CHICAGO (AP) — Cientos de personas que han sido arrestadas y detenidas en el área de Chicago durante la represión migratoria de la administración Trump podrían ser liberadas pronto bajo fianza mientras esperan audiencias de inmigración, señaló un juez federal el miércoles.

Durante una audiencia en Chicago, el juez de distrito estadounidense Jeffrey Cummings dijo que ordenaría la liberación total de 13 personas detenidas basándose en un decreto de consentimiento de 2022 que describe cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos puede realizar arrestos sin orden judicial.

También dio a los abogados del gobierno hasta el viernes para revisar una lista de 615 personas detenidas en cárceles del condado e instalaciones federales de todo el país, con el fin de determinar si cumplen con los requisitos para alternativas a la detención contempladas en el decreto, como el uso de un monitor electrónico, mientras se tramitan sus casos de inmigración. El juez indicó que emitiría una orden de liberación la próxima semana y, mientras tanto, suspendería temporalmente cualquier procedimiento de deportación para las personas que pudieran obtener la libertad bajo fianza conforme al decreto.

Los abogados de los detenidos celebraron la decisión de Cummings como una victoria y dijeron que planean presentar más casos.

“Todas las tácticas del ICE han sido ilegales en la gran mayoría de los arrestos”, dijo Mark Fleming, abogado del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes con sede en Chicago.

Los abogados dijeron que estaban corriendo contra el reloj, ya que muchas de las más de 3.300 personas sospechosas de violaciones de inmigración que han sido arrestadas en Chicago y sus suburbios desde que comenzó la “Operación Midway Blitz” en septiembre ya han sido deportadas o se han marchado por su propia voluntad .

“Nos preocupa que no tengan acceso a un abogado y que no entiendan cuál es su situación”, dijo Fleming al juez.

Will Weiland, abogado del Departamento de Justicia, le dijo a Cummings que al menos 12 personas de la lista de 615 eran de “alto riesgo” y no deberían ser liberadas en las comunidades.

“Nada ha sido fácil en este caso, su señoría”, dijo.

Cummings determinó previamente que ICE había violado el decreto de consentimiento que, entre otras cosas, exige que la agencia muestre documentación por cada arresto que realice de personas que no sean específicamente el objetivo de una operación.

Durante la audiencia del miércoles, Cummings enumeró casos desde que comenzaron las medidas enérgicas en los que agentes de inmigración arrestaron a personas mientras estaban trabajando, caminando o pasando por el carril de autoservicio de un restaurante de comida rápida.

“También me parece muy improbable que alguno de estos ciudadanos extranjeros… entre en la categoría de lo que ICE ha denominado 'lo peor de lo peor'”, dijo.

El gobierno de Trump ha elogiado sus esfuerzos de intervención federal como efectivos en la lucha contra el crimen y ha aplaudido las tácticas agresivas de los agentes, que han sido impugnadas en los tribunales . Sin embargo, líderes de Illinois afirman que los delitos violentos ya mostraban una tendencia a la baja en el área de Chicago y que los agentes federales solo exacerbaron las tensiones.

Si bien el decreto de consentimiento abarca los arrestos realizados por el ICE, no incluye a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que ha estado detrás de las tácticas más controvertidas utilizadas durante la operación migratoria, incluido el uso indiscriminado de agentes químicos .

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa ambas agencias, no ha ofrecido detalles sobre sus arrestos, limitándose a destacar a un pequeño grupo de personas que viven en el país sin permiso legal y que también tienen antecedentes penales.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, calificó a Cummings de “juez activista”, una etiqueta común de la administración Trump para los jueces que han anulado partes de la agenda republicana.

En un comunicado emitido el miércoles, McLaughlin afirmó que la orden de liberar a los detenidos ponía “directamente en riesgo la vida de los estadounidenses”.

El acuerdo judicial, que expiró a principios de este año, se prorrogó hasta febrero. Si bien su política sobre detenciones sin orden judicial por parte del ICE se aplica en todo el país, las soluciones para casos individuales se han concentrado en seis estados bajo la jurisdicción de la oficina local del ICE en Chicago, donde se presentó la demanda original sobre las redadas migratorias. Estos estados son Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Kentucky y Wisconsin.

Por  Sophia Tareen

(Foto AP/Nam Y. Huh)