CARACAS (AP) — Los partidos opositores de Venezuela anunciaron el martes que participarán en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, en lo que será su primera intervención en unos comicios desde 2017 y tras considerar que urge encontrar soluciones a la “grave” situación por la que atraviesa la nación sudamericana.

El anuncio tiene lugar después de que delegados de la oposición concluyeran recientemente en México la primera fase de un proceso de diálogo con negociadores del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Sabemos que estos comicios no serán unas elecciones justas, convencionales; la dictadura (como llaman al gobierno de Maduro) ha impuesto obstáculos graves que ponen en riesgo la expresión de cambio del pueblo venezolano, sin embargo, entendemos que será un terreno de lucha útil” rumbo a unas elecciones “presidenciales y legislativas libres”, destacaron en un comunicado los miembros de la llamada “Plataforma Unitaria de Venezuela”, que aglutina a las fuerzas opositoras.

Maduro, en un acto de gobierno televisado, saludó la decisión de sus enconados adversarios de participar en las elecciones. “La soberanía popular se ha vuelto a imponer. Se ha abierto un ciclo de estabilidad política que debe ser por lo menos hasta el 2030. Cada voto que se ve es una apuesta al diálogo, a la paz, la reconciliación”, indicó.

La oposición había boicoteado los anteriores procesos electorales con el argumento de que en el país sudamericano no existían las condiciones para unos comicios libres y justos. Uno de ellos fueron los comicios de mayo del 2018, en que Maduro aseguró la reelección y que fueron cuestionados por la comunidad internacional.

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BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Un juez se abstuvo de realizar audiencia de imputación el lunes contra el general retirado Mario Montoya Uribe, exjefe del Ejército, en la que la Fiscalía pretendía imputarlo por su presunta responsabilidad en casos de “falsos positivos”, como se conocen en Colombia las muertes extrajudiciales a manos de algunos militares que buscaban beneficios presentando a civiles como guerrilleros muertos en combate.

El juez determinó que la Fiscalía tiene un poder limitado para realizar acusaciones ante los jueces en el caso de Montoya Uribe debido a que el exmilitar se acogió en octubre de 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado para juzgar los hechos del conflicto armado tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El juez aclaró que contra su decisión no cabe recurso de apelación, solo de reposición, en el cual las partes pueden solicitar que se revoque la decisión ante el mismo juez y no ante su superior jerárquico.

El abogado Sebastián Escobar, en nombre de las víctimas de “falsos positivos”, pidió al juez revocar la decisión porque considera que esta “restringe la posibilidad de acceso a la justicia” de sus defendidas.

“Hay un defraudamiento por parte de quien está hoy en solicitud de imputación a la JEP por su nulo aporte a la verdad”, agregó Germán Romero, abogado de víctimas. Romero indicó en una audiencia previa que Montoya ha guardado silencio en diligencias de la JEP y que las víctimas piden que revele detalles de su presunta participación y del andamiaje que hicieron posibles las ejecuciones extrajudiciales dentro del Ejército.

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MADRID (AP) — Al menos 29 migrantes africanos, entre ellos siete menores de edad, murieron la semana pasada tratando de llegar a las Islas Canarias españolas en embarcaciones de traficantes, de acuerdo con información revelada el lunes por una agencia de migración de Naciones Unidas y por una organización benéfica española que está en contacto con los familiares de las víctimas.

Los servicios marítimos de España rescataron el viernes a 27 migrantes y recuperaron cuatro cadáveres en el bote que fue detectado por un barco pesquero a unos 500 kilómetros (300 millas) al sur de El Hierro, una isla en el archipiélago canario frente al noroeste de África.

Pero al menos 24 personas más se encontraban en la embarcación cuando partió el 15 de agosto de Dajla, una ciudad portuaria en el Sahara Occidental, dijo Helena Maleno, fundadora del grupo sin fines de lucro Caminando Fronteras.

La organización de Maleno fue la que obtuvo esa cifra después de realizar entrevistas extensas con personas que buscaban a sus seres queridos. Ella comentó que una menor entre los ocho niños que viajaban en la embarcación sobrevivió, pero perdió a su madre durante el viaje.

“Estamos detectando que van muchas mujeres, niños y niñas. Y luego, las redes de tráfico meten a personas que quieren cruzar y no tienen ni idea de utilizar un compás”, indicó Maleno a The Associated Press. “Son mujeres subsaharianas en tránsito migratorio. La mayoría huyen de violencias varias, víctimas de trata, víctimas de ablación genital, de violaciones y otros abusos que en el tránsito migratorio se ha acrecentado, por parte de compañeros en la ruta migratoria y por parte de las autoridades del control migratorio, muchas quedan embarazadas, y son las que cruzan con hijos e hijas”.

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Botellas de gel, toma de temperatura, ventanas de par en par y muchas dudas y temores marcan el inicio este lunes del nuevo ciclo escolar en México.

Oficialmente se desarrollará “de forma presencial, responsable y ordenada” según disposiciones de autoridades y actores del sector, indicó la Secretaría de Educación.

En la práctica, habrá un sistema voluntario, heterogéneo e híbrido entre lo presencial y lo virtual que unos definen de caótico y otros de gradual. Y aunque miles de escuelas abrirán sus puertas después de año y medio de cierre, todavía no está claro cuántas serán ni el número de alumnos que llegarán porque más allá de regulaciones federales, estatales y locales, la decisión final queda en manos de cada centro y de los propios padres.

“Hay una completa incertidumbre respecto de cómo se va a proceder”, comentó Bettina Delgadillo, directora de una escuela privada de San Pedro Garza García, el municipio más rico del país en el norteño estado de Nuevo León.

“Hay escuelas muchos más preparadas y seguras para los niños que supermercados o establecimientos que llevan abiertos meses”, subrayó. “Pero entiendo que como autoridad es complicado decir ‘aquí sí’ y ‘aquí no’”.

Desde la otra punta del país y en su estado más pobre, Chiapas, Enrique Morales, un maestro de primaria de Simojovel, estaba igual de confuso con diferentes problemas. “No se han limpiado muchas escuelas y los padres son los que tiene que cooperar para el gel y para todo”, se quejaba.

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