
“Lo decimos todo el tiempo, pero eso es lo que somos”, señaló Biden. “Esa es la nación. Somos una nación de inmigrantes”.
Biden se comprometió a “arreglar nuestro sistema de inmigración de una vez por todas”. El mandatario está abordando asuntos a corto plazo, como la reunificación de las familias de migrantes que fueron separadas durante el gobierno anterior y la solución de los atascos en el sistema de asilo. Y sus funcionarios fronterizos han trabajado para reducir el caos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Pero un país cada vez más dividido no puede ponerse de acuerdo en cómo debería ser un arreglo del sistema a largo plazo, cuestiones básicas como la de si deberían entrar más inmigrantes o menos. Y el futuro de las políticas clave no depende de la Casa Blanca ni del resultado de las elecciones intermedias, sino de los tribunales.
Tan sólo el miércoles, el fallo de un tribunal de apelaciones dejó en el limbo el destino de más de 600.000 migrantes conocidos como “dreamers” que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños. Biden señaló que haría todo lo posible por ayudarlos, pero advirtió que no todo depende de él.

“Nuestros peores temores se han confirmado”, dijo a la prensa el jefe Vern Warnke.
Un trabajador agrícola encontró los cuerpos juntos en una plantación del condado, añadió.
Las autoridades habían difundido un video de cámara de seguridad donde se veía a un hombre que secuestraba el lunes a Aroohi Dheri, de 8 meses, su madre, Jasleen Kaur, de 27 años; su padre, Jasdeep Singh, de 36, y su tío, Amandeep Singh, de 39.
Las autoridades habían señalado que los cuatro fueron secuestrados por un ladrón convicto que había intentado suicidarse al día siguiente del secuestro.
“Ahora mismo no hay palabras para describir la ira que siento y el absurdo de este incidente”, afirmó Warnke. “Lo dije antes: Hay un lugar especial en el infierno para este tipo”.
Un equipo de investigadores que incluía técnicos de laboratorio criminalístico del Departamento de Justicia de California, trabajarían durante la noche para analizar la escena del crimen, añadió Warnke. No dio más detalles en un primer momento.
La familia fue secuestrada de su negocio en Merced, una población de 86.000 habitantes unos 200 kilómetros (125 millas) al sureste de San Francisco en el Valle de San Joaquín, en el corazón agrícola de California.
Aunque el sospechoso no pidió rescate, el jefe de policía ha dicho creer que era un crimen con motivación económica.
Familiares de Jesús Salgado, de 48 años, contactaron con las autoridades y reportaron que les había confesado su implicación en el secuestro, según explicó Warnke a KFSN-TV el martes. Salgado intentó suicidarse antes de que la policía llegara a una casa en Atwater, y está hospitalizado desde entonces, señaló el jefe de policía.
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El equipo legal de Trump le pidió al máximo tribunal que anule el fallo de una corte inferior y permita que un árbitro independiente revise los aproximadamente 100 documentos con etiqueta de confidencialidad que fueron decomisados durante el operativo del 8 de agosto en la finca de Mar-a-Lago.
Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 11vo Circuito en Atlanta limitó el mes pasado la revisión del árbitro a una porción más grande de documentos no clasificados.
Los jueces, incluyendo dos que Trump nombró al cargo, votaron en favor del Departamento de Justicia, que había argumentado que no existían bases legales para que el árbitro llevara a cabo su propia revisión de los documentos clasificados.
Pero los abogados de Trump señalaron en su solicitud a la Corte Suprema que era esencial que el árbitro especial tuviera acceso a los registros clasificados para “determinar si los documentos con etiqueta de confidencialidad eran realmente clasificados y, sin importar su clasificación, si esos registros son documentos personales o presidenciales”.
“Como el presidente Trump tenía autoridad absoluta sobre las decisiones de confidencialidad durante su presidencia, no se puede determinar el estatus actual de ningún documento en disputa sólo por las indicaciones en dicho documento”, dice la solicitud.

El número de clínicas que llevan a cabo interrupciones del embarazo en los 15 estados pasó de 79 antes del fallo del 24 de junio a apenas 13 el 2 de octubre, de acuerdo con el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que respalda el derecho al aborto.
Las 13 clínicas restantes están en Georgia. Los demás estados no tienen centros que ofrezcan la posibilidad de abortar, aunque algunas dispensan otros servicios más allá.
A nivel nacional, en 2020 había más de 800 clínicas donde se practicasen abortos, apuntó el instituto.
“Habrá que investigar mucho más para comprender el alcance total del caos, la confusión y el daño que la Corte Suprema de Estados Unidos ha desatado para las personas que necesitan abortar, pero la imagen que está empezando a surgir debería alarmar a cualquier que respalde la libertad reproductiva y el derecho a la autonomía corporal”, dijo Rachel Jones, investigadora de Guttmacher.
El nuevo reporte no incluye datos sobre los hospitales y consultorios médicos que realizaban abortos y dejaron de hacerlo a raíz de la decisión judicial, pero Jones apuntó que, en el país, el procedimiento se lleva a cabo principalmente en las clínicas, tanto la intervención como la dispensación de medicamentos abortivos. Datos recientes de Guttmacher mostraron que algo más de la mitad de las interrupciones del embarazo en Estados Unidos se realizan con fármacos.
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La guerra ha destruido fábricas y tierras de labranza y desplazado a millones de ucranianos. El Banco Mundial, una agencia de lucha contra la pobreza de 189 países miembros, calcula que la reconstrucción del país costará al menos 349.000 millones de dólares, 1,5 veces la economía ucraniana antes de la guerra.
“Ucrania sigue necesitando un enorme apoyo financiero a medida que continúa inútilmente esta guerra, así como para proyectos de recuperación y reconstrucción”, dijo Anna Bjerde, vicepresidenta del Banco Mundial para Europa y Asia Central.
Con todo, la evaluación de la economía ucraniana por el banco indica una mejora con respecto a la caída en picada de 45,1% que pronosticó en junio. Y prevé que la economía ucraniana volverá a crecer en 2023 —en un 3,3%_, aunque se trata de una perspectiva incierta que dependerá del desarrollo de la guerra.
Para la economía rusa, golpeada por las sanciones occidentales, se prevé una contracción de 4,5% en 2002 y de 3,6% al año siguiente. En junio, el banco había pronosticado una contracción de 8,9% este año. La economía rusa productora de energía ha demostrado una capacidad de resistencia sorprendente, gracias al aumento de los precios del petróleo y el gas natural.
El banco con sede en Washington pronostica para las economías emergentes de Europa y Asia Central una contracción colectiva de 0,2% y un crecimiento de 0,3% en 2023.
La evaluación económica del banco para 23 países del sur y este de Europa y el Asia central refleja una mejora con respecto a la contracción de 2,9% pronosticada en junio, debido en parte a la extensión de programas de estímulo de los gobiernos destinados inicialmente a combatir las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus.
Pero la perspectiva para 2023 se atenuó con respecto al pronóstico anterior del banco de un crecimiento regional de 1,5%.