LIMA (AP) — El dos veces exmandatario peruano Alan García murió el miércoles en un episodio que conmocionó a la nación sudamericana tras dispararse en la cabeza cuando la policía se disponía a arrestarlo por el supuesto delito de lavado de activos ligados a la constructora brasileña Odebrecht.
Cuando el equipo fiscal ingresó con la policía al primer piso de la mansión del expresidente, García _que se encontraba en el segundo piso_ indicó “que iba a hacer una llamada a su abogado, ingresó y se encerró” en su dormitorio, declaró el ministro del Interior, Carlos Morán, en una conferencia de prensa.
“A los pocos minutos se escuchó un disparo”, agregó. Cuando la policía entró a la habitación lo encontró sentado bañado en sangre.
Tenía permiso para portar nueve armas, entre ellas un revólver marca Colt con su nombre grabado que le había regalado la Armada de Perú y con el que se quitó la vida.
Es el primer caso de un expresidente de Latinoamérica que se quita la vida mientras era investigado por presunta corrupción ligada a la red de corrupción que desplegó Odebrecht. La próxima semana los fiscales que investigan a la élite política peruana entrevistarán en Brasil a Jorge Barata, el exgerente en Perú de la constructora, quien deberá responder preguntas sobre el exmandatario.
García, de 69 años, falleció en el quirófano del hospital limeño de emergencias Casimiro Ulloa a las 10.05 de la mañana “producto de una hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego y paro cardiorrespiratorio”, de acuerdo con un comunicado de la institución. Poco antes había sobrevivido a otros tres paros mientras era operado por un equipo de 27 médicos.
El anuncio de su muerte en los exteriores del centro médico provocó llanto entre sus seguidores, que se reunieron allí después de que los policías lo ingresaron a las 6.45 de la mañana. Un grupo de forenses llegó al lugar para realizarle una autopsia porque su muerte fue violenta, con una “hemorragia incontrolable de base del cráneo” causada por una bala que entró y salió de su cabeza.
Posteriormente el féretro de García llegó al local central de su partido político y fue recibido por centenares de simpatizantes.
Los militantes de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra) entonaron una canción fúnebre partidaria mientras agitaban pañuelos blancos con la mano derecha. El ataúd marrón, cargado por varios políticos amigos, será velado hasta el viernes, cuando se realizarán sus funerales. Los miembros del partido insultaron en coro al actual presidente peruano Martín Vizcarra y también a la prensa local.
La noche previa a su suicidio García dijo que era cristiano y que no tenía miedo de ser detenido en una entrevista con la radio local RPP.
“Creo en la vida después de la muerte... tener miedo (a una detención) no lo encontrará en mí”, indicó, y añadió que buscaba ser recordado por la historia.
Según la orden judicial obtenida por The Associated Press, el juez Juan Sánchez había ordenado arrestar a García y allanar su casa, con el fin de obtener documentos que pudieran servir para la investigación desarrollada por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. El magistrado también ordenó detener a otras ocho personas, entre ellas dos exministros de García.
De acuerdo con la fiscalía el expresidente habría recibido unos 100.000 dólares de Odebrecht maquillados bajo la apariencia de pagos por una conferencia en Sao Paulo que García dio en 2012.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, lamentó el fallecimiento de García, a quien definió como “un referente en la política del continente durante tantos años”, pero evitó manifestarse sobre la circunstancias de su muerte.
Por su parte, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno recordó su amistad con García.
“Pocas veces he visto una persona con una inteligencia tan clara y con una capacidad de retórica tan fluida. Sin duda lo vamos a extrañar”, afirmó. Con relación a la forma en que murió, agregó que “a veces puede ser una ventaja escoger la forma de hacerlo. No siempre es una desventaja. Cada quien escoge la forma de vivir y también la forma de morir”.
Los mandatarios de Colombia, Iván Duque; de Bolivia, Evo Morales, y de Chile, Sebastián Piñera, también lamentaron su fallecimiento.
A fines de 2018 el expresidente intentó evadir a la justicia ingresando a la embajada de Uruguay en Lima y solicitando un asilo por supuesta persecución política, pero el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vásquez rechazó su petición. Desde entonces vivió vigilado por la policía porque tenía prohibido salir del país por 18 meses.
García gobernó Perú en dos oportunidades, la primera de ellas de 1985 a 1990, cuando dejó al país sumido en su mayor crisis económica contemporánea. Volvió al poder en el periodo de 2006 a 2011.
Todos los presidentes de Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht.
Alejandro Toledo (2001-2006) reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición, y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso junto a su mujer entre 2017 y 2018.
En tanto, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) fue trasladado la noche del martes a un clínica privada desde la celda donde cumplía 10 días de arresto por presunto lavado de activos y supuesta injerencia en la adjudicación de obras millonarias a Odebrecht.
El abogado del exmandatario, César Nakazaki, dijo a la radio RPP que estaba siendo sometido a un cateterismo “porque hay imágenes que han determinado que hay un alto riesgo de una obstrucción a una arteria del corazón”. Aún no se conoce el resultado de la intervención quirúrgica.
Para el miércoles estaba programada una audiencia judicial, pero se postergó a última hora, para decidir si se aumentaba o no la detención de Kuczynski, de 80 años, a 36 meses mientras es investigado.
Odebrecht está en el centro de un enorme escándalo de corrupción en América Latina después de admitir en 2016 _como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos_ que sobornó a funcionarios de la región por cerca de 800 millones de dólares a cambio de recibir contratos de obras de infraestructura.