera ser detenido por las autoridades estadounidenses, el aviador se haría rico y se ganaría la admiración de millones de venezolanos. El lugar de encuentro podría ser a elección del piloto: República Dominicana, Puerto Rico o la base militar estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba, según dos de las personas familiarizadas con el plan.

El piloto, Bitner Villegas, miembro de la guardia de honor presidencial de élite, no se comprometió, aunque le dio a López su número de teléfono. Ambos mantuvieron el contacto a través de una aplicación de mensajería cifrada. López, tras jubilarse a principios de este año, volvió a contactarlo, según tres de las personas.

"Sigo esperando su respuesta", escribió López al piloto el 7 de agosto, adjuntando un enlace a un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia que anunciaba que la recompensa por la detención de Maduro había ascendido a 50 millones de dólares . Maduro había sido imputado en 2020 por cargos federales de narcoterrorismo, acusándolo de contribuir a la inundación de cocaína en Estados Unidos.

López añadió unos días después: “Todavía hay tiempo para ser el héroe de Venezuela y estar en el lado correcto de la historia”.

Esfuerzos estadounidenses más amplios para derrocar a Maduro

La operación revela hasta qué punto —y a menudo de manera chapucera— Estados Unidos ha intentado durante años derrocar a Maduro, a quien culpa de destruir la democracia de la nación rica en petróleo y de proporcionar refugio a narcotraficantes, grupos terroristas y a la Cuba comunista.

Estos esfuerzos han cobrado impulso desde que el presidente Donald Trump retomó el cargo. Este verano, el presidente desplegó miles de tropas, helicópteros de ataque y buques de guerra en el Caribe para atacar barcos pesqueros sospechosos de contrabandear cocaína desde Venezuela. En 10 ataques, el ejército estadounidense ha matado al menos a 43 personas.

Este mes, Trump también autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Anteriormente, duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro para que enfrente los cargos de narcotráfico incluidos en una acusación federal de 2020 que acusaba al dictador venezolano de liderar un cártel de militares acusados ​​de inundar Estados Unidos con cocaína.

Rechazado por el piloto, López y líderes de la oposición hacen campaña para inquietar a Maduro

Cuando Villegas rechazó los esfuerzos de López, aliados de la oposición venezolana lanzaron una campaña en línea para sembrar sospechas en Caracas sobre la lealtad del piloto.

Marshall Billingslea, exfuncionario de seguridad nacional en varias administraciones republicanas, llevaba semanas criticando a Maduro. El día que Villegas cumplió 48 años, publicó en redes sociales un mensaje de cumpleaños burlón que incluía fotografías paralelas que sin duda llamarían la atención. Una de ellas era de Villegas en un sofá de cuero rojo en el hangar de aviones en República Dominicana donde habló el año anterior con López, quien fue recortado de la foto. La otra era una foto oficial de la Fuerza Aérea con una estrella dorada que indicaba su nuevo rango de general.

La publicación de Billingslea se publicó a las 15:01, un minuto antes de que otro Airbus sancionado, que se sabe que pilota Maduro, despegara del aeropuerto de Caracas. Veinte minutos después, el avión regresó inesperadamente al aeropuerto.

Repercusiones en Venezuela

El saludo de cumpleaños , visto por casi 3 millones de personas, causó conmoción en las redes sociales venezolanas, ya que los opositores de Maduro especularon que se le había ordenado al piloto regresar para ser interrogado. Otros se preguntaban si sería encarcelado. Nadie vio ni supo de Villegas durante días. Luego, el 24 de septiembre, el piloto reapareció, con un traje de vuelo de la Fuerza Aérea, en un programa de televisión muy seguido, presentado por el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Cabello se rió de cualquier insinuación de que se pudiera comprar al ejército venezolano. Mientras bromeaba sobre la lealtad de Villegas, llamándolo un "patriota inquebrantable y valiente ", el piloto permaneció en silencio, levantando el puño en señal de lealtad.

JOSHUA GOODMAN es un periodista de investigación radicado en Miami que escribe sobre la intersección del crimen, la corrupción, el narcotráfico y la política en Latinoamérica. Anteriormente, dedicó dos décadas a informar desde Sudamérica.

(Foto AP/Mark Schiefelbein, Pool, Archivo)