CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Villeda, quien tiene a su cargo implementar un reciente e stado de sitio impuesto por el gobierno para frenar la violencia de las pandillas, advirtió que ninguna estrategia de seguridad dará resultados si no se toma el control de las sobrepobladas cárceles del país, en manos de los grupos criminales.

En una entrevista con The Associated Press en su oficina en Ciudad de Guatemala, Villeda aseguró que en los últimos días ha bajado el número de homicidios en la capital del país luego de la medida de emergencia decretada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Sin embargo, admitió que la violencia pandillera, que dejó recientemente a diez policías muertos, no se detendrá si no se pone fin al descontrol en las prisiones, entre otros problemas, como la corrupción.

“Ninguna estrategia de seguridad en las calles puede subsistir si antes no tomamos el control de los centros penales... que han estado bajo las las órdenes y control de estos grupos criminales”, destacó Villeda, al tiempo en que mencionó que la Dirección General Sistema Penitenciario es la institución que menos ingresos recibe del presupuesto del país.

De acuerdo con datos oficiales, en Guatemala hay 25 centros penitenciarios con capacidad para albergar a 6.000 reos, pero estos recintos están copados con 23.700 internos, una sobrepoblación del 340%.

Por otro lado, Villeda detalló que unos 6.000 presos cumplieron sentencia pero que no salen de la cárcel por tener multas que no han pagado; otros 3.000 aún no salen por trabas administrativas, por lo que el ministro dijo que se busca que el Congreso modifique algunas leyes para agilizar esas salidas y aliviar la sobrepoblación carcelaria.

Auténticos call centers

Refirió que una muestra del descontrol en el sistema carcelario se vio en la última requisa realizada la semana pasada en una prisión de la capital guatemalteca. “Hemos encontrado auténticos call centers. En Pavón encontramos en una requisa 27 teléfonos y en Puerto Barrios (otra prisión al norte del país) encontramos 117 teléfonos”. Además, también se han incautado animales, armas, licores, radios de transmisión y antenas satelitales.

La guardia penitenciaria también tiene problemas, sin jerarquías y con bajos salarios, que “los hace permeables a la corrupción”, afirmó el ministro. “Están cuidando personas que no solo son muy peligrosas, sino (que) tienen mucho poder económico también para poder corromper”.

Otra de las dificultades, según Villeda, es que algunos jueces permiten el ingreso a prisiones de enseres solicitados por los reos como camas, refrigeradoras, microondas, acciones criticadas por la población.

El ministro explicó que esos ingresos se hacen por recomendación de entidades como la Comisión Nacional contra la Tortura, la Procuraduría de los Derechos Humanos y por órdenes judiciales para uso común en las prisiones, sobre todo de reos enfermos que necesitan refrigerar medicamentos.

El control, recuento e identificación de los internos también ha sido un problema. Autoridades pasadas dijeron que incluso hubo suplantación de reos en prisión, lo que Villeda descartó hasta el momento con el censo biométrico (con huella dactilar, fotografía y datos personales) que realizan y del cual tiene contabilizado más del 90% de la población reclusa. Agregó que en el caso de pandilleros el censo ya está concluido.

“Nos pasó algo curioso, en el Centro Preventivo de la zona 18, encontramos a uno más (una persona) que no estaba registrado. Creemos que en una visita se quedó”, dijo el ministro.

Las pandillas no son una novedad en Guatemala

Asesinatos violentos, especialmente a mujeres y rivales, extorsiones y sicariato han sido la práctica de dos grupos de pandilleros identificados que habitan en el país: el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

A principios de 2025, Estados Unidos declaró a la Mara Salvatrucha como organización terrorista e hizo lo propio con el Barrio 18 en septiembre del mismo año.

En julio del año pasado, 10 de los líderes de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad bajo aislamiento, sin privilegios y vigilados las 24 horas luego de la matanza de siete personas en un funeral.

En respuesta los reos provocaron motines y en octubre 20 presos se escaparon de una prisión, de los cuales cinco fueron recapturados. La fuga provocó el cambio de la cúpula de seguridad y la solicitud del presidente Arévalo al Congreso para cambiar leyes y endurecer las penas a los pandilleros, lo que el Congreso aprobó el mismo mes.

El año comenzó con la toma de tres prisiones por parte de un grupo de pandilleros —una de ellas de máxima seguridad donde están confinados los cabecillas de Barrio 18 y Mara Salvatrucha— y tomaron a más de 40 rehenes.

Las autoridades se negaron a negociar con los pandilleros que buscaban beneficios y ser trasladados a otras prisiones, y la fuerza pública retomó el control de las cárceles y liberó a los rehenes. En respuesta, horas después por lo menos cinco ataques orquestados con armas de fuego dejaron diez policías muertos y ocho heridos, en lo que fue el ataque más sangriento a la fuerza de seguridad pública desde su creación en 1997.

“Empezaron a matar policías a mansalva, al estilo de lo que hizo el cartel de Medellín en Colombia en los años 90”, comparó el ministro.

Villeda aseguró que el número de homicidios había bajado “notablemente”, en siete días, del 19 al 27 de enero fueron 40 homicidios, 29 menos que en las mismas fechas en 2026, luego de la implemantación del estado de sitio. Agregó que hasta el martes se habían detenido a 1.115 personas, entre ellas a 29 pandilleros del Barrio 18, vinculados supuestamente a los recientes ataques a policías.

Pandillas evolucionan

“Pasan de ser grupos criminales que utilizan la violencia como mecanismo para obtener un lucro injusto y luego van evolucionando en el sentido de ir creando negocios legítimos, donde no solo puedan lavar el dinero, sino que también puedan justificar, digamos, el origen de su fortuna ilícita”, dijo el ministro en la entrevista.

Desde redes de abogados, cámaras de vigilancia a la población y autoridades y algunos vínculos políticos, los pandilleros subsisten con la población. Por ello dice Villeda, la lucha contra las pandillas no se detendrá.

“Con el presidente (Arévalo) hemos llegado a la conclusión de que esta batalla hay que pelearla porque enfrentamos el problema hoy o perdemos el país. Es así de sencillo”, sentenció.

POR  SONIA PÉREZ D

(Foto AP/Moises Castillo)