
La del miércoles es la primera imputación en el conocido como Caso 05 que investiga los crímenes cometidos durante cinco décadas de conflicto en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, dos departamentos ubicados en el suroeste del país donde operaba el Bloque Occidental de las FARC.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado luego de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC en 2016, tiene abiertos 10 grandes casos en los que juzga a excombatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública, agentes del Estado y civiles.
Al menos 18.677 niños y niñas fueron víctimas del reclutamiento forzado durante el conflicto armado en Colombia, según las cifras preliminares del Tribunal. Ese delito se investiga por separado en un caso que abarca a todo el país pero fue incluido dentro de las imputaciones realizadas el miércoles a los 10 exguerrilleros.
El Tribunal encontró que las FARC utilizaron el “reclutamiento como una estrategia político-militar como organización armada”, según el auto de imputación, especialmente desde fines de la década de 1990, con un “aumento significativo” desde 2011.
Antiguos máximos comandantes de las FARC han reconocido que la guerrilla reclutó a menores de edad a la fuerza, pero ha negado que se tratara de una práctica sistemática.
En la zona la mayoría de los menores de edad ingresados a las filas de la guerrilla eran indígenas o afrodescendientes, según versiones voluntarias de varios de los exguerrilleros. El excombatiente Efrén Núñez Pulido reconoció ante el Tribunal una política de ingreso de menores, entre ellos una “niña indígena menor de 15 años que después fue fusilada”.

Los estadounidenses supervivientes estaban por la tarde de regreso a su país tras ser conducidos a toda velocidad a la frontera cerca de Brownsville, el extremo sur de Texas, en un convoy de ambulancias y camionetas escoltado por vehículos militares mexicanos artillados.
Un familiar de una de las víctimas dijo el lunes que los cuatro habían viajado juntos desde las Carolinas para que uno de ellos pudiera someterse a una cirugía estética de abdomen con un médico en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros, donde tuvo lugar el secuestro del viernes.
El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, aclaró que no hubo pago para el rescate de los estadounidenses y precisó que, según las investigaciones, el secuestro fue realizado por miembros del Cártel del Golfo que opera en esa región.
Aunque desde un inicio se abrieron varías líneas de investigación, como es habitual en estos casos, “por todo este intercambio de información se va fortaleciendo la línea de una confusión, no fue una agresión directa”, sostuvo el fiscal. Barrios descartó, además, que funcionarios de las agencias estadounidenses hayan actuado en territorio mexicano en este caso.
En la operación de rescate de los estadounidenses fue detenido José “N“, de 24 años, quien es originario de Valle Hermoso, Tamaulipas, y se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas.

El ministerio de Defensa indicó por la tarde que culminó las labores de rescate de los soldados al hallar el cadáver del último desaparecido, el cabo Carlos Quispe. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó antes que los soldados, que estaban acantonados en la ciudad de Ilave, intentaban llegar como tropas de refuerzo a Juli, una ciudad cercana donde el sábado las manifestaciones dejaron cinco civiles heridos junto a una comisaría y un tribunal incendiados.
El ministerio condenó “la actitud hostil... por parte de violentistas que les impidieron el paso”, lo que llevó a la patrulla militar a buscar otro camino que incluyó cruzar el río Ilave por otra zona. Ilave y Juli son ciudades de la región Puno, donde las manifestaciones antigubernamentales son las más contundentes del país. En esa región 18 civiles murieron el 9 de enero durante una respuesta policial a una manifestación cerca del aeropuerto.
El ministerio de Salud informó que otros cinco soldados fueron atendidos por hipotermia. Videos difundidos por las televisoras locales mostraron a grupos de manifestantes que rescataron, cargaron, vistieron y dieron alimentos a los soldados rescatados del río que tiritaban de frío. La mayoría de los soldados son hijos de campesinos de la zona. Muchos de los padres de los soldados forman parte de las manifestaciones.

Aunque en docenas de países se han producido avances significativos, la situación en lugares como Afganistán e Irán y los constantes crímenes y violaciones en casi todos los países del mundo son un sombrío recordatorio de que todavía queda mucho camino por recorrer.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, destacó el lunes que los derechos de las mujeres son objeto de “abusos, amenazas y violaciones” en todo el mundo y que, al ritmo actual, la igualdad de género no se alcanzará hasta dentro de 300 años. Los avances logrados durante décadas se están desvaneciendo porque “el patriarcado contraataca”.
La jornada se conmemora de diferente forma y grado en los distintos países.
En España, se espera que más de un millón de personas salgan a la calle en multitudinarias manifestaciones nocturnas en Madrid y Barcelona, entre otras ciudades. También se esperan grandes movilizaciones en muchas otras ciudades del mundo, mientras que algunas naciones realizarán solo actos minoritarios.
Las mujeres se concentraron el miércoles en las principales ciudades de Pakistán, incluyendo la capital, Islamabad, entre fuertes medidas de seguridad. Según los organizadores, serían marchas pacíficas que solo buscan reivindicar los derechos garantizados por la Constitución.

Máximo Jerez fue asesinado el domingo por la mañana cuando al menos un hombre armado atacó una fiesta de cumpleaños. Otros tres niños, incluido uno de dos años, resultaron heridos.
Horas después del entierro de Máximo el lunes, la gente en el vecindario norteño de Rosario, donde vivía el supuesto agresor, asaltó la casa del sospechoso.
Noticieros locales mostraron imágenes en vivo de gente que encendía fuegos y arrojaba piedras a la casa del sospechoso, que en un momento dado apareció con un arma en la mano y pareció disparar.
La policía detuvo al hombre y después tuvo que impedir que la gente le atacara. Una vez el sospechoso había sido trasladado, los vecinos destruyeron su vivienda y robaron sus pertenencias.
Antonia Jerez, tía del niño fallecido, dijo a medios locales que los vecinos estaban hartos y no quería que se repitiera un incidente como la muerte de Máximo.
La gente destruyó al menos tres viviendas en la zona que afirmaron eran utilizadas por narcotraficantes.
El suceso fue un un nuevo giro dramático para una ciudad donde los asesinatos relacionados con las drogas se han vuelto habituales, con un nivel de violencia inusual en Argentina.