CHICAGO (AP) — Se espera que un juez federal escuche los argumentos el martes después de que grupos de Illinois demandaran a las autoridades federales la semana pasada por lo que describieron como condiciones “inhumanas” en un centro de inmigración del área de Chicago .El juez de distrito estadounidense Robert Gettleman convocó una audiencia para el martes por la mañana, reconociendo que el cronograma era “apresurado”. Pero en una audiencia de emergencia el viernes, dijo: “La naturaleza del caso y la solicitud de amparo requieren atención inmediata”.
Mientras los abogados que representan al gobierno federal solicitaban más tiempo para prepararse, los abogados de los demandantes calificaron la situación en el suburbio de Broadview, al oeste de Chicago, como una “emergencia de derechos humanos”.
Abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Illinois y del Centro de Justicia MacArthur afirman que a los detenidos en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview se les negó el acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica. También alegan que los agentes les negaron llamadas privadas con sus abogados y los coaccionaron para que firmaran documentos que no comprendían, lo que los llevó a renunciar involuntariamente a sus derechos y a enfrentar la deportación .
Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han negado las acusaciones y han argumentado que tales afirmaciones han contribuido a un aumento de las amenazas de muerte contra los agentes de inmigración.
El viernes, Gettleman ordenó que los demandantes principales del caso fueran trasladados al área de Chicago “lo antes posible” antes de la audiencia del martes. Los abogados que representan al gobierno federal informaron que Pablo Moreno González y Felipe Agustín Zamacona —ambos inmigrantes mexicanos que han vivido en Estados Unidos por más de 30 años y que fueron detenidos por el ICE y recluidos en el centro de detención de Broadview en octubre— fueron trasladados el viernes por la mañana desde dicho centro.
Durante meses, activistas han expresado su preocupación por las condiciones del centro, que ha sido objeto de escrutinio por parte de miembros del Congreso, candidatos políticos y grupos activistas. Abogados y familiares de las personas detenidas lo han calificado como un centro de detención de facto, afirmando que hasta 200 personas han llegado a estar recluidas simultáneamente sin acceso a asistencia letrada.
El centro Broadview también ha sido escenario de manifestaciones, que han derivado en la detención de numerosos manifestantes. Estas manifestaciones son el eje de una demanda presentada por una coalición de medios de comunicación y manifestantes, quienes alegan que agentes federales violaron sus derechos constitucionales al utilizar repetidamente gases lacrimógenos y otras armas contra ellos.
CHRISTINE FERNANDO es reportero especializado en democracia y cubre temas como desinformación, derechos reproductivos y tribunales supremos estatales para The Associated Press.
(Foto AP/Alex Brandon)