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La nueva estimación consolida aún más la posición de Bolivia como el país con los depósitos de litio más grandes del mundo, que tiene una gran demanda para su uso en baterías.
“Somos la reserva de litio más grande del mundo y tenemos que saber administrarla inteligentemente para explotar y transformar este recurso”, dijo el presidente Luis Arce en el salar de Coipasa, a unos 280 kilómetros (175 millas) al sur de la capital paceña.
Bolivia ha intensificado su búsqueda de socios internacionales para ayudar a desarrollar sus reservas de litio en un momento en que la demanda del metal se dispara en medio de la transición a las energías renovables en todo el mundo y el crecimiento de los vehículos eléctricos que funcionan con baterías de litio.
El aumento en la estimación de las reservas de Bolivia se dio luego de más estudios geológicos en los salares de Coipasa y Pasto Grandes, dijo Raúl Mayta, viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, al canal de televisión estatal Bolivia TV.
Arce está presionando para impulsar el papel de Bolivia en el mercado internacional del litio después de 14 años de escaso progreso que lo dejó rezagado con respecto a los vecinos Chile y Argentina. Los tres países albergan un área que contiene una gran parte de las reservas probadas de litio del mundo.
El mes pasado, el gobierno de Arce firmó un acuerdo con Citic Guoan de China y Uranium One Group de Rusia para explotar los depósitos de litio de Bolivia. Juntos prometieron invertir $1.400 millones para la construcción de dos plantas para la producción y exportación de 50.000 toneladas anuales de litio a partir de 2025 en el salar de Pastos Grandes.
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La movilización aumentó de tamaño a medida que los israelíes se unían a la marcha de 70 kilómetros (unas 45 millas) a lo largo del día para mostrar su oposición a uno de los gobiernos más a la derecha en la historia de Israel.
Los manifestantes tenían previsto acampar durante la noche en Shoresh, a unos 18 kms (11 millas) de Jerusalén, antes de dirigirse al parlamento israelí el sábado, el día sagrado judío del Shabbat.
La marcha se celebra un día después de que Netanyahu prometió seguir adelante con la iniciativa, desafiando a los manifestantes, a las crecientes deserciones de reservistas militares y a los llamados del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a suspender el plan.
Ronen Rosenblatt, un trabajador de alta tecnología de 58 años que se unió a la marcha tras meses de frustración con el gobierno de Netanyahu, describió el acto como jovial, con la gente unida bajo el objetivo común de “frenar esta estupidez, esta dictadura”.
Los inconformes portaban banderas israelíes y carteles con lemas políticos en una fila de cuatro kilómetros (2,5 millas) de largo que discurría a través de olivares y campos de cultivo. Salieron de Tel Aviv el jueves y pasaron la noche a medio camino de Jerusalén, acampados cerca del monasterio de Latrun.
Se espera que los legisladores voten el lunes un proyecto de ley que recortaría los poderes de supervisión del Tribunal Supremo limitando su capacidad para anular decisiones que considere “no razonables”. Este criterio pretende ser una salvaguarda contra la corrupción y los nombramientos indebidos de personas no cualificadas.
Esta es una de las piezas clave de la reforma judicial planteada por el gobierno. Netanyahu y sus aliados — una serie de partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos — sostienen que el plan es necesario para frenar lo que consideran un poder excesivo de los jueces no elegidos en las urnas.
Los críticos afirman que la reforma concentrará el poder en manos del mandatario y sus colaboradores y socavará el sistema de controles y equilibrios del país. Además dicen que Netanyahu, que está siendo juzgado por corrupción, tiene un conflicto de intereses.
ASSOCIATED PRESS
BY SAM MCNEIL
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Un oficial de policía le dijo a The Associated Press que esta semana les dijeron que no reportaran muertes en las manifestaciones que la oposición política ha convocado hasta el viernes. No quedó claro de inmediato quién emitió la orden. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar en público. La policía en la manifestación anterior la semana pasada confirmó que los agentes mataron al menos a seis.
Si bien la policía en Kenia ha sido acusada durante mucho tiempo por grupos de derechos humanos de usar fuerza excesiva, existe una creciente preocupación por las tácticas utilizadas bajo el gobierno del presidente William Ruto, elegido el año pasado. También se vio a un oficial de policía haciéndose pasar por periodista en la protesta del miércoles, que el Consejo de Medios de Kenia calificó de peligrosa.
“Algo que nos preocupa mucho es que hay una creciente interferencia con la policía, donde la policía recibe órdenes fuera del comando policial y comienza a actuar en interés del ejecutivo y no del interés público”, dijo el jueves a la AP el director ejecutivo de la Unidad Médico-Legal Independiente, Peter Kiama.
La falta de notificación de muertes o lesiones por acción policial dentro de las 24 horas a la Autoridad de Supervisión Policial Independiente creada por el gobierno es ilegal, dijo Kiama. Un comisionado de la IPOA, John Waiganjo, confirmó el jueves a la emisora local NTV que la organización “no recibió las notificaciones como deberíamos, y creo que es importante señalarlo”.
Departamento de Estado sanciona a 2 exlíderes salvadoreños, decenas de funcionarios en Centroamérica
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El informe dice que los sancionados “han participado a sabiendas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones” sobre corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
La extensa lista, que también incluye a directores de bancos, jueces y funcionarios de alto rango, subraya la profundidad de la corrupción en toda la región.
El principal de los nombres en la lista fue Mauricio Funes, presidente de El Salvador entre 2009 y 2014, quien recientemente fue sentenciado a 14 años de prisión por negociar con las pandillas y seis años por evasión de impuestos. El sucesor de Funes, el expresidente Salvador Sánchez Cerén, también fue sancionado por “corrupción importante por lavado de dinero” mientras ocupaba el cargo de vicepresidente.
La corrupción ha sido un tema candente en América Central durante años, alimentando la desconfianza en las instituciones y citada regularmente como una de las causas fundamentales de la migración a los Estados Unidos, algo que el presidente Joe Biden ha tratado de detener.
Se ha convertido en un tema de conversación clave en el tumultuoso ciclo electoral actual de Guatemala, ya que el establecimiento político intenta anular la competencia, y frecuenta el discurso del presidente populista de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha adoptado el eslogan “hay suficiente dinero cuando nadie lo roba”.
A pesar de las acusaciones de la administración Biden de que Bukele también negoció con pandillas , y de la alarma de la sociedad civil de que el líder millennial ha estado tomando medidas que carcomen la democracia del país , el nombre de Bukele no figuraba en la lista de sancionados.
Funes, el expresidente de El Salvador, se enfureció contra las sanciones en Twitter y dijo que sancionar a los dos líderes anteriores de El Salvador del mismo partido con el que Bukele una vez rompió “es un claro respaldo de Estados Unidos a la elección de Bukele”.
Llamó a las críticas de Estados Unidos al plan de Bukele de buscar la reelección “tibias” a pesar de que la medida es una clara violación de la constitución de su país. Sugirió que a EE.UU. le “convenía” que Bukele siguiera en el cargo.
ASSOCIATED PRESS
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“¿Realmente no hay un gran investigador europeo con calificaciones académicas que pueda hacer este trabajo?” preguntó Macron en una cumbre de líderes de la UE con sus homólogos latinoamericanos.
En un bloque de unos 450 millones de personas, “¿no hay nadie en los 27 estados miembros que tenga un investigador lo suficientemente bueno como para asesorar a la Comisión (Europea)? Ese es un verdadero signo de interrogación”, dijo Macron.
La comisión ejecutiva de la UE anunció la semana pasada que había designado a la profesora de economía de Yale Fiona Scott Morton como economista jefe de competencia en su departamento encargado de garantizar que “todas las empresas compitan de manera equitativa y justa en función de sus méritos dentro del mercado único, en beneficio de los consumidores, las empresas y la economía europea en su conjunto”.
Macron insistió en que no tiene nada en contra de la propia Scott Morton, un economista con múltiples diplomas de escuelas de élite.
Pero el líder francés exigió respuestas de la comisión y sugirió que los estatutos de la UE no deberían permitir la contratación de un ciudadano no perteneciente a la UE para un puesto tan importante.
Algunos otros políticos y legisladores de la UE, principalmente franceses, también han expresado sus quejas, aunque ni Macron ni los miembros del Parlamento Europeo cuestionaron las calificaciones de Scott Morton para el puesto.