Un juez prohibió el martes al gobierno federal realizar arrestos en los tribunales de inmigración, ordenando el fin de una práctica que se instauró poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo el año pasado.

La revocación por parte de la administración Trump de la política vigente contra los arrestos en los tribunales de inmigración no se debió simplemente a decisiones irracionales, sino a una completa falta de criterio, escribió el juez federal Casey Pitts de San Francisco. Las autoridades no abordaron el efecto disuasorio que tienen los arrestos sobre la asistencia de las personas a las audiencias judiciales.

“Durante 80 años, el Congreso ha exigido a las agencias federales que reflexionen antes de actuar”, escribió Pitts, refiriéndose a la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley de 1946 que obliga a las agencias federales a justificar sus acciones. Dicha ley, escribió, “no exige que una agencia tome la decisión que un tribunal revisor podría considerar preferible. Pero sí exige que, al menos, proporcione razones sólidas para seguir el camino elegido”.

Este fallo supone el segundo revés para las detenciones judiciales desde mayo, cuando un juez federal de Nueva York las prohibió en los tribunales de inmigración. Aquella orden solo se aplicaba en Nueva York, mientras que la última decisión invalidó la política en todo el país.

James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, criticó el fallo calificándolo de abuso de poder judicial.

«Cuando un juez sentencia a un acusado, este es puesto bajo custodia. Si un juez de inmigración ordena la expulsión de un extranjero, debería ocurrir lo mismo. Que un juez de distrito ordene lo contrario constituye un claro activismo judicial al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas», escribió Percival en internet.

Tras la llegada de Trump al poder, las audiencias en todo el país a menudo terminaban con el desestimiento de los casos por parte del gobierno, lo que preparaba el terreno para que agentes de paisano realizaran arrestos en los pasillos en coordinación con abogados del Departamento de Seguridad Nacional.

Pitts, quien fue designado por el presidente Joe Biden, criticó a la administración por llevar a cabo los arrestos y por mantener a las personas en celdas cercanas durante más tiempo del límite establecido de 12 horas.

Por  Elliot Spagat

(Foto AP/Olga Fedorova, archivo)