BOGOTÁ (AP) — La Comisión de la Verdad reveló el martes el primer documento oficial en el que se intenta reconstruir el conflicto armado interno que padeció Colombia por más de cinco décadas luego de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016.

“Vemos una esperanza viva en este informe a pesar de tanto dolor, de tanta muerte, de familiares desaparecidos, de miles de personas que nos han matado”, dijo Ángela Ramírez a The Associated Press, una de las víctimas que participó en el proceso que realizó por más de tres años la Comisión para llegar a su Informe Final.

Ella misma lleva las cicatrices del conflicto: ha sido desplazada cinco veces en el suroeste de Colombia, es víctima de violencia sexual por parte de grupos armados, lloró la muerte de su madre a causa de su liderazgo social y está amenazada por continuar con su legado y defender los derechos humanos de su comunidad.

Según el Informe Final, que no tiene fuerza judicial, el conflicto se agudizó especialmente entre 1996 y 2008 cuando se produjeron el 75% de las víctimas, la mayoría pertenecientes a la población civil. Las cifras de las víctimas reveladas por la Comisión dejan ver la magnitud de lo ocurrido: 50.770 personas secuestradas, 121.768 desaparecidas, 450.664 asesinadas y 7,7 millones desplazadas forzosamente.

El documento incluye recomendaciones al Estado y a la sociedad para evitar que se repitan los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto y del que participaron diversos actores armados. El primer paso en ese sentido, dice el informe, es reconocer a las víctimas del conflicto armado “en su dolor, dignidad y resistencias”.

La Comisión de la Verdad aclara que le habla a un país en el que aún persiste la violencia, porque aunque firmó la paz con las FARC hace cinco años, continúan delinquiendo otros grupos al margen de la ley como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cartel Clan del Golfo y las disidencias de las FARC que retomaron las armas.

Por eso, recomienda priorizar la solución definitiva a las confrontaciones armadas que persisten a través del diálogo y, por tanto, retomar las negociaciones de paz con el ELN, suspendidas por el actual gobierno en 2019 luego de un atentado a una escuela de policía.

El presidente electo Gustavo Petro prometió en campaña que restablecería el diálogo con el ELN y que promovería el sometimiento colectivo de los demás grupos armados. “La aproximación a la verdad no puede ser considerada un espacio de venganza... lo que sigue a la verdad en el fondo y depende de las víctimas, y de nadie más en Colombia, es la posibilidad del perdón social”, dijo Petro, quien militó en su juventud en la guerrilla nacionalista M-19 disuelta en 1991, tras entregar las armas en un acuerdo de paz.

La Comisión advierte que el conflicto interno ocurrió en un contexto en el que el narcotráfico permeó parte de las instituciones, la economía y de los grupos armados que lo utilizaron para financiar su accionar bélico. Además, señala que se trata de un problema actual debido a que Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo.

El informe propone “replantear el problema del narcotráfico y encontrar los caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos de salida en debates de fondo” que permitan avanzar en la “regulación del mercado de drogas y superar el prohibicionismo”.

La Comisión sugiere la transformación de las fuerzas de seguridad en la que exista “tolerancia cero con violaciones de los derechos humanos” y se prioricen las capturas y las desmovilizaciones sobre las muertes en combate. También pide separar a la Policía del Ministerio de Defensa y ubicarla en otro de carácter civil.

Uno de los capítulos más oscuros del conflicto son los llamados “falsos positivos”. Más de 6.400 personas fueron desaparecidas y asesinadas por algunos miembros del ejército para hacerlas pasar como guerrilleros vencidos en combate y luego reclamar beneficios por sus resultados operacionales.

“Si hubieran sido 10 sería gravísimo. Si hubieran sido 100 sería para exigir el cambio de un ejército. Fueron miles y es una monstruosidad”, dijo el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión, en el evento en el que había gran presencia de asociaciones de víctimas.

Petro se comprometió a cumplir con las recomendaciones dadas por la Comisión de la Verdad que recibió en nombre del Estado y ante la ausencia del mandatario saliente Iván Duque, crítico del acuerdo de paz, y quien no asistió por encontrarse en un viaje oficial a Portugal. En su representación estuvo el ministro del Interior, Daniel Palacios.

“Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación rota… traemos una palabra de escuchar y sentir a las víctimas, de oír a quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales… para detener la tragedia de un conflicto en que el 80% de las víctimas eran civiles no combatientes”, agregó De Roux.

Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador del gobierno en el proceso de paz, dijo a la AP que Colombia tiene el reto de asumir el informe desde una visión amplia en la que la sociedad comprenda que no hay una sola “verdad”, sino múltiples “verdades” vistas desde distintos ángulos.

“Sin verdad, la reconciliación no es posible. Sin reconciliación, el riesgo de repetición sigue siendo real. Mi oficina analizará con mucho interés el contenido detallado del informe presentado hoy”, dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, desde Ginebra en un mensaje transmitido durante el acto protocolario.

Tras la publicación del extenso informe de casi 900 páginas, el partido Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) tomó distancia y señaló que harán un estudio “riguroso” del informe y contrastarán la información.

“A partir de la reconstrucción de los hechos a través de las versiones de distintos actores es posible llegar a una verdad interpretativa, sin embargo, esta puede llegar a ser controversial y, por tanto, no se constituiría como un elemento pleno para determinar una verdad jurídica”, indicó el partido que ha sido crítico con el acuerdo de paz firmado con las FARC.

La Comisión de la Verdad es un órgano extrajudicial que inició su mandato en 2018 y desde entonces ha escuchado los relatos sobre el conflicto armado de más de 30.000 personas de todos los sectores en entrevistas individuales y colectivas, analizado informes y contrastado esa información con el fin de producir el informe.