TAIPEI, Taiwán (AP) — El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay dijo el viernes que su país está comprometido con su relación con Taiwán y que no tiene planes de romper su relación diplomática a favor de China durante una visita a la isla cada vez más aislada.

Paraguay es el único país de Sudamérica y uno de los 12 del mundo que reconoce a Taiwán como país, pero además tiene una gran relación comercial con China por un valor de unos 5.000 millones de dólares.

“Paraguay está abierto a establecer relaciones diplomáticas, consulares o comerciales con China sin condiciones”, afirmó el canciller paraguayo, Rubén Darío Ramírez Lezcano. Pero “no aceptamos ninguna condición para romper nuestras relaciones con Taiwán”.

China se ha convertido en uno de los principales actores de América del Sur y en el principal socio comercial de muchos países de la región. El comercio de China con la región ha crecido exponencialmente y alcanzó casi 500.000 millones de dólares en 2023, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

“Estamos muy comprometidos”, dijo Ramírez Lezcano. Agregó que la relación no depende de EE.UU. “No es porque EE.UU. le esté pidiendo a Paraguay que mantenga relaciones con Taiwán”.

China exige que sus aliados diplomáticos reconozcan su afirmación de que Taiwán es parte de China. Taiwán y China se separaron después de una guerra civil y, en la actualidad, Taiwán es autogobernado.

Ramírez Lezcano se reunió el jueves con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, quien le dio la bienvenida y dijo que su visita era una “demostración de la sólida amistad” entre ellos.

Ramírez Lezcano se encuentra en Taiwán para firmar un acuerdo recíproco de exención de visas para sus ciudadanos. También dijo que trabajará en oportunidades de inversión, al tiempo que persigue el objetivo del país de diversificar el acceso al mercado para sus productos agrícolas, en particular la carne de res, la soja y el maíz.

El presidente Santiago Peña, que asumió el cargo el año pasado, ha dicho en repetidas ocasiones que se mantendrá firme con Taiwán, contrarrestando una tendencia. Los aliados diplomáticos de Taiwán han disminuido a medida que China ha emprendido una campaña para arrebatárselos. El año pasado, Honduras cortó las relaciones diplomáticas con Taiwán .

Ramírez Lezcano también dijo que estaba ansioso por trabajar con el candidato a secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio . Está “listo para fortalecer nuestras relaciones y profundizarlas”, dijo sobre su reunión con el presidente electo Donald Trump y su equipo la semana pasada en Mar-a-Lago.

Wu informó desde Bangkok.

Wu Huizhong

Corresponsal de China con sede en Taiwán

(Foto AP/Chiang Ying-ying)

LA PAZ, Bolivia (AP) — El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha perdido una nueva batalla legal que lo deja fuera de la carrera presidencial del próximo año, después que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconociera a un rival político —afín al presidente Luis Arce— como jefe legítimo del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). Morales anticipó que seguirá en su lucha.

Mediante una resolución dada a conocer el martes por Groover García, se supo que el TSE avaló un fallo del Tribunal Constitucional de mediados de noviembre, que ya desconoció a Morales y reconoció a García —afín al mandatario Luis Arce— como jefe del MAS, el partido gobernante.

Esto pone fin a una disputa legal por la sigla del partido que fundó Morales en 1997 a nombre de los sindicatos cocaleros.

García dijo que fue notificado y que la resolución del TSE “hace justicia con las organizaciones sociales y sindicales que están recuperando el partido” de manos de “una sola persona”, en alusión a Morales.

“Vamos a esperar que el TSE nos notifique oficialmente para anunciar las medidas que asumiremos, pero esto es un genocidio político”, anticipó la abogada de Morales, Cecilia Urquieta.

La decisión supone que García es el único autorizado para inscribir al candidato a la presidencia del país por el MAS a los comicios de agosto de 2025. El fallo es una victoria política de Arce en contra de su mentor, Evo Morales, con quien mantiene una larga disputa que se ha trasladado a las calles y a los tribunales, en la búsqueda de controlar el aparato partidario de cara a las elecciones.

Morales no se pronunció de inmediato pero el viernes pasado en una reunión de sus seguidores dijo que no renunciará a la carrera electoral y que seguirá siendo candidato y jefe del MAS, al tiempo que acusó a Arce de un “asedio judicial” y de “injerencia en la justicia” para “proscribirlo” de la carrera presidencial.

El político de 65 años, quien fue el primer presidente indígena (2006-2019), afronta otra investigación judicial por el supuesto abuso de una menor de edad ocurrido en 2016, cuando él aún era mandatario. Morales se ha negado a responder ante la justicia.

Desde hace más de un mes está atrincherado en su feudo del Chapare en el centro boliviano, protegido por los sindicatos cocaleros. Desde allí dijo la semana pasada que el caso judicial fue “armado” para “eliminarlo políticamente”.

“Intentaron eliminarme moralmente, judicialmente, políticamente y hasta físicamente”, dijo Morales en referencia a un confuso episodio ocurrido en octubre, cuando policías dispararon al coche en el que Morales viajaba en el Chapare. La versión del gobierno fue que el expresidente se resistió a una requisa de rutina de una patrulla antidroga.

La disputa entre Arce y Morales fracturó al MAS y ha puesto en riesgo la hegemonía del partido que lleva 18 años en el gobierno; primero con Morales y ahora, con Arce.

El actual mandatario acusó a Morales de boicotear su gestión “solo para defender su candidatura” y “buscar impunidad”. Dijo que los bloqueos carreteros convocados por Morales en contra de su gobierno el mes pasado han provocado pérdidas al país por más de mil millones de dólares.El político de 65 años, quien fue el primer presidente indígena (2006-2019), afronta otra investigación judicial por el supuesto abuso de una menor de edad ocurrido en 2016, cuando él aún era mandatario. Morales se ha negado a responder ante la justicia.

Desde hace más de un mes está atrincherado en su feudo del Chapare en el centro boliviano, protegido por los sindicatos cocaleros. Desde allí dijo la semana pasada que el caso judicial fue “armado” para “eliminarlo políticamente”.

“Intentaron eliminarme moralmente, judicialmente, políticamente y hasta físicamente”, dijo Morales en referencia a un confuso episodio ocurrido en octubre, cuando policías dispararon al coche en el que Morales viajaba en el Chapare. La versión del gobierno fue que el expresidente se resistió a una requisa de rutina de una patrulla antidroga.

La disputa entre Arce y Morales fracturó al MAS y ha puesto en riesgo la hegemonía del partido que lleva 18 años en el gobierno; primero con Morales y ahora, con Arce.

El actual mandatario acusó a Morales de boicotear su gestión “solo para defender su candidatura” y “buscar impunidad”. Dijo que los bloqueos carreteros convocados por Morales en contra de su gobierno el mes pasado han provocado pérdidas al país por más de mil millones de dólares.

Morales advirtió el pasado fin de semana de emprenderá otra marcha hasta La Paz, en contra del gobierno de su heredero y sucesor, al que acusa de “hundir la economía” del país cuya crisis económica es la más grande en más de una década.

Para varios analistas, el MAS, uno de los partidos de izquierda más importantes en la historia del país, de fuerte raíz indígena y sindical, se está “autodestruyendo” y va camino a una “crisis terminal”, lo que podría reconfigurar el tablero político en Bolivia a favor de los partidos del centro y de la derecha.

AP Foto/Juan Karita)

By  ASSOCIATED PRESS

SYDNEY, Australia (AP) — Un policía que utilizó un aturdidor eléctrico contra una mujer de 95 años en un asilo de ancianos en Australia fue declarado culpable de homicidio involuntario en un tribunal el miércoles.

Un jurado encontró a Kristian James Samuel White culpable en el juicio en Sidney después de 20 horas de deliberación. White, que está en libertad bajo fianza, podría enfrentar hasta 25 años de prisión cuando sea sentenciado posteriormente.

Clare Nowland, una bisabuela que padecía demencia y usaba un andador, se negaba a soltar el cuchillo para carne que sostenía cuando el oficial descargó su taser contra ella en mayo de 2023. Nowland cayó de espaldas tras el choque eléctrico y murió una semana después en el hospital.

La policía dijo en ese momento que Nowland sufrió sus lesiones fatales al golpearse la cabeza contra el suelo, en lugar de señalar el impacto directo e incapacitante del dispositivo.

El empleo de White está bajo revisión y está sujeto a procesos legales, dijo la comisionada de policía de Nueva Gales del Sur, Karen Webb, a los periodistas después del veredicto.

“El tribunal ha encontrado que Claire Nowland murió como resultado de las acciones de un oficial de policía. Esto nunca debió ocurrir”, dijo Webb, mientras ofrecía sus “más profundas condolencias” a la familia de Nowland. La policía del estado revisó su política y entrenamiento sobre el uso de los taser en enero y no se hicieron cambios, añadió.

El fiscal argumentó que usar el taser fue “totalmente innecesario y obviamente excesivo”, dijeron medios locales.

El caso provocó un debate sobre cómo los oficiales australianos usan las pistolas aturdidoras.

A Nowland, residente de Yallambee Lodge, un asilo de ancianos en la ciudad de Cooma, le sobreviven ocho hijos, 24 nietos y 31 bisnietos, informó la Australian Broadcasting Corporation.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

(Dan Himbrechts/AAP Image via AP)

By  ASSOCIATED PRESS

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Todos los países de América Latina y el Caribe cuentan con algún tipo de leyes para intentar prevenir la violencia contra las mujeres. En ese contexto, como cada 25 de noviembre, miles de mujeres recordaron este lunes a gritos recorriendo las calles de muchas ciudades de la región que los abusos y las muertes continúan a un ritmo inaceptable.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la entidad que asegura que todos los países de la región tienen algún tipo de normativa al respecto, habló de una “pandemia en la sombra” y ofreció cifras.

En 2022, mataron por razones de género al menos a 4.050 mujeres en la región. En 2023, bajó este número a 3.897, pero sin lugar para la euforia. En sólo seis países —Colombia, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay— hubo 760 tentativas de feminicidio.

Una de cada cuatro mujeres en la región ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja al menos una vez en su vida y una de cada cinco niñas y adolescentes están expuestas con matrimonios forzados.

Para denunciar esta situación, cada año se convocan marchas y protestas a nivel global.

En Ciudad de México, unas activistas llevaban a hombros a una compañera que simulaba estar muerta y metida en una bolsa negra de basura, como muchas veces se encuentran los cadáveres en este país.

En Quito, Ecuador, los carteles por el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer clamaban que “Violento es el sistema, la lucha es la respuesta” o “Mamá, grito lo que tú callaste”.

En Bogotá, decenas exigían a gritos el fin de la impunidad frente a la sede de la fiscalía de Colombia, un país que vio cómo en septiembre un grupo armado del oeste del país llegó a anunciar en redes su “plan feminicidio” que era declarar “objetivo militar” a las mujeres familiares y parejas de sus enemigos. Para Natalia Correa, de la plataforma feminista Somos un Rostro Colectivo, ese suceso demostró el desprecio absoluto por los derechos humanos que el sistema colombiano permite.

La Cepal denuncia que menos de un tercio de las mujeres que viven estas situaciones utilizan los servicios públicos diseñados para ellas, por lo que urgió a los estados a generar más confianza en las instituciones y recordó que este tipo de violencias tiene más víctimas: hijos, hijas y personas dependientes de las mujeres.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo sentirse “avergonzado” por todos estos datos mientras en Argentina se hablaba de recortes. Amnistía Internacional denunció que, entre otros ajustes del gobierno de Javier Milei, estaba la eliminación de la línea exclusiva para denunciar violencia de género.

Aunque las metodologías difieren, los datos de la Organización de Naciones Unidas son igual de preocupantes. En el mundo, aproximadamente 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares durante 2023, una cada 10 minutos.

Y como recordaron en Tijuana en un acto del domingo, no se trata de números, sino de personas. Por eso en esta ciudad del extremo oeste de la frontera mexicano-estadounidense la protesta fue leer sus nombres.

En las marchas, predominó un ambiente festivo pese a las reivindicaciones. Donde no las hubo, como en Cuba, se celebró que, al menos, por primera vez se dieran datos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

También hubo un llamamiento de los colectivos a continuar esta lucha unidas, máxime en momentos en los que la violencia cruza fronteras.

Según la ONU, el 60% de las mujeres en movilidad ha sido víctimas de acoso o violencia. “Niñas de 12 años reciben inyecciones anticonceptivas ante el alto riesgo de ser violadas en el trayecto”, denunció.

De hecho, para las activistas mexicanas fue motivo de celebración que justo el lunes, el congreso del Estado de México, la región más poblada del país, siguiera la tendencia de la mayoría de territorios de la nación y aprobara la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo.

La ONU recordó también los millones de mujeres jóvenes que fueron víctimas de ciberacoso el año pasado solo en México o la normalización que se hace de este tipo de violencias en muchos lugares.

“No es normal, es violencia”, decía uno de los lemas de una campaña del gobierno de México —liderado por primera vez por una mujer— para subrayar que determinadas actitudes muy aceptadas no deben tolerarse.

Su presidenta, Claudia Sheinbaum, que tomó posesión el 1 de octubre de un país con muchos territorios azotados por la violencia generalizada de los cárteles, dijo el lunes que no quiere ser sólo un “símbolo”.

“No veo cómo una mujer pueda cambiar cierta situacion si se sigue teniendo el mismo discurso”, decía la estudiante Re Cabrera mientras se manifestaba en Ciudad de México. “No se quiere escuchar a las víctimas”.

Aunque hay reformas legales en marcha para que haya fiscalías especializadas en violencia de género en todo el país, en las calles de la capital, como en toda Latinoamérica, las activistas querían resultados: justicia y “ni una muerta más”.

Los periodistas de The Associated Pres Astrid Suárez, desde Bogotá; Gonzalo Solano, desde Quito; Marcelo Androetto, desde Buenos Aires; Sonia Pérez D., desde Ciudad de Guatemala; Fernanda Pesce, desde Ciudad de México: y Andrea Rodríguez, desde La Habana, contribuyeron a esta nota.

By  ASSOCIATED PRESS

(AP Foto/Esteban Felix)