BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Un juez se abstuvo de realizar audiencia de imputación el lunes contra el general retirado Mario Montoya Uribe, exjefe del Ejército, en la que la Fiscalía pretendía imputarlo por su presunta responsabilidad en casos de “falsos positivos”, como se conocen en Colombia las muertes extrajudiciales a manos de algunos militares que buscaban beneficios presentando a civiles como guerrilleros muertos en combate.

El juez determinó que la Fiscalía tiene un poder limitado para realizar acusaciones ante los jueces en el caso de Montoya Uribe debido a que el exmilitar se acogió en octubre de 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado para juzgar los hechos del conflicto armado tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El juez aclaró que contra su decisión no cabe recurso de apelación, solo de reposición, en el cual las partes pueden solicitar que se revoque la decisión ante el mismo juez y no ante su superior jerárquico.

El abogado Sebastián Escobar, en nombre de las víctimas de “falsos positivos”, pidió al juez revocar la decisión porque considera que esta “restringe la posibilidad de acceso a la justicia” de sus defendidas.

“Hay un defraudamiento por parte de quien está hoy en solicitud de imputación a la JEP por su nulo aporte a la verdad”, agregó Germán Romero, abogado de víctimas. Romero indicó en una audiencia previa que Montoya ha guardado silencio en diligencias de la JEP y que las víctimas piden que revele detalles de su presunta participación y del andamiaje que hicieron posibles las ejecuciones extrajudiciales dentro del Ejército.

Andrés Garzón, abogado defensor de Montoya Uribe, aseguró que la competencia de juzgar al exgeneral le corresponde a la JEP. “Ya hay una investigación en la JEP y ya se ha avanzado durante todo el trámite... La verdad no es la que queremos oír, sino la que es. Hay ídolos y villanos de barro y la historia nos los ha mostrado. Mario Montoya ha dicho lo que tiene que decir”, indicó el jurista durante la audiencia.

Tras escuchar a las partes, el juez decidió tomar un receso para pronunciarse y programó la continuación de la diligencia judicial para el martes.

La Fiscalía pidió al juez permitirle formular la imputación a Montoya Uribe por hechos que se le atribuyen cuando fue comandante del Ejército Nacional, ocurridos entre el 2007 y el 2008, para que responda por los presuntos delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

“(Montoya) auspició 104 homicidios de civiles, cinco de ellos menores de edad, que no pertenecían a organizaciones criminales, fueron puestos en estado de indefensión y se presentaron en diferentes puntos del país como ‘bajas’ en enfrentamientos armados”, indicó la Fiscalía el 12 de agosto en un comunicado.

“Lo resuelto en este caso no impide a la Fiscalía continuar con las labores de investigación y recaudo probatorio”, aclaró el juez Fabio Bernal Suárez, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, indicó que debe abstenerse a adelantar cualquier actuación de juzgamiento.

La JEP en sus investigaciones ha logrado determinar que en Colombia 6.402 personas fueron víctimas de “falsos positivos”, casi el triple de lo que había reportado en años anteriores la Fiscalía. Además ha imputado a 26 militares y un civil por crímenes de guerra y de lesa humanidad por su presunta participación “determinante” en el asesinato de más de 120 personas en la zona fronteriza con Venezuela que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate.

Sin embargo, Montoya Uribe no ha sido juzgado en la JEP y se habría convertido en el primer excomandante del Ejército en ser imputado por la Fiscalía por los casos de falsos positivos.

Quienes se acogen a la JEP voluntariamente se comprometen a aportar verdad “exhaustiva” sobre los crímenes del conflicto y a reparar a las víctimas. De lo contrario, podrían tener sanciones privativas de la libertad de hasta 20 años de cárcel.