SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Tres miembros de una junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico, que fueron despedidos recientemente por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, presentaron el jueves una demanda en un tribunal federal alegando que sus despidos fueron ilegales.

La demanda fue presentada contra Trump ; Sergio Gor, director de la oficina de personal de la Casa Blanca; John E. Nixon, el único miembro restante de la junta; y Robert F. Mujica , director ejecutivo de la junta.

Los abogados dijeron que Arthur J. González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa fueron removidos ilegalmente de la junta y pidieron que un juez los restituya.

“Este es un caso sobre el poder que tiene sobre la junta y sobre Puerto Rico”, dijo Eduardo Santacana, abogado de Cooley LLP, firma que colabora en el caso. “El presidente intenta ejercer un poder que no tiene”.

Descartado por correo electrónico

La demanda reveló más detalles sobre los despidos abruptos del mes pasado, incluyendo que el subdirector de la oficina de personal presidencial de EE. UU. envió a González y Rosa un correo electrónico de dos frases el 1 de agosto notificándoles su destitución. González era presidente de la junta directiva en ese momento.

Casi dos semanas después, Biggs recibió el mismo mensaje.

“Ningún correo electrónico articuló ninguna 'causa' ni proporcionó ninguna otra justificación para las eliminaciones”, afirma la demanda. “Esas supuestas eliminaciones fueron ilegales”.

Los abogados argumentan que Trump no tiene autoridad inherente para despedir a González, Biggs o Rosa porque no son funcionarios de los EE. UU. dentro del poder ejecutivo.

La demanda señaló que cuando el Congreso aprobó una ley en 2016 conocida como Promesa, creó la junta de supervisión y administración financiera dentro del gobierno territorial de Puerto Rico.

“Lo que está en juego en este caso es innegable: si el presidente puede violar las leyes que el Congreso aprobó para establecer los gobiernos locales en los territorios, podría destituir a cualquier funcionario territorial mañana mismo. Según esa teoría, también podría destituir a funcionarios del Distrito de Columbia”, afirma la demanda.

También indicó que si algún miembro de la junta es removido “por causa justificada”, tiene derecho a ser notificado y a una audiencia, lo cual ni González, ni Biggs ni Rosa recibieron.

Una lucha por la reestructuración de la deuda

En total, seis miembros de la junta directiva han sido despedidos por la administración Trump, entre ellos Cameron McKenzie, Juan Sabater y Luis Ubiñas. No fueron nombrados en la demanda del jueves.

Cuatro de los seis miembros destituidos son demócratas, mientras que Nixon, que permanece en la junta, es republicano.

González es un juez de quiebras retirado; Rosa es la comisionada del Departamento de Educación del Estado de Nueva York y presidenta de la Universidad del Estado de Nueva York; y Biggs es un experto en la reforma de la Seguridad Social.

La junta estaba supervisando un proceso similar a una quiebra después de que Puerto Rico anunció en 2015 que no podía pagar su deuda pública de más de 70 mil millones de dólares y luego solicitó la mayor quiebra municipal en la historia de Estados Unidos en 2017.

Hasta hace poco, la junta estaba luchando por alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda con los tenedores de bonos sobre los más de 9 mil millones de dólares en deuda que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

La junta había insistido en un pago de 2.600 millones de dólares antes de los despidos de sus seis miembros.

Las destituciones generaron preocupación dado que los expertos creen que Trump nombrará nuevos miembros que podrían estar a favor de pagar los 8.500 millones de dólares que exigen los tenedores de bonos.

Se supone que la junta estará compuesta por siete miembros, seis de los cuales pueden ser nombrados por el presidente de Estados Unidos con el asesoramiento y la aprobación del Senado. Su mandato es de tres años y solo pueden ser destituidos por causa justificada.

(Foto AP/Hans Pennink, Archivo)

Por  DÁNICA COTO