WASHINGTON (AP) — La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visitará el viernes por primera vez la zona fronteriza con México, luego de recibir críticas de los dos partidos por no haber ido a pesar de que encabeza la respuesta del gobierno de Joe Biden a un fuerte incremento en la inmigración.Harris visitará la zona de El Paso acompañada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo el miércoles su asesora Symone Sanders en un comunicado.
Durante meses la vicepresidenta ha sido objeto de ataques de los republicanos e incluso de críticas en su Partido Demócrata por no haber visitado la zona.
El presidente Joe Biden le encargó la tarea de enfrentar las raíces profundas de la migración desde Centroamérica a Estados Unidos.
A la fecha se ha concentrado principalmente en conversar con gobernantes locales y grupos activistas con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y de vida en la región. Harris ha dicho que su objetivo es ofrecer a los habitantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y México esperanza hacia el futuro, para que no se vean obligados a dejar sus países en busca de mejores oportunidades.
Los colaboradores de Harris insisten en que sus gestiones son distintas a los problemas de seguridad que enfrentan las autoridades estadounidenses en su intento por controlar un aumento en los cruces fronterizos. Sin embargo, los republicanos han aprovechado que Harris y Biden no han acudido a la frontera para sostener que el gobierno no se ocupa de la crisis.
WASHINGTON (AP) — La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dado señales de que estaría dispuesta a crear una nueva comisión para investigar el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, presionando para que se lleve a cabo una investigación partidista del ataque luego de que los senadores republicanos bloquearon la creación de una pesquisa independiente.Una persona familiarizada con la cuestión dijo después de una reunión con demócratas que Pelosi le había comentado a sus colegas que crearía un panel investigador. La persona habló bajo condición de anonimato a fin de discutir conversaciones privadas. Sin embargo, Pelosi lo negó más tarde, diciendo a los reporteros: “No, yo no hice ese anuncio”.
Los senadores republicanos bloquearon el mes pasado una iniciativa para la formación de un panel bipartidista e independiente que investigara el ataque perpetrado por simpatizantes del expresidente Donald Trump. Después de eso, Pelosi dijo que la Cámara de Representantes intensificaría las investigaciones sobre el asalto, en el que una multitud violenta sobrepasó a la policía, irrumpió en el inmueble y buscó a los legisladores para tratar de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales.
Una nueva comisión investigadora pondría a una mayoría de demócratas a cargo de la pesquisa. Más de 35 representantes y siete senadores republicanos dijeron que querían evitar una investigación partidista y que apoyaban la propuesta para formar una comisión que habría tomado como modelo un panel similar que investigó los atentados del 11 de septiembre de 2001.
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WASHINGTON (AP) — Una jueza federal desestimó el lunes la mayoría de las demandas interpuestas por activistas y grupos defensores de las libertades civiles en las que acusaron al gobierno del expresidente Donald Trump de violar los derechos civiles de un grupo de manifestantes, los cuales fueron retirados por la policía mediante el uso de sustancias químicas de un parque cercano a la Casa Blanca antes de que el entonces mandatario caminara a una iglesia aledaña para tomarse una fotografía.La jueza de distrito Dabney Friedrich dijo que las denuncias, en las que se alegaba que Trump y el entonces secretario de Justicia William Barr habían conspirado para violar los derechos de los manifestantes en junio del año pasado, eran especulativas y que para la corte era prematuro concluir si las acciones de los agentes de las fuerzas de seguridad estaban justificadas.
Friedrich desestimó las demandas contra Barr y otros funcionarios federales, incluido el jefe interino de la Policía de Parques del país, Gregory Monahan, debido a que determinó que no había evidencia suficiente para probar que hubo algún acuerdo o plan para violar los derechos de los manifestantes. La jueza también dijo que la ley les otorga inmunidad en los litigios civiles.
En un fallo de 51 páginas, Friedrich sí permitió que procedieran las demandas contra el Departamento de Policía Metropolitana y el Departamento de Policía de Arlington, cuyos agentes participaron en el operativo para despejar el parque.
Una niña hondureña de 13 años que pasó dos meses en el albergue de emergencia para niños migrantes más grande del gobierno estadounidense dijo que fue puesta bajo vigilancia para prevención de suicidio y que sólo comía paletas y tomaba jugo porque la comida olía muy mal. En otro sitio, una salvadoreña de 17 años dijo que tuvo que usar la misma ropa, incluida prendas interiores, durante dos semanas, y que pasó la mayoría de los días en cama.En una tercera instalación en Texas, un hondureño de 16 años dijo que no se había reunido con un coordinador de caso en más de tres semanas para ver si podía irse a vivir con su hermana en Nueva Orleans.
“Estoy desesperado. No me importaría estar aquí 20 o 30 días si supiera que pronto voy a ser liberado. Pero como el proceso no ha comenzado y como no tengo idea de qué está sucediendo o cuándo iniciará el proceso, eso me hace sentir muy, muy ansioso. No sé cuándo terminará esto”, comentó.
Más de una docena de menores inmigrantes describieron condiciones similares y la desesperación que sentían por salir de los centros de alojamiento de emergencia de gran escala montados por el gobierno de Joe Biden en sitios como centros de convenciones y bases militares para enfrentar un aumento récord en el número de menores que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos.
Los menores fueron entrevistados por defensores de los inmigrantes entre marzo y junio, y sus testimonios fueron presentados la tarde del lunes en una corte federal en Los Ángeles que supervisa el acuerdo que regula las condiciones de custodia para los menores que cruzan solos la frontera.
WASHINGTON (AP) — Estados Unidos probablemente no cumplirá su meta de exportar 80 millones de vacunas contra el COVID-19 antes de fines de junio debido a escollos regulatorios y otros problemas, reconocieron funcionarios el lunes al anunciar planes de compartir las inyecciones globalmente.La Casa Blanca anunció las cifras finales de exportación de vacunas: 60 millones para la iniciativa internacional COVAX y 20 millones a países específicos. Pero hasta ahora ha despachado menos de 10 millones, entre ellas 2,5 millones a Taiwán este fin de semana y 1 millón a México, Canadá y Corea del Sur días antes.
Funcionarios han dicho que las dosis están listas en Estados Unidos, pero están demoradas debido a obstáculos legales, logísticos y regulatorios en los países destinatarios. Un funcionario de la Casa Blanca aseguró que las vacunas serán despachadas tan pronto los otros países resuelvan sus problemas y se superen las trabas logísticas.
Las vacunas no son necesarias en territorio estadounidense, donde la demanda ha caído en picada en semanas recientes ya que más de 177 millones de habitantes han recibido por lo menos una inyección.
El 17 de mayo, Biden declaró que “en las próximas seis semanas, Estados Unidos enviará 80 millones de dosis a otros países, cinco veces más de lo que ha compartido cualquier otro país y más que Rusia y China, que han donado 15 millones de dosis”.
Días atrás, Biden anunció que además de las 80 millones de vacunas, Estados Unidos comprará 500 millones de dosis a Pfizer para donar al exterior y que los primeros envíos tendrían lugar en agosto.