LA PAZ, Bolivia (AP) — Al gobernador de la región más poblada y rica de Bolivia se le permitió salir brevemente de su celda de alta seguridad el miércoles para realizarse exámenes médicos, lo que pone de relieve cómo el político ampliamente considerado el líder de la oposición del país ha estado gobernando tras las rejas durante más de ocho meses.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que se encuentra en prisión preventiva desde el 30 de diciembre acusado de sedición y terrorismo, salió de la prisión de Chonchocoro, en el altiplano de Bolivia, durante unas horas antes de regresar. El mes pasado, una junta médica de 26 miembros dijo que a Camacho se le debería permitir someterse a exámenes médicos en un hospital en lugar de hacerlo por médicos de prisión, en medio de preocupaciones sobre su salud.

Su abogado, Martín Camacho, protestó después porque no se le había permitido al gobernador recibir todas las pruebas ordenadas por una junta médica. Los dos hombres no están relacionados.

“La defensa solicitará... el cese de la prisión preventiva porque su vida corre riesgo”, dijo el abogado a Associated Press.

Expertos internacionales en derechos humanos dicen que el encarcelamiento de Camacho, aunque no ha sido condenado por ningún delito, es un ejemplo de cómo el sistema de justicia de Bolivia se utiliza a menudo con fines políticos.

Camacho, de 44 años, ha estado en prisión preventiva por presuntamente orquestar lo que los fiscales describen como un golpe de estado mientras encabezaba protestas masivas en 2019 tras unas elecciones que, según la Organización de Estados Americanos, estuvieron empañadas por fraude. Los jueces dictaminaron que el gobernador debería permanecer bajo custodia porque existía riesgo de fuga y podía obstruir la investigación en curso.

El gobernador, que permanece en su cargo mientras está en prisión, ha negado con vehemencia todos los cargos y ha calificado su detención de “secuestro”.

No se ha fijado ninguna fecha para el inicio de su juicio.

La región oriental de Santa Cruz, que representa alrededor de un tercio de la actividad económica de Bolivia, ha sido gobernada durante mucho tiempo por gobiernos de derecha opuestos al gobierno central de izquierda en la capital de La Paz.

Las imágenes vistas de Camacho durante una audiencia en julio mostraron que el gobernador había perdido una cantidad significativa de peso durante sus meses tras las rejas, lo que exacerbó las preocupaciones sobre su salud. Su familia ha expresado preocupación por su síndrome de Churg-Strauss, un trastorno que inflama los vasos sanguíneos y puede provocar daños permanentes en los órganos si no se trata adecuadamente, dijo a la AP Natalia Ibáñez, prima de Camacho.

Su abogado, Martín Camacho, dijo que mientras estaba en el hospital el gobernador sufrió “una especie de arritmia pero en lugar de estabilizarlo, lo trasladaron nuevamente a Chonchocoro sin que se le hiciera ningún examen”. Lo caracterizó como “un acto inhumano” porque “es evidente que su vida está en riesgo”.

El abogado dijo anteriormente que el gobernador había perdido entre 12 y 15 kg (26 y 33 libras) y se negó a ser tratado por los médicos de la prisión porque no eran especialistas.

Juan Carlos Limpias, director del sistema penitenciario de Bolivia, insistió en que Camacho había recibido la atención médica necesaria, aunque reconoció en una entrevista el mes pasado que el gobernador había perdido 7 kilogramos.

“Cuando estuvo detenido pesaba 62 kilogramos y ahora pesa 54,9 kilogramos”, dijo Limpias a la AP a principios de agosto.

La comunidad internacional ha guardado silencio sobre la detención de Camacho, que César Muñoz, director asociado de la división de las Américas de Human Rights Watch, dijo que "tiene una clara dimensión política", señalando que "no hay una justificación sólida para que esté en prisión preventiva". "

Sin embargo, el caso de Camacho no es infrecuente en un país donde más del 60% de los detenidos se encuentran en prisión preventiva y la independencia del poder judicial se cuestiona abiertamente.

“La prisión preventiva debe ser la excepción, no la regla”, afirmó Muñoz, y en este caso más aún considerando que Camacho es una persona reconocida que tiene residencia fija y trabajo, dos argumentos frecuentemente utilizados para justificar su prisión preventiva.

Tamara Taraciuk Broner, directora del programa Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, dijo que la detención de Camacho se produce "en un país donde la falta de independencia judicial es evidente". Gobiernos de todas las tendencias políticas “han aprovechado la ausencia de un poder judicial independiente para utilizar los tribunales contra opositores políticos”.

La detención de Camacho provocó protestas y bloqueos de carreteras en su Santa Cruz natal que duraron semanas, pero la atención ha disminuido a medida que su prisión preventiva se ha extendido repetidamente.

El gobernador equivale a “un trofeo político que ha sido incautado para frenar a Santa Cruz”, dijo Erwin Bazán, diputado de Creemos, el partido que lidera Camacho.

Sin embargo, miembros del gobernante Movimiento Al Socialismo insisten en que la detención de Camacho es justa.

“Camacho dio un golpe de estado en La Paz”, dijo Renán Cabezas, legislador del MAS.

La agitación social que siguió a las elecciones presidenciales de 2019 dejó 37 muertos.

Gustavo Torrico, viceministro de gestión gubernamental del gobierno federal, llegó incluso a burlarse de la pérdida de peso del gobernador, diciendo en una entrevista en julio que se debía a la falta de ejercicio y a que Camacho ya no comía hamburguesas ni bebía. cerveza.

POR  PAOLA FLORES Y DANIEL POLITI