BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Un tribunal federal de Argentina ordenó el lunes la detención “inmediata” del presidente venezolano Nicolás Maduro y del ministro del Interior Diosdado Cabello por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra disidentes.
La orden judicial se produjo en respuesta a una apelación del fiscal argentino Carlos Stornelli después de que un fallo anterior desestimara la denuncia contra ambos líderes venezolanos.
Los magistrados federales Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens ordenaron “que se ejecuten de inmediato las órdenes de captura contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y que se disponga su captura internacional a través de Interpol a los efectos de su extradición a la República Argentina”, según la resolución.
La orden se produce horas después de que la Corte Suprema de Venezuela emitiera una orden de arresto contra el presidente de Argentina, Javier Milei, en medio de una controversia entre los dos países por la detención en territorio argentino -y entrega a Estados Unidos- de un avión de carga que, según Washington, fue vendido por una aerolínea iraní sancionada a una empresa estatal venezolana.
El toma y daca intensifica las tensiones entre Venezuela y Argentina que se han ido gestando desde que el ultraderechista Milei asumió el poder en diciembre y que han llevado a una ruptura de las relaciones diplomáticas.
El caso contra Maduro y su mano derecha fue llevado a la justicia argentina por el Foro Argentino para la Democracia en la Región, FADER, a principios de 2023, teniendo en cuenta la jurisprudencia argentina en materia de derechos humanos y el principio de jurisdicción universal que permite actuar frente a crímenes de lesa humanidad, incluso si han sido cometidos fuera de sus fronteras.
Según los demandantes, en Venezuela existe desde 2014 un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, torturas, homicidios y persecución contra disidentes.
RÍO DE JANEIRO (AP) — Cuando el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inaugure el martes la Asamblea General de Naciones Unidas, se espera que pida al mundo que haga más para combatir el cambio climático. Está por ver si abordará los incendios que arrasan la selva tropical en su país y las críticas a la gestión medioambiental de su propio gobierno.
El mes pasado, la Amazonía brasileña registró 38.000 incendios, el peor dato en un mes de agosto desde 2010, según los datos del instituto espacial del país. Septiembre va camino de repetir ese sombrío récord. El humo asfixia a los residentes en muchas ciudades, incluyendo en la metrópolis de Sao Paulo, a miles de kilómetros (millas) de distancia.
Lula ha atribuido estos incendios a delincuentes y ha propuesto castigos más severos para los infractores medioambientales. Pero su aplicación se ha visto obstaculizada por una huelga de seis meses en el regulador medioambiental, Ibama, que finalizó en agosto, tres meses después de que su gobierno fuera consciente de que el riesgo de incendios había aumentado significativamente en medio de una sequía histórica.
Al mismo tiempo, los miembros de su gobierno han presentado opiniones contradictorias en política medioambiental y energética. Y la retórica de Lula sobre la explotación de las reservas de crudo cerca de la desembocadura del Amazonas ha preocupado a los ambientalistas que quieren que Brasil lidere una transición global hacia las energías renovables. Este mes, prometió pavimentar una carrera en la Amazonía que, según los expertos, impulsará la deforestación.
En su anterior etapa como presidente, entre 2003 y 2010, habló repetidamente sobre cambio climático, mostrando a Brasil como un faro de conservación para el futuro y culpando a los países ricos de contaminar el planeta sin ayudar a las naciones en desarrollo a mantener sus bosques. Y después de asumir el cargo en 2023 tras comprometerse a proteger el medio ambiente, su gobierno logró reducir la deforestación en la Amazonía en un 22% en su primer año.
Pero ahora, sus llamados acerca de la necesidad de una acción medioambiental colectiva podrían escucharse de forma distinta, según el consultor político brasileño Thomas Traumann.
“Lula siempre ha acudido a las reuniones internacionales con mucho que decir, y muchos lo han calificado como el abanderado del medio ambiente. Esta vez no será así", apuntó Traumann. “No podemos decir que su gobierno sea el culpable de todos estos incendios. Hay mucho apoyo a nivel local. Pero parte de esto nunca habría ocurrido si la huelga del Ibama no hubiese durado tanto”.
Lula anunció el viernes que quien sea descubierto prendiendo fuego en los bosques pagará multas de hasta 1.800 dólares por hectárea. Además, anunció un gasto adicional de hasta 500 millones de reales (90 millones de dólares) para combatir los incendios en todo el país.
El mandatario no cambió su tono de los últimos años cuando el domingo intervino en una cumbre previa a la Asamblea General en Nueva York.
“Volver atrás en nuestros compromisos es poner en peligro todo lo que hemos construido de forma ardua”, dijo. “Los objetivos de desarrollo sostenible fueron la mayor empresa diplomática de los últimos años y van camino de convertirse en nuestro mayor fracaso colectivo”.
Un día después, el ministro de Energía, Alexandre Silveira, dijo en una conferencia sobre petróleo en Río de Janeiro que tiene la “convicción absoluta” de que Brasil explotará las reservas de petróleo próximas al Amazonas.
La ambientalista Tica Minami apuntó durante una protesta en el exterior de ese acto que el gobierno de Lula “ha enviado señales contradictorias en sus políticas”.
“No solo es el ejecutivo. El gobierno de Brasil en su conjunto necesita priorizar la protección”, añadió. “Nuestro gobierno tiene que ser valiente y hacer lo necesario por el medio ambiente y la población. Pero las empresas también tienen mucha responsabilidad, son las que se benefician de la destrucción del medio ambiente”.
LA PAZ, Bolivia (AP) — Una marcha multitudinaria en contra del gobierno de Bolivia liderada por el expresidente Evo Morales hacía su ingreso el lunes a la ciudad de El Alto en su camino a la capital, La Paz, sin hallar resistencia tras los violentos choques de la víspera que dejaron una veintena de heridos. La caminata plantea un duro desafío al presidente de Bolivia, Luis Arce, liderado por su exaliado y ahora acérrimo rival.
Horas antes, Arce volvió a convocar a un diálogo con Morales tras los violentos enfrentamientos callejeros de la víspera entre seguidores de ambos en un intento por impedir el ingreso a La Paz de la columna que por siete días lideró el exmandatario, que el lunes caminaba unos metros atrás de la cabeza vestido con un poncho indígena.
La llamada “marcha para salvar Bolivia” reclama a Arce soluciones a la crisis económica y sobre todo que el gobierno y las autoridades reconozcan a Morales como único líder del gobernante Movimientos al Socialismo (MAS) y se le permita postular a las elecciones de 2025 después de que fuera inhabilitado por un fallo del Tribunal Constitucional a fines del año pasado.
La columna de Morales avanzaba el lunes temprano sin oposición y entre algunos aplausos por el barrio de Ventilla, en las afueras de ciudad de El Alto, vecina a la capital y escenario de los altercados del domingo.
“Pese a todo este ambiente de confrontación el gobierno ratifica su decisión de convocarte en el marco del respeto mutuo”, dijo Arce el domingo, dirigiéndose a Morales en un mensaje por televisión. Hasta ahora todo intento de diálogo entre ambos ha resultado infructuoso y ambos líderes se han culpado mutuamente por la violencia desatada durante la marcha, que ha cobrado una treintena de heridos.
Arce acusó a Morales de movilizar a sus bases “solo por ambiciones personales”, mientras Morales señala a Arce de ser responsable de agravar la económica y de la división del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
“El gobierno envió funcionarios y a la policía a agredir al pueblo”, dijo Morales en las afueras de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, en la ultima parada antes de dirigirse a la capital.
Morales aceptó dialogar si Arce acudía a la marcha en plena carretera. El domingo dijo que su ingreso a La Paz se realizaría por varios ingresos a la ciudad. El lunes la plaza mayor donde están la casa de gobierno y el legislativo amanecieron cercadas por barras metálicas y una fuerte custodia policial que se extendía a cuadras a la redonda. Las labores escolares fueron suspendidas ante el temor de nuevos enfrentamientos entre bandos rivales.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se ofreció a mediar en el conflicto y hacía esfuerzos para reunir a las partes. “Hay acercamientos”, dijo.
Es la más grave crisis que afronta el fracturado Movimiento al Socialismo (MAS) que gobierna el país desde hace 17 años. Arce y Morales se disputan el liderazgo y control del aparato partidario de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Es también la peor crisis política del país desde 2019 tras una polémicas elecciones denunciadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en las que Morales buscaba una tercera reelección lo que provocó un estallido social con 37 muertos que obligó a Morales a dimitir y salir al exilio.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, rechazó las acusaciones del presidente de México de que Estados Unidos fue en parte responsable del aumento de las guerras entre cárteles en el norte de Sinaloa durante el fin de semana.
Sinaloa se ha visto eclipsado por la violencia mientras dos facciones en guerra del cártel de Sinaloa se han enfrentado en la capital del estado, Culiacán, en lo que parece ser una lucha por el poder desde que dos de sus líderes fueron arrestados en Estados Unidos a finales de julio.
“Es incomprensible que Estados Unidos sea responsable de las masacres que vemos en distintos lugares”, dijo Salazar en una conferencia de prensa en Chihuahua el sábado. “Lo que se está viendo en Sinaloa no es culpa de Estados Unidos”.
Los arrestos sorprendieron a muchos porque parecía que el hijo del notorio capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán había secuestrado a un miembro veterano del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada , y los había llevado a ambos a Estados Unidos para ser detenidos. Se esperaba un estallido de violencia como ese a raíz de los arrestos.
Mientras las facciones de los cárteles en pugna y las autoridades se enfrentan en tiroteos, los helicópteros vuelan con regularidad sobre la ciudad y los militares patrullan las calles de la capital. Las familias han dicho que tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela.
Mientras tanto, han aparecido cadáveres por toda la ciudad, a menudo tirados en las calles o en autos, con sombreros en la cabeza o rebanadas de pizza o cajas clavadas en ellos con cuchillos. Las pizzas y los sombreros se han convertido en símbolos informales de las facciones en pugna de los cárteles, lo que subraya la brutalidad de su guerra.
Las autoridades locales dijeron que hasta el viernes al menos 53 personas habían muerto y otras 51 estaban desaparecidas en el estado de Sinaloa desde que comenzaron los combates.
El jueves, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, culpó en parte a las autoridades estadounidenses por el derramamiento de sangre.
Cuando se le preguntó en su conferencia de prensa matutina si el gobierno de Estados Unidos era “corresponsable” de esta violencia en Sinaloa, el presidente dijo: “Sí, por supuesto… por haber llevado a cabo este operativo”.
“Si ahora estamos ante inestabilidad y enfrentamientos en Sinaloa es porque (el gobierno estadounidense) tomó esa decisión”, dijo López Obrador.
López Obrador afirmó que las autoridades estadounidenses “hicieron ese operativo” para capturar a Zambada y que “fue totalmente ilegal y agentes del Departamento de Justicia estaban esperando al señor Mayo”.
Salazar había negado previamente que funcionarios estadounidenses estuvieran involucrados en el presunto secuestro.
Fue el último golpe a las relaciones bilaterales entre los dos aliados regionales.
El mes pasado, López Obrador —un populista propenso a arremeter contra sus críticos— dijo que estaba poniendo “en pausa” las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá después de que los embajadores criticaran su controvertido plan de reformar el poder judicial de México exigiendo que todos los jueces se presenten a elecciones.
Aun así, la captura de Zambada ha alimentado las críticas a López Obrador, quien a lo largo de su gobierno se ha negado a enfrentar a los cárteles y ha declarado falsamente que los cárteles respetan a los ciudadanos mexicanos y en gran medida luchan entre ellos.
Bajo el gobierno de López Obrador, que dejará el cargo a fines de este mes, los cárteles han empleado una variedad cada vez mayor de armas y tácticas, incluidas bombas en las carreteras, trincheras, vehículos blindados de fabricación casera y drones que arrojan bombas . Las organizaciones criminales también se han infiltrado en nuevas industrias, como el tráfico de migrantes y el lucrativo negocio del aguacate.
Aunque las autoridades mexicanas dijeron el sábado que habían enviado 600 soldados adicionales a Sinaloa como refuerzos, Salazar culpó del aumento de la violencia en el estado a la crisis de seguridad más amplia que vive México.
“La realidad es que hay un problema de inseguridad y violencia” en México, dijo Salazar.
TIXTLA, México (AP) — Clemente Rodríguez ha estado documentando con tatuajes la larga búsqueda de su hijo desaparecido .
Primero, un dibujo a tinta de una tortuga —símbolo de la escuela de Christian Rodríguez, de 19 años— con una tortuga más pequeña sobre su caparazón. Luego, una imagen de la santa patrona de México, la Virgen de Guadalupe, acompañada del número 43. Más tarde, un tigre que representa la fuerza y una paloma que representa la esperanza.
“¿De qué otra manera mi hijo sabrá que lo he estado buscando?”, preguntó Rodríguez. Para el desconsolado padre, el arte corporal es evidencia de que nunca dejó de buscar, una prueba que tal vez algún día podría mostrarle a su hijo.
El 26 de septiembre de 2014, Christian Rodríguez, un muchacho alto al que le encantaba la danza folklórica y que acababa de inscribirse en una escuela normal en el estado sureño de Guerrero, desapareció junto con 42 compañeros de clase. Desde entonces, cada año, el 26 de cada mes, Clemente Rodríguez, su esposa, Luz María Telumbre, y otras familias se reúnen en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y emprenden un largo viaje en autobús hasta la capital, Ciudad de México, para exigir respuestas.
Lo volverán a hacer la próxima semana, en el décimo aniversario de la desaparición de sus hijos.
Es duro, muy duro”, dijo Clemente Rodríguez.
Hay muchas preguntas y pocas respuestas.
Rodríguez y los demás padres no están solos. Los 43 estudiantes se encuentran entre las más de 115.000 personas que aún están desaparecidas en México, un reflejo de los numerosos crímenes sin resolver en un país donde, según activistas de derechos humanos, la violencia, la corrupción y la impunidad han sido la norma desde hace mucho tiempo.
A lo largo de los años, las autoridades han ofrecido distintas explicaciones. La administración anterior del presidente Enrique Peña Nieto dijo que los estudiantes fueron atacados por fuerzas de seguridad vinculadas a un cártel de drogas local, y que los cuerpos fueron entregados a figuras del crimen organizado, quienes quemaron sus cuerpos en un basurero y arrojaron sus cenizas a un río. Un fragmento de hueso de uno de los estudiantes fue encontrado posteriormente en el río.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la fuente del ataque, pero el actual Ministerio Público, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Comisión de la Verdad creada específicamente para investigar la desaparición de los estudiantes, desmintieron la versión sobre la incineración de los cuerpos en un basurero. Acusaron a altos funcionarios de plantar el fragmento de hueso en el río para que encajara con su versión. También desenterraron pistas en un lugar diferente, incluidos fragmentos de hueso de uno de los pies de Christian.
Pero las familias aún no tienen respuestas concretas sobre lo que pasó con los estudiantes. Por su parte, Clemente Rodríguez está lejos de estar convencido de que su hijo esté muerto.
Padres emprenden una búsqueda desesperada de sus hijos
Poco después de la desaparición de los estudiantes, los padres tomaron cartas en el asunto y se lanzaron a buscar a sus hijos en pueblos remotos de montaña, a menudo controlados por pandillas. Allí se encontraron con otros que habían sido desplazados por la violencia. El miedo estaba por todas partes.
“Cuando salí de casa, nunca supe si regresaría con vida”, dijo Rodríguez.
Durante la búsqueda, Christina Bautista, la madre de 49 años del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio, dice que unos desconocidos le dijeron que llevaban tres años buscando a un hijo y cinco a una hija. Ella había pensado que sería cuestión de semanas.
“No pude soportarlo y salí corriendo”, dijo. “¿Cómo podía haber tantos desaparecidos?”
Se encontraron decenas de cadáveres, pero no los de sus hijos.
Una década de lucha ha trastocado vidas
Una década de lucha para mantener vivo el caso ha trastocado la vida de los padres. Antes de la desaparición de su hijo, Rodríguez vendía jarras de agua desde la parte trasera de su camioneta y cuidaba una pequeña granja de animales en el pueblo de Tixtla, no lejos de la escuela. Telumbre vendía tortillas caseras cocinadas sobre fuego de leña.
Sin embargo, cuando los estudiantes desaparecieron, lo dejaron todo. Los padres vendieron o abandonaron sus animales, dejaron los campos desatendidos y confiaron a los abuelos el cuidado de otros niños.
Rodríguez, de 56 años, ha logrado reunir parcialmente su rebaño de ganado y ha plantado algo de maíz en la parcela de tierra de la familia. Sin embargo, el principal ingreso de la familia proviene de artesanías caseras que se venden en viajes a Ciudad de México: esteras tejidas con juncos; botellas de mezcal de elaboración local de un tío decoradas con hilo y caras de tigre de colores; y servilletas de tela bordadas por Telumbre.
A veces, Rodríguez, un hombre fornido y de voz suave, visita su tierra para pensar o para liberar su ira y su tristeza. “Me pongo a llorar, lo dejo todo ir”, dijo.
Padres encuentran apoyo y respeto en Ayotzinapa
Los padres también encuentran consuelo en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La escuela, que forma a estudiantes para enseñar en aldeas remotas y pobres, forma parte de una red de centros educativos rurales con una larga historia de activismo radical. Las paredes de la escuela están pintadas con lemas que exigen justicia para los estudiantes desaparecidos y también tienen murales en honor al Che Guevara y a Karl Marx.
Para las familias más pobres, Ayotzinapa ofrece una salida: los estudiantes reciben alojamiento, comida y educación gratis. A cambio, trabajan.
El ambiente tiene tintes militaristas: los nuevos estudiantes tienen la cabeza rapada y el primer año se trata de disciplina y supervivencia. Tienen la tarea de cuidar el ganado, sembrar campos y tomar el control de los autobuses para ir a las protestas en la capital. Los estudiantes que desaparecieron en 2014 fueron secuestrados de cinco autobuses que habían tomado en la ciudad de Iguala, 120 kilómetros al norte de la escuela.
Los padres de familia llegaron a Ayotzinapa poco a poco desde pueblos de las montañas. Se reunieron en la cancha de baloncesto de la escuela, una plataforma de concreto debajo de un pabellón donde 43 sillas aún sostienen fotografías de cada uno de los estudiantes desaparecidos.
En los años transcurridos desde entonces, se ha desarrollado una cierta codependencia. La lucha de la escuela por la justicia se ve alimentada por el dolor y la ira de los padres. Mientras tanto, los estudiantes de la escuela “son nuestro brazo fuerte”, dice Bautista. “Aquí es donde comenzó el movimiento”.
Los estudiantes tratan a los padres con respeto y cariño, saludándolos como “tía” o “tío” cuando pasan por las puertas vigiladas.
Otro encuentro termina en decepción y enojo.
A finales de agosto, Rodríguez y otros padres se reunieron por última vez con López Obrador, quien deja el cargo a finales de este mes.
El intercambio fue una grave decepción.
“En este momento, este gobierno es como el de Enrique Peña Nieto”, dijo Rodríguez. “Ha tratado de burlarse de nosotros” ocultando información, protegiendo al Ejército e insultando a los abogados de las familias, dijo.
López Obrador sigue insistiendo en que su gobierno ha hecho todo lo posible por encontrar respuestas. Cita decenas de arrestos, incluido el de un ex fiscal general acusado de obstruir la justicia. Sin embargo, ha restado importancia al papel de los militares. Hace años, López Obrador declaró que el secuestro de los estudiantes era un “crimen de Estado”, señalando la participación de las autoridades locales, estatales y federales, incluido el ejército.
Las familias se reunieron en julio con la sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre, pero ella no hizo promesas ni compromisos.
Después de la reunión de agosto, Rodríguez posó para un retrato en Palacio Nacional, con la mirada firme y el puño en alto.
Al igual que otros padres, promete seguir luchando.
“Durante estos 10 años hemos aprendido mucho sobre la ofuscación… la mentira”, afirmó Rodríguez. Las altas autoridades militares y gubernamentales “tienen las respuestas”, añadió.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Un tribunal federal de Argentina ordenó el lunes la detención “inmediata” del presidente venezolano Nicolás Maduro y del ministro del Interior Diosdado Cabello por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra disidentes.
