TEGUCIGALPA (AP) — Los hondureños están expectantes y esperanzados ante la llegada al poder de la presidenta electa Xiomara Castro, quien asumirá el jueves. Sin embargo, el país centroamericano seguía atrapado en una división legislativa que podría dificultar que la nueva líder izquierdista comience a abordar de inmediato los problemas más apremiantes de la nación.Hastiados de años de corrupción por parte de un gobierno que no cumplió con sus expectativas, los hondureños le dieron en noviembre pasado a Castro, de 62 años, un mandato sólido en las urnas, pero la presidenta electa ha tenido que lidiar, incluso antes de asumir, con una pugna de liderazgos en el nuevo Congreso.
El caos en el Legislativo inició el viernes pasado, cuando Héctor Leonel Ayala, ministro del Interior del presidente saliente, Juan Orlando Hernández, presidió la primera reunión del nuevo Congreso y no permitió que el presidente del Legislativo fuera el que respaldaba Castro en una alianza entre su bloque político —el Partido Libre— y otra agrupación que la llevó al poder. Por el contrario, 20 miembros disidentes del partido de la futura mandataria propusieron a alguien más y se desató la confrontación.
En la víspera, los presidentes del Congreso en competencia —Luis Redondo, respaldado por Castro, y Jorge Cálix, apoyado por los disidentes— discutieron sus prioridades y se mostraron listos para liderar sus cuerpos legislativos parciales sin importar la falta de legitimidad.
Al final de la tarde del miércoles, en un intento por desatar el nudo de la división entre el Ejecutivo y Legislativo, Castro informó a través de Twitter que propuso a Cálix integrar su gobierno “en la posición de Coordinador de Gabinete, en aras de unirnos en la Refundación de Honduras”.
CARACAS (AP) — Grupos que promueven que Nicolás Maduro deje el poder en Venezuela deben recolectar 4,2 millones de firmas en 12 horas para activar un eventual revocatorio presidencial, una acción que pareciera imposible, según han dicho los mismos solicitantes y especialistas.De acuerdo con la Constitución, tras cumplirse la mitad del periodo de mandato del funcionario, un mínimo de 20% de los electores inscritos puede solicitar la convocatoria de un referendo revocatorio. Maduro cumple tres de seis años en el poder este 2022 tras resultar reelecto en 2018 en unos cuestionados comicios sin la participación de la oposición.
“Ese referendo revocatorio ya está absolutamente bloqueado (…) Las condiciones hacen que sea absoluta y totalmente imposible”, dijo a AP, en entrevista telefónica, Luis Lander, director del Observatorio Venezolano Electoral, una organización no gubernamental.
El 17 de enero, tres organizaciones realizaron una solicitud de revocatorio ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Cuatro días después, el CNE publicó que el día 26 daría de 6 de la mañana a 6 de la tarde para la recolección de 4,2 millones de firmas de los 20,9 millones de electores. No obstante, la normativa indica que hay un plazo de máximo tres días para lograrlo. De no conseguirlas, el proceso se da por finalizado.
Uno de los grupos que introdujo la solicitud para el referendo, el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER), rechazó el programa establecido por el Consejo Electoral y este lunes asistió a la sede del CNE para impugnar y solicitar la revisión del cronograma.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un tribunal guatemalteco condenó el lunes a 30 años de prisión a cinco expatrulleros civiles que en 1982 abusaron de más de 30 indígenas Achí como método contrainsurgente durante la Guerra Civil.Cinco de las mujeres acusaron directamente a los paramilitares de violaciones sexuales mientras otras 29 de forma indirecta. Las originarias de varias aldeas del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, esperaron más de 30 años para obtener justicia. Relataron ante el tribunal que tras los abusos sufrieron desplazamientos, culpa y estigmatización, además del daño físico y emocional.
En menos de un mes el tribunal escuchó los testimonios de víctimas y expertos y revisó documentos que demostraron que Gabriel, Francisco y Damien Cuxum Alvarado, así como Bernardo y Benvenuto Ruíz Aquino violentaron a las indígenas cuando eran patrulleros civiles.
Gabriel Cuxum también deberá cumplir una pena extra de ocho años por tratar de cambiar su identidad para evadir la justicia.
Los patrulleros civiles fueron grupos de particulares organizados por militares durante el conflicto armado para ejercer controles a la población.
COMACHUÉN, México (AP) — En Comachuén, una comunidad indígena purépecha de alrededor de 10.000 habitantes enclavada en lo alto de las montañas de pinos del estado de Michoacán, en el oeste de México, todos sobreviven gracias al dinero que envían los migrantes que trabajan en Estados Unidos.Esos envíos, conocidos como remesas, permitieron que las familias pudiesen comer cuando la venta de madera cayó drásticamente hace una década al empezar a escasear el pino. El dinero ha permitido también que se queden en Comachuén en lugar de irse a otras partes del país en busca de trabajo. Eso, y el hecho de que los niños pasen gran parte del año con sus madres y abuelos, ha ayudado a preservar la lengua purépecha entre casi todos los habitantes del pueblo.
Las telas tradicionales, la carpintería y la construcción siguen vivos gracias en parte a que esas empresas están financiadas por los migrantes que mandan dinero para construir sus casas. Muchas otras cosas — la iglesia, la plaza de toros, las donaciones benéficas — están costeadas por ellos.
El gobierno mexicano cree que las remesas del año pasado superarán por primera vez los 50.000 millones de dólares. Pero la capacidad que tienen esos envíos para permitir que las familias puedan sobrevivir o progresen lo suficiente para que sus hijos no tengan que emigrar varía, en un reflejo de los planes y perspectivas de cada persona.
Las frías mañanas de invierno en Comachuén son un regreso a otra época. Los hombres están de regreso en el pueblo por el paro estacional del trabajo agrícola en Estados Unidos.
BRUSELAS (AP) — Un informe militar confidencial de la Unión Europea pide continuar un controvertido programa de la Unión Europea para formar y equipar a la guardia costera y la marina libias, a pesar de crecientes preocupaciones sobre cómo tratan a los migrantes, un aumento de las muertes en el mar y que el país norteafricano sigue sin tener una autoridad central.El reporte, que circuló este mes entre autoridades europeas y al que tuvo acceso The Associated Press, ofrece un inusual vistazo a la determinación de la UE de apoyar a Libia en la intercepción y devolución de decenas de miles de hombres, mujeres y niños a Libia, donde enfrentan abusos insoportables.
El reporte compilado por el contraalmirante de la marina italiana Stefano Turchetto, responsable de la misión europea de vigilancia de embargo de armas, o Operación Irini, admite un “uso excesivo de la fuerza” por parte de autoridades libias, y añade que la instrucción de la UE “ya no se sigue por entero”.
Cientos de miles de migrantes que tratan de llegar a Europa viajan hasta Libia, donde ha florecido un lucrativo negocio de tráfico y contrabando. El país no tiene un gobierno funcional y lleva años fragmentado entre gobiernos rivales en el este y el oeste, cada uno de ellos respaldado por distintos grupos armados y gobiernos extranjeros.
El reporte de la UE admite que el “estancamiento político” en Libia ha lastrado el programa europeo de instrucción y señala que las divisiones internas del país hacen difícil conseguir apoyo político para hacer que se cumplan “estándares adecuados de comportamiento (...) acordes con los derechos humanos, especialmente cuando se trata de migrantes irregulares”.