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BOGOTÁ (AP) — Cuando el gobierno del presidente Donald Trump allanó el camino para que el líder de la oposición venezolana Juan Guaidó nombrara una nueva junta directiva que operara la filial estadounidense de la petrolera estatal de Venezuela, surgió una inusual luz de esperanza para las familias estadounidenses de seis ejecutivos petroleros encarcelados por más de un año sin enfrentar un juicio en la nación sudamericana en plena turbulencia política.
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